Los países de América Latina deben revisar el modelo de "guerra
contra las drogas" impuesto desde el exterior y adoptar un enfoque
propio.
Los países de América Latina se encuentran cada vez más
comprometidos en la geopolítica del narcotráfico, sea por la violencia
descontrolada, la corrupción institucional o la simple ineficiencia de
las agencias encargadas de reprimirlo.
Cada vez más, el delito asociado a actividades comerciales ilícitas
crece en cantidad y calidad, precisamente cuando se cumple el 50
aniversario de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, y el
próximo año se cumplen los 100 años de la Convención del Opio de 1912.
Aparentemente, ha mutado de forma de poder evadir los controles
diseñados en esa oportunidad histórica. Es por ello muy importante
volver a dibujar los marcos teóricos y fácticos que determinan la actual
composición del fenómeno, de manera que puedan alimentar adecuadamente
las políticas públicas del futuro.
Para efectos de este artículo, incluiremos bajo este concepto, todos
los componentes que comprenden este circuito económico ilegal, así como
la comunidad de actores que participan en él, o en su represión. Los
cultivos, rutas, escenarios de tráfico y acopio, entre los más
importantes. La segunda década del siglo XXI, tiene algunos patrones que
van delineando los nuevos elementos que configuran este fenómeno
global, en el contexto de México, América Central y el Caribe, la región
andina y el Cono Sur. Ellos son:
1) Las sociedades rurales del Tercer Mundo han encontrado la manera
de adecuarse a los nuevos tiempos de la globalización en el siglo XXI,
integrándose al circuito del libre mercado participando a través de su
incorporación a economías agrarias ilegales: tal es el caso de no menos
de 300,000 campesinos en los Andes sudamericanos que participan como
proveedores de materia prima: coca (200,000 has), amapola (1,500 has) y
marihuana (no menos de 1,000 has), que proveen para los mercados
regionales internacionales. Cada vez más, la hoya amazónica se verá
confrontada con una progresiva y desordenada colonización incentivada
por las economías ilícitas lo que va a ocasionar no solamente su rápida
destrucción sino el involucramiento progresivo de sus sociedades rurales
ancestrales en esta vorágine asociada a la criminalidad.
Las relaciones entre pobreza, marginación, conflicto y narcotráfico,
después de 25 años de discusión y debate son más que evidentes (1). A
guisa de ejemplo, a pesar del “Plan Colombia” (2000-2005) y los severos
golpes propinados a las FARC por sucesivos gobiernos colombianos, al no
haber abordado los problemas de concentración de la tierra y la
existencia de mafias locales, ha impedido resolver los problemas
estructurales que permiten y facilitan la existencia de las FARC como
una alternativa distinta, entre el campesinado.
Algo similar, podemos decir, ocurre en el Perú. En 1980, surgió el
grupo terrorista Sendero Luminoso y tras 20 años de una cruenta guerra
interna, su líder, Abimael Guzmán cayó prisionero. 18 años más tarde, el
Perú pasa por un período de crecimiento económico sostenido, de
estabilidad financiera que se deja sentir particularmente en la angosta
franja de la costa peruana (Lima, Trujillo, Arequipa y Piura), mientras
que las comunidades indígenas y nativas de Sierra andina y la Selva
Alta, respectivamente, conservan niveles muy inferiores en términos de
desarrollo humano.
Curiosamente, en los dos principales valles de producción de coca
asociada al narcotráfico, sobreviven las dos vertientes de Sendero
Luminoso que mantienen su enfrentamiento con el Estado neoliberal
representados por las administraciones de Alejandro Toledo (2001/2006) y
Alan García (2006/2011). Esta guerra persiste encapsulada, mientras que
las condiciones sociales y económicas que la originaron se mantienen
intactas. Asimismo, las políticas basadas en la erradicación compulsiva
de los cultivos ilícitos, mientras no aborden los problemas
estructurales de pobreza rural, son inútiles y nefastas. He allí un
enorme reto para el próximo gobierno.
2) La permanente fragmentación/segmentación de cada uno de sus fases,
es una variable que caracterizará al narcotráfico de los próximos años.
Desde el cultivo de plantas prohibidas hasta la exportación de sus
productos finales, no solo distrae los esfuerzos estatales de
interdicción, sino que permite una creciente participación en el
circuito ilícito, de grupos socialmente vulnerables o que resultan
excluidos del modelo económico global (jóvenes, migrantes, mujeres,
provincianos).
Es el caso de los miles de migrantes sudamericanos que en su periplo
hacia el norte desarrollado son objeto de chantaje o amenaza, por parte
de grupos de traficantes, para exigirles el trasiego de pequeñas
cantidades de drogas en sus cuerpos. Para los próximos años, el tránsito
pequeño de drogas resultará siendo el mecanismo más eficiente y menos
costoso para el crimen organizado, empleando ingentes cantidades de mano
de obra y distrayendo los escasos recursos de control estatal.
La incapacidad penal de los Estados en focalizar su atención en el
crimen complejo organizado, hace que se incremente el hacinamiento
carcelario con los actores más vulnerables, como lo demuestra el
crecimiento de la población carcelaria por delitos de drogas
(especialmente mujeres) (2). Así, mediante el funcionamiento de la
represión indiscriminada de las policías, la industria de las cárceles
se va a ver beneficiada del mayor gasto en la construcción de
infraestructura penitenciaria.
