Cofundador de los Zetas de México queda en libertad

por David Gagne

México Zetas Z40

Miembro de los Zetas liberado, Rogelio González Pizaña,

Uno de los fundadores del cartel de los Zetas de México ha sido liberado de prisión, aumentando la posibilidad de que pueda reasumir el control de la organización criminal, la cual ha sufrido una pérdida significativa de liderazgo en los años recientes.
El 30 de agosto, Rogelio González Pizaña, alias “Z-2”, fue liberado de prisión luego de que fuera absuelto de cargos de homicidio y crimen organizado, informó SUN. Su liberación llegó luego de que una corte de Guadalajara modificara un fallo previo –que había sentenciado a Pizaña a 16 años de prisión con cargos de tráfico de drogas- y sólo lo encontró culpable de portar un arma con cartuchos reservado para uso militar. La corte redujo su sentencia a seis años y determinó que por el hecho de que Pizaña ya había pasado más de nueve años tras las rejas, podría ser liberado.
Pizaña fue capturado en 2004 durante un tiroteo con las autoridades en el que murió un policía y dos más resultaron heridos.

Análisis de InSight Crime

Los Zetas sufrieron una pérdida importante de liderazgo en los años recientes dadas las fuertes presiones de las fuerzas de seguridad, lo que llevó al asesinato y la captura de sus miembros fundadores. Es posible que Pizaña –el único miembro fundador de los Zetas que no era un desertor de las fuerzas armadas de México- podría fortalecer su liderazgo en el debilitado cartel.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de los Zetas

Los Zetas sufrieron una serie de golpes a comienzos de 2011 con la captura de un miembro de alto rango, Carlos Oliva Castillo, quien era perseguido por el asesinato de Heriberto Lazcano alias “Z-3”, por oficiales de la marina en 2012. Iván Velázquez Caballero alias “El Talibán”, fue capturado en 2012 en medio de unos informes que afirmaban que los líderes de los Zetas estaban perdiendo su poder en las células locales. Poco después, una facción de los Zetas formó una grupo dedicado a hacerle guerra a su antiguo jefe, Miguel Ángel Treviño Morales alias “Z-40”, quien fue capturado por oficiales de la marina en julio de 2013.
La liberación de Pizaña llegó dos meses después de que los Zetas se reunieran con otras organizaciones criminales incluyendo la Organización Beltrán Leyva (OBL), el Cartel de Jalisco –Nueva Generación (CJNG), y el Cartel de Juárez en una “cumbre narco”. Las organizaciones criminales, según informes, se reunieron con el fin de dividir el comercio de drogas de México y para comprometerse a enfrentarse al dominio del Cartel de Sinaloa. Aún está por verse si la liberación de Pizaña va a proveer del liderazgo central necesario para los Zetas mientras persiguen esta nueva estrategia.
Fuente: In Sight Crime

¿Testificará ‘El Chapo’ contra el Cartel de Sinaloa?

por Marguerite Cawley

México Cartel del Golfo El Chapo

Joaquín "El Chapo" Guzmán

Las autoridades judiciales de México han informado que el encarcelado líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, servirá como testigo en el caso contra un antiguo socio ex operador del cartel, un acontecimiento que probablemente espantará a otros líderes del Cartel de Sinaloa.
Funcionarios del Poder Judicial Federal de México confirmaron en una entrevista de radio que El Chapo aparecerá en una videoconferencia a principios de octubre para testificar en el caso contra Teodoro García Simental alias “El Teo”, informó Excelsior.
Como informó Informador, El Teo –quien enfrenta cargos por ilícitos de delincuencia organizada, tráfico de drogas y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- era el jefe de operaciones del Cartel de Sinaloa en Baja California, antes de su captura en 2010. Antes de juntarse con el cartel de Sinaloa, trabajó para el Cartel de Tijuana. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Altiplano en el Estado de México –la misma prisión donde está El Chapo.

