MSc. Alejandro L. Perdomo Aguilera[*]
alejandro.perdomo91@gmail.com
En un periodo donde la política
extranjera y de seguridad de Washington hacia Latinoamérica y el Caribe se ve fuertemente
incidida por la guerra contra las drogas, vale la pena reflexionar acerca de las
circunstancias actuales en que se desarrolla la política exterior de Centroamérica.
La política exterior de Centroamérica
está íntimamente relacionada con su diversidad cultural, su historia y sus
carencias, que han estado marcadas por una dependencia estructural a economías
más poderosas, donde la influencia Estados Unidos ha delineado una parte
importante de las limitantes, los retos y, también, de las oportunidades de la subregión.
La heterogeneidad de los Estados
nacionales que componen a Centroamérica impide una mirada unilineal a la
historia y la proyección exterior de esta subregión, de manera que una
precisión obligada de estas letras radica en precisar las amenazas y ventajas que se aprecian en el
horizonte, sin desconocer que en la práctica pueden existir variaciones
ajustadas a las peculiaridades de cada país.
Han sido precisamente la heterogeneidad
y las precariedades económicas las que obligan a realizar esfuerzos conjuntos
para buscar estrategias de desarrollo que provean a la subregión de una mejor situación
económica, comercial, financiera y de seguridad social. Para ello, debe
buscarse la concertación de una serie de acuerdos en materia económica,
político-diplomática y de seguridad, que propicien un futuro más sustentable a esos
pueblos.
Considerando
esas condicionantes, la política exterior y de seguridad de Centroamérica ha
tenido como ejes centrales, las relaciones con EE.UU., la Unión Europea (UE), China-Taiwán
y con el resto de Latinoamérica y el Caribe. Todo ello ha debido configurarse de
manera conjunta, en aras de lograr mayor coherencia y peso económico para
incentivar el comercio y las inversiones de actores internacionales de importancia.
En ese interés han resultado fundamentales los esfuerzos encausados desde el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)[†].
El
SICA tiene como objetivos fundamentales lograr la unión económica, fortalecer el
sistema financiero centroamericano y consolidar la autodeterminación en sus
relaciones exteriores. Pero estos retos se han visto perjudicados por los
efectos de la crisis económica y los grandes problemas de violencia e
inseguridad en los que tiene una enorme responsabilidad EE.UU., debido a las
consecuencias de los flujos ilícitos de drogas e inmigrantes que acogen a la subregión como ruta para llegar a
ese país.
Con
el fin de la guerra fría, Washington reconfiguró los instrumentos del poderío
nacional[‡]
hacia Nuestra América, con una serie de recetas económicas que fueron esbozadas
mediante el Consenso de Washington. Este “proponía” políticas económicas que
perpetuaban la dependencia estructural a la economía estadounidense e
incrementaban la explotación hacia la región. En ese sentido, fueron promovidos
acuerdos económicos-comerciales como el fracasado Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), y otros más efectivos como el Tratado de Libre Comercio entre
República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (CAFTA-DR).
El
CAFTA-DR creó una zona de libre y desproporcionado comercio entre los países
firmantes; acentuando las asimetrías existentes, que deformaron más la
estructura económica-comercial de los miembros más débiles; lo que dejó en una
posición desventajosa a Centroamérica. El atractivo mercado estadounidense,
dificultó la búsqueda de alternativas que diversificaran el comercio y
fortalecieran la economía de la subregión, de manera que le permitiera
encaminarse hacia estrategias de desarrollo verdaderamente sustentables.
Con
ello se perjudicaba también los esfuerzos que pudieran realizarse desde el
Mercado Común Centroamericano (MCCA), los cuales se veían soslayados por los
montos comerciales provenientes del primer mercado mundial, a lo que se suman
las lógicas asimétricas del comercio con la Unión Europea (UE).
Entre
las perspectivas económico-comerciales a futuro se destaca la posibilidad de
construir un canal interoceánico por Nicaragua, lo cual fue aprobado en 2012,
por una ley que admite su construcción, con un valor estimado entre los 35.000
y los 40.000 millones de dólares. El proyecto incluye también la construcción
de pistas aéreas, un oleoducto y puertos. Un canal alternativo al de Panamá,
dinamizaría el comercio en la subregión, que de concertarse correctamente los
acuerdos de comercio e inversión, pudieran resultar favorables para el crecimiento
económico-comercial de Centroamérica.
