Estados Unidos tiene una sociedad civil
dinámica y sus medios de comunicación disfrutan de fuertes protecciones
constitucionales. Sin embargo, su historial de derechos humanos se ve
ensombrecido por abusos relacionados a la justicia penal, la
inmigración, la seguridad nacional y la política de drogas. Dentro de
estas áreas, las víctimas son a menudo los miembros más vulnerables de
la sociedad: las minorías raciales y étnicas, los inmigrantes, los
niños, los ancianos, los pobres y los presos.
Las revelaciones en 2013 sobre el extenso programa de vigilancia por
parte del gobierno y los agresivos procesamientos que afrontaron los
informantes causaron preocupación por la violación de los derechos de
privacidad y libertad de expresión, lo que generó una ola de protestas
internacionales contra las prácticas de EE.UU.
Legisladores federales propusieron reformas a las perjudiciales y
anticuadas leyes y políticas inmigratorias y de sentencia. En el momento
de escribirse este informe, el resultado de estas iniciativas era
incierto.
Un compromiso renovado por el presidente Barack Obama para cerrar el
centro de detención de Guantánamo sigue sin cumplirse. La falta de
transparencia hizo imposible evaluar la implementación de las reformas
prometidas a la práctica de los “asesinatos selectivos” en el
extranjero, incluso mediante el uso de aviones no tripulados (drones);
nuevas informaciones sobre ataques individuales revelaron casos de
violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
Sentencias muy severas
EE.UU. cuenta con la mayor población carcelaria reportada en el
mundo, y de lejos, la mayor tasa de encarcelamiento. Hasta fines del año
2011, albergaba a 2,2 millones de personas en prisiones o cárceles
para adultos.
El encarcelamiento masivo refleja el resultado de tres décadas de
regímenes de sentencia muy duros, tanto a nivel estatal como federal,
incluyendo un mayor uso de condenas a cadena perpetua y a cadena
perpetua sin libertad condicional, prolongadas sentencias mínimas
obligatorias y las leyes conocidas como “three strikes” (tres fallas).
La organización The Sentencing Project informó que uno de cada nueve
prisioneros de EE.UU. está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.
El creciente número de presos de la tercera edad plantea un serio
desafío a las autoridades correccionales: desde 2011, el último año del
cual hay cifras completas disponibles, 26.136 personas mayores de 65
años permanecían encarceladas en prisiones estatales y federales, un
alza de 62 por ciento en cinco años.
En un paso positivo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en
agosto revisiones a sus normas para evaluar las solicitudes de
excarcelación por razones humanitarias (“compassionate release”) delos
presos de edad avanzada o con discapacidad, lo que haría que más presos
federales pudieran calificar para este mecanismo, que casi nunca se usa.
También en agosto, el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder, instruyó
a los fiscales federales para que trataran de evitar los cargos que
conllevan sentencias mínimas obligatorias para algunos delincuentes de
tráfico de drogas de bajo nivel, no violentos. Si bien fue recibido con
beneplácito, este cambio de política todavía deja a muchos presos por
casos de drogas sujetos a penas obligatorias desproporcionadamente
largas. Los esfuerzos legislativos para concederles a los jueces mayor
discreción en estos casos son objeto de debate.
En 2013, Maryland se unió a otros 17 estados y al Distrito de
Columbia en la abolición de la pena de muerte, pero 32 estados todavía
la permiten. En el momento de escribirse este informe, 34 personas
habían sido ejecutadas en EE.UU. en 2013. Carolina del Norte derogó su
Ley de Justicia Racial de 2009, que permitía que los presos condenados a
muerte pudieran apelar sus sentencias sobre la base de la
discriminación racial.