Análisis de InSight Crime

La noticia de que El Chapo podría testificar en contra de un miembro clave de su propio cartel probablemente será preocupante para los otros líderes del Cartel de Sinaloa, particularmente aquellos que han dejado de estar favorecidos por el capo. Como antigua cabeza del cartel, El Chapo sin duda posee una enorme cantidad de información que podría ser usada para perseguir y judicializar a otros miembros del cartel.

VEA TAMBIÉN: Perfil de El Chapo

Los informes no dieron indicaciones sobre las razones de El Chapo para colaborar en el caso, pero no es probable que el capo –quien actualmente enfrenta nueve cargos criminales- lo haga sin la esperanza de ganar algo a cambio. Es común para los narcotraficantes extraditados a Estados Unidos intentar hacer tratos declarándose culpables y otorgando información clave, pero no es claro a este punto si el Chapo está buscando o no un trato similar con las autoridades mexicanas.
Las autoridades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo con Jesús Vicente Zambada Niebla, el hijo del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2010 y se ha declarado culpable de conspirar para distribuir cocaína y heroína a cambio de que los fiscales del caso recomienden una reducción de sentencia. El acuerdo de Zambada puede haber involucrado dar información a los investigadores sobre otros operarios de alto nivel del Cartel de Sinaloa, sin embargo esta información no está incluida en el acuerdo entre las partes hecho público a principios de ese año.
Aún está por verse qué tanto será capaz de revelar El Chapo en el caso presente; podría no estar preparado todavía para poner todas sus cartas sobre la mesa.

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 FUENTE: In Sight Crime

El director antinarcóticos de Paraguay habla sobre el comercio de marihuana

por Jeremy McDermott

Paraguay EPP

Luis Rojas, el zar antidrogas de Paraguay

Sobre la mesa de Luis Rojas descansan, apoyados contra la pared, un rifle de asalto y un lanzagranadas. El zar de las drogas sabe que se enfrenta a una tarea enorme en su lucha contra la industria de la marihuana en Paraguay y el tránsito de cocaína a través de este país sin salida al mar, y admite que el gobierno todavía desconoce la verdadera magnitud del problema.
El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) tiene 43 años, y se ha abierto su camino entre las filas, ocupando cargos como Director de Operaciones y Jefe de la Unidad de Inteligencia Técnica. En términos tácticos, en Paraguay hay pocas personas con la experiencia en antinarcóticos que tiene el jefe de la SENAD.
Lo siguiente son extractos de una entrevista de Rojas con InSight Crime.
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“Primero déjeme decirle que sabemos que Paraguay es el primer productor de marihuana en la región. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es si tenemos 5.000 hectáreas o 8.000. El gobierno americano dice que tenemos más, Naciones Unidas dice que tenemos 5.000 ¿De dónde salió eso? No sabemos, no hay un dato, no hemos invertido ni siquiera US$1 en saber cuál es la situación real de la marihuana en el Paraguay."
¿En que lugares del país se cultiva la marihuana? ¿Está el cultivo concentrado en ciertas zonas o diseminado por todo el país?
“Principalmente en la frontera con Brasil. En [los departamentos de] Amambay y Canindeyú, esas son las zonas de mayor concentración, no son las únicas. Tenemos también cultivos de marihuana en [el departamento de] Alto Paraná”.
¿Cuáles son sus principales herramientas en la guerra contra la droga en Paraguay?
"La erradicación de plantaciones es una de las principales herramientas. Para que se entienda, la erradicación tiene 2 puntos, un punto positivo y un punto negativo. El lado positivo es que es más barato atacar en el lugar de origen, que una vez toda la cadena de comercialización haya ganado dinero. Sin embargo, sabemos que cuando llevamos a cabo operaciones de erradicación a gran escala en Amambay, en la zona se da un aumento correspondiente en la violencia y los robos. Esa es la proporción en que el comercio de drogas apoya la economía local".

