Presidente, INDEPAZ¨
La elección y posesión del nuevo
presidente de los Estados Unidos y la Cumbre en Viena de la Comisión sobre
Drogas de Naciones Unidas ofrecen nuevos escenarios a la evaluación de la
política mundial antidrogas y a la discusión sobre posibles rectificaciones en
las estrategias que han dominado este tema desde los años ochenta. En Colombia
ha sido mucha la expectativa sobre las definiciones de la administración Obama
y se han multiplicado las propuestas encaminadas a incidir en el Congreso y en el equipo de la nueva
administración de Estados Unidos.
Son muchos los interrogantes y
las dimensiones de la política antidrogas en Colombia y sus relaciones con el
conflicto armado y las posibilidades para la paz. Para este ejercicio
nos concentramos en tres cuestiones: ¿Existen posibilidades de cambios
significativos en la política de guerra antidrogas? ¿Cuáles son las
rectificaciones necesarias? ¿Cuál es el curso probable del Plan Colombia y como
influir en él?
1. En
la próxima década serán cada vez mayores las presiones contra el
prohibicionismo y el enfoque de la guerra antidrogas, pero a mediano plazo
seguirán predominando las estrategias militares y de represión a la oferta.
Colombia
se ha alineado con las posturas más conservadoras que llevaron en Viena a
ratificar las políticas adelantadas desde 1998. La Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas, con presencia de delegados de 100 países, aprobó las directrices
que amplían los plazos de reducción de la producción y el
consumo de estupefacientes hasta el 2019. Las metas previstas hace 10 años no
se cumplieron, avanzó el consumo y se amplió y diversificó la oferta de
psicotrópicos ilegales y legales, al tiempo con el crecimiento del negocio del
narcotráfico y lavado de activos en todos los circuitos legales. Pero, no
obstante el fracaso de esta orientación, las estrategias son las mismas que le
dan peso a la guerra, es decir al enfoque militar y la criminalización en toda
la cadena, aunque no faltan consideraciones secundarias sobre la necesidad de
respuestas a los problemas de drogadicción, riesgos de transmisión de VIH o
alternativas de desarrollo para los productores en países en desarrollo.
Los
Estados Unidos, no obstante la opinión de cerca de 80 países, se opusieron en Viena
(2009) a incorporar en las políticas de Naciones
Unidas medidas de reducción del daño y otras de descriminalización selectiva
del consumo. Colombia con otros pocos países ayudó a impedir el consenso en esas
materias y la apertura de un camino de rectificaciones a políticas fracasadas
durante dos décadas.
- En Colombia y América Latina se amplía el consenso sobre la necesidad de un nuevo paradigma que aborde el problema de las drogas desde la corresponsabilidad y prioritariamente desde la salud y el desarrollo.
La Comisión Latinoamericana sobre drogas y
democracia entregó en marzo de 2009 su informe con apreciaciones que sintetizan
las propuestas de mayor consenso para rectificar el actual paradigma centrado
en el prohibicionismo y la
guerra. El nuevo paradigma reclama un enfoque de derechos humanos en
las políticas antidrogas que parte de “tratar el consumo de drogas como una cuestión de
salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención
y focalizar la represión sobre el crimen organizado”. En
consecuencia, desde esta Comisión se recomiendan las siguientes medidas para
una ruta más eficiente, lo que es
un buen punto de partida en la redefinición de las políticas:
a. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado
ilegal en pacientes del sistema de salud.
b. Evaluar con un enfoque de salud pública y
haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de
descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
c. Reducir el consumo a través de campañas
innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y
aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de
usuarios.
d. Focalizar las estrategias represivas hacia
la lucha implacable contra el crimen organizado.
e. Reorientar las estrategias de represión al
cultivo de drogas ilícitas.
Estas recomendaciones se inscriben en la
necesidad de un nuevo
diálogo con Estados Unidos y Europa para que se haga efectiva
la corresponsabilidad y se abandonen las estrategias militaristas. Es decir, volver
los ojos a la reducción del consumo y a la promoción del desarrollo con un
enfoque distinto al desarrollo alternativo: “hablar no
sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo social de fuentes de trabajo
alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un
contexto participativo”. Además, se recomienda que “Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas
de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las
realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados
en condiciones competitivas”. La vía del nuevo paradigma reclama entonces
descriminalizar la hoja de coca y des-ideologizar los escenarios de
construcción de las políticas públicas.
