Colorado's Rollout of Legal Marijuana Is Succeeding

New report from WOLA and the Brookings Institution analyzes the implementation of marijuana regulation in Colorado
31 Jul 2014

WOLA/Brookings Report
July 2014

In November 2012, Colorado voters decided to experiment with marijuana, passing a constitutional amendment legalizing recreational cannabis. It was a bold move, but it also required quick, bold, and unprecedented action on the part of the state government to implement the policy. Colorado needed to set up a legal, regulatory, and tax system so that product would be available in dispensaries by January 1, 2014. As part of an examination of Colorado’s implementation and rollout, Brookings’ John Hudak spent a week in Denver interviewing elected officials, regulators, industry officials, and others playing a variety of roles and including supporters and opponents of legalization policy.

Hudak reports that the state of Colorado has largely succeeded in rolling out a legal marijuana system, and its early implementation efforts have been impressive. This report details what has been successful, how Colorado has achieved an effective rollout, and what challenges remain.
Fuente Wola

¿Se han reducido en un 80 por ciento los vuelos con drogas de Honduras, como afirman las autoridades?

uller

por michael Lhmuller

El avión descubierto en La Mosquitia

Funcionarios de Estados Unidos y de Honduras han afirmado que los vuelos de drogas a través del país han disminuido en un 80 por ciento, pero estas declaraciones deben ser abordadas con precaución, ya que aún no han proporcionado pruebas solidas de este enorme éxito en la lucha contra el narcotráfico a través del país.

Al anunciar el descubrimiento de una narcoavioneta en la costa de La Mosquitia, Jorge Alberto Fernández, comandante de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), repitió sus previas afirmaciones de que los vuelos de drogas habían caído en un 80 por ciento en el último año, informó La Prensa.

Esta cifra fue mencionada por primera vez por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) John Kelly, quien hizo las afirmaciones durante una visita reciente a Honduras con el subsecretario adjunto para la lucha antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield.

Los comentarios de Fernández se produjeron poco después de que llegara el primero de los tres sistemas de radar que fueron comprados a Israel a principios de marzo, con el fin de detectar vuelos de drogas, y después de que se aprobara en enero la "Ley de Exclusión Aérea", que autoriza a la fuerza aérea a derribar vuelos que sean sospechosos de contener droga.

Análisis de InSight Crime

Las secuelas del golpe de Estado de 2009 en Honduras vio a los narcotraficantes llegar rápidamente al país, convirtiéndolo el principal puente aéreo entre Suramérica y Estados Unidos, superando las rutas antes comunes, como la isla de La Española. En 2012, elDepartamento de Estado de Estados Unidos estimó que el 75 por ciento de todos los vuelos de contrabando de cocaína destinados al norte que salieron de Suramérica, aterrizaron primero en Honduras. 

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Este suceso hizo de Honduras un destino atractivo para los traficantes, pues el transporte aéreo es una manera relativamente rentable y con bajo riesgo para transportar con rapidez, grandes cantidades de drogas por largas distancias. En comparación, eltransporte terrestre y marítimo requieren de numerosos pasos logísticos que implican a varias personas -multiplicando cada vez más los costos y riesgos. 

Las recientes medidas adoptadas por las autoridades hondureñas de instalar radares y autorizar el derribo de aviones de drogas, sugieren que el país podría finalmente estar tomando acciones concretas para tratar de abordar su papel como puente aéreo. Sin embargo, aún no ha habido tiempo para que estas medidas tengan efecto, por lo que no existe una razón obvia para explicar por qué los vuelos de drogas han caído en un 80 por ciento, como fue afirmado.

Ante esto, y ante la falta de evidencia estadística para apoyar la afirmación, parece ser demasiado pronto para que Honduras -o Estados Unidos- haga afirmaciones de un éxito tan rotundo.