Tomando
en consideración que el 90 por ciento del comercio mundial se realiza mediante
el transporte marítimo y que la región de Asia Pacífico cobra mayor importancia
económica-comercial, las expectativas resultan alentadoras. No obstante, deben
considerarse los recientes peligros de consolidación de acuerdos de libre
comercio que pudieran acentuar las asimetrías que hoy padece la subregión.
Al
CAFTA-DR se le suma ahora la amenaza de la Alianza del Pacífico (AP), la cual
fue anunciada en Lima, el 28 de abril del 2011, por el expresidente peruano
Alán García. Ello refuerza los TLC, extendiéndolos sobre todo el continente con
Costas al Pacífico y un creciente número de gobiernos regionales y
extraregionales que se irán incorporando a la Alianza, por las perspectivas que
ofrece el comercio por este océano. A ello se suma el fortalecimiento del
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP).
Todo
ello genera un clima de inseguridad para los proyectos integracionistas
regionales de mayores perspectivas geopolíticas, ante el atractivo de la Alianza
del Pacífico (AP), la cual pudiera lograr -con métodos más mesurados- la
resurrección del ALCA. La adhesión de los gobiernos de México, Colombia, Perú,
Chile, y la posible incorporación de Panamá y Costa Rica, con la presencia de
los presidentes de estos países, en calidad de Observadores Candidatos para
ingresar al bloque ya formalmente solicitada.
En el caso de Panamá, el gobierno de Ricardo Martinelli ya ha iniciado
negociaciones con México para firmar un Tratado de Libre Comercio y con ello
cumplir con los requisitos para incorporarse a la Alianza. Costa Rica, por su
parte, suscribió el protocolo marco que establece la hoja de ruta para ingresar
a la Alianza del Pacífico. El documento por Laura Chinchilla y Juan Manuel
Santos, este último, en calidad de presidente Pro-tempore de la Alianza del
Pacífico, en el marco de la VIII Cumbre.
Según el Acuerdo suscrito en la VIII Cumbre de
la Alianza del Pacífico relazada en el mes de febrero de 2014, se permitirá una
vez que entre en vigor, “(…) que el 92% de los productos que se comercian entre
los cuatro países queden libres de aranceles. El 8% restante se desgravará
progresivamente.” ( “En la VIII Cumbre de la Alianza
del Pacífico: Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, firman el
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.” , 2014). En esta Cumbre, la
presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a Presidenta de Costa Rica, Laura
Chinchilla, firmó la declaración que oficializa el interés de ese país por
formar parte de ese proceso.
Estas
incorporaciones pudieran conllevar a la recaída en un TLC ampliado a ritmos
acelerados, el cual arrojaría efectos perjudiciales para la configuración
geopolítica de Nuestra América. Las implicaciones a futuro de esta alianza irán
definiendo competencias contra el MECOSUR y la UNASUR, de importantes
implicaciones geoestratégicas, que van mucho más allá del plano
económico-comercial y financiero.
Independientemente
de las teorizaciones, lo cierto es que la Alianza del Pacífico ya engloba la
Alianza del Pacífico una población de 212 millones de personas, lo que
representa un tercio de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe (LAC); siendo
la sexta economía del mundo (concentrando un 3,5% del PIB mundial); la segunda
economía del Latinoamérica y el Caribe con el 36% del PIB, y representa el 52%
del comercio de América Latina. ( “En la VIII Cumbre de la Alianza
del Pacífico: Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, firman el
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.” , 2014)
Entretanto,
la permanencia de la crisis del sistema-mundo, según la teorización Immanuel
Wallerstein, y la necesidad de lazos comerciales que den mayor capacidad de
inversión, redistribución social y mejoramiento de las políticas públicas de la
subregión, pudiera llevar a medidas apresuradas que acentuarían, de una forma
sin precedentes, la dependencia estructural de las economías centroamericanas a
EE.UU. y otras potencias centrales.
