Por MSc. Alejandro L. Perdomo Aguilera
alejandro.perdomo91@gmail.com
twitter: @AlejandroLPerdo
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Concluía la política de Guerra Fría con el derrumbe del llamado campo
socialista de Europa del Este. En este escenario el presidente George
Bush padre (1989-1993), planteó la necesidad de construir un “nuevo
orden mundial” donde se consolidara la hegemonía estadounidense. Para
las relaciones panamericanas, este interés hegemónico fue proyectado a
través de instrumentos político-jurídicos, económicos, militares, de
seguridad e ideológico-culturales, en interés de configurar “el nuevo
orden panamericano”. (Suárez Salazar, 2003)
En la arena Latinoamericana y caribeña vieron el fin varios procesos
progresistas en Centroamérica, con la derrota del FSLN de Nicaragua en
las elecciones de 1990 y la “solución política y negociada del conflicto
salvadoreño” (enero de 1992).
Las administraciones de George H. W. Bush (1989-1993) y William J. Clinton (1993-2001) en la década del 90 y de George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009- ) hasta la actualidad, han reflejado la continuidad del interés de una política de Estado, independientemente de los cambios y matices ajustados al contexto histórico e internacional, las condicionantes internas de ese Estado-nación y las características de cada presidente.
En el plano militar y de seguridad ya se venían preparando nuevos enemigos que sustituyeran la “batalla” contra el comunismo, y continuaran alentando el Complejo de Seguridad Industrial para el enfrentamiento al llamado narcotráfico. (Perdomo, 2012) En este sentido, el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) había incentivado la guerra contra el flagelo de las drogas, con una militarización que ha sido continuada por los diferentes gobiernos demócratas y republicanos de ese país.
El contexto internacional para la política exterior y de seguridad del líder del sistema-mundo (según la teoría de I. Wallerstein), estuvo incidida por la Guerra del Golfo Pérsico entre 1990 y 1991. La necesidad de nuevas guerras por el control de recursos naturales geoestratégicos, adquirió como justificaciones más útiles la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, aunque también fueron revalorados los temas de las migraciones descontroladas, la gobernabilidad y los derechos humanos, entre otros.
El sistema interamericano se reajustó para ello, con nuevo aparato categorial, de principios y valores acordes al nuevo contexto internacional. Entre los instrumentos político-jurídicos de este periodo se destaca el Compromiso con la Democracia Representativa y la Modernización del Sistema Interamericano, aprobado en 1991 en la Asamblea General de la OEA, en Santiago de Chile. Este adecuaba la institucionalidad de sistema interamericano con principios y valores, susceptibles de ser reinterpretados de manera desfavorable para gobiernos latinoamericanos y caribeños, que resultaran perjudiciales para las pretensiones imperiales de UE. Estas reformas de la OEA impulsadas por Washington en la posguerra fría, contaron con la cooperación de Canadá.
Como parte de esas reformas fue firmado en 1991 el Protocolo de Washington, el cual invalidaba los principios del “pluralismo ideológico y político” establecido en el Protocolo de San José en 1975. En septiembre de 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana (CDI), que revaloraba los la necesidad de “promover y consolidar la democracia representativa”. Con ello, se ponderaba la necesidad de consolidar la democracia y el Estado de derecho en los países miembros.
La firma de la CDI ocurre en un complejo escenario internacional, luego de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas (World Trade Center de Nueva York) y el Pentágono de Estados Unidos de América, que aprovechó muy bien la diplomacia estadounidense para impulsar la aprobación de este documento, con el conmovedor discurso del ex Secretario de Estado, Colin Powell, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Lima. Estos hechos “validaron” la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. de 2002, que dio a conocer públicamente el presidente G.W. Bush, la cual ha tenido un impacto significativo en el sistema interamericano. (Véase: Suárez, 2003)
Los instrumentos económicos de EE.UU. para Nuestra América, también han ejercido un papel notorio en la conformación del “nuevo orden panamericano”. Estos tuvieron una base inicial en 1990, cuando ese país emitió una serie de recetas económicas para los países de la región, a través del Consenso de Washington. Estas políticas económicas tenían como fin, perpetuar la dependencia estructural a la economía estadounidense e incrementar la explotación del hemisferio occidental.
