Un jefe de la mafia es encontrado en el parqueadero de un exclusivo
barrio, desplomado y con cuatro balas en la cabeza. Los sicarios en
moto y los ataques con granadas dejan un rastro de muerte en la ciudad.
La organización criminal más temible de Colombia pacifica a las
pandillas callejeras, mientras el principal cartel de la droga de México
inunda la ciudad con dinero y armas.
Después de un año de paz criminal, la violencia está volviendo
lentamente a Medellín a medida que el hampa de la ciudad está cada vez
más cerca de comenzar un nuevo capítulo.
A comienzos de 2014, Medellín registró su más baja tasa de homicidios
desde que 30 años antes, Pablo Escobar hizo de la ciudad la
capital internacional del comercio de cocaína. Pero pocos creen en los
funcionarios de la ciudad cuando reclaman el crédito por la caída en la
violencia. Esta es una paz criminal, dicen los residentes y los expertos
-el resultado de un alto al fuego en la guerra entre la mafia de
Medellín, conocida como la Oficina de Envigado, y los invasores
narcoparamilitares que son los Urabeños.
A pesar de que el pacto entre las dos partes ha silenciado las armas
en las calles de Medellín no tenía como propósito llevar paz a los
residentes de la ciudad. En cambio, fue una movida en un juego de
ajedrez criminal de alto riesgo, en el que Medellín es el tablero, y las
pandillas callejeras de la ciudad, las actividades criminales y las
“Oficinas de Cobro” son las piezas. Los concursantes no sólo incluyen a
los Urabeños y a la Oficina de Envigado, sino también a lo que es,
quizás, el jugador criminal más poderoso de Latinoamérica: El Cartel de
Sinaloa de México.
El pacto de Medellín cumplió un año, y
hay señales de que podría estar comenzando a fracturarse.
Las viejas rivalidades han resurgido en un nuevo conflicto, ha brotado
una nueva batalla por el control del centro de la ciudad, y las
tensiones están creciendo en algunos lugares estratégicos.
"Este pacto de fusil es sobre todo una transición", señaló Fernando
Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social
(CORPADES), un grupo de monitoreo con sede en Medellín,. "Puede
culminar con la jefatura única Urabeña en el control, secundado por la
Oficina, pero en este camino pueden ocurrir cualquier cantidad de hechos
[para evitarlo], y algunos de ellos ya se han venido presentando”.
Detrás del pacto
El 13 de julio de 2013, comandantes de los Urabeños y de la Oficina
de Envigado se reunieron en una casa de lujo en el idílico municipio de
San Jerónimo a las afueras de Medellín. Juntos llegaron a un acuerdo
para poner fin a la crisis criminal que se había apoderado de Medellín
desde 2008, con la extradición del último gran capo de la ciudad, Diego
Murillo, alias "Don Berna", que dejó un vacío de poder que nunca fue
llenado.
Las dos partes declararon el fin de las hostilidades y se
comprometieron a respetar los límites territoriales de sus rivales y los
intereses criminales dentro de la ciudad. Según fuentes tanto oficiales
como del hampa, también acordaron cooperar en el tráfico internacional
de cocaína, reconfigurando las redes de tráfico regionales para que se
adaptaran a las nuevas realidades del panorama criminal colombiano.
Poco después de que el acuerdo entró en vigor,
fuentes del hampa dijeron a InSight Crime
que éste había sido negociado por poderosos criminales de cuello blanco
pertenecientes a la élite de la ciudad, que consideraban que la
violencia era perjudicial para sus intereses de negocios, tanto legales
como ilegales.
Desde entonces han circulado rumores de que las autoridades de
Medellín también estuvieron involucradas en el pacto -una sospecha
inevitable en una ciudad con
una larga historia de connivencia entre el Estado y el crimen organizado, especialmente cuando el gobierno local está luchando para
proteger la nueva imagen internacional de Medellín como una ciudad que ha dejado atrás su pasado violento. Los rumores han incluido
revelaciones sobre reuniones entre funcionarios
y capos criminales de Medellín, para discutir un acuerdo en el que los
jefes de la mafia entregarían una ciudad pacificada a cambio de penas de
prisión indulgentes.
