Entrevista a Junior Garcia Aguilera

Solo en Cuba es noticia la venta de autos usados

Colas y cámaras en el primer día de comercialización de vehículos en divisas

MARCELO HERNÁNDEZ, 

La prensa independiente y extranjera se ha aglomerado también en el lugar. (14ymedio)

TEMAS

autos, automóviles, divisas

MÁS INFO

• Cimex pone en venta autos usados a precios de "estafa"
• Los cubanos podrán comprar autos en divisas a través del Gobierno

Con la primera luz del amanecer empiezan a verse los rostros cansados y bostezos de quienes han ido formando una cola desde la madrugada. El inicio de la venta de autos de segunda mano en divisas ha atraído esta mañana a más curiosos que compradores a la tienda ubicada en la calle 20, entre 1ª y 3ª, en el municipio habanero de Playa.

"Creí que había llegado temprano, pero a las cinco ya había más de diez personas, que imagino que fueron llegando desde anoche", comenta el que es ahora primero en la fila esperando a que vuelvan a llamar a los próximos clientes. El siguiente asegura que "las mejores ofertas se acabarán en los primeros días, por eso es el desespero de la gente".

Casi todos los modelos que se ven son de color gris. Los hay más pequeños y otros más cercanos a la camioneta o el microbus. (14ymedio)

La ancha explanada donde están parqueados los carros cuenta con una oficina climatizada para atender a los clientes, donde se exhibe una lista con los precios de cada vehículo. El dato que no aparece en el listado es el año, ni el kilometraje o millaje del auto. "Si quiere conocer esos detalles, debe hacer la cola y empezar el proceso", dice a través de una rendija de la puerta un empleado.

La prensa independiente y extranjera se ha aglomerado también en el lugar. Luces, cámaras... y carros por toda la escena. Algunos se ríen de la excesiva cobertura. "Esto no es noticia en ningún lugar del mundo nada más que en Cuba", se burla un transeúnte que pasa con su hijo rumbo a la escuela.

Para entrar es indispensable mostrar la tarjeta magnética habilitada con moneda "realmente" convertible. Alguien pregunta si además es necesario que la tarjeta tenga ya la cantidad requerida para la compra y eso genera una confusión y una posterior consulta. A los pocos minutos una voz de hombre confirma. "Si va comprar de verdad, claro que tiene que tener el dinero, pero para ser atendido por el personal basta con que tenga la tarjeta".

Entre los curiosos abundan los que compiten en sabiduría automovilística mirando desde lejos y a través de la cerca. "Ninguno de esos carros parece tener más de diez años, el problema es averiguar cuántos kilómetros llevan recorridos", dice uno de los supuestos expertos, a lo que otro añade. "Y eso será difícil de saber porque el tacómetro puede manipularse y hasta dejarlo en cero kilómetros".

En la oficina climatizada para atender a los clientes se exhibe una lista con los precios de cada vehículo. (14ymedio)

Casi todos los modelos que se ven son de color gris. Los hay más pequeños y otros más cercanos a la camioneta o el microbus. Algunos están cubiertos de una fina capa de polvo y ninguno lleva matrícula.

Unos señalan los modelos más baratos, que rondan los 34.000 dólares como los que probablemente se acaben más rápido, mientras otros consideran que es mejor "pagar más pero comprar un carro más fuerte". En la fila casi todos son hombres, aunque hay algunas mujeres que han venido acompañando a sus esposos y una vendedora de chucherías que pregona su mercancía.

"Cuando dieron la noticia yo pensé que iban a dejar a la gente que importara directamente", comenta un joven que aclara haber venido "solo para mirar". Su hermano, residente en Miami, tiene un auto de hace unos cinco años que ha querido mandarle "pero no hay ninguna manera de traerlo hasta aquí", añade.

La importación de los vehículos está controlada por las empresas estatales, especialmente la Corporación Cimex, un brazo comercial de los militares. "Por eso es que tienen esos precios, porque son ellos los que hacen toda la movida", opina uno de los clientes, que se suma a la conversación sobre las ventajas y desventajas de cada modelo.

La mayoría de los que se acercaron esta primera jornada eran curiosos. (14ymedio)

La mayoría de los que aguardan parecen pertenecer a lo que ya muchos llaman "los nuevos ricos", conocidos como "macetas". El estatus social se nota en la ropa, el tipo de zapato, la manera en que alardean de sus conocimientos de autos y, claro está, en tener una tarjeta magnética con miles de dólares depositados en un país donde el salario promedio mensual no supera los 50 dólares.

A media mañana todavía no había salido un solo comprador con su auto. El trámite de revisión, prueba y entrega es largo y tedioso. "Hay que revisar hasta las bujías, porque cuando se salga de aquí quién va a poder reclamar", asegura un hombre que se ufana de ser mecánico de carros y acompaña a un amigo interesado en los Peugeots.

Aunque los autos Geely, de factura china, son más baratos algunos los rechazan por su mala reputación, ya que se han distribuido por años a precios subsidiados a militares, funcionarios y dirigentes del Partido, además de a la policía y miembros de la Seguridad del Estado.

Carlos, un joven que marcó en la cola cerca de las cuatro de la madrugada, lo explica a la perfección. "Creo que me voy a ir por un Kia de 40.000 porque aunque el Geely vale 5.000 dólares menos es un carro que da muchos dolores de cabeza para repararlo y además después voy a coger tremenda reputación de seguroso en el barrio", ironiza.

Fuente: 14 y medio

Who Will Attend the OAS Presidential Summit in Panama?