Las disparidades sociales en la justicia penal
Los blancos, los afroamericanos y los latinos tienen niveles
comparables de consumo de drogas, pero las tasas de detención,
enjuiciamiento y encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas
son enormemente diferentes. Por ejemplo, es casi cuatro veces más
probable que los afroamericanos sean arrestados por posesión de
marihuana que los blancos, a pesar de que sus tasas de consumo de
marihuana son más o menos equivalentes. Si bien representan sólo 13 por
ciento de la población de EE.UU., los afroamericanos conforman el 41 por
ciento de los presos estatales, y el 44 por ciento de los presos
federales cumpliendo una sentencia por delitos de drogas.
Por lo tanto, debido a tener más antecedentes penales, los miembros
de minorías raciales y étnicas tienen más probabilidades que los blancos
de ser estigmatizados y discriminados legalmente en el empleo, la
vivienda, la educación, las prestaciones públicas, el servicio de jurado
y el derecho a votar.
En agosto, un tribunal federal determinó que la política de
“detención y registro” (“stop and frisk”) del Departamento de Policía de
Nueva York (NYPD) violaba los derechos de las minorías. Una cantidad
desproporcionada de personas “detenidas y registradas” bajo la política
son afroamericanos o latinos, y la Unión de Libertades Civiles de Nueva
York informa que 89 por ciento de las personas detenidas son inocentes
de cualquier delito. La policía de Nueva York apeló el fallo.
Reformas en la política de drogas
En las últimas décadas, EE.UU. ha gastado cientos de miles de
millones de dólares en arrestar y encarcelar a delincuentes por casos de
drogas en el país. La fuerte dependencia de leyes penales para el
control del tráfico de drogas ha tenido costos graves para los derechos
humanos, incluyendo la violación a los derechos a la autonomía y a la
privacidad de los que simplemente poseen o consumen drogas.
En un aplaudido giro estratégico, el Departamento de Justicia de
EE.UU. anunció en agosto que no interferiría en la legalización de la
marihuana de los estados mientras que éstos cumplan con ciertas
prioridades federales, tales como la prohibición a la venta de drogas a
los niños o el transporte de drogas a través de las fronteras estatales.
También señaló que un sólido enfoque regulatorio estatal sobre la
marihuana puede prevenir que la delincuencia organizada se beneficie del
comercio ilícito de la marihuana.
Washington y Colorado continuaron con la implementación de
iniciativas electorales estatales para legalizar el uso recreativo de la
marihuana, así como para regular su producción, venta y distribución.
Otros veinte estados de EE.UU. han legalizado la marihuana con fines
médicos.
Condiciones penitenciarias
Septiembre de 2013 marcó el décimoaniversario de la aprobación de la
Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (PREA), que dio lugar
a la elaboración de normas nacionales para detectar, prevenir y
castigar la violación en las cárceles. La aplicación sigue siendo un
desafío: aproximadamente 4 por ciento de presos estatales y federales y 3
por ciento de presos en cárceles reportan haber experimentado uno o
varios incidentes de abuso sexual en el período de 2011-2012, y muchos
siguen sin denunciarse. Los presos transgénero siguen sufriendo altos
niveles de violencia durante su encarcelamiento.
En prisiones y cárceles, muchos reclusos –incluso jóvenes menores de
18 años— permanecen en régimen de confinamiento solitario, a menudo
durante semanas o meses. En julio, se estima que 30.000 presos en el
sistema penitenciario de California participaron en una huelga de hambre
para protestar por las condiciones, incluido el uso del régimen de
aislamiento. El confinamiento solitario prolongado es considerado como
malos tratos en virtud del derecho internacional y puede constituir
tortura.
Pobreza y justicia penal
En todo el país, acusados con escasos recursos económicos languidecen
en prisiones preventivas, ya que son demasiado pobres para pagar la
fianza. Los datos más recientes indican que un 60 por ciento de personas
encarceladas están confinados a la espera de que se celebre su juicio
–a un costo de US$9.000 millones al año—, a menudo porque carecen de los
recursos financieros para pagar la fianza y asegurar su liberación. En
2013, el jefe de la Corte Suprema de Nueva York apoyó reformas
legislativas que comenzarían a reducir la encarcelación preventiva de
los acusados indigentes.