“A ninguna sociedad le conviene que sus bandas delincuenciales estén matándose”

 

 por Roberto Valencia*

J

Actual presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén

Un ex ministro de Seguridad de El Salvador dijo a El Faro que él pensaba que la tregua entre las dos principales pandillas callejeras del país, la MS-13 y Barrio 18, había terminado y pidió que cualquier futuro acuerdo fuera transparente e involucrara la disolución de las pandillas.   

Francisco Bertrand Galindo, conocido como "Chico" por sus amigos, fue ministro de Seguridad durante los primeros tres años de gobierno del expresidente Francisco Flores, entre 1999 y 2002, cuando “las pandillas eran fuertes, pero no esto que tenemos ahora”. Dejó el cargo apenas un año antes de que se implementara el Plan Mano Dura, seguramente la política pública más determinante en la radicalización del fenómeno de las maras.

Ha transcurrido más de una década desde aquel espectáculo y no son pocas las voces que señalan que la famosa ‘tregua’ es la política pública –aunque el gobierno se fue sinaceptar la paternidad de la criatura– que más ha influido en la evolución de las pandillas desde aquel manodurismo.

Los siguientes son extractos de una entrevista que El Faro le realizó a Galindo. Este artículo apareció originalmente en Sala Negra de El Faro y ha sido publicado con permiso. Vea el artículo original aquí. 

***

¿La tregua está rota?


Primero definamos tregua. Si la entendemos como el acuerdo para no pelear entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18, creo que eso nunca llegó a consolidarse; en especial, por problemas entre las facciones de la 18: los ‘Revolucionarios’ y la ‘18 histórica’ [se refiere a los Sureños]. El acuerdo entre las pandillas tuvo cierta vigencia hasta que entró el ministro Ricardo Perdomo [finales de mayo de 2013]. No fue algo automático, que llegó Perdomo y la tregua se acabó, pero cortó los mecanismos de comunicación entre los líderes encarcelados y los pandilleros de las calles, y eso tuvo consecuencias.

Pero la tregua también involucró al gobierno.


Ese es el otro concepto de la tregua.

Las autoridades repitieron hasta la saciedad ‘Nosotros no tenemos nada que ver’. ¿Usted se creyó ese discurso?


Por supuesto que no. Yo no sé si el diálogo con los pandilleros lo inició el OIE [Organismo de Inteligencia del Estado], o si fue iniciativa del ministro [David] Munguía Payés, o si Raúl Mijango convenció al ministro… pero, viéndolo desde afuera, lo que sucedió fue que Munguía Payés primero fomentó como nunca antes la militarización de la seguridad pública, y eso provocó ataques sistemáticos de las pandillas a los militares. No sé si eso le hizo reflexionar, pero el punto es que de repente cambió de estrategia, y ahí es donde creo que se dio el acuerdo de las pandillas con el gobierno para que dejaran de matar a soldados y a policías, para que dejaran de matar a gente del transporte público y para que respetaran las escuelas. Esos fueron los tres compromisos que las pandillas ofrecieron como contraprestación a que el gobierno moviera a sus líderes de Zacatecoluca a otros penales de menor control, les liberalizara las visitas y les bajara la presión interna.

Los ataques de pandilleros a policías y soldados se han disparado en las últimas semanas.


Así es, y por eso creo que la tregua está finalizada en las dos vertientes: tanto entre ellos, como entre las pandillas y el gobierno.

Hay voces cualificadas, empezando por los mediadores, que aseguran lo contrario.


En mi opinión el proceso que arrancó en 2012 ha finalizado, pero podría haber un nuevo intento por restablecer otro acuerdo; me suena lógico. A ninguna sociedad le conviene que sus bandas delincuenciales estén matándose. Alguien puede pensar: son delincuentes, qué bueno que se mueran, pero en estas guerras siempre hay daños colaterales de alto costo. En esa locura mueren civiles que no son parte de las bandas, o familiares, y por otro lado se crea un ambiente generalizado de inseguridad que no es bueno para un país.

No está refiriéndose solo a El Salvador, supongo.