By Fulton Armstrong and Eric Hershberg

OAE-OAS & tgraham / Flickr / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

The Summit of the Americas isn’t until next April, but interest in how Panama as host handles near-unanimous pressure from Latin America to invite Cuban President Raúl Castro, and how the United States and Cuba will respond, is growing fast.  Speaking to reporters at the United Nations last week, U.S. Assistant Secretary of State Roberta Jacobson answered several questions on the U.S. position.  Key excerpts follow:

• Asked “if the United States is still opposed to Cuba attending.”  On the Summit of the Americas, I think we’ve been pretty clear in our position on the summit, which is that obviously Panama is the host country for the summit, and as the host country they will make the decisions on invitations to that summit.  …  And the fact of the matter is we have said from the start that we look forward to a summit that can include a democratic Cuba at the table.  We also have said that the summit process, ever since Quebec in 2001, has made a commitment to democracy, and we think that’s an important part of the summit process.  But the decision about invitations is not ours to make, and obviously there’s been no invitations formally issued to the United States and other countries. And so there is no acceptance or rejection yet called for or made. …
• Asked “is there a chance that the U.S. might refuse going.”  Again, I think you won’t be surprised to hear me say that we’re really not going to answer hypotheticals in the future yet.  Obviously, the Summit of the Americas is in April and that’s not a situation that we can answer, although I think we have made clear that we believe the summit process is committed to democratic governance and we think that the governments that are sitting at that table ought to be committed to the summit principles, which include democratic governance. And therefore that’s our position at this point.  Obviously, we have a position on Cuba which does not at this point see them as upholding those principles.

Panama’s likely invitation to Cuba – reflecting the consensus of 32 hemispheric nations at the last Summit – will draw protests from official quarters in Washington.  But it’s far from certain that the Obama Administration would risk blame for torpedoing the 20-year Summit process.  Obama survived a handshake with Raúl Castro at Nelson Mandela’s funeral last December, and being in the same room with him again as a President in the second half of his second term will have little political consequence.  A workshop in Mexico City in June, in which CLALS researchers participated, and another in Ottawa in September, sponsored by the Center and the University of Ottawa, explored likely outcomes.  Mexican international relations specialists speculated that a reasonable outcome was for the United States to show up like a polite guest, and thus avoid having the anachronism of U.S. antagonism toward Cuba overshadow its broader relations with Latin America.  Canadian experts were deeply concerned that Cuba’s inclusion might undermine the centrality to the OAS of the Inter-American Democratic Charter, but they agreed that failure to convene a Summit would constitute a serious blow to the OAS and to the regular summits that provide Canada a seat at the inter-governmental table.
The reality is that Cuba does not conform to the Democratic Charter or to the broader OAS criteria of democratic rule, but equally real is that Latin America sees Cuba as a full member of the hemisphere and has lost all patience with those in Washington who would deny that.  Either Washington — and Ottawa — set aside their objections to Cuba’s inclusion or they bid farewell to such fora and their constructive impact on regional relationships that ought to matter to them.  Moreover, if they acquiesce to Cuban participation but then try to commandeer the agenda and make the Summit a seminar on democracy and human rights, it will only reinforce the widespread sense in the region that Washington cannot move beyond its obsession with the trivial matter of Cuba and get on with a serious conversation among equal partners.  They would thus sacrifice an opportunity to discuss issues on which significant, substantive advances are possible through dialogue among leaders of countries throughout the hemisphere.  The value of the Summit rests with the capacity of all involved to act like grownups.  President Obama did so at Mandela’s funeral, and it will be telling whether he can do it again in Panama this coming April.
Source: aula blog

Historic August for LGBT Rights in Colombia

By Juliana Martínez

Colombia Diversa / Flickr / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Colombia has again shown itself to be a country of contrasts – a society ostensibly ruled by Catholic and conservative morals with one of the hemisphere’s most progressive Constitutional Courts – with two important legal decisions on LGBT rights.  The Court has defended the democratic, pluralistic, and inclusive spirit of the Colombian Constitution against powerful authoritarian and conservative forces for years.  In 2007 and 2008, it granted pension, social security, and property rights to registered same-sex couples, and it ruled that same-sex couples “constitute a family” in 2011.  In spite of some recent rulings tarnishing its liberal record, last month the Court made two decisions that, though limited, have historic implications.

• It ruled in favor of step-child adoptions by gay couples.  After much political, legal, and even religious debate, the Court broke a four-year silence on the highly contested issue, ruling 6 to 3 that Verónica Botero could legally adopt the biological children of her wife, Anna Leiderman.  The ruling does not explicitly allow joint adoption by gay couples, but the decision cites ample scientific evidence and declares that parental homosexuality cannot be considered a risk factor for children, thus leaving the door open for further LGBT-friendly jurisprudence in the matter.
• The court recognized the gender identity of trans women by declaring that they do not have to comply with the compulsory military service required of all Colombian males.  The case centered on Gracy Kelly Bermúdez, a transgender woman who filed a lawsuit against the mayor’s office in Bogotá when she was denied a job for failing to provide proof of her military service.  Bermudez had not entered the military because she identifies as a woman, and therefore did not have the Military Service Registration Certificate (libreta militar) required when applying for jobs, studying at the university level or accessing health care services.  She would have been exempted if she had undergone an official sex change – the right to change one’s sex has been protected in Colombia since 1993 – but this can only be legally done after undergoing sex realignment surgery, a procedure that most trans women do not have access to, cannot afford, or do not want.  Therefore, despite their gender identity and expression, the legal sex of the majority of trans women continues to be “male.”  The Court decided in favor of Bermúdez and ordered the mayor’s office to hire her immediately.

These decisions are far-reaching.  In the Bermúdez case, the Court was essentially prioritizing gender identity over assigned sex at birth.  It declared that asking trans women for the Military Service Registration Certificate when hiring them is unconstitutional because it violates their right to define their own gender.  Furthermore, the Court told Congress to draft a bill that regulates the rights of transgender people in Colombia, paving the way for a much-needed Gender Identity Law.  The ruling also has deep regional implications.  Since Argentina passed a groundbreaking Gender Identity Law in 2012, many countries have been struggling to achieve similar results – and the Colombian legal precedent can become a viable alternative for impact litigation.  Currently, at least ten countries in Latin America have compulsory military service with different levels of enforcement attached to non-compliance.  But as the Bermúdez case illustrates, military conscription mandates can turn into strange, yet effective platforms to denounce how the state routinely imposes gender identity on its citizens, often against their own will, and to catalyze legal reform that advances LGBT rights in the Americas.
* Dr. Juliana Martínez teaches gender and sexuality and Latin American Literature in the Department of World Languages and Cultures at American University.
Source: Aula Blog