Ante
esta situación, crecen los intereses de EE.UU. y sus aliados estratégicos por
consolidar sus TLC en la zona del Pacífico, intentando cortar Latinoamérica
entre el eje Atlántico y el Pacífico. El desarrollo que
va tomando la Alianza del Pacífico (AP) y su normativa interna, diseña un
escenario de contrapunteos donde el SICA puede verse atraído por una Alianza
que parece revitalizar los intereses del fenecido ALCA, mediante fórmulas más
sutiles.
Respecto
al comercio de Centroamérica con la Unión Europea (UE), en 2010 concluyeron las
negociaciones para un Acuerdo de Asociación, entrando en vigor al año siguiente
el Acuerdo de Asociación Unión Europea-América Central (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Ello ha diversificado el
comercio de la subregión, que tradicionalmente se había concentrado con Estados
Unidos. No obstante, la crisis económica en varios países de la UE no
posibilita grandes beneficios.
El
impacto que pueden tener la Alianza del Pacífico y la proyección de seguridad
de Washington a la usanza de la Huella Ligera[§]
en la política exterior y de seguridad hacia Latinoamérica y el Caribe,
pudieran perjudicar los esfuerzos por la seguridad y la soberanía que hacen los
países desde la UNASUR, el ALBA y la CELAC . Con esta proyección, la subregión
más afectada es la centroamericana por la difícil situación que presenta hoy su
seguridad.
Los
proyectos militaristas de EE.UU. han resultado un fracaso para la subregión. En
los últimos años, la Conferencia de Caminos de la Prosperidad ha sido un foro
relevante para la actualización de las relaciones, con una creciente
importancia en cuanto a los aspectos de seguridad, por la crítica situación de
violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana que vive la subregión, como
resultado del tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.
En
el plano de la seguridad, existen antecedentes en la integración de
Centroamérica, que si bien han tenido aspiraciones loables, sus resultados no
han sido los esperados. En diciembre de 1995 se suscribió el Tratado Marco de
Seguridad Democrática en San Pedro Sula, Honduras, el cual instituyó el Modelo
Centroamericano de Seguridad Democrática, para el fortalecimiento democrático e
institucional, que debe velar por el respeto de los derechos humanos y el
Estado de derecho en estos países.
Sin
embargo, esta aspiración ha enfrentado grandes limitantes con el auge del
tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos (tráfico de personas y armas
de fuego). En el año 2008 fue aprobada la Iniciativa Mérida por el Congreso
estadounidense, para la seguridad de México y Centroamérica, con lo cual se ha
acentuado la militarización de la guerra antidroga. Al año siguiente (2009) fue
creada la Unidad de Seguridad Democrática, con el fin de apoyar a la Comisión
de Seguridad del SICA en la ejecución de los proyectos de seguridad regionales
y en junio de 2010, se aprobaba la Iniciativa se Seguridad para la Cuenca del
Caribe, que consolidaba la estrategia de seguridad de Washington hacia el Gran
Caribe.
La
proyección estadounidense hacia Centroamérica se consolida con la
Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) que coordina países con instituciones financieras internacionales, el
sector privado, la sociedad civil y el Sistema de Integración Centroamericana
(SICA). La misma cobra gran importancia, al punto que en un momento de
reducción del presupuesto de seguridad de EE.UU. para la región, crecen los
fondos canalizados para la CARSI.
Los objetivos declarado de la CARSI,
según la hoja informativa del Departamento de Estado, centra en: “Los cinco
objetivos de CARSI en América Central son: Crear calles seguras para los
ciudadanos de la región. Desbaratar el movimiento de los criminales y el
contrabando en y entre los países centroamericanos. Apoyar el desarrollo de
gobiernos fuertes, capaces y responsables en América Central. Restablecer la
presencia efectiva del Estado, los servicios y la seguridad en las comunidades
en peligro; y Fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre los
países de la región, otros asociados internacionales y donantes para combatir
las amenazas a la seguridad regional.” (Iniciativa Regional de Seguridad
para América Central:Gobiernos capaces, 2012)En las partidas de estos fondos se registra un incremento de la canalización aprobada por el Departamento de Estado para el año 2015, así como en las Audiencias sobre el presupuesto de Defensa de 2015 realizadas en el Senado. Llama la atención que en medio de una coyuntura de recorte presupuesto de defensa. En estas partidas puede apreciarse así la importancia concedida al uso de las Fuerzas de Operaciones Especiales y el uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs) en función de los objetivos geoestratégicos.