La solución a largo plazo requiere ir más allá de
este consenso mínimo latinoamericano e incluir un replanteamiento de fondo sobre
los modelos de desarrollo y pasar del prohibicionismo a una descriminalización
a los campesinos productores y a los consumidores, con estricta regulación de producción y
consumo definida con propósitos de
salud. La represión al crimen organizado que trasgreda la regulación deberá
abordarse como asunto policial y no con estrategias militares o de guerra.
El Director de la Comisión sobre Drogas de Naciones Unidas ha pretendido responder a las críticas al
prohibicionismo alegando que “es necesario un cambio en las políticas contra la
delincuencia, pero no a favor de las drogas”. Esta
posición plantea un divorcio entre los efectos perversos del prohibicionismo en
tanto es la matriz de las mafias narcotraficantes y sus circuitos legales de
negocios y entre los problemas de drogadicción y salud. Asimismo, desconoce que
el prohibicionismo es el mejor escenario para la violencia, el fomento de
producción y consumo, y el incremento de riesgos de daño a drogodependientes y
comunidades.
- El Plan Colombia de Estados Unidos ha sido un fracaso con respecto a sus objetivos iniciales y debe darse por terminado para permitir otra política de cooperación dirigida a la paz. Ese Plan que evolucionó de la guerra antidroga a la guerra antiterrorista centrada en la seguridad de los Estados Unidos, se ha mostrado ineficaz para reducir el negocio de narcotraficantes, la exportación de cocaína desde la región andina y México y ha convivido con la institucionalidad mafiosa que permea el Estado colombiano.
Las
evaluaciones realizadas por centros de pensamiento en Estados
Unidos, Europa y Colombia coinciden en señalar el fracaso del Plan Colombia I en
el cumplimiento de sus metas iniciales de reducción del consumo, la oferta y la criminalidad. El
volumen global del negocio y la rentabilidad para sus principales beneficiarios
se mantienen e incluso muestran mecanismos anti-cíclicos que se reflejan en precios y
diversificación de productos y mercados. El efecto
globo no solo ha marcado la dinámica de los cultivos de coca en Colombia y
en el área, sino que se ha propagado a todas las cadenas del negocio ilegal,
fortaleciendo rutas y bases alternativas por México, África o Suramérica. La
cadena de lavado de activos sigue intacta en Estados Unidos y Europa y lo mismo
ocurre con el negocio de precursores y de agentes financieros.
El
Plan Colombia II en la
alianza Bush – Uribe se transformó en una
pieza de la política de seguridad de los Estados Unidos en la región que
cooptó la dinámica de guerra interna en Colombia y la estrategia de “seguridad democrática”. Las fumigaciones con químicos defoliantes
(una modalidad de guerra química) se integraron a la guerra antisubversiva para
buscar el control de territorios aún a costa de la despoblación forzada. La
erradicación manual o mecánica forzada se volvió un complemento de la ocupación
militar de territorios
y el llamado desarrollo alternativo devino en acciones
complementarias de la estrategia militar útil para la propaganda pero ineficaz
para ofrecer alternativas a la economía campesina o al desempleo que alimenta
los negocios ilícitos y el reclutamiento para la guerra o para las mafias.
Al
iniciar la
administración Obama en Estados Unidos y en Colombia se
confrontan dos líneas frente al futuro del Plan Colombia:
-
La continuista que mantiene el enfoque de guerra y de articulación a los planes
de seguridad coordinados por el Comando Sur. Sin alterar este objetivo propone
ajustes, variación en las proporciones de las partidas e incluso retoques a los
condicionamientos en derechos humanos. Parte de esta línea de lo que sería el
Plan Colombia III son los acuerdos para el uso de bases militares en Colombia
por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la alianza
antiterrorista y antidroga.
-
En el otro extremo se ubica la línea pacifista que propone un diálogo con la administración Obama
y el Congreso de los Estados Unidos para replantear la cooperación y pasar de
los objetivos de guerra a objetivos que comprometan a la nueva administración
en el apoyo a políticas de
desarrollo y paz con estrategias no militares, de reconocimiento
y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las víctimas,
fortalecimiento de la sociedad civil, la democracia, el desarrollo desde la
equidad y las soluciones políticas desde el dialogo y la negociación en la sociedad y con
los grupos armados irregulares.