No. En todo el mundo las autoridades, cuando estalla una guerra entre grupos delincuenciales, tratan de que eso se calme. ¿Pero cómo lo hacen? Pues cuando se tiene un nivel de institucionalidad elevado, normalmente se trata de corregir el problema concreto que originó el conflicto entre las bandas. El problema con las maras en El Salvador es que eso no se puede hacer, porque es algo tan masivo, la cadena de muertes es tan grande, que dejar de pelear entre ellos no es tan sencillo.

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Usted está convencido de que la tregua finalizó. ¿Le conviene a El Salvador que se abra otro proceso similar?


Mire… si son labores de ciudadanos que tratan de convencer a las pandillas de que no se maten o de que bajen el nivel de peligrosidad hacia los ciudadanos, eso me parece un esfuerzo legítimo. Lo que no me parece legítimo es que el Estado abra negociaciones que no tienen como último propósito lograr la disolución de las pandillas. A mí no me parece mal que el Estado ofrezca beneficios específicos, o incluso un indulto o una amnistía, a los que decidan apartarse de las pandillas. Me parecería transparente y lógico si se hiciera por la vía legal. Si eso generara la necesidad de una intermediación, también me parecería correcto. Y si en el camino hubiera que platicar para llegar a acuerdos secundarios, también. Lo que no me parece lógico es hablar de acuerdos de pacificación con grupos delincuenciales si no está planteado en la agenda que dejen de ser grupos delincuenciales.

Usted ha sido un claro opositor a este proceso, y como tal se expresa en cada plató de televisión que visita.


Correcto, así es.

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Permítame que nos centremos en el tema de los homicidios, que es lo que singulariza el caso salvadoreño. Con la tregua pasamos de 4,000 asesinatos a 2.300 [al año]. ¿Cómo puede ser perjudicial un proceso que salva 1.700 vidas cada año?


Las respuestas a ese tipo de preguntas no pueden ser tan directas. En primer lugar, los homicidios en El Salvador responden a zonas y personas bastante identificables: me atrevería decir que un 80% de las personas que son víctimas de los homicidios han sido a la vez parte de los homicidios; son delincuentes también, para entendernos. Aunque obvio que hay una parte de los muertos que son estrictamente víctimas.

¿Usted desconfía de las cifras oficiales? Entre los críticos de la tregua, al inicio sobre todo, hubo quienes decían que la PNC manipulaba los números.


No, no creo que se dejaron de contar muertos, pero está probado que después de la tregua muchos desaparecidos terminaron en fosas clandestinas.

Seguro, pero antes de la tregua sucedía lo mismo: el pozo de Turín, el de las Iberias… los desaparecidos y los cementerios clandestinos no comenzaron en marzo de 2012.


Yo creo que subió la cifra de…

¿Cree que las casi 1,700 vidas anuales que estadísticamente se salvaron son personas que están enterradas en las milpas?


No, no creo eso, ni por cerca. Que con la tregua hubo una caída en los homicidios no me cabe ninguna duda. Que bajaron, bajaron, en eso estamos claros; pero la sociedad quizá no lo percibió así porque, de alguna manera, los homicidios se aceptan como normales.

Lamentablemente.


Lamentablemente, pero eso es así desde mucho antes de las pandillas. En El Salvador tenemos tasas de homicidios altísimas al menos desde los sesenta, y le digo esto para explicarle cómo el salvadoreño se relaciona con los homicidios: se ven como algo distante, porque se asume que el fallecido algo debía o algo hizo. Existe esa percepción. Eso explicaría por qué habiendo caído los homicidios como cayeron, las encuestas reflejaban que la seguridad seguía siendo el mayor problema, porque el homicidio no es el principal indicador para el salvadoreño, sino que la sensación de inseguridad se alimenta más con asaltos y con extorsiones.

...

Otra idea muy extendida es que la reducción de homicidios solo benefició a los pandilleros. ¿Comparte esa lectura?


