Más argumentos en contra de una guerra fútil

por Gabriela Calderón de Burgos Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
La London School of Economics (LSE) publicó este mes un reporte1 acerca de por qué debe acabar la guerra contra las drogas. No solo es importante el contenido del reporte sino las destacadas personalidades que lo respaldan, entre ellas están cinco Premios Nobel de economía; el Viceprimer Ministro del Reino Unido Nick Clegg; el ex Secretario de Estado de EE.UU. George Shultz; el representante de la Unión Europea para la política exterior común, Javier Solana, entre otros. Siendo Latinoamérica una de las regiones que más ha sufrido los costos de esta guerra fútil, vale la pena considerar las conclusiones de los estudios incluidos en esta publicación.
En un estudio del reporte, Daniel Mejía y Pascual Restrepo afirman que durante los últimos 20 años los países latinoamericanos han estado implementando políticas para reducir la oferta en países consumidores como EE.UU. incurriendo en el alto costo de más violencia y corrupción política. El costo de la violencia no puede ser menospreciado, para muestra está México, cuya tasa de homicidio se triplicó en tan solo 4 años (2006-2010).
Peter Reuter se enfoca en el “efecto globo” y concluye que “aunque el efecto globo no es tan universal como se dice, es lo suficientemente real” como para que quienes diseñan políticas de prohibición de drogas “consideren los efectos sobre otras naciones”. Reuter menciona como ejemplo el caso de la ruta de África Occidental: Conforme las autoridades de Países Bajos incrementaron su captura de la cocaína que venía por la ruta vía las Antillas Neerlandesas, esta fue reemplazada por una ruta alternativa vía África Occidental. Algo similar ha sucedido con el traslado de las actividades de narcotráfico desde México hacia los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Otro estudio de Laura Atuesta Becerra se enfoca en el drama de las poblaciones desplazadas en Colombia y México. Por ejemplo, entre 2000-2010 Colombia fue el país con la segunda población interna desplazada más grande del mundo (después de Sudán). Ella considera que la magnitud del desplazamiento se debe en no poca medida al conflicto interno entre las guerrillas y grupos paramilitares, que se vieron fortalecidos con financiamiento de los cárteles de drogas.
Un estudio de particular interés para toda la región es cómo la guerra contra las drogas ha mermado la institucionalidad de los países que han participado en ella. Alejandro Madrazo Lajous analiza los efectos negativos de la prohibición en los casos particulares de Colombia, México y EE.UU. En México, por ejemplo, “el arraigo —teóricamente una forma de arresto domiciliario, pero en la práctica detención en un lugar no revelado—” fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema en 2005 pero una enmienda de 2008 revirtió el impedimento de inconsistencia con la Constitución e insertó directamente en el texto constitucional el arraigo. Madrazo cree que tanto en Colombia como en México, la gran mayoría de violaciones de derechos humanos se han dado debido a la confusión de las jurisdicciones civil y militar. EE.UU. no se salva de incurrir en costos constitucionales. Madrazo cita evidencia de cómo en ese país se ha ido construyendo un sistema legal paralelo que solo se aplica a quienes cometan delitos relacionados a las drogas, algo que violaría el principio constitucional en ese país de igualdad ante la ley.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 16 de mayo de 2014.
Referencia:
1. “Ending the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy”. London School of Economics. Mayo de 2014.