Back Channel to Cuba

The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana

By William M. LeoGrande and Peter Kornbluh

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Challenging the conventional wisdom of perpetual hostility between the United States and Cuba--beyond invasions, covert operations, assassination plots using poison pens and exploding seashells, and a grinding economic embargo--this fascinating book chronicles a surprising, untold history of bilateral efforts toward rapprochement and reconciliation. Since 1959, conflict and aggression have dominated the story of U.S.-Cuban relations. Now, William M. LeoGrande and Peter Kornbluh present a new and increasingly more relevant account. From John F. Kennedy's offering of an olive branch to Fidel Castro after the missile crisis, to Henry Kissinger's top secret quest for normalization, to Barack Obama's promise of a "new approach," LeoGrande and Kornbluh reveal a fifty-year record of dialogue and negotiations, both open and furtive, indicating a path toward better relations in the future.
LeoGrande and Kornbluh have uncovered hundreds of formerly secret U.S. documents and conducted interviews with dozens of negotiators, intermediaries, and policy makers, including Fidel Castro and Jimmy Carter. The authors describe how, despite the political clamor surrounding any hint of better relations with Havana, serious negotiations have been conducted by every presidential administration since Eisenhower's through secret, back-channel diplomacy. Concluding with ten lessons for U.S. negotiators, the book offers an important perspective on current political debates, at a time when leaders of both nations have publicly declared the urgency of moving beyond the legacy of hostility.

About the Author

William M. LeoGrande, professor of government at American University, is the author of Our Own Backyard: The United States in Central America, 1977-1992, among other books.

Peter Kornbluh, director of the Cuba Documentation Project at the National Security Archive in Washington, D.C., is the author of The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, among other books.

Reviews

"An exceedingly well-written and well-documented account. . . . Essential for libraries that support research into the political and diplomatic history of America foreign relations with Cuba in the latter half of the 20th century."
--Library Journal Starred Review
"Told in clear prose, this richly detailed book underscores how diplomacy makes headlines, but many exchanges happen far from official negotiation tables."
--Publishers Weekly Starred Review
"LeoGrande and Kornbluh have analyzed thoroughly the history of dialogue between two countries locked in a contradictory relationship for five decades, with each side skeptical that the other truly wanted improved relations. With continual change in Washington, and continuity in Cuban leadership, the authors draw important lessons from the efforts of every administration since Eisenhower to negotiate with Cuba."
--President Jimmy Carter
"Back Channel to Cuba tells a dynamic, expansive, and anecdote-rich story drawn from compelling primary sources, interviews and declassified documents. Generational change in the ranks of Cuban leadership and transformation on the ground and in the Cuban diaspora in the United States make Back Channel to Cuba a particularly timely contribution: history can and should serve as a guide to present and future decisions about the art of the possible by Cuban and American leaders, policy makers, and citizens."
--Julia E. Sweig, author of Cuba: What Everyone Needs to Know
"A prodigious achievement--a truly exceptional examination of perhaps the most vexing relationship in the history of U.S. foreign policy. Based on vast numbers of documents, many rarely seen before, plus firsthand interviews with nearly every one of the important participants, including Jimmy Carter and Fidel Castro, Back Channel to Cuba is the equivalent of a 9' high jump when the world record is 8'04" (held since 1993, incidentally, by a Cuban). Nothing else even comes close."
--Lars Schoultz, author of That Infernal Little Cuban Republic: The United States and the Cuban Revolution
Source: UNC Press

The Hidden History of Dialogue with Cuba: What Obama Needs to Know about Talking to Havana

Monday, October 6, 2014, 9:00 – 10:30am
The Brookings Institution, Saul/Zilkha Room
1775 Massachusetts Ave, NW, Washington, DC

For over 50 years, U.S. and Cuban diplomats have danced a minuet of diplomacy, meeting secretly in dingy cafeterias, elegant hotels and fancy French restaurants, from New York to Washington, Guadalajara, Paris, London, Luanda and Havana, to try and solve the myriad issues dividing these two perennial adversaries. Sometimes their talks succeeded and sometimes they failed, but from Eisenhower to Obama, every U.S. president has seen the wisdom of negotiating with Cuba. The lessons drawn from these negotiations are especially relevant at a time when leaders of both nations have publicly declared the urgency of moving beyond the legacy of perpetual hostility. On October 6, the Latin America Initiative in Foreign Policy at Brookings will host William M. LeoGrande, professor of government at American University, and Peter Kornbluh, director of the Cuba Documentation Project at the National Security Archive, to present their new book, Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana. They will discuss the findings of their research, and offer recommendations to guide present and future U.S. negotiators. They will be joined by Julia E. Sweig, the Council on Foreign Relations’ Nelson and David Rockefeller senior fellow for Latin America Studies. Ted Piccone, senior fellow with the Foreign Policy Program at Brookings, will provide introductory remarks and moderate the discussion. After the program, panelists will take audience questions.

Introduction and Moderator Ted Piccone Senior Fellow, Foreign Policy Panelists Peter Kornbluh Director, Cuba Documentation Project William M. LeoGrande Professor of Government American University Julia E. Sweig Senior Fellow for Latin American Studies Council on Foreign Relations National Security Archive The Brookings Institution