La tendencia a fortalecer en el plano de seguridad
la subregión de Centroamérica y el Caribe como zona de mayor inseguridad,
se expresa en los diferentes documentos emitidos por el gobierno de EE.UU. en
el año 2014. Tanto el Reporte Cuadrienal de Defensa, como el Informe del
Comando Sur (Southern Command, 26 february, 2014), así como el Informe sobre la
Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) de la Oficina de
Narcóticos y Aplicación de la ley Asuntos Internacionales de este año,
evidencian la prioridad que se establece en la lucha antidroga y la apuesta por
el uso de la Huella Ligera a partir de la mayor coordinación entre las
diferentes Agencias del gobierno para las operaciones en estos territorios.
Para ello se reforzarán las acciones político,
diplomáticas y de seguridad, en lo cual tendrá un papel primordial, la CARSI,
apreciándose también la reactivación de la ruta del Caribe entre los
principales corredores de la droga hacia Estados Unidos y de flujos ilícitos de
armas hacia las Américas.
.
En el caso del informe del Comando Sur se definen
por el jefe de este Comando Sur como cuatro prioridades para las operaciones
del comando: la detención “humana y digna” estadounidenses en: Fuerza de Tarea
Conjunta de Guantánamo; Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(CTOC); la creación de capacidad de los asociados, inter-operatividad, alianzas
inter-institucionales, socios inter-agenciales y la planificación de
contingencias.
Conforme a las prioridades se proyecta el trabajo de
este Comando hacia el incremento de la seguridad pública, la estabilidad
política, el estado de derecho, el fortalecimiento institucional, la eficiencia
de los programas antidrogas y contra el trasiego ilegal de armas de fuego.
Asimismo se enfatiza en el trabajo en la seguridad fronteriza, clave para la
subregión centroamericana. Además se aprecia la corrupción en la región como
amenaza a los intereses de seguridad nacional de EE.UU.
El Departamento de Estado, por su parte, según
declaraciones del subsecretario de Estado para temas de narcotráfico
internacional, William Brownfield, dijo que Centroamérica se convirtió en la
"mayor amenaza" de seguridad en el Hemisferio Occidental por cuenta
del narcotráfico.
El
enfrentamiento al flagelo de las drogas liderado por Washington, mediante la
militarización de la guerra antidroga, ha conllevado a que Centroamérica sea la
subregión más afectada. Ante tales circunstancias, la política exterior
centroamericana debe pugnar por una cooperación internacional que supere los
renglones militaristas y atienda las limitantes del desarrollo; promoviendo la
esfera de la prevención y atención a adictos.
La
carencia de una voluntad política por parte de EE.UU. para reconocer la
responsabilidad compartida y diferenciada en los problemas de seguridad que
afectan a la subregión, ha limitado las opciones. Las mismas han estado guiadas
por la visión unidireccional de Washington, que concentra los recursos en la
militarización de la guerra contra los cárteles y las operaciones de
interdicción de estupefacientes; obviando los problemas estructurales de las
sociedades centroamericanas.
Las
políticas excluyentes y la criminalización de las protestas sociales han
acentuado las vulnerabilidades ya existentes en la subregión. La Conferencia
internacional de apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamérica de junio
de 2011 dio paso a un ámbito regional de lucha contra el crimen organizado al que
se sumaron actores regionales y extra-regionales como el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Alemania y España. En todo momento, EE.UU. ha intentado potenciar el
liderazgo mexicano, para la cooperación regional con Centroamérica, en aras
mitigar la pujanza de Brasil.
