viernes, 12 de septiembre de 2014

Informe de la OEA destaca vulnerabilidad de migrantes en México

por Patrick Corcoran
Migrantes bajo vigilancia en México
Un nuevo informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció el aumento en las amenazas que enfrentan los migrantes en México, y proporcionó nuevos datos sobre la impunidad de la que gozan las organizaciones criminales cuando se trata de juicios que involucran a migrantes.
El informe, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, fue compilado a petición del gobierno mexicano. Si bien el tema no se limita al crimen organizado, en el México de hoy es imposible examinar las amenazas a los migrantes sin tener en cuenta el papel de grupos como los Zetas.
Migrantes bajo vigilancia en México La inmigración indocumentada a lo largo de México ha dependido durante mucho tiempo de los "coyotes" o "polleros", los guías ilegales que prometen a sus clientes un viaje a través del territorio mexicano y a través de la frontera con Estados Unidos. Necesariamente, estos coyotes siempre han operado fuera de la ley, pero en los últimos años la incursión de grupos criminales más grandes en el comercio coyote ha revolucionado la industria.
Muchas de las amenazas que enfrentan los migrantes hoy en día son las mismas que siempre han enfrentado, siendo el robo y la violación dos de las principales. Sin embargo, hay otras amenazas que reflejan la dinámica criminal más reciente de México. El informe analiza, por ejemplo, el secuestro de inmigrantes adolescentes quienes son obligados a servir como soldados rasos en los grupos criminales.
El creciente papel que juegan los grupos criminales organizados en el tráfico de personas -en lugar de coyotes más independientes- ha aumentado la escala de estas operaciones, lo que ha provocado crímenes más impactantes. Un ejemplo de esto, citado en el informe de la OEA, fue el descubrimiento en dos trailers de más de quinientos inmigrantes de todas partes del mundo en condiciones infrahumanas, en el estado fronterizo de Chiapas, hace unos tres años. Los informes periódicos de masivos asesinatos de migrantes en el estado de Tamaulipas -la mayoría de los cuales han sido atribuidos a los Zetas- ofrece una prueba más de este cambio.

Análisis de InSight Crime

Una palabra que surge repetidamente a lo largo del informe de la OEA es "vulnerabilidad". Al considerar todas las formas en las que el crimen organizado se ha involucrado más en permitir los flujos migratorios, el resultado final ha sido hacer más vulnerables a los migrantes.
Por ejemplo, los autores del informe analizaron la impunidad con la que operan los traficantes. Señalaron que "el negocio" de la migración es atractivo para las organizaciones criminales pues ofrece altos beneficios a cambio de un "bajo nivel riesgo" de repercusiones.
Las cifras obtenidas por la OEA arrojan más luz sobre el alcance de la impunidad que involucra este tipo de delitos. Entre 2008 y 2011, los tribunales mexicanos emitieron fallos en sólo cuatro casos de homicidio que involucraban a migrantes. Sólo hubo un fallo por un caso de extorsión y sólo cinco casos por tráfico de personas.
El mayor papel de los grupos criminales en el tráfico de personas ha aumentado debido a la impunidad. Los grupos del crimen organizado de México tienen conexiones de larga data con la policía y en los distintos niveles de gobierno, bolsillos más profundos en los cuales pueden escarbar para sobornar a funcionarios, y una mayor capacidad para intimidar a los agentes del gobierno. Como resultado, hay menos apoyo gubernamental para los migrantes que son victimizados y menos impedimentos para aquellos que asedian a los migrantes. De esta manera, el ciclo de la impunidad se perpetúa.
Los grupos criminales mexicanos se trasladaron al tráfico de personas en parte para diversificar las actividades que les proporcionaban ingresos -el mismo ímpetu que los llevó al secuestro, la extorsión y a cometer otros delitos. El informe de la OEA reconoció esta diversificación. Incluso llamó a la migración "una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado en México".
Aunque eso podría exagerar un poco el caso -el tráfico de drogas sigue siendo mucho más lucrativo según la mayoría de los cálculos- no hay duda de que los beneficios son sustanciales, y son suficientes para apoyar una clase de grupos criminales sofisticados y peligrosos. Grupos como los Zetas y el Cartel del Golfo (que aparecen con mayor frecuencia en el informe de la OEA que cualquier otro grupo de tráfico) también han aprendido a aprovechar los cambios en las políticas gubernamentales en ambos lados de la frontera. El informe señaló que estos dos grupos criminales están "teniendo un gran impacto sobre los migrantes deportados desde Estados Unidos", amenazándolos con "el secuestro, la extorsión y otros delitos".
El aumento en el enorme mercado para el tráfico de personas en México es una muestra de los problemas más amplios que alimentan el crimen organizado: debilidad institucional, millones de jóvenes marginados, y sistemas económicos no registrados. Esto sugiere que la mejor manera de proteger a los migrantes es también atacando los factores más amplios que alimentan la inseguridad. Esto es, desafortunadamente, una enorme tarea, sin pasos obvios que podrían producir mejoras inmediatas.