Argentine Debt and the U.S. Dollar

By Leslie Elliott Armijo

Images Money / Flickr / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Multiple economic and political challenges have called into question the future status of the U.S. dollar as the world’s dominant reserve currency, but backlash from Argentina’s recent spat with the United States over defaulted bonds appears to be fueling interest in reforms that may have beneficial implications.  According to the IMF, some 61 percent of the world’s known foreign exchange reserves held by central banks around the world remain in low-yielding dollar-denominated assets, mainly U.S. Treasury bonds.  The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), China, and heavyweights in the Global South, including Brazil, are calling for international trade agreements that would give emerging economies “policy space” – allowing national governments to impose capital controls, fund exports, subsidize local industry, and keep financial services national.  Private U.S. banks, however, claim that continued U.S. dominance of world capital markets – a crucial pillar of continued reserve currency status – requires ever more open trade in financial services.  The BRICS complain about the U.S. government’s “exorbitant privilege” as the reserve currency country, with some of the sharpest complaints coming from joint statements by Brazil, Russia, India, China and South Africa. Chinese officials, though, worried about their own large dollar investments and ambivalent about the implications of renminbi internationalization, more than once have pulled the group toward a softer tone.
Argentina’s ongoing sovereign debt negotiations provide a different window onto the dollar’s reserve currency status.  Like most countries, Argentina has held a large chunk of its government’s savings in the U.S. and hired private U.S. financial institutions as its international bankers.  Today it is trying to extricate itself from U.S. markets and do its saving and financial intermediation elsewhere. Iran and Russia are doing the same, but Argentina has no foreign policy quarrel with the Obama Administration – and is not subject to U.S. financial sanctions over nuclear or military adventurism.  Buenos Aires is among those who chafe at U.S. power through the dollar, but it is primarily motivated by the U.S. Supreme Court’s decision in July to let stand a lower court judgment in favor of investors holding bonds from Argentina’s $82 billion sovereign debt default in December 2001.  Although 92 percent of the original bondholders accepted the Argentine government’s restructured (lower value) bonds in 2005 and 2010, New York Federal District Court Judge Thomas P. Griesa ruled that Argentina’s failure to settle with the holdouts means that any U.S. financial institutions, or their international affiliates, that intermediate funds enabling Argentina to stay current on payments to the majority will themselves be in contempt of court.  This has sent Argentina into “technical default.” Argentina is suing the U.S. in the International Court of Justice (whose jurisdiction the U.S. refuses to recognize) and in the court of global public opinion – pushing, for example, a recent proposal for global financial reform before the U.N. General Assembly. It has also welcomed an $11 billion currency swap agreement with China, and Chinese state banks have since pledged $6.8 billion in new infrastructure loans.  Some observers speculate that the very first loan of the New Development Bank, newly organized by the BRICS countries, could go to Argentina.
The Argentine bond case harms the perceived fairness and credibility of U.S. financial markets and, by extension, the strength of the U.S. dollar because the recent legal judgments seem capricious to many.  Senior figures at the IMF have long supported the routine inclusion in all international sovereign bond issues of a so-called “collective action clause,” which would make any restructuring accepted by two-thirds of bondholders binding on all.  The European Union already has ruled that sovereign bonds issued within the EU, including many for troubled Eastern or Southern European governments, must contain such clauses.  Moreover, the International Capital Markets Association, representing more than 400 of the world’s largest private investment institutions, has just issued a position paper endorsing obligatory collective action clauses, placing it on the same side of this issue as non-governmental organizations advocating financial architecture reform such as the New Rules for Global Finance and the Jubilee Debt Campaign.  This would give taxpayers in emerging economies – the ultimate backstop of the creditworthiness of their governments – the same bankruptcy rights as firms and households.  It is not in the interest of Latin American and other emerging economies for U.S. currency and financial dominance to end anytime soon – a tripolar reserve currency system based on the dollar, euro, and reniminbi does not yet appear able to sustain the worldwide growth and prosperity of recent decades and may in fact entail significant risks – but fairer rules for sovereign financing would benefit everyone.
* Leslie Elliott Armijo is a Visiting Scholar at Portland State University and a Research Fellow at CLALS.  She is currently co-writing a book about international cooperation in the Western Hemisphere.
Source: Aula Blog

With Enemies Like Cuba, Who Needs Friends?

Obama designates Cuba a U.S. enemy; meanwhile, our militaries cooperate

By Marc Hanson
In an interview given to New Yorker editor David Remnick earlier this year, President Obama reflected on his place in history, saying “I think we are born into this world and inherit all the grudges and rivalries and hatreds and sins of the past.”
One measure of any presidency might well be how readily they reevaluate these historic antipathies, dissolve senseless antagonisms whenever possible, and construct more productive international relations for and on behalf of their citizens. This is, of course, easier said than done. Most foreign policy challenges—such as wars in the Middle East, terrorism, and the ongoing crisis in Ukraine—have continued to confound the President and his advisers, and understandably so. They are intractable; pose myriad threats; and require a great deal of time, energy, resources, and political maneuvering to address.
Other foreign policy issues are more straightforward; our interests are clear, and there is widespread domestic and worldwide support for the proposed course of action.  U.S. policy toward Cuba is one such issue, and by the measure mentioned above, President Obama is unwittingly falling short. 
On September 5, the anachronistic nature of the U.S. embargo against Cuba came into jarring relief as past and present collided. On a sleepy summer Friday afternoon, the White House announced that President Obama had signed a continuation for Cuba falling under the Trading with the Enemy Act, meaning that Cuba will remain on America’s enemies list and be subject to the U.S. embargo for yet another year. The Act, which was originally created to give the president control over trade during wartime, is one of the six statutes on which the embargo rests. By itself, the presidential declaration is unremarkable; it is more likely the result of policy inertia overwhelming an overextended White House than serious policy consideration. What is remarkable—bizarre, even—is the irony of what was unfolding at the very moment that the White House was making the announcement.
It turns out that as the president re-designated Cuba an American enemy, our military was closely cooperating with the Cuban military to monitor an unresponsive aircraft that cruised into Cuban airspace. (The timing of the declaration was so well-designed to go unnoticed that no reporters made mention of this curious case of incongruity in U.S. foreign policy; in fact, the only coverage the presidential determination received this year was in the Costa Rica News.)
Apparently unfazed by the enemy declaration, Cuba allowed the United States to fly a C-130 cargo plane and two F-15 fighter jets in its airspace to investigate the incident and made its own search and rescue resources available in case they were needed.
It is hard to imagine that ISIS or any other genuine enemy of the United States would coordinate so closely with the U.S. military and allow U.S. military aircraft into their airspace. The incident is just another manifestation of the absurdity of extending an old rivalry into an era when simple cooperation is in both countries’ interest.
In fact, for the first time perhaps in decades, this year the Obama administration actually had the domestic political space it needs to take Cuba off the enemies list. In June, former Secretary of State Hillary Clinton aired her recommendation to end the embargo. For months now, increasing numbers of foreign policy thinkers are making public their views that the embargo is outmoded and unworkable.
The political downside to not renewing Cuba’s ignominious designation has all but entirely disappeared. Poll after poll has shown that the American people no longer support travel and trade restrictions on Cuba and would prefer they no longer exist.
There is also a cost to inaction on improving relations with Cuba in the foreign policy sphere. In 2015, for the first time, Cuba will finally be invited to the Summit of the Americas. As policy expert Richard Feinberg assesses in his Americas Quarterly article Cuba and the Summit of the Americas, “In coming months, the United States is going to face a tough choice: either alter its policy toward Cuba or face the virtual collapse of its diplomacy toward Latin America.”
Clearly, not renewing Cuba’s listing would have been good policy and good politics. It would seem that it’s high time for President Obama to reappraise this particular inherited grudge and make a mark in history as a president willing to bury a hatred that belongs in the past.
Marc Hanson is WOLA's Senior Associate for Cuba. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7hZjNO3I-Q