Esta
situación ha alentado por parte de gobiernos y movimientos sociales centroamericanos,
el reclamo de nuevas políticas, proclives a la inclusión social; otorgándole
protagonismo a la sociedad civil de los pueblos de Centroamérica. Las
posibilidades de avizorar soluciones estructurales y cortoplacistas a los
problemas vigentes, están un tanto alejadas de la objetividad. La falta de
voluntad política del gobierno estadounidense, la corrupción, inestabilidad
política y debilidad institucional centroamericana, necesita cambios profundos
que deben partir de políticas más autónomas; pero las fuerzas que apoyarían tal
tendencia carecen de los recursos para llevarla a cabo.
La
violencia y criminalidad que padece el triángulo norte de América Central
(Guatemala, Honduras y el Salvador) se ha arreciado; extendiéndose también al
triángulo sur (Nicaragua, Costa Rica y Panamá) con efectos perjudiciales para
los derechos humanos, el Estado de derecho y la convivencia democrática de
estos países. Su cercanía a la frontera mexicana incrementa las
vulnerabilidades para la seguridad, siendo las principales rutas del trasiego
ilegal de drogas y otros delitos conexos (tráfico y trata de personas, trasiego
ilegal de armas de fuego, precursores químicos y lavado de activos).
“El
triángulo norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras)
probablemente es la región más afectada en términos de violencia,
debilitamiento de las instituciones públicas e infiltración del crimen
organizado en la economía, la sociedad y el sistema político”. (Kruijt, 2011)
Ante
esta situación, varios gobiernos y movimientos sociales de la región han
promovido un cambio de política, con tendencia a la paulatina despenalización y
legalización de algunas drogas, fundamentalmente el cannabis (marihuana). Los
debates han ganado fuerza en los foros regionales; destacándose la posición del
presidente Uruguay, José Mujica y la del mandatario de Guatemala, Otto Pérez
Molina, junto a los gobiernos de México, Colombia; lo cual pudo apreciarse en
la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, 2012. Además se solicitó al
secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon una Conferencia Internacional
Antidroga.
Estas posiciones han contado con la férrea
oposición de Washington, que ve en estas tendencias un freno a las políticas
militaristas que impulsa en su cruzada contra las drogas. Paradójicamente, al
interior de Estados Unidos, también se está avivando el tema, liderado por los
Estados de Colorado, California y Washington.[**]
Varios
gobiernos centroamericanos tienen una visión distinta sobre la lucha contra el
tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos donde resaltan, el tráfico de
personas y el de armas de fuego desde Estados Unidos. La seguridad de
Centroamérica amerita un cambio de política ante el manifiesto fracaso de la
guerra antidroga. Las experiencias de Países Bajos y Portugal en la
despenalización y legalización, arrojan resultados positivos en cuanto a la disminución
de la violencia e inseguridad.
Para
afianzar la disminución de los flujos de ilícitos y sus lamentables
consecuencias para la seguridad y la convivencia democrática, se reclama que la
Reforma Migratoria estadounidense tome en cuenta la situación actual que viven
los países de Centroamérica y sus inmigrantes en EE.UU. El incentivo de medidas
que puedan alentar la legalización de los flujos migratorios, regularizar la
situación de los inmigrantes y utilizar las remesas en los sectores productivos
de estos países, pudiera corregir de forma paulatina, la crítica situación que
viven los pueblos de Centroamérica en la actualidad.
La
Operación Rápido y Furioso y las acciones del Pentágono, con el creciente uso
de aviones no tripulados (drones) y de Fuerzas de Operaciones Especiales para
el control de este delito, son algunas de las tendencias más negativas que se
aprecian para la paz y la seguridad de Centroamérica.
Por
otra parte, la corrupción y la debilidad institucional gana espacio con la militarización
del enfrentamiento antidroga. En Centroamérica, “(…) los políticos de mano dura
dan prioridad en cuanto a seguridad a la persecución de criminales de poca
monta. Esto también distrae la atención de fiscales, jueces y magistrados.
Además, crea silencio y espacio libre para los miembros del mucho más
despiadado crimen organizado.” (Kruijt, 2011)
Los
vínculos del negocio ilegal de drogas, con el tráfico de precursores químicos,
el trasiego ilegal de personas y el lavado de dinero; constituyen aspectos
básicos para conocer las dimensiones político-diplomáticas, socioeconómicas y
de seguridad del flagelo de las drogas.