Entre
esas dos líneas se mueven matices que se acercan a uno u otro extremo pero que
coinciden en propuestas mínimas como las siguientes:
-
La administración Obama y el Congreso de los
Estados Unidos deben encaminarse al cierre del Plan Colombia y a la
reorientación de la cooperación y del presupuesto en un plan que se ubique en las líneas
de un nuevo trato y no de apoyo a guerra alguna dentro de Colombia o en la región. Este nuevo
plan debe alejarse de las estrategias de seguridad regional heredadas de la administración Bush. La
cooperación asistencia económica? de Estados Unidos hacia Colombia debe
redefinirse sobre el eje de construcción de paz y promoción del respeto y
garantía de todos
los derechos humanos.
-
El
cierre del Plan Colombia implica en lo inmediato la suspensión del programa
actual de fumigaciones con la mezcla basada en glifosato – POEA – Cosmoplux y
de los programas de erradicación forzada y represión de la población civil en
zonas de producción campesina o indígena de hoja de coca. En este
terreno debe acogerse la erradicación concertada.
-
El
replanteamiento de la estrategia de seguridad heredada de la administración Bush
basada en concepción de guerra antiterrorista e injerencia asimétrica para
darle paso a una concepción democrática de seguridad integral, humana y
ciudadana, que sea respetuosa de los tratados y normas internacionales de
soberanía, justicia y cooperación policial frente al crimen organizado
trasnacional.
-
La
no injerencia de Estados Unidos en estrategias de guerra interna ni en planes
como los que actualmente orienta el Comando Sur y su Doctrina de Acción
Integral que incluye la militarización de los planes de desarrollo regional y
la intervención militar en los Centros de Coordinación Interagencial y en los Centros
de Fusión Integral. Asi como no utilizar los acuerdos militares bilaterales
para implementar estrategias de inteligencia, control o movilidad de efectivos
con impacto en el subcontinente.
-
El
fortalecimiento de mecanismos de cooperación en
derechos humanos y el apoyo a políticas de verdad, justicia,
reparación y no repetición que incluyan la revisión de la actuación de las
agencias y misiones militares de Estados Unidos en Colombia, especialmente
las relacionadas con unidades militares y agentes estatales comprometidos con
la parapolítica, el paramilitarismo y la comisión de crímenes
de lesa humanidad.
-
La
articulación de la cooperación bilateral para la paz con políticas de reforma
agraria y desarrollo rural, y de destinación de bienes de los narcotraficantes,
parapolíticos, paramilitares y sus aliados a fondos de reforma rural y agraria y
ejecución de políticas de desarrollo regional de economía campesina y MIPYMES.
-
La
revisión del llamado desarrollo alternativo de modo que se desmilitarice y se enfoque en objetivos
de equidad y garantía de derechos económicos, sociales, culturales, colectivos
y ambientales con prioridad en las poblaciones más pobres y victimizadas y en
las comunidades étnicas.
-
La
rectificación de la política de extradición por narcotráfico para darle
prioridad a la aplicación de la justicia colombiana en
la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de delitos atroces o
crímenes de lesa humanidad. Esto implica la repatriación de los excomandantes
de los bloques paramilitares para que respondan en los procesos de justicia y paz y reparen
a sus víctimas y la sociedad.
-
El
apoyo de Estados Unidos a iniciativas de mediación, dialogo o negociación de
acuerdos humanitarios y de paz.
-
El
fortalecimiento de
la cooperación en la garantía y protección de los defensores de derechos humanos,
sindicalistas, periodistas, y demás colectivos derivados de iniciativas
ciudadanas por la paz.
-
La
aplicación de mecanismos de control, regulación y auto-regulación en la
operación de
multinacionales en Colombia, en especial las que actúan en
ámbitos impactados directamente por confrontaciones militares del conflicto
armado interno, de manera que cumplan
con las normas y principios que rigen las obligaciones de las empresas en
materia de derechos humanos. Y, el fortalecimiento de los instrumentos de
responsabilidad y de judicialización por actuación o complicidad con abusos a
los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario.
Cada
uno de los anteriores enunciados ha sido objeto de análisis y sustentación en
investigaciones y documentos elaborados durante los últimos dos años y
contribuyen a las reflexiones hacia la definición de agendas y políticas para
la próxima década. En este resumen se hace una apretada reseña con la intención
de invitar a un debate constructivo.
¨ Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. Bogotá, D.C. Septiembre de 2009. camilogonzalez@colombia.com, www.indepaz.org.co