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"Implementar la erradicación de plantaciones sube los precios de la marihuana, y quien logra comercializarla gana mucha plata. Nosotros como productores de marihuana invertimos el 90 por ciento de los recursos en la represión [del comercio de drogas] y no atacamos el problema de fondo, que también tiene raíces sociales".
¿Está el actual gobierno del presidente Horacio Cartes al tanto de esto y de los retos que enfrenta?
"Su gran logro es haber tenido la valentía, el gobierno tiene la voluntad política de pintar la situación tal cual es".
En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ganan dinero con el negocio de la cocaína, así como lo hace el Sendero Luminoso en Perú ¿Hay evidencia que vincule al grupo guerrillero del país, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), con el comercio de la marihuana?
“Dibujamos dos escenarios no más: No tenemos la certeza que me permita impulsar una causa penal, pero me remito muy objetivamente a los datos disponibles. ¿Hemos destruido plantaciones en zonas del EPP? Sí. ¿Hemos encontrado inscripciones del EPP en las plantaciones? Sí. ¿Qué vinculación podría tener el EPP con las plantaciones de marihuana? Cobro de “impuestos”.

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¿Cómo funciona el negocio de la marihuana?¿Quién lo dirige en Paraguay?
"La marihuana de antes era el cultivo de subsistencia del campesino. Dejó de serlo. El campesino hoy se convirtió en empleado de [los traficantes de] la marihuana. Cobra por día por cuidarla. Encima de él, generalmente hay un operador de bolsa, un broker, que consigue los clientes en Brasil y compromete con los productores locales. Que generalmente son narcotraficantes paraguayos, algunos políticos, y compromete parte de la producción a un traficante brasileño que va a hacer la compra. Entonces se organizan los pequeños productores [paraguayos] y comprometen la producción que es acopiada en un lugar, generalmente la marihuana es picada en bolsas y va a centros de acopio donde es prensada. Después de esto se vende al cliente”
¿Qué otros mercados hay además del brasileño?
"Está el de Chile, que es el del mejor precio de marihuana para los narcotraficantes paraguayos. Y también está el mercado de Argentina”.
¿Cuánto vale un kilo de marihuana?
“El costo de producción es de entre US$25 y US$35 por cada kilo. En la frontera ese mismo kilo puede ser vendido por entre US$60 Y US$100. En São Paulo el kilo tiene un valor cercano a US$200, en Buenos Aires de al menos US$250, y en Santiago puede valer hasta US$1.000”.
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Si bien no hay datos fiables sobre la producción de marihuana en Paraguay, en base a una cifra de al menos 5.000 hectáreas, esta nación sudamericana tiene la capacidad de producir hasta 10.000 toneladas de marihuana anuales. A US$100 el kilo -el precio en la frontera- el crimen organizado paraguayo podría obtener ganancias de hasta mil millones de dólares. Esta es una cantidad enorme en un país cuyo Producto interno bruto (PIB) es, según el Banco Mundial, inferior a US$ 30 mil millones.
Fuente: InSight Crime

Legalizar las drogas

El fracaso de las políticas punitivas aconseja explorar la propuesta de regulación controlada

Un elevado número de notables líderes internacionales, entre los que se encuentran varios expresidentes y el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, acaban de presentar un informe en Nueva York en el que proponen un viraje radical en el enfoque de la lucha contra la droga. En concreto, sugieren despenalizar el consumo y facilitar el acceso controlado a la misma. La iniciativa debe ser tomada muy en serio. Tras años de insistir en la misma estrategia, hay que constatar el fracaso de las actuales políticas punitivas, que tienden a convertir a los adictos en delincuentes y nutren una economía criminal cada vez más poderosa. Los carteles de la droga manejan más recursos que muchos de los países en los que operan; se han convertido en una gangrena que corroe al Estado de derecho.

