miércoles, 17 de septiembre de 2014

Legalizar las drogas

El fracaso de las políticas punitivas aconseja explorar la propuesta de regulación controlada

Un elevado número de notables líderes internacionales, entre los que se encuentran varios expresidentes y el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, acaban de presentar un informe en Nueva York en el que proponen un viraje radical en el enfoque de la lucha contra la droga. En concreto, sugieren despenalizar el consumo y facilitar el acceso controlado a la misma. La iniciativa debe ser tomada muy en serio. Tras años de insistir en la misma estrategia, hay que constatar el fracaso de las actuales políticas punitivas, que tienden a convertir a los adictos en delincuentes y nutren una economía criminal cada vez más poderosa. Los carteles de la droga manejan más recursos que muchos de los países en los que operan; se han convertido en una gangrena que corroe al Estado de derecho.
Por otra parte, los Gobiernos tienen que destinar cada vez más dinero a sostener unas políticas cuyos resultados son decepcionantes. No solo no se reduce el problema, sino que aumenta. La criminalidad asociada al tráfico ilegal supone en muchos países una sangría en vidas insoportable, y una amenaza política muy seria.
Se impone la necesidad de abordar otras alternativas. El hecho de que entre los promotores de la propuesta figuren no pocos antiguos mandatarios de países que han sufrido los estragos de este problema indica hasta qué punto están agotadas las políticas que se mantienen más por la inercia y los intereses creados en torno a ellas que por una evaluación racional y ponderada de sus logros.
La legalización no debe tomarse, sin embargo, como una panacea. El camino es sin duda complejo y nadie asegura el éxito. El objetivo es intentar un cambio de paradigma que permita reducir el problema a una escala más manejable. No se trata, por supuesto, de convertir de repente las drogas en una mercancía de libre acceso; en ningún caso se plantea algo parecido a abrir estancos de narcóticos, estupefacientes y alucinógenos. Una liberalización total regida únicamente por las reglas del mercado permitiría aflorar la economía que ahora sustenta el tráfico ilegal, y hasta convertirlo en un lucrativo negocio, pero a costa de extender todavía más el problema sanitario.
Lo que se propone es la despenalización del consumo y la regulación responsable del acceso a las sustancias psicoactivas. Se trata de habilitar un sistema que permita a los adictos recibir la droga, al tiempo que se les ofrece ayuda médica para tratar su dependencia. Ello rompería el principal eslabón de la actual cadena criminal, basada en que cada nuevo adicto se ve impelido a convertirse en camello y conseguir nuevos adictos para poder sostener su consumo. Romper esta cadena supone dejar sin mercado a los carteles de la droga.
Este es un debate que afecta especialmente a España. No solo es un eslabón muy importante en el tráfico ilegal, sino que su consumo lastra el futuro de muchos jóvenes. Las razones para explorar esta vía son muchas. Merece la pena intentarlo.
Fuente: El País

Drogas en América: algo se mueve

Sin bombos ni platillos, algo está cambiando: se deja de castigar a los consumidores y el objetivo es el crimen organizado


Probablemente no se apruebe algo muy inesperado, ni particularmente novedoso, en la Cumbre Interamericana de la próxima semana en Guatemala para tratar el tema de las drogas ilícitas. Algunos diplomáticos que han ido conociendo los borradores de la Declaración de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que se aprobaría el viernes 19, transmiten desazón por la falta de novedades y rectificaciones a las políticas vigentes. No conozco esos borradores y de pronto hay algo de razón en que no contendrá la Declaración una bomba que haga primeras planas.
Pero la verdad es que sí hay novedades y vienen produciéndose en paralelo y en la realidad. Sin mucho ruido se han venido dando interesantes rectificaciones en los últimos cinco años, que conferencias como la de la próxima semana bien podría saludar y alentar. Varias políticas nacionales han entrado en revisión en aspectos fundamentales abriendo perspectivas que, gradualmente, podrían conducir a buen puerto. Apuntar a la prevención y enfrentar la sobre criminalización, así, empiezan a aparecer al fin como prioridades. Tal vez con poco ruido pero con muchas nueces, la suma de varios de esos ajustes en políticas nacionales empieza a configurar un entorno regional más dinámico y esperanzador al de la década pasada. Hay en esto tres hechos que saltan a la vista.
Primero, la guerra contra las drogas, inventada en la época de Reagan, ha sido sepultada formal y contundentemente. Esta política militarista no resolvió nada. Después de más de 30 años su resultado esencial ha sido, más bien, más producción y consumo de drogas y, especialmente, muchísima más violencia. En una conferencia del Diálogo Interamericano en Washington la semana pasada, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, recordó a los presentes que ningún funcionario había vuelto a referirse a la tal guerra contra las drogas durante la gestión de Obama. Revisión de enfoque largamente esperada que viene acompañada de aumentos presupuestales en políticas preventivas de salud.
Las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable
Segundo, que más allá de la terminología, hay aspectos sustanciales de la política antidrogas que sí se vienen modificando, lo que apunta a priorizar la salud y la seguridad de las personas. Son especialmente notables los pasos dados en los últimos dos años en EE UU para reorientar el sistema penal en esta materia. Y no me estoy refiriendo a la legalización de la marihuana aprobada por referéndum en Colorado y en el Estado de Washington, sino en iniciativas nacionales generadas por la explosión del sistema penitenciario producida por la exagerada sobre criminalización. Desde 1980 la población carcelaria de EE UU ha crecido en más de un 800%; las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable de más de 80.000 millones de dólares anuales.
Eso ha llevado al secretario de Justicia —o fiscal general— Eric Holder a tomar medidas impensables hace diez años. Unas son las que cambian los procedimientos de persecución a los delitos de drogas no violentos y de pequeña escala de manera que esas personas no vayan a la cárcel. Los fiscales ya no estarán obligados a exigir penas de prisión por delitos menores de drogas cuando no sean parte de bandas criminales. Otras son algunos proyectos de modificación legales para la reducción de penas y la salida anticipada de un grupo de condenados por delitos de drogas que podría llegar a beneficiar a un quinto de la población en las cárceles federales.
Tercero, los pasos que se vienen dando desde Latinoamérica para la revisión de las políticas globales antidrogas. Y aquí no me refiero a la legalización de la marihuana en Uruguay, pues por las propias peculiaridades del país y el modelo adoptado, difícilmente será replicable tal cual y en el corto plazo a otros países. Estoy pensando, más bien, en el impulso explícito a la revisión de políticas que levantó Colombia en la Cumbre de las Américas (Cartagena, 2012) y que luego siguió Guatemala. Si bien muchos países latinoamericanos siguen rezagados repitiendo un viejo discurso, el hecho es que hay un viento nuevo que es el que condujo, entre otros resultados, al innovador y sugerente documento que preparó la OEA el año pasado sobre los escenarios 2013-2015.
Sin bombos ni platillos, pues, algo viene ocurriendo y en la correcta dirección: darle una atención especial a la prevención y al tratamiento en el terreno de la salud, no enfrentando a los consumidores como criminales y concentrándose en combatir al crimen organizado. El informe publicado el martes 9 por la Comisión Global de Políticas de Drogas, de la que forma parte Kofi Annan, va en esa dirección. Que todo esto vaya quedando registrado, y que futuras evoluciones sean alentadas, podría ser un buen resultado del siguiente encuentro interamericano sobre este tema en el que han sido tan pródigos los fracasos y escasos los éxitos.
Fuente: El País

Entrevista a Junior Garcia Aguilera