Sin embargo, tanto fuentes oficiales como analistas ahora dicen que
aunque el pacto pueda haber contado con poderosos patrocinadores
locales, también tuvo un patrocinador extranjero todavía más poderoso:
el Cartel de Sinaloa.
“Los mexicanos tienen un lugar protagónico en este conflicto, en
bajar las cifras [de violencia] y también en trabajar en el estratégico
comercio de la ilegalidad; y lo mas grave de todo, han metido muchas
armas de alto calibre [a la ciudad]”, señaló una fuente del Ministerio
Público (MP) de Colombia, que habló con InSight Crime bajo la condición
de anonimato.
La conexión mexicana
Los sinaloenses son antiguos colaboradores de la Oficina de Envigado, y
según un reciente comunicado de prensa
de El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, han "llegado a confiar
en los operarios de la Oficina para que les presten apoyo en el tráfico
de narcóticos a nivel mundial”.
Sin embargo, en los últimos años, la capacidad de cumplimiento de sus
socios se ha visto afectada. La Oficina está tambaleando por la
sangrienta guerra interna de sucesión que desató la extradición de Don
Berna, y también porque desde finales de 2011 ha estado intentando
defenderse de la invasión de los Urabeños.
Estos conflictos han permitido que los Urabeños expriman todos los
frentes del negocio del tráfico de cocaína de la Oficina, tomándose
muchas de sus rutas de tráfico luego de haberse apropiado de las redes
administradas por Maximiliano Bonilla Orozco, alias "Valenciano", el
perdedor de la guerra civil que se desató dentro de la Oficina. También
han limitado el acceso que tiene la Oficina a la cocaína,
sacando del departamento de Antioquia a los Rastrojos, los proveedores de su rival.
Los Urabeños ahora controlan los puntos de despacho de cocaína en
Urabá, en el corazón de la costa Caribe, y han logrado constituir un
verdadero monopolio en la producción en Antioquia, controlando los
laboratorios de procesamiento y, a través de sus contactos con la
guerrilla, el acceso a los cultivos de coca. Lo único que falta para que
establezcan un control casi completo sobre el comercio de cocaína en
Antioquia es que también consigan el control de un centro logístico –un
lugar que pueda servir como centro de lavado de dinero, como fuente de
mano de obra armada con experiencia criminal, y que genere enormes
ganancias ilegales. Y qué mejor ciudad para hacerlo que Medellín, la
capital criminal.
Hasta que comenzó el pacto criminal, la batalla entre las dos partes
–en su mayor parte librada por representantes de las pandillas
callejeras– llegó a un punto muerto, con la Oficina a la defensiva, pero
muy arraigada a nivel local, y con demasiados hombres para poder ser
completamente derrotada por los Urabeños. Ambas partes pagaron un alto
precio en sangre y dinero, pero según el funcionario del MP, necesitaron
del Cartel de Sinaloa para poder salir de este punto muerto.
“La producción de la mercancía que llegaba al norte ha rebajado
mucho, por eso los sinaloenses, muy interesados en incrementar la
producción que principalmente llega a Estados Unidos, buscaron iniciar
un acuerdo”, señaló.
“Sospechamos que realmente lo que da vida al pacto de fusil es que
estos [los sinaloenses] hacen un acuerdo [que consiste] en que los
Urabeños les venden al precio de costo la coca de la región, y la
Oficina respeta y comparte las rutas”.
Hay pruebas de que los sinaloenses, quienes el funcionario considera
que están financiando el pacto, no están conformes con sus contactos de
alto nivel en el tráfico, y están buscando ampliar su alcance
directamente en algunos de los barrios de la ciudad, en los que están
controlados por las pandillas. Dijo que ya se han identificado mexicanos
en la ciudad, pasando por los tugurios en vehículos de lujo cargados
con armas y dinero en efectivo para distribuir entre las pandillas.