Fuente: El Cato

Hay que legalizar las drogas

por Ian Vásquez

Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

El Perú gastará más este año que el pasado en combatir el narcotráfico y pretende además erradicar más hectáreas de hoja de coca. Esto ocurre al tiempo que en el hemisferio la tendencia es buscar alternativas a la prohibición, empezando por la despenalización de la marihuana.
El año pasado, por ejemplo, Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar la marihuana y ya más de 20 estados de EE.UU. han despenalizado dicha droga de alguna manera. La mayoría de los estadounidenses apoya la legalización de la marihuana y el Congreso mexicano, a su vez, debate descriminalizarla.
Es comprensible esta tendencia. Durante más de 40 años, la guerra contra las drogas no ha logrado reducir ni el flujo ni el consumo de estupefacientes, pero sí ha producido un aumento notable de la violencia y la corrupción. Es cada vez más difícil justificar tal política en América Latina. Como dice el senador mexicano Roberto Gil, “lo que puede suceder si se mantienen las cosas como están es que México siga poniendo los muertos y EE.UU. los consumidores”.
Una reforma verdaderamente eficaz, sin embargo, tiene que ir más allá. Se debe legalizar el consumo, la producción y la distribución de todas las drogas. Solo así se eliminaría el mercado negro —causa de los grandes males asociados al narcotráfico— en todo el espectro del negocio. La legalización de la cocaína en el Perú y países consumidores reduciría la violencia, la corrupción y los márgenes de ganancia de esa industria, así como ocurrió con el alcohol en EE.UU. tras el fallido experimento de prohibición en los años veinte y treinta.
Ante tal propuesta, surge la preocupación entendible de que aumentarían el consumo y la adicción a drogas duras. Pero hay muchas razones por las cuales no se debe temer dicho resultado.
Un estudio de Norman Loayza y Naotaka Sugawara del Banco Mundial examinó el comportamiento del consumo de la cocaína a diferentes precios en 58 países y concluyó que la legalización de dicha droga no produciría una epidemia de consumo. Calcularon que si el precio de la cocaína cayera hasta en un 80%, el consumo en EE.UU. se incrementaría en solo 1,1% de la población. El precio no necesariamente dicta el nivel de consumo. Aun en países donde el precio de la cocaína es bajo, como en el Perú, el consumo es mucho menor que en los países donde el precio es significativamente mas alto.
El premio Nobel en Economía de 1992, Gary Becker, incluso sostiene que la legalización reduciría la drogadicción. Bajo la prohibición, los incentivos para el adicto de buscar ayuda se reducen, pues tiene que esconderse de las autoridades. Las posibilidades de ofrecer ayuda también se reducen, con el resultado de que los drogadictos tienden a asociarse con otros adictos. Eso cambiaría con la legalización, ya que habría más oportunidades de ayuda, como es el caso de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Tal vez podría haber más consumidores de droga, pero el problema de abuso caería.
No nos tenemos que quedar en la teoría. Portugal despenalizó todas las drogas en el 2001. El consumo de estupefacientes no se disparó; es comparable o más bajo que el del resto de la Unión Europea donde predominan políticas más prohibicionistas. La cantidad de adictos portugueses buscando ayuda se triplicó en la última década.
La actual campaña antinarcótica peruana tendrá el mismo resultado que esfuerzos anteriores, en el mejor de los casos reducirá la producción solo en el corto plazo. Pero el problema de fondo no se resolverá hasta que los países consumidores no legalicen las drogas. Mientras tanto, el Perú debe enfocarse en combatir crímenes como el homicidio, el robo y el secuestro, en vez de la droga. Y debe unirse a la creciente ola de voces americanas que abogan por la legalización.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 22 de marzo de 2014.
Fuente: ElCato.org

En el Sur, la lucha contra el narcotráfico se aleja de la DEA

Trío contra la droga. Alejandro Keleris Bucarito, presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Miguel Rodríguez Torres, ministro para Relaciones del Interior, Justicia y Paz, y Rubén Dario Molina, Relaciones Multilaterales de la Cancillería.

El primer paso lo dio Venezuela, seguida por Bolivia, porque los resultados eran muy pobres y la injerencia en política interna mucha, hoy los resultados invitan a construir una herramienta común a partir de Unasur.