Source: WOLA

Shifting Strategies on Drug Policy: A Comparative Approach

When: Monday, September 22, 2014, 9:30 - 11:00 AM
Where: The Brookings Institution, Saul/Zilkha Rooms
1775 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20036

What:
After decades of orthodoxy and stringent enforcement of drug policies, the global counternarcotics regime is increasingly challenged. Some countries, particularly in the Americas and in Europe, are adopting liberalized approaches, and an array of drug policies are emerging. Policymakers are reviewing the effectiveness of existing policies and exploring alternatives, creating new directions for the global drug policy regime.
On September 22, the Latin America Initiative (LAI) at Brookings, the London School of Economics (LSE), and the Open Society Foundations will host a discussion on global drug policy trends and effectiveness. Experts will address among other issues the security and organized crime implications, the effectiveness of supply-side policies, as well as mass incarceration and the public health dimensions. Panelists will include John Collins, international drug policy coordinator at LSE IDEAS; Vanda Felbab-Brown, senior fellow with the Center for 21st Century Security and Intelligence at Brookings; Daniel Mejia, associate professor and director of the Research Center on Drugs and Security at Universidad de los Andes; and Jasmine Tyler, senior policy analyst at the Open Society Foundations. LAI Director and Senior Fellow Harold Trinkunas will provide introductory remarks and moderate the discussion.
After the program, panelists will take audience questions.

Source: Borrkings Institution

Más de 40 pandillas trabajan con carteles de la droga en México

por Elyssa Pachico

México Cartel del Golfo Zetas Datos & Herramientas Organización Beltrán Leyva

El Cartel del Golfo se apoya fuertemente en organizaciones criminales más pequeñas

Según la Procuraduría de México, nueve de los principales carteles criminales del país ahora trabajan en conjunto con unas 43 pandillas, en una señal más del nivel de fragmentación que vive el crimen organizado mexicano y de la forma en que los carteles dependen cada vez más de las pandillas más pequeñas que actúan como su brazo armado.
El periódico Excelsior informó que obtuvo estos datos de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una solicitud de información pública.
Según la PGR, los únicos carteles de drogas que no están afiliados a grupos criminales más pequeños son los Caballeros Templarios y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los otros siete carteles que fueron identificados –el Cartel del “Pacífico” (término para referirse al Cartel de Sinaloa), el Cartel del Golfo, los Zetas, la Organización Beltrán Leyva (OBL), la organización Carrillo Fuentes (también conocida como el Cartel de Juárez), y la Familia Michoacana- dependen de una plétora de organizaciones criminales más pequeñas.

De estas, el Cartel del Golfo es el que más depende de la tercerización del trabajo a grupos de menor tamaño –trabaja con doce pandillas, principalmente en el estado de Tamaulipas. En segundo lugar están los Zetas, quienes trabajan con nueve grupos, seguidos por el Cartel de Sinaloa con ocho afiliados y luego la OBL con seis, como lo indica la tabla de abajo.

Análisis de InSight Crime

La información de la PGR refuerza lo que muchos analistas ya habían observado: las principales organizaciones criminales de México se han fragmentado significativamente desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó el asalto contra el crimen organizado en 2006.

Esta tendencia hacia la fragmentación no es exclusiva de México. Colombia ha experimentado un fenómeno similar: estructuras criminales que alguna vez fueron todopoderosas, como los Rastrojos, han hecho implosión, permitiendo la ploriferación de algunos grupos de menor escala. Como en el caso de México, las organizaciones criminales colombianas se han hecho dependientes de la tercerización del trabajo de estos grupos de menor tamaño. Incluso los Urabeños –la única estructura narco paramilitar que aún cuenta con un alcance nacional- utiliza estructuras criminales más pequeñas conocidas como “oficinas de cobro”, para llevar a cabo servicios clave -como asesinatos y transporte o almacenamiento de drogas- en su nombre. La dinámica parece ser similar en México, con organizaciones como los Zetas usando pandillas como “Sangre Zeta” y “Comando Zeta” para actuar como trabajadores subcontratados.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de los Zetas

Este también es un fenómeno transnacional, con organizaciones criminales mayores subcontratando células para actuar como su “brazo armado” en otros países. Por ejemplo la pandilla de prisión nacida en Texas "Barrio Azteca" actuó como brazo armado del Cartel de Juárez y con el tiempo creció para obtener poder y autonomía significativa en su área de operaciones. En otro caso, como parte de un acuerdo en 2011, miembros del grupo narcotraficante mexicano "La M" actuaron como soldados rasos en Estados Unidos, protegiendo cargamentos de metanfetamina entre otras tareas.