También con ese objetivo fueron promovidos algunos acuerdos económicos-comerciales como la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y otros más efectivos como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), entre EE.UU., Canadá y México; el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y los TLC para los países de Suramérica (Colombia, Perú y Chile).
En el plano ideológico-cultural, se incrementó la diplomacia ciudadana y el trabajo con los llamados sectores vulnerables de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, con la influencia de los patrones ideológico- culturales, reforzados con el poderío sobre los medios de comunicación y la industria cultural (Hollywood). También en el orden ideológico e intelectual, se han apoyado en la influencia de ideólogos estadounidenses provenientes de los centros de pensamiento y su rotación por los diferentes gobiernos, lo cual ha tenido un impacto considerable en el ejercicio de una política exterior y de seguridad más ajustada a las preferencias e intereses de cada país y subregión.
En este sentido, fue importante la actuación de académicos como Anthony Lake y Richard Feinberg en la Administración del William Clinton. (Suárez, 2003) Influido por este pensamiento, el gobierno de Clinton avaló la necesidad de una renovación de las relaciones político-diplomáticas hacia el hemisferio, donde se revaloraba, entre otros aspectos, la atención a la sociedad civil. Orientada en este fin, la Administración de W. Clinton, convocó en 1994 a la Primera Cumbre de las Américas (sin la presencia de Cuba), realizada en Miami entre el 9 y el 11 de diciembre de ese año.
Los objetivos de esta cumbre y sus posteriores ediciones han estado encaminados a concertar los intereses interamericanos de una forma más hábil e inteligente. Con estas reuniones, el gobierno estadounidense logró un nuevo foro donde reajustar el sistema interamericano a los nuevos tiempos, haciendo hincapié en aquellos aspectos que resultan más factibles para los objetivos de política exterior y de seguridad de Washington en la región.
En las Cumbres de las Américas de los años 90 EE.UU. contó con el apoyo canadiense para consolidar las políticas del llamado “espíritu de Miami”, que acentuaban las asimetrías existentes entre Canadá y EE.UU. respecto a Latinoamérica y el Caribe. En 2001, Canadá fue sede de la Cumbre, realizada en la Ciudad de Québec, donde mantuvo una política descontextualizada de la realidad regional, abogando por la inclusión de conceptos como la “seguridad humana” -que luego han sido utilizados por el Imperio estadounidense para las intervenciones, bajo la llamada responsabilidad de proteger- que amenazaban el respaldo la soberanía y la no intervención en los pueblos de Nuestra América.
En el orden militar han continuado las intervenciones estadounidenses en la región, con un trabajo más coordinado entre el poderío militar (hard power) y los instrumentos político-diplomáticos, culturales e informacionales (soft power,) que han perfilado la diplomacia interamericana, ganando el apoyo de países como Canadá. Este país, influido por concepciones de política exterior y de seguridad, que priorizaban elementos de seguridad transnacional, como la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, sobre aspectos de la seguridad nacional, apoyó a EE.UU. en las llamadas “intervenciones democráticas” en Perú (1992), Guatemala (1993), Haití (1994) y Paraguay (1996).
Estos hechos denotan como EE.UU. ha perfeccionado los instrumentos del poderío nacional (Perdomo, 2012) para justificar las incursiones imperiales como humanitarias, en aras de preservar la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad humana. Entre los ejemplos más significativos se destacan:
- La ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca en 1994, con las “enmiendas laboral y medio ambiental”. (Suárez, 2006)
- La intervención en Haití, luego del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide en 1994. Posteriormente a su devolución, Washington obligó a ese presidente reelecto (2001-2003) a aceptar el tutelaje de la OEA en los asuntos internos y seguir su liderazgo en la guerra antidroga, y un control de la emigración hacia Estados Unidos.
- La firma de un tratado acuerdo entre EE.UU. y El Salvador para la creación de un centro de monitoreo de la Marina de Guerra de ese país, con el que se aseguraba el control del espacio aéreo y marítimo de la subregión centroamericana.