CORPADES también ha seguido la creciente infiltración de los sinaloenses en el mundo criminal de Medellín.
“Tenemos dos casos completamente confirmados de dos bandas donde
miembros mexicanos del Sinaloa están ahí metidos”, dijo Quijano.
“Esas bandas hoy son propias de los sinaloenses”, añadió.
Un año de paz criminal
En los días posteriores a la firma del pacto, las pandillas rivales
se reunieron en algunos de los barrios más conflictivos de Medellín para
jugar partidos de fútbol y para participar en fiestas callejeras,
celebrando la nueva paz. En gran medida esa paz se ha mantenido. La tasa
de homicidios de la ciudad cayó de 52 por cada 100.000 habitantes en
2012, a 38 en 2013, y luego a 28,5 al inicio de 2014.
Las autoridades de la ciudad aseguran que sus políticas de seguridad
fueron las encargadas de generar esta drástica caída en la violencia,
señalando que coincidió con la llegada de una ola de refuerzos
policiales, con la implementación de nuevas tecnologías -como la mejora
de las cámaras de seguridad- y con técnicas innovadoras basadas en el
control territorial y en el contacto con la comunidad.
Hasta abril de este año, Aníbal Gaviria, el alcalde de Medellín, se
negaba a reconocer la existencia del pacto más que de manera hipotética.
Por su parte, Jorge Mejía, consejero de la Alcaldía para la
convivencia, la reconciliación y la vida, aceptó la existencia del pacto
y el papel que ha jugado en la reducción de la violencia, pero dijo a
InSight Crime que consideraba que fue la presión ejercida por el Estado
lo que llevó a que los Urabeños y la Oficina llegaran al acuerdo de
poner alto al fuego.
“Creo que el pacto de no agresión tiene que ver con el hecho que
estaban recibiendo demasiados golpes por parte de la fuerza publica”,
señaló.
Los residentes de los barrios pobres de la ciudad, que son los
principales campos de batalla criminales en Medellín, contradicen la
narrativa de una historia de seguridad exitosa. Dicen que la vida puede
parecer normal y tranquila, pero el control que ejercen las pandillas
sobre sus barrios ha aumentado con el pacto. La extorsión ha
incrementado, el reclutamiento de niños y el abuso sexual siguen siendo
la norma, y las desapariciones han incrementado dramáticamente.
A pesar de las nuevas políticas policiales basadas en la comunidad
hay poca confianza en la policía, institución a la cual Quijano acusa de
sólo actuar contra las bandas que rompen el alto al fuego, dejando un
espacio para que los grupos pacíficos puedan maniobrar.
“Hay bandas que se han rebelado [al pacto] y todo el poder de la
fuerza publica cae en contra de ellas”, dijo. “La pregunta es por qué no
caen en contra de los que están en el pacto”.
La corrupción policial en Medellín está profundamente arraigada, e
incluso Mejía admite que existe el riesgo de que los policías corruptos
sean quienes regulan el pacto en nombre de pagadores criminales.
"Es posible, no se puede descartar", dijo. "Aquí uno de los problemas
que hemos tenido, no sólo en Medellín, sino en todo el país, es la
corrupción al interior del Estado y en la fuerza pública”.
La policía no respondió a las solicitudes de una entrevista.
Las calles de la ciudad siguen siendo tranquilas, pero al tiempo, la
pequeña élite de narcotraficantes en la cúspide de la jerarquía criminal
de Medellín se ha beneficiando de la otra parte del pacto entre los
Urabeños y la Oficina, el tráfico internacional de cocaína.
“Los verdaderos jefes de la oficina, donde está la plana mayor que
poco se mezcla en estas guerras barriales, en estas guerras de la
ciudad, los que hacen el gran negocio, ya habían negociado con los
Urabeños, y están ganando fuertes recursos”, dijo Quijano.