También son cada vez más comunes las tasas legales y recargos
extremadamente altos, a medida que condados y municipios con problemas
de liquidez esperan que sus tribunales se financien por sí mismos o
incluso recurren a ellos como fuente de ingresos públicos. El impacto
sobre los acusados pobres es particularmente grave.
Las prácticas que agravan e incluso castigan los apuros económicos
son cada vez más comunes. En Arkansas, los inquilinos que se atrasan en
el pago del alquiler afrontan acciones penales. En estados tras todo el
país, los tribunales colocan a cientos de miles de delincuentes de
delitos menores en libertad condicional con empresas privadas y con
fines de lucro que no les cobran nada a las autoridades locales por sus
servicios, pero cada año recaudan decenas de millones de dólares en
honorarios de los delincuentes a los que supervisan.
En agosto, una década después de que un grupo de familias de presos
presentó una petición desafiando los precios exorbitantes que se cobran
por las llamadas telefónicas interestatales desde prisiones y cárceles,
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés)
votó a favor de limitar el coste de las llamadas.
En diferentes ciudades de EE.UU., las personas sin hogar se vuelven
blanco de arresto y son detenidas bajo las leyes que prohíben que
deambulen, se sienten u ocupen espacios públicos.
La juventud en el sistema de justicia penal
En casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos, un número
considerable de jóvenes delincuentes son juzgados en los tribunales para
adultos y sentenciados a cumplir condenas en cárceles y prisiones para
adultos.
La práctica generalizada de condenar a delincuentes jóvenes a cadena
perpetua sin posibilidad de libertad condicional está cambiando conforme
los estados lidian con cumplir las decisiones recientes de la Corte
Suprema de EE.UU. Decisiones independientes han sostenido que la pena no
puede ser jamás obligatoria para los delincuentes juveniles, ni puede
ser impuesta a los delincuentes menores de edad condenados por delitos
comunes que no sean de homicidio. Sin embargo, el Tribunal Supremo aún
no anula la aplicación de la pena a los menores, y los delincuentes
juveniles continúan recibiendo sentencias de cadena perpetua sin
libertad condicional por delitos de homicidio. En 2012, Human Rights
Watch informó que de 500 delincuentes menores de edad condenados a
cadena perpetua sin libertad condicional, casi todos reportaron haber
sido víctimas de violencia física o abuso sexual por parte de otros
reclusos o funcionarios de las prisiones.
Los jóvenes también son condenados a otras penas severas que son el
equivalente funcional a la cadena perpetua sin libertad condicional
debido a que la sentencia excede la duración promedio de una vida. En
septiembre de 2013, California aprobó una ley que crea un proceso de
revisión para los casos de jóvenes condenados a penas de prisión para
adultos, que requiere que la junta de libertad condicional brinde una
oportunidad significativa para su liberación, basada en la culpabilidad
disminuida por la juventud, en comparación con los adultos. En muchos
casos, esto significa una puesta en libertad más temprana.
La ley federal requiere generalmente que los estados y otras
jurisdicciones registren a los menores condenados por ciertos delitos
sexuales en un registro nacional y público que se puede acceder en
línea. El registro impacta el acceso a la educación, la vivienda y el
empleo de estos delincuentes juveniles.
Los derechos de los inmigrantes
Hay aproximadamente 25 millones de inmigrantes en Estados Unidos y casi 12 millones están en el país sin autorización.
La amplia red de centros de detención de inmigrantes en EE.UU. cuenta
actualmente con alrededor de 400.000 no ciudadanos cada año. En
cualquier momento dado, hay cientos de detenidos en régimen de
confinamiento solitario. En septiembre, el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estado Unidos (ICE, por sus siglas en
inglés)anunció que limitaría pero no prohibiría el uso del régimen de
aislamiento.