Fuente: In Sight Crime

Cofundador de los Zetas de México queda en libertad

por David Gagne

México Zetas Z40

Miembro de los Zetas liberado, Rogelio González Pizaña,

Uno de los fundadores del cartel de los Zetas de México ha sido liberado de prisión, aumentando la posibilidad de que pueda reasumir el control de la organización criminal, la cual ha sufrido una pérdida significativa de liderazgo en los años recientes.
El 30 de agosto, Rogelio González Pizaña, alias “Z-2”, fue liberado de prisión luego de que fuera absuelto de cargos de homicidio y crimen organizado, informó SUN. Su liberación llegó luego de que una corte de Guadalajara modificara un fallo previo –que había sentenciado a Pizaña a 16 años de prisión con cargos de tráfico de drogas- y sólo lo encontró culpable de portar un arma con cartuchos reservado para uso militar. La corte redujo su sentencia a seis años y determinó que por el hecho de que Pizaña ya había pasado más de nueve años tras las rejas, podría ser liberado.
Pizaña fue capturado en 2004 durante un tiroteo con las autoridades en el que murió un policía y dos más resultaron heridos.

Análisis de InSight Crime

Los Zetas sufrieron una pérdida importante de liderazgo en los años recientes dadas las fuertes presiones de las fuerzas de seguridad, lo que llevó al asesinato y la captura de sus miembros fundadores. Es posible que Pizaña –el único miembro fundador de los Zetas que no era un desertor de las fuerzas armadas de México- podría fortalecer su liderazgo en el debilitado cartel.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de los Zetas

Los Zetas sufrieron una serie de golpes a comienzos de 2011 con la captura de un miembro de alto rango, Carlos Oliva Castillo, quien era perseguido por el asesinato de Heriberto Lazcano alias “Z-3”, por oficiales de la marina en 2012. Iván Velázquez Caballero alias “El Talibán”, fue capturado en 2012 en medio de unos informes que afirmaban que los líderes de los Zetas estaban perdiendo su poder en las células locales. Poco después, una facción de los Zetas formó una grupo dedicado a hacerle guerra a su antiguo jefe, Miguel Ángel Treviño Morales alias “Z-40”, quien fue capturado por oficiales de la marina en julio de 2013.
La liberación de Pizaña llegó dos meses después de que los Zetas se reunieran con otras organizaciones criminales incluyendo la Organización Beltrán Leyva (OBL), el Cartel de Jalisco –Nueva Generación (CJNG), y el Cartel de Juárez en una “cumbre narco”. Las organizaciones criminales, según informes, se reunieron con el fin de dividir el comercio de drogas de México y para comprometerse a enfrentarse al dominio del Cartel de Sinaloa. Aún está por verse si la liberación de Pizaña va a proveer del liderazgo central necesario para los Zetas mientras persiguen esta nueva estrategia.
Fuente: In Sight Crime

¿Testificará ‘El Chapo’ contra el Cartel de Sinaloa?

por Marguerite Cawley

México Cartel del Golfo El Chapo

Joaquín "El Chapo" Guzmán

Las autoridades judiciales de México han informado que el encarcelado líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, servirá como testigo en el caso contra un antiguo socio ex operador del cartel, un acontecimiento que probablemente espantará a otros líderes del Cartel de Sinaloa.
Funcionarios del Poder Judicial Federal de México confirmaron en una entrevista de radio que El Chapo aparecerá en una videoconferencia a principios de octubre para testificar en el caso contra Teodoro García Simental alias “El Teo”, informó Excelsior.
Como informó Informador, El Teo –quien enfrenta cargos por ilícitos de delincuencia organizada, tráfico de drogas y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- era el jefe de operaciones del Cartel de Sinaloa en Baja California, antes de su captura en 2010. Antes de juntarse con el cartel de Sinaloa, trabajó para el Cartel de Tijuana. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Altiplano en el Estado de México –la misma prisión donde está El Chapo.

Análisis de InSight Crime

La noticia de que El Chapo podría testificar en contra de un miembro clave de su propio cartel probablemente será preocupante para los otros líderes del Cartel de Sinaloa, particularmente aquellos que han dejado de estar favorecidos por el capo. Como antigua cabeza del cartel, El Chapo sin duda posee una enorme cantidad de información que podría ser usada para perseguir y judicializar a otros miembros del cartel.

VEA TAMBIÉN: Perfil de El Chapo

Los informes no dieron indicaciones sobre las razones de El Chapo para colaborar en el caso, pero no es probable que el capo –quien actualmente enfrenta nueve cargos criminales- lo haga sin la esperanza de ganar algo a cambio. Es común para los narcotraficantes extraditados a Estados Unidos intentar hacer tratos declarándose culpables y otorgando información clave, pero no es claro a este punto si el Chapo está buscando o no un trato similar con las autoridades mexicanas.
Las autoridades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo con Jesús Vicente Zambada Niebla, el hijo del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2010 y se ha declarado culpable de conspirar para distribuir cocaína y heroína a cambio de que los fiscales del caso recomienden una reducción de sentencia. El acuerdo de Zambada puede haber involucrado dar información a los investigadores sobre otros operarios de alto nivel del Cartel de Sinaloa, sin embargo esta información no está incluida en el acuerdo entre las partes hecho público a principios de ese año.
Aún está por verse qué tanto será capaz de revelar El Chapo en el caso presente; podría no estar preparado todavía para poner todas sus cartas sobre la mesa.