Editoriales anteriores

Marihuana legal (06/01/2014)
América avanza (10/06/2013)

Por otra parte, los Gobiernos tienen que destinar cada vez más dinero a sostener unas políticas cuyos resultados son decepcionantes. No solo no se reduce el problema, sino que aumenta. La criminalidad asociada al tráfico ilegal supone en muchos países una sangría en vidas insoportable, y una amenaza política muy seria.
Se impone la necesidad de abordar otras alternativas. El hecho de que entre los promotores de la propuesta figuren no pocos antiguos mandatarios de países que han sufrido los estragos de este problema indica hasta qué punto están agotadas las políticas que se mantienen más por la inercia y los intereses creados en torno a ellas que por una evaluación racional y ponderada de sus logros.
La legalización no debe tomarse, sin embargo, como una panacea. El camino es sin duda complejo y nadie asegura el éxito. El objetivo es intentar un cambio de paradigma que permita reducir el problema a una escala más manejable. No se trata, por supuesto, de convertir de repente las drogas en una mercancía de libre acceso; en ningún caso se plantea algo parecido a abrir estancos de narcóticos, estupefacientes y alucinógenos. Una liberalización total regida únicamente por las reglas del mercado permitiría aflorar la economía que ahora sustenta el tráfico ilegal, y hasta convertirlo en un lucrativo negocio, pero a costa de extender todavía más el problema sanitario.
Lo que se propone es la despenalización del consumo y la regulación responsable del acceso a las sustancias psicoactivas. Se trata de habilitar un sistema que permita a los adictos recibir la droga, al tiempo que se les ofrece ayuda médica para tratar su dependencia. Ello rompería el principal eslabón de la actual cadena criminal, basada en que cada nuevo adicto se ve impelido a convertirse en camello y conseguir nuevos adictos para poder sostener su consumo. Romper esta cadena supone dejar sin mercado a los carteles de la droga.
Este es un debate que afecta especialmente a España. No solo es un eslabón muy importante en el tráfico ilegal, sino que su consumo lastra el futuro de muchos jóvenes. Las razones para explorar esta vía son muchas. Merece la pena intentarlo.
Fuente: El País

Drogas en América: algo se mueve

Sin bombos ni platillos, algo está cambiando: se deja de castigar a los consumidores y el objetivo es el crimen organizado

por Diego García-Sayan 

Probablemente no se apruebe algo muy inesperado, ni particularmente novedoso, en la Cumbre Interamericana de la próxima semana en Guatemala para tratar el tema de las drogas ilícitas. Algunos diplomáticos que han ido conociendo los borradores de la Declaración de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que se aprobaría el viernes 19, transmiten desazón por la falta de novedades y rectificaciones a las políticas vigentes. No conozco esos borradores y de pronto hay algo de razón en que no contendrá la Declaración una bomba que haga primeras planas.
Pero la verdad es que sí hay novedades y vienen produciéndose en paralelo y en la realidad. Sin mucho ruido se han venido dando interesantes rectificaciones en los últimos cinco años, que conferencias como la de la próxima semana bien podría saludar y alentar. Varias políticas nacionales han entrado en revisión en aspectos fundamentales abriendo perspectivas que, gradualmente, podrían conducir a buen puerto. Apuntar a la prevención y enfrentar la sobre criminalización, así, empiezan a aparecer al fin como prioridades. Tal vez con poco ruido pero con muchas nueces, la suma de varios de esos ajustes en políticas nacionales empieza a configurar un entorno regional más dinámico y esperanzador al de la década pasada. Hay en esto tres hechos que saltan a la vista.
Primero, la guerra contra las drogas, inventada en la época de Reagan, ha sido sepultada formal y contundentemente. Esta política militarista no resolvió nada. Después de más de 30 años su resultado esencial ha sido, más bien, más producción y consumo de drogas y, especialmente, muchísima más violencia. En una conferencia del Diálogo Interamericano en Washington la semana pasada, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, recordó a los presentes que ningún funcionario había vuelto a referirse a la tal guerra contra las drogas durante la gestión de Obama. Revisión de enfoque largamente esperada que viene acompañada de aumentos presupuestales en políticas preventivas de salud.