El procesamiento penal de los delitos de inmigración, con los que
históricamente se había lidiado ampliamente mediante la deportación y
otras sanciones no penales, sigue aumentando. En 2012, los casos de
inmigración constituyeron el 41 por ciento de todos los casos penales
federales; el reingreso ilegal es ahora el delito federal más
perseguido. Muchos de los procesados no tienen antecedentes penales y
muchos otros tienen lazos profundos en EE.UU., como familiares que son
ciudadanos estadounidenses con los que estaban buscando reunirse en el
momento en que fueron detenidos.
En 2013, después de años de inacción, el Congreso de EE.UU. comenzó a
debatir una rigurosa reforma al sistema de inmigración de EE.UU. En
junio, el Senado aprobó un proyecto de ley que crearía un camino a la
ciudadanía para millones de inmigrantes no autorizados y permitiría una
mayor consideración al derecho a la unidad familiar en algunas
decisiones de deportación. De entrar en vigor, el proyecto de ley
alinearía mejor las prácticas de control y de detención inmigratoria con
los requisitos de derechos humanos, incluida la eliminación de una
fecha límite de un año para los solicitantes de asilo, si bien seguiría
exigiendo la deportación automática de los no ciudadanos con
antecedentes penales, incluso por delitos menores. El proyecto de ley
pide que se dediquen unos US$47.000 millones adicionales a los esfuerzos
de supervisión a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos,
incluyendo un aumento importante en los procesos federales de delitos
de inmigración y un aumento sustancial en las penas por la entrada
ilegal y el reingreso ilegal al país.
En el momento de escribirse este informe, la Cámara de Representantes
no había hecho ningún progreso serio sobre esta reforma inmigratoria
integral.
“Comunidades Seguras” (“Secure Communities”) y otros programas
federales relacionados con las agencias policiales locales siguieron
desempeñando un papel importante en las deportaciones. El gobierno
federal ha retratado estos programas como medidas centradas en la
detención de delincuentes peligrosos, pero la mayoría de los inmigrantes
deportados a través de Comunidades Seguras no son criminales o son
delincuentes de nivel inferior. Estos programas también exacerban la
desconfianza en la policía en las comunidades de inmigrantes.
Connecticut y California, junto con las ciudades de Newark y Nueva
Orleans, se han sumado a un creciente número de estados y localidades
que han puesto límites a la participación de la policía local en
programas como Comunidades Seguras, en gran parte negándose a mantener
detenidas a personas sin cargos para las autoridades federales de
inmigración, si no tienen antecedentes penales o estos son menores.
Derechos de los trabajadores
Cientos de miles de niños trabajan en labores agrícolas de Estados
Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 (FLSA, por sus siglas
en inglés) exime a los niños trabajadores agrícolas de los requisitos de
edad mínima y jornada laboral máxima aplicables a todos los demás niños
trabajadores. Como consecuencia, los trabajadores agrícolas menores de
edad suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de
intoxicación por pesticidas, envenenamiento por nicotina, enfermedades
producidas por el calor, lesiones, discapacidades permanentes y muerte.
De los niños menores de 16 años que sufrieron lesiones mortales en el
trabajo en 2012, 75 por ciento trabajaba en la producción agrícola. Las
protecciones federales existentes no se aplican a menudo.
El Congreso aún no ha cerrado un vacío legal que permite a los niños
desempeñar trabajos peligrosos en la agricultura a partir de los 16
años; el trabajo peligroso está prohibido en todos los demás sectores
laborales hasta los 18 años.
Millones de trabajadores estadounidenses, entre ellos padres y madres
de bebés, son perjudicados por leyes débiles o inexistentes sobre los
permisos pagados, condiciones para la lactancia y discriminación contra
trabajadores con responsabilidades familiares. Los permisos inadecuados
contribuyen al retraso de la inmunización de los bebés, la depresión
posparto y otros problemas de salud, y hacen que las mujeres paren la
lactancia prematuramente. En 2013, varios proyectos de ley federales
fueron introducidos para mejorar las políticas nacionales de
conciliación entre la vida profesional y familiar. Rhode Island se unió a
California y Nueva Jersey en el establecimiento de un seguro pagado por
el estado para los permisos de ausencia por razones familiares; varias
ciudades adoptaron leyes para introducir los días de enfermedad pagados.