Habida
cuenta de que Estados Unidos es el principal mercado de estupefacientes a nivel
mundial y tomando en consideración la ampliación de las rutas de tráfico de
Centroamérica, México y el Caribe hacia ese país, se valora este problema como
un tema fundamental en la agenda de seguridad estadounidense hacia la subregión,
por las peculiaridades que ha adquirido durante la Administración de Barack
Hussein Obama.
En
la actualidad EE.UU. es el líder indiscutible de los fallidos programas que
delinean y definen las acciones antidrogas en Centroamérica y el Caribe. La
Iniciativa Mérida y la CARSI han denotado la incapacidad de ese gobierno para
impedir las consecuencias del tráfico ilícito de drogas en la subregión. Tal
ineficacia, refleja la carencia de una estrategia que enfrente ese flagelo, con
una visión integral sobre las esencias que lo promueven.
El
incremento del poderío militar de EE.UU. en Centroamérica, bajo el pretexto de
lucha contra el tráfico ilícito de drogas, le confiere una mayor relevancia al
tema, no sólo por las consecuencias directas que acarrean, sino también por los
intereses y amenazas que implican en las políticas impulsadas por ese gobierno.
El
enorme impacto económico-social y de seguridad que causa este flagelo, afecta
en la actualidad a toda la subregión. Por tal motivo deben considerarse, además
de los daños a las inversiones extranjeras y el turismo,
los efectos negativos sobre la violencia, la seguridad ciudadana, la
pobreza, la marginalidad y la exclusión social. Estas consecuencias suelen propiciar una mayor cobertura, para que EE.UU. y sus
aliados en Centroamérica, puedan demonizar y
criminalizar las protestas sociales que ocurren en su contra.
Ante
este panorama, se incrementa el uso de servicios privados de seguridad y
protección por los sectores de poblacionales económicamente fuertes. Este
fenómeno, unido al creciente empleo de contratistas y subcontratistas por el
gobierno estadounidense para la lucha antidroga, aumenta la privatización de la
seguridad en América Central. La crítica situación que vive la subregión, se ve
acentuada por la corrupción, estimulada por las cuantiosas sumas de capitales
de los carteles de la droga, que lesionan la eficiencia y credibilidad de
instituciones cívico-militares.
CONCLUSIONES
En
el actual escenario internacional se aprecia una recomposición del sistema de
dominación de EE.UU. con la expansión del espíritu del Plan Colombia hacia
México y Centroamérica; consolidando su control sobre el área del Gran Caribe
en el plano de seguridad y complementando los acuerdos de dominación económica-comercial
y financiera con el CAFTA-DR y la Alianza del Pacífico (AP).
El
panorama de la integración regional, presenta enormes retos para Centroamérica
y, a la vez, grandes potencialidades por su posición geoestratégica. De
cualquier manera, los proyectos a los cuales deba adecuarse, tienen que
priorizar su consolidación como bloque subregional; analizando las amenazas y
posibles oportunidades de un nuevo canal interoceánico por Nicaragua, y el
incremento de la colaboración en materia de seguridad, donde se exija la responsabilidad
compartida y diferenciada de EE.UU. y la UE; pero que deje márgenes claros para
el respeto de la autodeterminación y la integridad territorial de los pueblos
de América Central.
En
este sentido, resulta un pilar básico el rechazo de los proyectos de
integración con el influjo del neoliberalismo de nuevo título -La Alianza del
Pacífico- que intenta rediseñar el ALCA, proyecto que recibió su estocada final
en noviembre de 2005, en Mar del Plata, por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
y Venezuela.
Pareciera
que el futuro más favorable para los países centroamericanos pudiera estar
marcado por el desarrollo de los vínculos económico-comerciales y financieros
con el MERCOSUR, del que ya forma parte Venezuela. La ampliación de este
esquema de integración resultaría más favorable y seguro a mediano y largo
plazo
En
el plano político-diplomático pudieran acentuarse las posiciones
centroamericanas desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La aceptación de la Alianza del Pacífico (AP) se traduciría en la
profundización de las asimetrías existentes, donde las economías más débiles sufrirían
la re-deformación de sus mercados; acentuando la dependencia estructural a las
potencias económicas centrales, donde EE.UU. mantiene su liderazgo.