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 FUENTE: In Sight Crime

El director antinarcóticos de Paraguay habla sobre el comercio de marihuana

por Jeremy McDermott

Paraguay EPP

Luis Rojas, el zar antidrogas de Paraguay

Sobre la mesa de Luis Rojas descansan, apoyados contra la pared, un rifle de asalto y un lanzagranadas. El zar de las drogas sabe que se enfrenta a una tarea enorme en su lucha contra la industria de la marihuana en Paraguay y el tránsito de cocaína a través de este país sin salida al mar, y admite que el gobierno todavía desconoce la verdadera magnitud del problema.
El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) tiene 43 años, y se ha abierto su camino entre las filas, ocupando cargos como Director de Operaciones y Jefe de la Unidad de Inteligencia Técnica. En términos tácticos, en Paraguay hay pocas personas con la experiencia en antinarcóticos que tiene el jefe de la SENAD.
Lo siguiente son extractos de una entrevista de Rojas con InSight Crime.
***
“Primero déjeme decirle que sabemos que Paraguay es el primer productor de marihuana en la región. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es si tenemos 5.000 hectáreas o 8.000. El gobierno americano dice que tenemos más, Naciones Unidas dice que tenemos 5.000 ¿De dónde salió eso? No sabemos, no hay un dato, no hemos invertido ni siquiera US$1 en saber cuál es la situación real de la marihuana en el Paraguay."
¿En que lugares del país se cultiva la marihuana? ¿Está el cultivo concentrado en ciertas zonas o diseminado por todo el país?
“Principalmente en la frontera con Brasil. En [los departamentos de] Amambay y Canindeyú, esas son las zonas de mayor concentración, no son las únicas. Tenemos también cultivos de marihuana en [el departamento de] Alto Paraná”.
¿Cuáles son sus principales herramientas en la guerra contra la droga en Paraguay?
"La erradicación de plantaciones es una de las principales herramientas. Para que se entienda, la erradicación tiene 2 puntos, un punto positivo y un punto negativo. El lado positivo es que es más barato atacar en el lugar de origen, que una vez toda la cadena de comercialización haya ganado dinero. Sin embargo, sabemos que cuando llevamos a cabo operaciones de erradicación a gran escala en Amambay, en la zona se da un aumento correspondiente en la violencia y los robos. Esa es la proporción en que el comercio de drogas apoya la economía local".

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"Implementar la erradicación de plantaciones sube los precios de la marihuana, y quien logra comercializarla gana mucha plata. Nosotros como productores de marihuana invertimos el 90 por ciento de los recursos en la represión [del comercio de drogas] y no atacamos el problema de fondo, que también tiene raíces sociales".
¿Está el actual gobierno del presidente Horacio Cartes al tanto de esto y de los retos que enfrenta?
"Su gran logro es haber tenido la valentía, el gobierno tiene la voluntad política de pintar la situación tal cual es".
En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ganan dinero con el negocio de la cocaína, así como lo hace el Sendero Luminoso en Perú ¿Hay evidencia que vincule al grupo guerrillero del país, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), con el comercio de la marihuana?
“Dibujamos dos escenarios no más: No tenemos la certeza que me permita impulsar una causa penal, pero me remito muy objetivamente a los datos disponibles. ¿Hemos destruido plantaciones en zonas del EPP? Sí. ¿Hemos encontrado inscripciones del EPP en las plantaciones? Sí. ¿Qué vinculación podría tener el EPP con las plantaciones de marihuana? Cobro de “impuestos”.

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¿Cómo funciona el negocio de la marihuana?¿Quién lo dirige en Paraguay?
"La marihuana de antes era el cultivo de subsistencia del campesino. Dejó de serlo. El campesino hoy se convirtió en empleado de [los traficantes de] la marihuana. Cobra por día por cuidarla. Encima de él, generalmente hay un operador de bolsa, un broker, que consigue los clientes en Brasil y compromete con los productores locales. Que generalmente son narcotraficantes paraguayos, algunos políticos, y compromete parte de la producción a un traficante brasileño que va a hacer la compra. Entonces se organizan los pequeños productores [paraguayos] y comprometen la producción que es acopiada en un lugar, generalmente la marihuana es picada en bolsas y va a centros de acopio donde es prensada. Después de esto se vende al cliente”
¿Qué otros mercados hay además del brasileño?
"Está el de Chile, que es el del mejor precio de marihuana para los narcotraficantes paraguayos. Y también está el mercado de Argentina”.
¿Cuánto vale un kilo de marihuana?
“El costo de producción es de entre US$25 y US$35 por cada kilo. En la frontera ese mismo kilo puede ser vendido por entre US$60 Y US$100. En São Paulo el kilo tiene un valor cercano a US$200, en Buenos Aires de al menos US$250, y en Santiago puede valer hasta US$1.000”.
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Si bien no hay datos fiables sobre la producción de marihuana en Paraguay, en base a una cifra de al menos 5.000 hectáreas, esta nación sudamericana tiene la capacidad de producir hasta 10.000 toneladas de marihuana anuales. A US$100 el kilo -el precio en la frontera- el crimen organizado paraguayo podría obtener ganancias de hasta mil millones de dólares. Esta es una cantidad enorme en un país cuyo Producto interno bruto (PIB) es, según el Banco Mundial, inferior a US$ 30 mil millones.
Fuente: InSight Crime

Legalizar las drogas

El fracaso de las políticas punitivas aconseja explorar la propuesta de regulación controlada

Un elevado número de notables líderes internacionales, entre los que se encuentran varios expresidentes y el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, acaban de presentar un informe en Nueva York en el que proponen un viraje radical en el enfoque de la lucha contra la droga. En concreto, sugieren despenalizar el consumo y facilitar el acceso controlado a la misma. La iniciativa debe ser tomada muy en serio. Tras años de insistir en la misma estrategia, hay que constatar el fracaso de las actuales políticas punitivas, que tienden a convertir a los adictos en delincuentes y nutren una economía criminal cada vez más poderosa. Los carteles de la droga manejan más recursos que muchos de los países en los que operan; se han convertido en una gangrena que corroe al Estado de derecho.