Las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable

Segundo, que más allá de la terminología, hay aspectos sustanciales de la política antidrogas que sí se vienen modificando, lo que apunta a priorizar la salud y la seguridad de las personas. Son especialmente notables los pasos dados en los últimos dos años en EE UU para reorientar el sistema penal en esta materia. Y no me estoy refiriendo a la legalización de la marihuana aprobada por referéndum en Colorado y en el Estado de Washington, sino en iniciativas nacionales generadas por la explosión del sistema penitenciario producida por la exagerada sobre criminalización. Desde 1980 la población carcelaria de EE UU ha crecido en más de un 800%; las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable de más de 80.000 millones de dólares anuales.
Eso ha llevado al secretario de Justicia —o fiscal general— Eric Holder a tomar medidas impensables hace diez años. Unas son las que cambian los procedimientos de persecución a los delitos de drogas no violentos y de pequeña escala de manera que esas personas no vayan a la cárcel. Los fiscales ya no estarán obligados a exigir penas de prisión por delitos menores de drogas cuando no sean parte de bandas criminales. Otras son algunos proyectos de modificación legales para la reducción de penas y la salida anticipada de un grupo de condenados por delitos de drogas que podría llegar a beneficiar a un quinto de la población en las cárceles federales.
Tercero, los pasos que se vienen dando desde Latinoamérica para la revisión de las políticas globales antidrogas. Y aquí no me refiero a la legalización de la marihuana en Uruguay, pues por las propias peculiaridades del país y el modelo adoptado, difícilmente será replicable tal cual y en el corto plazo a otros países. Estoy pensando, más bien, en el impulso explícito a la revisión de políticas que levantó Colombia en la Cumbre de las Américas (Cartagena, 2012) y que luego siguió Guatemala. Si bien muchos países latinoamericanos siguen rezagados repitiendo un viejo discurso, el hecho es que hay un viento nuevo que es el que condujo, entre otros resultados, al innovador y sugerente documento que preparó la OEA el año pasado sobre los escenarios 2013-2015.
Sin bombos ni platillos, pues, algo viene ocurriendo y en la correcta dirección: darle una atención especial a la prevención y al tratamiento en el terreno de la salud, no enfrentando a los consumidores como criminales y concentrándose en combatir al crimen organizado. El informe publicado el martes 9 por la Comisión Global de Políticas de Drogas, de la que forma parte Kofi Annan, va en esa dirección. Que todo esto vaya quedando registrado, y que futuras evoluciones sean alentadas, podría ser un buen resultado del siguiente encuentro interamericano sobre este tema en el que han sido tan pródigos los fracasos y escasos los éxitos.
Fuente: El País

El Salvador: The Maras, Community Action, and Social Exclusion

By Mario Zetino Duarte, Larissa Brioso, and Margarita Montoya

Photo Courtesy of FLACSO-El Salvador

Maras and gangs in El Salvador have become social actors with great power in communities suffering from a high level of social exclusion. They have been linked to violence and organized crime, and they have been blamed for the highest number of homicides, organized criminal actions, and the generalized insecurity in which the country lives. They have brought a sense of isolation to the communities in which they live, as well as a reputation that increases the communities’ exclusion. According to a study being conducted in crime-ridden communities of Santa Tecla (near San Salvador) and Sonsonate (64 km. west of the capital), the maras’ power derives from their ability to cause fear and terror among inhabitants as a result of their effective and organized criminal actions. Their influence has a strong psychological impact and broad influence over people’s lives. The criminal activities of the gangs in the community are generally rejected by inhabitants because they put families at risk, make neighborhoods the target of police operations, and taint both the community and its residents socially – making it hard for people to get or keep jobs.
Nonetheless, many citizens in these communities have a positive assessment of the maras when it comes to providing important neighborhood security, due to a lack of national or local authority. In Santa Tecla and Sonsonate, the Salvadoran government, the municipality, international organizations, and other institutions have invested heavily in programs to stem the tide of mara violence, with mixed results. These communities suffer from low levels of employment, education, and social security, particularly among women. Afraid of retribution, citizens in these communities do not turn to state institutions to report crimes or to request protection, and they instead approach the maras to take actions regarding conflicts with neighbors and situations related to domestic violence. The void in institutional services, which has been permanent in some communities, is being filled by the maras and their members, making them the primary support for the local Asociaciones de Desarrollo and implementers of development plans.
Changes in the community philosophy of the National Civilian Police (PNC) in one of the communities of the study offers a useful example of how new approaches can help improve citizens’ lives. The PNC’s new approach to the community and its underlying social and security problems has also led to the evolution of the maras’ role as community actors and their legitimacy in the people’s eyes, primarily based on the fear they instill. This has benefited some communities.  Likewise, international cooperation – which has played an essential role – and the recent implementation of community policing practices as a model within the national security strategy to reduce gang criminality have driven debate on how communities can confront violence and crime in a sustained manner. The problems are far from resolved, but the gangs, the police, and the state each appear to be redefining strategies and roles. It remains to be seen whether these actions are sustainable and applicable in other territories – and whether the maras’ involvement in development programs can help create conditions for citizens to cope with the violence and social exclusion that plague their communities.
* Mario Zetino Duarte, Larissa Brioso, and Margarita Montoya are researchers at FLACSO-El Salvador.  Their study is funded by the International Development Research Centre.
Source: Aula Blog