Yo no tengo las cifras, pero sí creo que un buen porcentaje de los muertos que había antes de la tregua estaban relacionados con el fenómeno de las organizaciones delincuenciales, y no me refiero solo a las pandillas, que conste, porque ahí ponen su cuota también el narcotráfico y otras expresiones… Siempre hay víctimas colaterales, pero la reducción ha beneficiado a estos grupos.

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Incluso suponiendo que el descenso se debió en gran medida a pandilleros que no murieron, ¿no supondría eso un beneficio para la sociedad por el simple hecho de que no tuvieron que reclutar a más miembros, muchas veces a la fuerza?


Es un buen punto ese, y admito que no lo había reflexionado desde esa perspectiva.

¿No cree que la tregua quizá sí ha traído beneficios a las familias que viven en comunidades controladas por las maras?


Yo una vez le escuché a Rodrigo Ávila: esto [la iniciativa] tendría algún sentido si el resultado fuera que no creciera el número de pandilleros. Y a Raúl Mijango le escuché otro planteamiento: él decía que los pandilleros de mayor edad estaban cansados de esa vida, que no la querían para sus hijos, y que tenía cierta lógica que ocurriría una involución del fenómeno [de las pandillas]. Le planteo esos dos puntos, de personas que piensan tan diferente, y ahora le doy mi valoración: yo creo que la tregua sí ha fortalecido las pandillas cuantitativamente, ha aumentado el número de pandilleros, pero también ha pasado que no han tenido tanta necesidad de reclutamientos forzosos, y muchas mamás hoy pueden dar gracias a la tregua de que sus hijos no fueron reclutados a la fuerza, como sucedía antes.

Hay que ver esas dos opciones: primero, buscar cómo cortar la base social de la pandilla, o al menos ponérselo difícil; y segundo, cómo rescatar a todos esos muchachos que probablemente ni condenados deberían estar, porque se aplicó una misma condena para una clica entera, cuando no todos en el grupo cumplen el mismo papel. Entre los pandilleros hay psicópatas, y a esos hay que tratarlos como se trata a un psicópata, pero a la par, dentro de la pandilla, habrá jóvenes que quizá quieran dejar ese mundo si se les da una oportunidad. Todos esos matices, esas diferenciaciones, son importantes que los tengan en cuenta los generadores de políticas públicas.

¿Cree usted que las maras son hoy más peligrosas que en marzo de 2012?


Tendría que tener datos... Creí que me daría un sí rotundo.
Tendría que tener los datos.... Lo que sí creo es que se han fortalecido.

Para usted no son sinónimos ‘fortalecerse’ y ‘ser más peligrosas’.


Depende de cómo lo veamos. Si lo analizo como Estado, que sean más fuertes sí los vuelve más peligrosos. Pero para el ciudadano común ser más fuertes no necesariamente significa ser más peligrosos, si se dedican a delitos que no le afectan de manera directa. Un grupo puede ser más poderoso, pero puede serlo porque mueve los furgones de la droga de frontera a frontera, y eso al ciudadano ni le va ni le viene.

Siendo pragmáticos, ¿ese escenario no sería mejor que el que teníamos a inicios de 2012 o el que tenemos en la actualidad?


(Ríe)

Quizá no para los que mueven los furgones, pero ¿no sería ganancia para la sociedad en su conjunto que las maras los movieran si con ello desaparecieran las estructuras de terror que tienen hoy en infinidad de comunidades?


Por supuesto que sería ganancia. Sí, la sensación de inseguridad la gente no la mide por lo que hace un cártel que lleva droga a Estados Unidos, salvo la pequeña violencia que genera el narcomenudeo; mientras que la pandilla en la colonia sí genera inseguridad porque amedrentan, porque piden dinero…

¿Admite como posibilidad que el fortalecimiento de las maras durante la tregua sea una falsa percepción que a algunos grupos poderosos les interese difundir?


Yo estoy convencido de que se han fortalecido.

...

Saltemos al presente. ¿Cree que el nuevo gobierno reincidirá en una negociación con los pandilleros?