- El Plan Colombia
- La Iniciativa Regional Andina (IRA)
- La Iniciativa Mérida
- La Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI)
- La Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe
- La reactivación de la IV Flota
- El uso de 7 nuevas bases en Colombia
- La injerencia de agencias como la USAID, la NED y la DEA en los asuntos internos de gobiernos reformistas-revolucionarios y nacionalistas de la región.
Estas transformaciones permiten reconocer la existencia de un “nuevo orden panamericano” para el cual los países de la región deben articular sus diferencias y unirse sobre lo que los funde, “como la plata en las raíces de los Andes”, para evitar que el “gobierno permanente” de los EE.UU. (Suárez Salazar, 2003) consolide su proyección hegemónica sobre Nuestra América.
Referencias Bibliográficas
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Las administraciones de George H. W. Bush (1989-1993) y William J. Clinton (1993-2001) en la década del 90 y de George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009- ) hasta la actualidad, han reflejado la continuidad del interés de una política de Estado, independientemente de los cambios y matices ajustados al contexto histórico e internacional, las condicionantes internas de ese Estado-nación y las características de cada presidente.
En el plano militar y de seguridad ya se venían preparando nuevos enemigos que sustituyeran la “batalla” contra el comunismo, y continuaran alentando el Complejo de Seguridad Industrial para el enfrentamiento al llamado narcotráfico. (Perdomo, 2012) En este sentido, el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) había incentivado la guerra contra el flagelo de las drogas, con una militarización que ha sido continuada por los diferentes gobiernos demócratas y republicanos de ese país.
El contexto internacional para la política exterior y de seguridad del líder del sistema-mundo (según la teoría de I. Wallerstein), estuvo incidida por la Guerra del Golfo Pérsico entre 1990 y 1991. La necesidad de nuevas guerras por el control de recursos naturales geoestratégicos, adquirió como justificaciones más útiles la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, aunque también fueron revalorados los temas de las migraciones descontroladas, la gobernabilidad y los derechos humanos, entre otros.
El sistema interamericano se reajustó para ello, con nuevo aparato categorial, de principios y valores acordes al nuevo contexto internacional. Entre los instrumentos político-jurídicos de este periodo se destaca el Compromiso con la Democracia Representativa y la Modernización del Sistema Interamericano, aprobado en 1991 en la Asamblea General de la OEA, en Santiago de Chile. Este adecuaba la institucionalidad de sistema interamericano con principios y valores, susceptibles de ser reinterpretados de manera desfavorable para gobiernos latinoamericanos y caribeños, que resultaran perjudiciales para las pretensiones imperiales de UE. Estas reformas de la OEA impulsadas por Washington en la posguerra fría, contaron con la cooperación de Canadá.
Como parte de esas reformas fue firmado en 1991 el Protocolo de Washington, el cual invalidaba los principios del “pluralismo ideológico y político” establecido en el Protocolo de San José en 1975. En septiembre de 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana (CDI), que revaloraba los la necesidad de “promover y consolidar la democracia representativa”. Con ello, se ponderaba la necesidad de consolidar la democracia y el Estado de derecho en los países miembros.
La firma de la CDI ocurre en un complejo escenario internacional, luego de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas (World Trade Center de Nueva York) y el Pentágono de Estados Unidos de América, que aprovechó muy bien la diplomacia estadounidense para impulsar la aprobación de este documento, con el conmovedor discurso del ex Secretario de Estado, Colin Powell, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Lima. Estos hechos “validaron” la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. de 2002, que dio a conocer públicamente el presidente G.W. Bush, la cual ha tenido un impacto significativo en el sistema interamericano. (Véase: Suárez, 2003)
Los instrumentos económicos de EE.UU. para Nuestra América, también han ejercido un papel notorio en la conformación del “nuevo orden panamericano”. Estos tuvieron una base inicial en 1990, cuando ese país emitió una serie de recetas económicas para los países de la región, a través del Consenso de Washington. Estas políticas económicas tenían como fin, perpetuar la dependencia estructural a la economía estadounidense e incrementar la explotación del hemisferio occidental.