Este nuevo escenario sociológico de la economía de las drogas,
incluye mayores áreas geográficas que se excluyen de la presencia de los
Estados y la modernidad, tanto a nivel urbano (barrios marginales en
todas las capitales y ciudades principales), como en espacios rurales
distantes (especialmente en las áreas de frontera como es el Trapecio
Amazónico). Así, los grandes centros de desarrollo y modernidad urbanos
del continente, estarán rodeados de grandes llanuras de pobreza,
ilegalidad y violencia.
Es el caso de las comunas en Medellín, la “favela” de Rocinha en Río
de Janeiro, las villas de Buenos Aires, la ciudad satélite de El Alto en
Bolivia, o los barrios jóvenes del puerto del Callao en el Perú, donde
se enfrentan intereses delincuenciales concretos, ante la escasa
capacidad de policías y fuerzas armadas. No tan lejos como para llegar a
la idea de los Estados fallidos, los “espacios liberados” de la
autoridad estatal crecerán en América Latina con la presencia de cientos
de firmas, pequeños carteles, pandillas y otro tipo de organizaciones
criminales de tamaño reducido, asociadas al tráfico de drogas ilícitas.
3) La disminución de la cooperación económica internacional de
Europa, Estados Unidos y los organismos internacionales, es cada vez más
notoria –salvo iniciativas puntuales como la de Mérida o Colombia-,
originando la muerte por inanición de organizaciones formales como la
CICAD (3) o la UNODC (4). Esto deja sin posibilidades reales a los
esfuerzos del desarrollo alternativo en el piedemonte amazónico.
En definitiva, esta situación representa la fractura definitiva del
denominado Consenso de Viena que funcionó en el marco de los tratados
internacionales anti narcóticos desde 1912, 1961, 1971 y 1988. Ello
obliga a los Estados nacionales a comprometer recursos financieros más
escasos o, dejando las estrategias locales supeditadas a acciones más
simbólicas y menos eficientes.
Bajo este contexto, es claro que los países de América Latina debemos
revisar nuestro modelo, paradigmas estrategias, políticas y leyes sobre
drogas, sobre la base de lo que es posible, verificable y medible.
Debemos poner fin a una “guerra sin sentido” propagada desde el Norte,
para volver a nuestras raíces, a nuestros problemas de pobreza y
exclusión asociados al uso y producción de sustancias ilícitas. Esto
pasa también para redefinir los términos de intercambio y de negociación
internacional con Europa, Asia y Estados Unidos.
4) Los patrones de consumo de drogas son imprevisibles ante las
nuevas generaciones de jóvenes, mientras que las políticas oficiales son
inocuas en su capacidad preventiva y/o disuasiva. Por otro lado, las
nuevas generaciones de latinoamericanos están en medio de un modelo que
alienta el consumo exacerbado a la luz del amplio abanico de sustancias
con capacidades psicoactivas disponibles en los mercados: el precio
seguirá bajando y la calidad seguirá subiendo, parece ser una tendencia
indiscutible.
La incoherencia institucional de los Estados, frente al uso
descontrolado del alcohol y el tabaco, surte efectos en el nicho de las
sustancias ilícitas, tanto de origen natural como las de procedencia
sintética. Crecientemente, el abuso de drogas ilícitas muestra cifras
alarmantes en el Cono Sur y en determinadas mega ciudades de América del
Sur.
5) Con respecto al lavado de dinero, estamos en una situación en la
que la expansión económica de algunas economías en desarrollo, como los
propios períodos de crisis, hacen posible y menos identificable la
existencia de múltiples mecanismos que permiten el flujo de capitales
sucios o sospechosos. Las modalidades de lavado han crecido de cuando se
preveía en el GAFI. Así, tenemos la presencia de compañías de paraísos
fiscales secretas, no registradas, que proveen servicios considerados
secretos, en denominados espacios de secretismo en los paraísos fiscales
(5). Hoy, actividades lícitas como construcción, turismo, sector
exportador, son penetrados por el narcotráfico.
Así pues, estas cinco principales características son las que
perfilan las nuevas formas que adquiere el narcotráfico en los
territorios de América Latina. Ello obliga a que las nuevas instancias,
como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), las tomen en cuenta al
momento de discutir las nuevas estrategias y políticas para abordar
estos complejos problemas.
Notas:
1) Ver los estudios de Paul Collier para Banco Mundial, recientemente
el texto de Nick Crofts publicado en The Guardian, “Drugs and
Development –caught in a vicious cycle” (7 abril 2011).
2)
“Sistemas Sobrecargados – Leyes de Drogas y Cárceles en América Latina”, TNI y WOLA, diciembre 2010
3) Comisión Interamericana de Control de Drogas de la OEA.
4) United Nations Office on Drugs and Crime
5) MURPHY Richard, “Out of Sight: What is a Tax Haven” April 4th 2011
http://www.lrb.co.uk/v33/n08/richard-murphy-ii/out-of-sight
El presente texto es parte de la revista "América Latina en Movimiento", edición 464 de abril de 2011.
http://alainet.org/publica/464.phtml
Tomado de: Drogas y Democracia. En: http://www.tni.org/es/article/las-tendencias-del-narcotr%C3%A1fico-en-am%C3%A9rica-latina
Bolivia , Burma y Venezuela señalados como no cumplidores
El Congreso de los 