Drug Challenges in the Americas: A Conversation with José Miguel Insulza

By Marielle Coutrix

More than a year after the Organization of American States (OAS) published the report on the Drug Problem in the Americas, the Dialogue’s Peter Hakim met with the Secretary General of the OAS José Miguel Insulza to discuss drug policy in the hemisphere. 
To start off, Insulza stressed the emerging consensus that the “war on drugs” strategized by the United States is not working. His enumeration of the ills American societies continue to face -“more problems, more addicts, more people in jail”- makes it clear as to why there is greater openness to discussing alternative policies. OAS statistics paint a stark picture of drug use and trafficking: while more than one-third of the 3.6 million people jailed in the Americas were arrested for drug related offenses, there is no indication that the drug flow has decreased. In fact, Thomas McLarty, former Chief of Staff for Bill Clinton, remarked at the last CAF Conference that there has been a mindset change in Washington. At the meeting, Insulza duly pointed out that in the context of the Colorado and Washington experiment and shifting public opinion in the US in favor of marijuana legalization and regulation, U.S. officials no longer speak of a “war on drugs”

The OAS report, which consists of an Analytical Report, and a Scenarios Report, stands as a landmark for a new willingness on the part of American states to better understand drug use and explore nontraditional approaches to the drug crisis. The report shies away from offering any one recommendation, but as Insulza noted when delivering the report in 2013, it does encourage “a shared vision that allows states to join forces to address the problem, while respecting diversity in approaches to it.”

Attesting to how variables such as violence and lack of access to education and employment opportunities increase individuals’ susceptibility to problematic drug use, Insulza did suggest for authorities to shift away from acriminal justice strategy and invest in a public health approach. As outlined in the OAS report, leaders are called to ask themselves above all else “to what extent current policies, geared to punishment and criminalization, trigger more harm than they prevent.”

But a year after the OAS initiated a dialogue on the issue, what is the state of the drug problem today? Insulza remarked that “the drug business is doing better than ever” and is especially profitable for cartels due to its persisting criminalization. According to the OAS report, the value of cocaine increases approximately 500-fold along the value chain with the original kilo costing on average 650 dollars and the total retail sales soaring to about 330,000 dollars. Despite the normative changes in discussion, Executive Secretary of the OAS’ Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAC) Paul Simmons indicated that the enforcement of the public health approach is weak. “Funding for drug control programs is scarce, especially with respect to prevention and treatment,” he asserted. Moreover, to the exception of Uruguay that legalized Marijuana in 2013, “while there seems to be a consensus in the US to legalize marijuana, such is not the case in Latin America," emphasized Insulza. But for drug consumption to be reduced through prevention campaigns in accordance with public opinion, “we ought to carry out more polls,” noted Paul Simmons.

In concluding remarks by Hakim, it was clear that Latin America has taken a leadership role in drug policy. It remains to be seen, however, if such impetus is sustained and what direction it takes. 
Source: American Interdialogue