Editoriales anteriores

Marihuana legal (06/01/2014)
América avanza (10/06/2013)

Por otra parte, los Gobiernos tienen que destinar cada vez más dinero a sostener unas políticas cuyos resultados son decepcionantes. No solo no se reduce el problema, sino que aumenta. La criminalidad asociada al tráfico ilegal supone en muchos países una sangría en vidas insoportable, y una amenaza política muy seria.
Se impone la necesidad de abordar otras alternativas. El hecho de que entre los promotores de la propuesta figuren no pocos antiguos mandatarios de países que han sufrido los estragos de este problema indica hasta qué punto están agotadas las políticas que se mantienen más por la inercia y los intereses creados en torno a ellas que por una evaluación racional y ponderada de sus logros.
La legalización no debe tomarse, sin embargo, como una panacea. El camino es sin duda complejo y nadie asegura el éxito. El objetivo es intentar un cambio de paradigma que permita reducir el problema a una escala más manejable. No se trata, por supuesto, de convertir de repente las drogas en una mercancía de libre acceso; en ningún caso se plantea algo parecido a abrir estancos de narcóticos, estupefacientes y alucinógenos. Una liberalización total regida únicamente por las reglas del mercado permitiría aflorar la economía que ahora sustenta el tráfico ilegal, y hasta convertirlo en un lucrativo negocio, pero a costa de extender todavía más el problema sanitario.
Lo que se propone es la despenalización del consumo y la regulación responsable del acceso a las sustancias psicoactivas. Se trata de habilitar un sistema que permita a los adictos recibir la droga, al tiempo que se les ofrece ayuda médica para tratar su dependencia. Ello rompería el principal eslabón de la actual cadena criminal, basada en que cada nuevo adicto se ve impelido a convertirse en camello y conseguir nuevos adictos para poder sostener su consumo. Romper esta cadena supone dejar sin mercado a los carteles de la droga.
Este es un debate que afecta especialmente a España. No solo es un eslabón muy importante en el tráfico ilegal, sino que su consumo lastra el futuro de muchos jóvenes. Las razones para explorar esta vía son muchas. Merece la pena intentarlo.
Fuente: El País

Drogas en América: algo se mueve

Sin bombos ni platillos, algo está cambiando: se deja de castigar a los consumidores y el objetivo es el crimen organizado

por Diego García-Sayan 

Probablemente no se apruebe algo muy inesperado, ni particularmente novedoso, en la Cumbre Interamericana de la próxima semana en Guatemala para tratar el tema de las drogas ilícitas. Algunos diplomáticos que han ido conociendo los borradores de la Declaración de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que se aprobaría el viernes 19, transmiten desazón por la falta de novedades y rectificaciones a las políticas vigentes. No conozco esos borradores y de pronto hay algo de razón en que no contendrá la Declaración una bomba que haga primeras planas.
Pero la verdad es que sí hay novedades y vienen produciéndose en paralelo y en la realidad. Sin mucho ruido se han venido dando interesantes rectificaciones en los últimos cinco años, que conferencias como la de la próxima semana bien podría saludar y alentar. Varias políticas nacionales han entrado en revisión en aspectos fundamentales abriendo perspectivas que, gradualmente, podrían conducir a buen puerto. Apuntar a la prevención y enfrentar la sobre criminalización, así, empiezan a aparecer al fin como prioridades. Tal vez con poco ruido pero con muchas nueces, la suma de varios de esos ajustes en políticas nacionales empieza a configurar un entorno regional más dinámico y esperanzador al de la década pasada. Hay en esto tres hechos que saltan a la vista.
Primero, la guerra contra las drogas, inventada en la época de Reagan, ha sido sepultada formal y contundentemente. Esta política militarista no resolvió nada. Después de más de 30 años su resultado esencial ha sido, más bien, más producción y consumo de drogas y, especialmente, muchísima más violencia. En una conferencia del Diálogo Interamericano en Washington la semana pasada, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, recordó a los presentes que ningún funcionario había vuelto a referirse a la tal guerra contra las drogas durante la gestión de Obama. Revisión de enfoque largamente esperada que viene acompañada de aumentos presupuestales en políticas preventivas de salud.

Las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable

Segundo, que más allá de la terminología, hay aspectos sustanciales de la política antidrogas que sí se vienen modificando, lo que apunta a priorizar la salud y la seguridad de las personas. Son especialmente notables los pasos dados en los últimos dos años en EE UU para reorientar el sistema penal en esta materia. Y no me estoy refiriendo a la legalización de la marihuana aprobada por referéndum en Colorado y en el Estado de Washington, sino en iniciativas nacionales generadas por la explosión del sistema penitenciario producida por la exagerada sobre criminalización. Desde 1980 la población carcelaria de EE UU ha crecido en más de un 800%; las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable de más de 80.000 millones de dólares anuales.
Eso ha llevado al secretario de Justicia —o fiscal general— Eric Holder a tomar medidas impensables hace diez años. Unas son las que cambian los procedimientos de persecución a los delitos de drogas no violentos y de pequeña escala de manera que esas personas no vayan a la cárcel. Los fiscales ya no estarán obligados a exigir penas de prisión por delitos menores de drogas cuando no sean parte de bandas criminales. Otras son algunos proyectos de modificación legales para la reducción de penas y la salida anticipada de un grupo de condenados por delitos de drogas que podría llegar a beneficiar a un quinto de la población en las cárceles federales.
Tercero, los pasos que se vienen dando desde Latinoamérica para la revisión de las políticas globales antidrogas. Y aquí no me refiero a la legalización de la marihuana en Uruguay, pues por las propias peculiaridades del país y el modelo adoptado, difícilmente será replicable tal cual y en el corto plazo a otros países. Estoy pensando, más bien, en el impulso explícito a la revisión de políticas que levantó Colombia en la Cumbre de las Américas (Cartagena, 2012) y que luego siguió Guatemala. Si bien muchos países latinoamericanos siguen rezagados repitiendo un viejo discurso, el hecho es que hay un viento nuevo que es el que condujo, entre otros resultados, al innovador y sugerente documento que preparó la OEA el año pasado sobre los escenarios 2013-2015.
Sin bombos ni platillos, pues, algo viene ocurriendo y en la correcta dirección: darle una atención especial a la prevención y al tratamiento en el terreno de la salud, no enfrentando a los consumidores como criminales y concentrándose en combatir al crimen organizado. El informe publicado el martes 9 por la Comisión Global de Políticas de Drogas, de la que forma parte Kofi Annan, va en esa dirección. Que todo esto vaya quedando registrado, y que futuras evoluciones sean alentadas, podría ser un buen resultado del siguiente encuentro interamericano sobre este tema en el que han sido tan pródigos los fracasos y escasos los éxitos.
Fuente: El País