Puntos de quiebre
El pacto criminal de Medellín cumplió su primer aniversario a
principios de este mes, pero la paz que ha traído consigo se ve cada vez
más frágil. Han comenzando a aparecer grietas en varios lugares
estratégicos (vea mapa abajo), cada uno con una dinámica criminal
distinta que pone de relieve los puntos débiles del acuerdo.
En los dos distritos del norte, Castilla y Aranjuez, se ha presentado
una ola de tiroteos y asesinatos, y el pacto no ha logrado contener las
rivalidades entre los grupos criminales locales. Pero esto tiene poco
que ver con las relaciones entre la Oficina y los Urabeños, según el
funcionario del MP.
“Son conflictos localizados sobre rentas localizadas y odios históricos, pero no sobre la salida grande de cocaína”, dijo.
Según fuentes de CORPADES, la jerarquía de los Urabeños incluso
intervino para obligar a las pandillas a llegar a una nueva tregua en
Aranjuez.
Sin embargo, en el centro de Medellín, los Urabeños han sido incapaces de resistirse a intervenir en un conflicto local,
según una reciente investigación de CORPADES.
En las últimas semanas, una reciente oleada de golpes de las
pandillas y de ataques con granadas anunciaron el inicio de un nuevo
conflicto entre grupos rivales de Convivir -bandas que actúan como
supervisores criminales en el centro de la ciudad.
La batalla es por el control de las ganancias multimillonarias que
generan las diferentes actividades criminales, como la venta de drogas,
la extorsión y el comercio sexual. Pero CORPADES cree que esta batalla
se está convirtiendo en una guerra de poderes, con los Urabeños
tentados a apoyar a uno de los lados del conflicto,
luego de que se les presentara la oportunidad de acceder a lo que hasta
ahora había sido un bastión de la Oficina virtualmente impenetrable.
"La Oficina y los Urabeños están aplicando el modelo de la Guerra
Fría", dijo Quijano. "Estamos en una tregua, por lo que no tocamos a los
líderes, pero si financiamos a los grupos de abajo para que se
expandan, y el negocio continúa propagándose".
Las tensiones también están escalando en las alejadas colinas del
oeste, en uno de los límites exteriores de la ciudad. La violencia en La
Loma, ubicada en un estratégico cuello de botella, clave para el
tráfico de drogas y de armas, a menudo representa una señal de
advertencia temprana de que en Medellín lo peor está por venir, y el
sector está, una vez más, alcanzando un nuevo punto de quiebre.
La Loma es una de las pocas zonas que se interpone entre los Urabeños
y un control total sobre el movimiento en el oeste de la ciudad, y los
informes provenientes de la zona indican que los Urabeños no van a
seguir permitiendo que el pacto les impida alcanzar el control de la
zona.
La Loma todavía no ha explotado en violencia, pero varios residentes
contactados por InSight Crime dijeron que la situación era tan tensa que
no la iban a discutir, ni siquiera de manera anónima, porque temían ser
desplazados -algo que
ha sucedido a varias familias recientemente.
¿Jaque mate?
Dure o no el pacto, su impacto sin duda lo hará. Ha ayudado a que el
Cartel de Sinaloa gane influencia en la ciudad, y ha beneficiado a una
serie de actores, tanto legales como ilegales en el conflicto de
Medellín. También ha dejado a un claro ganador.
“Gana la policía del Valle de Aburrá en el sentido de que la supuesta
reducción parece que sigue la estrategia de ellos; gana el Alcalde al
decir que estamos en paz; pero los reales ganadores de la supuesta
pacificación de Medellín son los Urabeños”, afirmó Quijano.
Los Urabeños han codiciado
el control de Medellín desde 2007,
y gracias al pacto, ahora está a su alcance. La tregua les ha dado la
oportunidad de comunicarse directamente con las facciones a menudo
divididas de la Oficina, persuadiéndolas con una muestra de lo que
tienen para ofrecer. También los ha ayudado a forjar lazos con el
principal comprador de cocaína, el Cartel de Sinaloa.