También con ese objetivo fueron promovidos algunos acuerdos económicos-comerciales como la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y otros más efectivos como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), entre EE.UU., Canadá y México; el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y los TLC para los países de Suramérica (Colombia, Perú y Chile).
En el plano ideológico-cultural, se incrementó la diplomacia ciudadana y el trabajo con los llamados sectores vulnerables de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, con la influencia de los patrones ideológico- culturales, reforzados con el poderío sobre los medios de comunicación y la industria cultural (Hollywood). También en el orden ideológico e intelectual, se han apoyado en la influencia de ideólogos estadounidenses provenientes de los centros de pensamiento y su rotación por los diferentes gobiernos, lo cual ha tenido un impacto considerable en el ejercicio de una política exterior y de seguridad más ajustada a las preferencias e intereses de cada país y subregión.
En este sentido, fue importante la actuación de académicos como Anthony Lake y Richard Feinberg en la Administración del William Clinton. (Suárez, 2003) Influido por este pensamiento, el gobierno de Clinton avaló la necesidad de una renovación de las relaciones político-diplomáticas hacia el hemisferio, donde se revaloraba, entre otros aspectos, la atención a la sociedad civil. Orientada en este fin, la Administración de W. Clinton, convocó en 1994 a la Primera Cumbre de las Américas (sin la presencia de Cuba), realizada en Miami entre el 9 y el 11 de diciembre de ese año.
Los objetivos de esta cumbre y sus posteriores ediciones han estado encaminados a concertar los intereses interamericanos de una forma más hábil e inteligente. Con estas reuniones, el gobierno estadounidense logró un nuevo foro donde reajustar el sistema interamericano a los nuevos tiempos, haciendo hincapié en aquellos aspectos que resultan más factibles para los objetivos de política exterior y de seguridad de Washington en la región.
En las Cumbres de las Américas de los años 90 EE.UU. contó con el apoyo canadiense para consolidar las políticas del llamado “espíritu de Miami”, que acentuaban las asimetrías existentes entre Canadá y EE.UU. respecto a Latinoamérica y el Caribe. En 2001, Canadá fue sede de la Cumbre, realizada en la Ciudad de Québec, donde mantuvo una política descontextualizada de la realidad regional, abogando por la inclusión de conceptos como la “seguridad humana” -que luego han sido utilizados por el Imperio estadounidense para las intervenciones, bajo la llamada responsabilidad de proteger- que amenazaban el respaldo la soberanía y la no intervención en los pueblos de Nuestra América.
En el orden militar han continuado las intervenciones estadounidenses en la región, con un trabajo más coordinado entre el poderío militar (hard power) y los instrumentos político-diplomáticos, culturales e informacionales (soft power,) que han perfilado la diplomacia interamericana, ganando el apoyo de países como Canadá. Este país, influido por concepciones de política exterior y de seguridad, que priorizaban elementos de seguridad transnacional, como la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, sobre aspectos de la seguridad nacional, apoyó a EE.UU. en las llamadas “intervenciones democráticas” en Perú (1992), Guatemala (1993), Haití (1994) y Paraguay (1996).
Estos hechos denotan como EE.UU. ha perfeccionado los instrumentos del poderío nacional (Perdomo, 2012) para justificar las incursiones imperiales como humanitarias, en aras de preservar la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad humana. Entre los ejemplos más significativos se destacan:
- La ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca en 1994, con las “enmiendas laboral y medio ambiental”. (Suárez, 2006)
- La intervención en Haití, luego del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide en 1994. Posteriormente a su devolución, Washington obligó a ese presidente reelecto (2001-2003) a aceptar el tutelaje de la OEA en los asuntos internos y seguir su liderazgo en la guerra antidroga, y un control de la emigración hacia Estados Unidos.
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- El Plan Colombia
- La Iniciativa Regional Andina (IRA)
- La Iniciativa Mérida
- La Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI)
- La Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe
- La reactivación de la IV Flota
- El uso de 7 nuevas bases en Colombia
- La injerencia de agencias como la USAID, la NED y la DEA en los asuntos internos de gobiernos reformistas-revolucionarios y nacionalistas de la región.
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Referencias Bibliográficas
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Wallerstein, I. (28 de octubre de 2012). Obtenido de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158332