Por
otra parte, para pensar la integración de Centroamérica en términos de
prosperidad debe analizarse, en todo caso, cuáles son los proyectos y alianzas
que otorgan fortaleza a las Instituciones; dan oportunidades para el mejoramiento
de las políticas públicas; reducen las brechas entre ricos y pobres; mejoren
los índices de seguridad ciudadana, y mitiguen los niveles de corrupción
político-administrativa, todo lo cual propicie la convivencia democrática de
los pueblos centroamericanos.
La
desregulación estatal y el afianzamiento de tratados de libre comercio, no ofreceuna
alternativa viable para el futuro centroamericano. Los procesos de
emancipación, las grandes luchas realizadas por estos pueblos contra el ALCA,
pudieran verse frustradas por los alientos comerciales de la Alianza del
Pacífico (AP). La gobernabilidad, la promoción de la seguridad ciudadana y un
comercio sustentable, desde acuerdos que reconozcan las asimetrías existentes,
resultan premisas básicas para el fortalecimiento de la integración
centroamericana.
Como
limitantes fundamentales para estos objetivos se destacan: la ausencia de
voluntad política por parte de los Estados centroamericanos para fortalecer el
SICA como entidad supranacional; la carencia de recursos financieros y humanos para
el funcionamiento adecuado de la institucionalidad y el respeto de los acuerdos
establecidos; la pérdida de los intereses nacionales con la transnacionalización
de las inversiones de sectores importantes de las élites del poder en
Centroamérica, que se oponen a un mayor desarrollo de la integración; la falta
de participación ciudadana en la toma de decisiones; la trasparencia en las
gestiones gubernamentales y la eficiencia de las políticas públicas y de los
programas de inclusión social.
Así
las cosas, en el panorama de la política exterior y de seguridad de
Centroamérica, que sin menos retos y amenazas presenta también nuevas oportunidades
que esperemos lleven a un camino de respeto a la diversidad, y capacidad de
concertación político-diplomática de estos Estados-nacionales, en favor del
desarrollo sustentable para el mejor porvenir de la Madre América.
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[*]
Alejandro L. Perdomo Aguilera, investigador del Centro de Investigaciones de
Política Internacional (CIPI) adscrito al Instituto Superior de Relaciones
Internacionales (ISRI) de Cuba <alejandro.perdomo91@gmail.com
[†] El SICA se constituyó el 13 de
diciembre de 1991 con la firma del Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de 1962. El
bloque de integración está conformado por los estados de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. También se adhirió la
República Dominicana como país asociado y México, Chile y Brasil, en calidad de
Observadores Regionales; mientras que España, Alemania, la República de China
(Taiwán) y Japón, lo hacen como observadores extra-regionales, a lo cual se ha
sumado, producto de la crítica situación de inseguridad, la solicitud de EE.UU.
como observador.
[‡]Véase al sobre
este término el trabajo:Perdomo, A. (18 de octubre de 2012). El poderío
nacional de los EE.UU y la diplomacia contra las drogas en Latinoamérica, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157811
[§]Utilización de Fuerzas de
Operaciones Especiales y medios no tripulados (drones) y contratistas en el
despliegue militar hacia Nuestra América.
[**] En noviembre de 2012, fue
aprobada a través del voto general, la iniciativa 502 (I-502) la cual fue
elaborada por la Legislatura del Estado de Washington, por medio de la cual por
primera vez se eliminan las sanciones criminales para cualquier mayor de 21
años que porte 28.5 gramos o menos de la droga para uso recreativo personal,
dicha norma también legaliza la posesión de hasta 0.45 kilogramos de cannabis
sólido para consumo y hasta 2.4 kilogramos en forma líquida, aunque siguen
existiendo restricciones a conducir bajo la influencia de cannabis, el consumo
en lugares públicos y el consumo de esta droga en lugares donde la ingesta de
alcohol también está prohibida.
Por Rafael Cabrera 