En septiembre, el gobierno de Obama emitió una regulación poniendo
fin a la exclusión de determinados trabajadores domésticos de las
protecciones de salarios mínimos y límites a las horas laborales. Estos
trabajadores, la mayoría de los cuales son mujeres e incluyen a muchos
inmigrantes y minorías, proporcionan servicios esenciales a las personas
con discapacidades y a ancianos.
Política de salud
Dieciséis estados se han negado a ampliar los servicios de Medicaid
bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, impidiendo el derecho a la
salud para los pobres, los afroamericanos y otros grupos con acceso
limitado a la atención médica.
Las infecciones del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en
Estados Unidos continúan afectando de manera desproporcionada a las
comunidades minoritarias, los hombres que tienen relaciones sexuales con
otros hombres y las mujeres transgénero. Muchos estados siguen
menoscabando los derechos humanos y la salud pública con la limitación
de la educación sexual, las protecciones legales inadecuadas para las
personas con VIH, la resistencia a los programas de reducción del daño
como los de intercambio de jeringas y la falta de financiamiento de la
prevención y la atención para el VIH. Las políticas de justicia penal
negativas incluyen leyes que aplican penas más severas a las personas
que viven con el VIH y permiten el uso de condones como prueba de la
prostitución.
Los derechos de las mujeres y las niñas
En febrero, el Congreso renovó la Ley sobre Violencia contra la Mujer
(VAWA, por sus siglas en inglés), la principal ley federal que ofrece
protección legal y servicios a las víctimas de la violencia doméstica y
sexual y el acoso. La nueva ley incluye protecciones mejoradas para las
víctimas inmigrantes, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); y
las víctimas en los territorios tribales.
En enero, un informe de Human Rights Watch describió detalladamente
la pobre respuesta policial a las agresiones sexuales en el Distrito de
Columbia, lo que llevó a la implementación de reformas en el enfoque de
ese departamento policial hacia estos casos.
En 2013, la anticoncepción de emergencia se hizo disponible sin
receta médica para los clientes de todas las edades. Según el Instituto
Guttmacher, los estados adoptaron 43 restricciones al acceso al aborto
en el primer semestre de 2013. Estas restricciones adoptaron una
variedad de formas, incluyendo las que exigen que los proveedores de
aborto cuenten con privilegios de admisión en los hospitales locales,
que las pacientes se hagan una ecografía antes del aborto y las que
prohíben el aborto después de un número determinado de semanas desde la
última menstruación de la mujer.
En enero de 2013, el Departamento de Defensa levantó una antigua
prohibición que impedía que las mujeres sirvieran en funciones directas
de combate.
Hombres y mujeres militares siguen afrontando altos niveles de
violencia sexual. El gobierno estima que en 2012 tuvieron lugar 26.000
agresiones sexuales en el ejército, y los datos del Departamento de
Defensa sugieren que el 62 por ciento de las personas que denuncian
dichos asaltos sufren represalias.
Orientación sexual e identidad de género
En junio, la Corte Suprema de EE.UU. invalidó dos de las iniciativas anti-LGBT más atroces en el país. En
Estados Unidos vs. Windsor,
el tribunal revocó la sección 3 de Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA,
por sus siglas en inglés), que prohíbe el reconocimiento federal de los
matrimonios del mismo sexo aprobados por el estado. En
Hollingsworth vs. Perry,
el tribunal desestimó un recurso presentado por los defensores de la
Proposición 8, un referéndum estatal de California en 2008 que habría
revocado el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.
El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las
leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas homosexuales.