Lo peligroso en todo esto es que un gobierno, de cualquier partido, trate de construir una organización paralela al Estado que cumpla fines de control político.

¿Esa posibilidad no se disipa si como sociedad exigimos un proceso transparente, lo contrario a lo que se hizo en la administración pasada?


Algo así yo lo he sostenido desde hace años. El tema de seguridad hay que sacarlo de la discusión electoral, y hay que ponerle controles políticos, porque, si no, la desconfianza entre los dos principales partidos va a continuar, por el temor a que cualquier cosa que se haga responda a otros intereses que no sean la seguridad pública. ¿Y cómo ponerle un control político? En otros países han creado una especie de comisiones especiales en las que todos los partidos tienen presencia; lo que se discute ahí es confidencial, pero los responsables de la seguridad pública, a todos los niveles, están obligados a informar de todos los pasos que se dan. Mecanismos así han funcionado en otros países.

Con la polarización que existe en El Salvador, ¿podría existir una comisión de ese tipo?


Es lo que más urge; de lo contrario, no se va a poder montar nada serio, y si se monta, la oposición va a ser espantosa. La base de la resolución del problema de pandillas pasa porque la autoridad recupere el control territorial de las comunidades y mantenga ese control para construir redes sociales, redes de apoyo … y esas redes pueden ser políticamente neutras o políticamente sesgadas. Cualquier partido que esté en la oposición no va a permitir que se construyan redes políticamente activas, y para evitar eso es que conviene crear mecanismos de control y sacar el tema de la agenda electoral.

Planteado así, la polarización político-partidaria es el principal obstáculo para entrarle en serio al problema de la violencia.


Es que siempre ha sido así.

...

Supongamos que se desactivara. ¿Cree que luego la ciudadanía aceptaría que el Estado destinara millones a la rehabilitación de pandilleros, o a prevención en las comunidades que controlan?


Por eso es tan importante la figura del presidente. Mire, de lo que más me gustó del discurso de [el nuevo presidente] Sánchez Cerén fue cuando dijo que él se hacía cargo del problema de seguridad ciudadana; y no dijo ‘seguridad pública’, sino ‘seguridad ciudadana’. A mí eso me pareció un cambio radical, porque una cosa es que un ministro de Seguridad diga algo así, y otra es que lo diga el presidente, porque solo así se garantiza que cuando el Estado recupera el control de los territorios, se involucrarán el Ministerio de Educación, el de Salud, el FISDL, Obras Públicas… El presidente es el único que puede ordenar todo eso.

¿Tiene esperanza de que en este quinquenio se desactive esa polarización política?


Yo espero que sí, y lo espero por una razón muy simple: un gobierno del FMLN está más cerca de convocar a un acuerdo nacional y que se sumen todas las fuerzas. Yo sé que esto quizá suene extraño, viniendo de alguien que ha estado en gobiernos de ARENA, pero creo que el Frente difícilmente se sumaría a un acuerdo si lo convocara ARENA, mientras que al revés lo veo más probable. Entonces, eso es un elemento que me mueve al optimismo.

Dijo que también el discurso del nuevo presidente invita al optimismo.


También, aunque luego hay que ver si se traduce en hechos; Mauricio Funes dijo que los valores de Monseñor Romero iban a guiar sus acciones, y mire lo que pasó. Pero si el presidente Sánchez Cerén lo dijo en serio, tengo esperanzas reales de que se pueda dar ese acuerdo nacional, y para que ese acuerdo sea efectivo se necesitan esos controles políticos, por eso mi insistencia en ese punto, y también acuerdos en los límites operativos que le queremos dar a la Policía, al Ejército y todas esas cosas, porque en los detalles está el diablo. El acuerdo tiene que llegar a esos niveles.

¿Hay razones pues para el optimismo?


Creo que se puede lograr un acuerdo en esta administración.

* Este artículo apareció originalmente en Sala Negra de El Faro y ha sido publicado con permiso. Vea el artículo original aquí. 

Fuente. insightcrime