La lucha contra las mafias del narcotráfico ha sido uno de los temas de envergadura dentro de la región. Los países de la Patria Grande resistentes a la hegemonía imperialista trabajan en la consolidación de mecanismos independientes y soberanos. La República Bolivariana de Venezuela ha avanzado considerablemente en esta materia haciendo un llamado de “urgencia o los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a crear una política autónoma para frenar el flagelo de las drogas” sin intervención de organismos de apéndice norteamericana.
Desde 2005, año en que el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) fue expulsado de Venezuela por el entonces presidente de la República Hugo Chávez, los logros contra el narcotráfico en el país han crecido de forma vertiginosa. Actualmente, presentan cifras y logros de gran envergadura que demuestran los avances que tienen los caribeños contra el delito transnacional.
Hecho desmentido, por obviedad, desde la Casa Blanca, que coloca a Venezuela dentro de su lista negra, ubicando al país entre los 22 principales productores con libre tránsito de drogas en el mundo; dicha lista fue divulgada en septiembre de 2011 y sostenida a la fecha de hoy. Otro de los países de su preferencia para señalamientos dentro de la “lista negra” es Bolivia, sosteniendo que ambas naciones son un “fracaso ostensible” en el cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometieron según acuerdos internacionales antidroga. Las autoridades de estos países calificaron como una opinión “politizada” debido a la decisión de suspender la “colaboración con el Departamento Antidroga de Estados Unidos” (DEA). Este intento de descredito no ha vulnerado los compromisos internacionales adquiridos para frenar el flujo de drogas de los países del Sur a los consumidores del Norte.
Chávez: “Yanqui go home”. La DEA, con oficinas en Caracas dentro de la propia sede de la Oficina Nacional Antidroga venezolana (ONA), con fácil acceso a todo tipo de información interna y control aéreo del eje Colombia/Venezuela/Estados Unidos, catapulta por excelencia del tránsito de cocaína de fábrica colombiana a clientela consumidora estadounidense, con un índice de capturas escaso y ojo visor satelital de dos radares controlados por Estados Unidos desde Puerto Rico, pusieron un alerta al gobierno bolivariano, “mucho cacique para poco indio” sugiere un refranero venezolano.
El comandante y ex presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, los acusó de “apoyar al narcotráfico” en su país y de “hacer inteligencia contra el gobierno”, por lo que Caracas decidió “hacer un claro rompimiento” con los acuerdos que mantiene con la agencia. De igual manera, se sostuvo que a través de la DEA “salía del país una gran cantidad de kilos de droga, por medio de la figura de entrega vigilada, y nunca se obtenía información en el país y por tanto determinamos que estábamos en presencia de un nuevo cartel de la droga”, puntualizó el comandante Chávez. Daba un claro detalle sobre los pactos ejercidos entre la DEA y las grandes mafias colombianas, cuando se les otorgó inmunidad en todo proceso judicial, en cambio de información de carteles rivales a los designios estadounidenses. Fue entonces, un 8 agosto de 2005, cuando el gobierno venezolano puso fin a la colaboración con la DEA.
Allí estalló la lluvia de informes, palomas mensajeras yanquis con señalamientos ofensivos, catalogando al territorio venezolano como cuna cómplice de las autoridades del negocio ilícito de psicotrópicos, convirtiendo el flagelo en un atentado político, eco de infamias y acusaciones. La ruptura con la DEA no aísla a Venezuela de la lucha antidroga ya que, por una parte, dicho país mantiene en ese campo más de 50 acuerdos internacionales con 37 naciones, siendo su enfoque los países que consolidan la unidad de todas las naciones al sur del Río Bravo, como lo son el ALBA, la Celac y la Unasur.
Sin embargo, las colaboraciones con Estados Unidos no se han cerrado, ejemplo de ello fue el operativo dirigido por funcionarios venezolanos en el que se realizaron más de 13 mil detenciones relacionadas con el narcotráfico, capturando a 17 líderes narcotraficantes solicitados por Interpol, quienes fueron deportados a Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos.
Los números no mienten. Según datos demostrados por la Organización de las Naciones Unidas, se comprueba el fracaso de la lucha antidroga que han tenido los grandes imperios: el consumo de narcóticos entre los años 1998 y 2010 aumentó un 30%. Abiertamente, el narcotráfico y el crimen organizado son una de las veinte primeras economías más importantes en el mundo, viendo su representación en casi un 4% del Producto Interno Bruto mundial. Las bases militares yanquis y su militarización en el continente han sido prueba del incremento del narcotráfico, así es el caso de la próspera y evidente producción de droga en Afganistán y Colombia, países aliados y acunados por Estados Unidos.
Ante estos números, el gobierno venezolano ha buscado la manera de afinar con mano dura la incidencia del narcotráfico dentro de la región, por ser su espacio aéreo vehículo directo al mayor consumidor del mundo. Esfuerzo avalado por la ONU, quien cita a Venezuela como uno de los primeros países con los mejores resultados en la lucha antidroga, ratificando al país caribeño, por sexto año consecutivo, como nación libre de cultivos ilícitos de narcóticos.
En los últimos dos años, según datos oficiales, se ha logrado destruir un total de 247 pistas clandestinas utilizadas por las mafias del narcotráfico para ingresar, a través de vuelos ilegales, cantidades importantes de drogas, que han sido incautadas por las autoridades venezolanas. Este refuerzo en el poderío defensivo antiaéreo, se alcanzó debido a la suspensión de radares norteamericanos y obtención de tecnología China que les permite el control total del espacio aéreo de manera independiente y soberana.
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Vladimir Padrino López, expuso que las detenciones que localizaron con radares estadounidenses “se mantuvieron siempre por debajo de los 60 vuelos al año. En el año 1995 apenas se detectaron 8 vuelos que violaban el espacio aéreo venezolano; en 1996 se registraron 23 vuelos; en 1997 sólo 7 vuelos; en 1998 volaron 33 aeronaves; en 1999 fueron 58; en el 2000 un total de 22; en 2001 volaron 17; en 2002 se detectaron 18; en 2003 fueron 11 los aviones; en 2004 registraron 7 vuelos; en 2005 de nuevo 7, ; en 2006 un total de 21, y en 2007 ningún vuelo, porque el sistema de radares no prestó servicio”, concluyó el funcionario .
Estos resultados fueron estudiados atentamente en la II Reunión del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas realizada en Caracas del 12 al 14 de mayo del presente año, instancia permanente de la Unasur donde la entidad se permite el estudio, consulta, cooperación y coordinación para enfrentar la narcopolítica territorial.
Los representantes de los Ministerios de Interior y Justicia, conjuntamente con las entidades encargadas de la lucha contra el narcotráfico que integran la Unasur, debatieron sobre la creación de una entidad suramericana para combatir el flagelo de la droga, desde la que se promueva la formación de políticas y acciones conjuntas, además de apoyarse como Patria Grande dentro de las instancias que atienden la seguridad ciudadana.
Venezuela elevó la propuesta de crear un centro de estudios de Unasur que integre un observatorio suramericano de inteligencia en drogas. Además, se hizo un llamado público a avanzar en la búsqueda de acuerdos y soluciones concretas para hacer frente al tráfico de sustancias ilícitas, siguiendo, bajo toda costa, el ideario de unidad que sostenía Hugo Chávez Frías y Néstor Kirchner.
La idea inicial sería formar a las fuerzas de seguridad para la preservar la integridad territorial y sostener la soberanía de los estados que conforman el bloque, a fin de contrarrestar las labores de inteligencia e intromisión que generan los “superagentes” de la DEA. Hay ejemplos concretos, con balances sostenidos y positivos de los países donde se tomaron acciones independientes, como Venezuela lo hizo en el 2005 con la expulsión del organismo norteamericano, he hizo lo propio Bolivia en el 2008. Rafael Correa en Ecuador a mediados del 2009 ordenó el cierre de la base de Manta, zona de pretexto norteamericano para controlar el narcotráfico a nivel regional. Estas medidas si bien son parciales llevan el hilo conductor de generar una política autónoma, marginando al gobierno de Washington que, para estos países, es el principal culpable de inocular la narcopolítica en la región.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, en su alocución de apertura al consejo de la Unasur sostuvo que “son indispensables los resultados fructíferos a fin de que se demuestre que en el sur de América hay una voluntad unitaria, sólida, fuerte y decidida a luchar contra ese problema mundial de las drogas, para que esta articulación genere respuestas que la sociedad está esperando en el tema de consumo de drogas, y eso se traduzca en una reducción del delito en cada uno de nuestros países”.
En el mes de julio se realizará la tercera reunión de dicha organización, en la que se prevé la presentación de documentos y trabajos de cada una de las naciones integrantes, así como medidas ya tomadas de manera autónoma para unificar criterios y atacar el flagelo. En esa materia, se llevará como primera instancia el debate de la despenalización del consumo de drogas de parte de Uruguay y Argentina.
Este consejo fue creado en Quito de 2011 con la finalidad de consolidar con paso firme la integración regional contrarrestando la influencia de los Estados Unidos en los pueblos del sur. Y por este camino lograr independizar el combate contra el narcotráfico, teniendo como objetivo concertar información sobre redes de mafiosos narcos que operen en la región, y fortalecer la coordinación de unidades de inteligencia financiera, a fin de combatir con el lavado de activos, trata de personas y delitos vinculados con la producción y el tráfico de drogas.
Fuente: Infonews