“Los Urabeños se van a quedar con todo, con la producción y las
rutas, ¿y qué va a quedar para la Oficina?” anotó el funcionario del MP.
“Esto es lo que los Urabeños quieren, controlar a la Oficina,
absolutamente toda, ¿y cómo lo hacen? Desgranándola".
Atrás quedan los años en los que la sociedad —jóvenes incluidos— rechazaba prácticamente en bloque la legalización de la marihuana. Así se desprende del último Eurobarómetro sobre la relación entre juventud y drogas, que revela que, aunque siguen siendo mayoría los europeos de entre 15 y 24 años que se oponen a legalizar el cannabis, el porcentaje que pide su regulación ha pasado del 34% al 45% en los tres últimos años.
August 25, 2014
By Philip A. Wallach, Fellow, Governance Studies, The Brookings Institution
On November 6, 2012, voters in Washington and Colorado made the momentous and almost entirely novel choice to legalize and regulate recreational marijuana. While many places around the world have tried out forms of marijuana decriminalization or legalized medical uses, none had ventured to make the production, distribution and recreational use of the drug legal, let alone erect a comprehensive, state-directed regulatory system to supervise the market. In spite of the lack of experience, and in spite of a clear conflict with federal drug law, solid majorities in Washington and Colorado decided that their states should lead the way through experimentation. (In 2013, Uruguay would follow.) The opening of state-legal marijuana shops has been a reality in Colorado since January, and has finally come to pass in Washington as of July 8.
While Colorado is justifiably garnering headlines with its ambitiously rapid (and, in many respects, impressive) legalization rollout,2 there is a case to be made that Washington is undertaking the more radical and far-reaching reform. It is, in effect, attempting not just to change the way the state regulates marijuana, but also to develop tools by which to judge reform and to show that those tools can be relevant amid the hurly-burly of partisan political debate. Washington has launched two initiatives. One is about drug policy; the other is about knowledge. In the world of drug policy, and for that matter in the world of public administration more generally, this is something fairly new under the sun.
This second reform, though less heralded than the attention-grabbing fact of legalization, is in many ways just as bold. Washington’s government is taking its role as a laboratory of democracy very seriously, tuning up its laboratory equipment and devoting resources to tracking its experiment in an unusually meticulous way. Several innovative features are especially noteworthy:
- A portion of the excise tax revenues from marijuana sales will fund
research on the reform’s effects and on how its social costs can be
effectively mitigated. In effect, the state has built test equipment
into its policy reform from day one, with a dedicated funding stream to
provide continuity and political independence.
- Coordination of research efforts is taking place across multiple
state agencies, including the Department of Social and Health Services,
the Department of Health, and the Liquor Control Board. Instead of
relying on just one point of view or information source, the state is
focusing many lenses on the issue, attempting to create a multifaceted
picture.
- A cost-benefit analysis is to be conducted by the state’s in-house
think tank, the Washington State Institute for Public Policy (WSIPP),
and will be nearly unprecedented in its scope and duration. If well
executed, this effort will provide a yardstick for success that can help
focus and discipline the political debate.
By combining these techniques, Washington’s policymakers seek to empower themselves not only to proactively regulate legal marijuana but to proactively inform and influence the informational battles that will surround legal marijuana. That is no mean feat in a policy area so full of passionate, and often intemperate, advocates. As the battle lines harden in the information wars between legalization’s champions and critics, the state’s knowledge-building efforts offer its officials the chance to transcend the breathless rhythms of the news cycle and set their sights on more consequential time horizons. Reformers across the country—in marijuana policy and beyond—would do well to learn from this second experiment as much as from the first.This paper outlines Washington’s side-by-side experiments: the marijuana experiment and the knowledge experiment. It will weigh the potential and the pitfalls of the state’s knowledge experiment. And it will offer some thoughts on how to get the most out of Washington’s innovations—both for those who care about drug policy and for those who care about making policy reform of any sort work better.
To read the full report, please click here.