Análisis crítico del problema de las drogas

por Marco A. Gandásegui (hijo)


Mi foto El problema de las drogas en todas sus manifestaciones tiende a agudizarse en Panamá, a pesar de las enormes inversiones realizadas para combatirlo. El número de adictos aumenta, los esfuerzos por educar a la población están estancados, hay cada vez más violencia e incautaciones de drogas y el lavado de dinero crece en nuestro centro bancario.

  Esta situación genera preocupación en torno a la seguridad ciudadana. Las asociaciones cívicas, los gremios, los sindicatos, los centros comunitarios y, sobre todo, la familia son los más afectados. La violencia y la criminalidad son los problemas que más preocupan a los panameños. En el centro de esta situación se ubica el problema de las drogas.
Para tratar este tema la Comisión Nacional para la Prevención de las Drogas (CONAPRED) convocó a su segundo taller que tiene como objetivo presentar la situación que prevalece en Panamá. En ese marco, el Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá presentará hoy un análisis crítico del problema.
Todos los panameños estamos familiarizados con el problema de las drogas por medio de una o más experiencias personales. Entre nuestros conocidos, amigos e, incluso, algún familiar, hay quienes han caído presos de la adicción. El tratamiento de esta enfermedad es difícil, doloroso y muy costoso. El Ministerio de Salud aún no ha podido establecer un programa de tratamiento para las personas que sufren de la enfermedad. El único programa que tenía fue cerrado hace poco.
La drogadicción no es una enfermedad nueva. En Panamá el problema tiende a crecer y se plantean diferentes estrategias para combatir el flagelo. Entre las políticas más mencionadas para mitigar el problema clínico de las drogas es la educación. Sin embargo, la inversión en los programas de educación es muy pequeña. El Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá es testigo de una presencia mínima de las distintas instancias del sector Educación en lo relacionado con este problema. Sólo el 5 por ciento del presupuesto global del gobierno nacional destinado a combatir el flagelo de la droga es destinado al sector Educación.
Los programas de represión de todas las formas asociadas a la producción, consumo y distribución de las drogas ilícitas han logrado atraer la atención de los gobiernos y de los sectores financieros. En el caso de Panamá, el 90 por ciento de los recursos destinados a combatir el flagelo de las drogas es dirigido a la represión.
Según informaciones que proporcionan los medios de comunicación, las fuerzas armadas panameñas y sus aparatos de inteligencia han creado equipos sofisticados para detectar los movimientos de los traficantes de drogas ilícitas en el país. En 2013 Panamá tuvo un presupuesto de seguridad nacional de 975 millones de dólares (6 por ciento del presupuesto nacional).
Panamá es acusada por EEUU y otros países de ser una plaza especializada en el lavado de dinero que circula por las redes financieras internacionales en forma ilegal. A menudo amenaza con tomar medidas punitivas contra el sector bancario panameño por lo que considera prácticas ilegales.
Según las agencias norteamericanas que investigan estas irregularidades, el lavado de dinero está asociado con las actividades de bienes raíces y la construcción, los establecimientos de juegos de azar y el tráfico de drogas. Calculan que en 2012, el sistema financiero panameño lavó más de 2 mil millones de dólares. El gobierno norteamericano se está moviendo hacia la regulación de las drogas que hoy se consideran ilegales, comenzando con la marihuana. El Procurador General de ese país dio los primeros pasos para comenzar a des-criminalizar todo lo relacionado con el consumo de drogas.
Es probable que más temprano que tarde en Panamá se seguirá por el mismo camino. Muchas de las drogas que hoy se consideran ilícitas serán compradas con recetas en las farmacias, reduciendo los niveles de represión existentes actualmente, controlando mejor la distribución y poniendo fin al crimen organizado y reduciendo la población penitenciaria.
Hay que seguir analizando el problema de las drogas y los estragos que está generando tanto a nivel de la seguridad nacional como también en el contexto de la seguridad ciudadana. Hay indicios de que hay confusión entre la protección de las fronteras y la represión de la población. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo asegurar que estas políticas se complementen y no se estrellan haciendo imposible definir una política coherente en beneficio del país?
11 de septiembre de 2014.
Fuente: Marco A. Gandásegui (hijo) blog

Entrevista a Junior Garcia Aguilera