Lideres religiosos estadounidenses llamaron hoy al presidente Barack Obama a tomar una acción ejecutiva valiente para mejorar la relación entre Estados Unidos y Cuba.

Una carta dirigida al mandatario por varios líderes de iglesias cristianas, evangélicas, morava, el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos, Iglesias Prebisterianas y otras congregaciones, le urgen a entablar conversaciones inmediatas y de buena fe con Cuba.
Estas discusiones deben tomar en consideración las preocupaciones de los cubanos sobre la política de Washington, incluyendo el encarcelamiento de los tres miembros restantes de los Cinco Cubanos, que cumplen injustas condenas por tratar de prevenir el terrorismo contra su país.
En cárceles estadounidenses permanecen Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, cumpliendo injustas condenas por tratar de prevenir el terrorismo contra su país. René González y Fernando González, regresaron a Cuba tras cumplir las penas impuestas en un amañado proceso.
Puntualiza la misiva que programas como el proyecto ZunZuneo son ineficaces y equivocados. En el interés de avanzar en el restablecimiento de las relaciones, los dirigentes de las iglesias estadounidenses llaman a abrir un diálogo de alto nivel para abordar una amplia gama de temas, incluyendo el tema de los Cinco cubanos y Alan Gross.
Asimismo emitir licencias generales para permitir viajes en todas las categorías, eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estado, un tema irritante e innecesario en una relación ya tensa que le quita credibilidad a la lista en sí misma.
Fuente: Cubadebate