Contraterrorismo y vigilancia
La detención indefinida sin cargos ni juicio de los detenidos en la
Bahía de Guantánamo continuó por duodécimo año, con todavía 162
detenidos en la prisión. Desde 2009, 82 de ellos han sido declarados
aptos para ser transferidos a sus países de origen u otros por un grupo
de trabajo interinstitucional. Aunque el presidente Barack Obama renovó
su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo en mayo, en el momento de
escribirse este informe, su gobierno sólo había trasladado a ocho
detenidos de la instalación desde el año 2011. Dos de ellos fueron
repatriados a Argelia en agosto y dos más en diciembre.
A principios de 2013, varios detenidos en Guantánamo iniciaron una
huelga de hambre; en su apogeo, supuestamente hubo 106 de ellos que
participaron de alguna manera y 45 fueron alimentados a la fuerza vía un
tubo dos veces al día. Grupos médicos y de derechos humanos escribieron
cartas de protesta señalando que la alimentación forzada de presos
competentes era una violación de la ética médica y las normas de
derechos humanos.
El gobierno continuó utilizando comisiones militares con deficiencias
fundamentales en Guantánamo para procesar a los detenidos. Las
audiencias previas al juicio se movieron con lentitud en los dos únicos
casos activos de la comisión: uno contra cinco hombres acusados de
planear los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otro contra un
hombre acusado de planear el atentado contra el USS Cole en Yemen en
octubre de 2000. La incapacidad de la comisión para establecer normas
que protegieran la relación de acceso y comunicación entre abogado y
cliente, entre otras cosas, socavó la progresión de los casos. La
fiscalía ha anunciado que tiene la intención de presentar cargos sólo
contra otros siete presos de Guantánamo.
Con mucho retraso, el gobierno comenzó a revisar los casos de los
detenidos de Guantánamo cuya puesta en libertad no estaba prevista o que
afrontaban cargos activos, un paso importante hacia el cierre de la
prisión. Pero las directrices de dichas revisiones no garantizan los
derechos básicos de los detenidos, como el acceso a información
clasificada cuando dicha información es la base de su detención, el
derecho a estar presentes durante todo el proceso y el acceso a un
abogado.
A finales de 2012, el Comité de Inteligencia del Senado completó un
estudio exhaustivo del programa de detenciones e interrogatorios
secretos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 de la
CIA, que terminó en 2009. En el momento de redactarse este informe, el
reporte permanecía clasificado.
En mayo, el presidente Obama anunció una política para los asesinatos
selectivos en el extranjero que requería que el objetivo fuera una
amenaza continua e inminente contra los estadounidenses y que debía
haber prácticamente una certeza de que no habría heridos civiles durante
el ataque. El presidente Obama insistió en que la preferencia del
gobierno de EE.UU. es detener en lugar de matar. La política completa
permanece clasificada y no se ha divulgado ninguna información sobre su
cumplimiento. El gobierno tampoco ha proporcionado la plena base
jurídica para sus asesinatos selectivos bajo el derecho internacional y
de EE.UU.
En agosto, el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que los
ataques con aviones no tripulados (drones) en Pakistán terminarían “muy
pronto”, aunque no especificó una fecha exacta.
Documentos clasificados filtrados a los periodistas por el ex
contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en
inglés), Edward Snowden, revelaron que EE.UU. ha utilizado secretamente
poderes de vigilancia, otorgados por el Congreso para prevenir ataques
terroristas, para capturar sistemáticamente enormes flujos de datos,
incluyendo correos electrónicos, búsquedas en Internet, información
sobre llamadas telefónicas y otros registros, de empresas y nodos de
comunicaciones ubicados tanto en EE.UU. como en el extranjero, a veces
con la ayuda de gobiernos extranjeros. La mayoría de lo que intercepta
proviene de personas que no son sospechosas de ningún delito, y el
gobierno retiene grandes cantidades de datos durante diferentes períodos
de tiempo. La supervisión judicial y del Congreso de estas prácticas de
vigilancia es mínima y poco transparente.
Las personas en EE.UU. cuentan con algún tipo de protección legal de
la privacidad del contenido de sus comunicaciones, pero no de los
“metadatos” o detalles de las comunicaciones generalmente compartidos
con empresas u otras terceras partes (como la fecha, la hora, el lugar,
el emisor y el receptor). Los funcionarios estadounidenses afirman que
la recopilación de las comunicaciones no constituye una invasión a la
privacidad hasta que los datos son examinados, o “investigados”. La ley
de EE.UU. de vigilancia ofrece poca o ninguna protección de la
privacidad para los no estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Revelaciones en 2013 pusieron en evidencia que funcionarios
estadounidenses también podrían estar socavando sistemáticamente los
estándares internacionales de encriptación y de seguridad adoptados por
las empresas de Internet, lo que debilita la seguridad en línea de todos
los usuarios de Internet.
Los fiscales presentaron cargos contra Snowden bajo la Ley de
Espionaje. El derecho de EE.UU. no brinda protecciones o defensas
legales adecuadas a los informantes que divulgan información de
seguridad nacional o de inteligencia al público, incluso en asuntos de
importancia pública apremiante. El gobierno de Obama trató de bloquear
los intentos de Snowden de obtener asilo en varios países. Snowden
finalmente obtuvo asilo temporal en Rusia.
En agosto, una corte militar de EE.UU. condenó a la soldado Chelsea
(anteriormente Bradley) Manning a 35 años de prisión bajo la Ley de
Espionaje y otros cargos por filtrar cientos de miles de documentos
gubernamentales secretos a Wikileaks para su publicación, incluyendo
algunos que ponían en evidencia delitos o potenciales crímenes de
guerra. Antes del juicio, Manning ya se había declarado culpable de
cargos que ascendían a 20 años de prisión.
Política exterior de EE.UU.
En enero, los legisladores estadounidenses evaluaron la posibilidad
de enviar ayuda militar a las fuerzas de la oposición siria en la guerra
civil de ese país. En febrero, el gobierno dijo que comenzaría el envío
de ayuda no letal a la oposición, incluyendo alimentos y medicamentos.
En septiembre, EE.UU. parecía dispuesto a llevar a cabo ataques contra
Siria en respuesta al uso por el gobierno sirio de armas químicas cerca
de Damasco, que acabaron con la vida de más de 300 personas. Obama había
indicado previamente que el uso de armas químicas en Siria constituía
una “línea roja” que empujaría a EE.UU. a la acción en el conflicto.
Obama solicitó la autorización del Congreso para la iniciativa
militar de EE.UU. en Siria, pero un acuerdo respaldado por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, para colocar las armas químicas de
Siria bajo control internacional, retrasó indefinidamente una votación
en el Congreso.
Birmania se convirtió en una parte importante del “giro” de Obama
hacia Asia, cuando Birmania buscaba reducir su dependencia de China.
EE.UU. promovió una mayor reforma política en el país y alentó la
inversión de EE.UU. en Birmania, sujeto a los requisitos de derechos
humanos que entraron en vigor en mayo. En septiembre, EE.UU. restringió
la ayuda militar a Birmania en vista de preocupaciones de que hubiera
niños soldados.
Tras el derrocamiento en julio del presidente Mohammed Morsi en
Egipto, EE.UU. condenó al gobierno militar provisional por declarar un
estado de emergencia y por sus violaciones contra la población civil,
incluidos los partidarios de la Hermandad Musulmana. En octubre de 2013,
EE.UU. suspendió algunas clases de asistencia militar y económica, pero
lo hizo porque el gobierno interino estaba incumpliendo su propósito de
encaminar el país hacia la democracia, no a causa de los continuos
abusos o falta de rendición de cuentas.
EE.UU. ha seguido desempeñando un papel fundamental en la
movilización del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para
responder a violaciones graves de los derechos humanos, entre ellos, en
Sri Lanka, Irán y Corea del Norte.
