sábado, 23 de agosto de 2014

El Cartel de Sinaloa un nuevo actor criminal en Medellín?


por James Bargent
Tasa de homicidios de Medellín alcanzó mínimo histórico en 2014
Tasa de homicidios de Medellín alcanzó mínimo histórico en 2014

Un jefe de la mafia es encontrado en el parqueadero de un exclusivo barrio, desplomado y con cuatro balas en la cabeza. Los sicarios en moto y los ataques con granadas dejan un rastro de muerte en la ciudad. La organización criminal más temible de Colombia pacifica a las pandillas callejeras, mientras el principal cartel de la droga de México inunda la ciudad con dinero y armas.
Después de un año de paz criminal, la violencia está volviendo lentamente a Medellín a medida que el hampa de la ciudad está cada vez más cerca de comenzar un nuevo capítulo.
A comienzos de 2014, Medellín registró su más baja tasa de homicidios desde que 30 años antes, Pablo Escobar hizo de la ciudad la capital internacional del comercio  de cocaína. Pero pocos creen en los funcionarios de la ciudad cuando reclaman el crédito por la caída en la violencia. Esta es una paz criminal, dicen los residentes y los expertos -el resultado de un alto al fuego en la guerra entre la mafia de Medellín, conocida como la Oficina de Envigado, y los invasores narcoparamilitares que son los Urabeños.
Comunas MedellinEspA pesar de que el pacto entre las dos partes ha silenciado las armas en las calles de Medellín no tenía como propósito llevar paz a los residentes de la ciudad. En cambio, fue una movida en un juego de ajedrez criminal de alto riesgo, en el que Medellín es el tablero, y las pandillas callejeras de la ciudad, las actividades criminales y las “Oficinas de Cobro” son las piezas. Los concursantes no sólo incluyen a los Urabeños y a la Oficina de Envigado, sino también a lo que es, quizás, el jugador criminal más poderoso de Latinoamérica: El Cartel de Sinaloa de México.
El pacto de Medellín cumplió un año, y hay señales de que podría estar comenzando a fracturarse. Las viejas rivalidades han resurgido en un nuevo conflicto, ha brotado una nueva batalla por el control del centro de la ciudad, y las tensiones están creciendo en algunos lugares estratégicos.
"Este pacto de fusil es sobre todo una transición", señaló Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), un grupo de monitoreo con sede en Medellín,. "Puede culminar con la jefatura única Urabeña en el control, secundado por la Oficina, pero en este camino pueden ocurrir cualquier cantidad de hechos [para evitarlo], y algunos de ellos ya se han venido presentando”.

Detrás del pacto

El 13 de julio de 2013, comandantes de los Urabeños y de la Oficina de Envigado se reunieron en una casa de lujo en el idílico municipio de San Jerónimo a las afueras de Medellín. Juntos llegaron a un acuerdo para poner fin a la crisis criminal que se había apoderado de Medellín desde 2008, con la extradición del último gran capo de la ciudad, Diego Murillo, alias "Don Berna", que dejó un vacío de poder que nunca fue llenado.
Las dos partes declararon el fin de las hostilidades y se comprometieron a respetar los límites territoriales de sus rivales y los intereses criminales dentro de la ciudad. Según fuentes tanto oficiales como del hampa, también acordaron cooperar en el tráfico internacional de cocaína, reconfigurando las redes de tráfico regionales para que se adaptaran a las nuevas realidades del panorama criminal colombiano.
Poco después de que el acuerdo entró en vigor, fuentes del hampa dijeron a InSight Crime que éste había sido negociado por poderosos criminales de cuello blanco pertenecientes a la élite de la ciudad, que consideraban que la violencia era perjudicial para sus intereses de negocios, tanto legales como ilegales.
Desde entonces han circulado rumores de que las autoridades de Medellín también estuvieron involucradas en el pacto -una sospecha inevitable en una ciudad con una larga historia de connivencia entre el Estado y el crimen organizado, especialmente cuando el gobierno local está luchando para proteger la nueva imagen internacional de Medellín como una ciudad que ha dejado atrás su pasado violento. Los rumores han incluido revelaciones sobre reuniones entre funcionarios y capos criminales de Medellín, para discutir un acuerdo en el que los jefes de la mafia entregarían una ciudad pacificada a cambio de penas de prisión indulgentes.
Sin embargo, tanto fuentes oficiales como analistas ahora dicen que aunque el pacto pueda haber contado con poderosos patrocinadores locales, también tuvo un patrocinador extranjero todavía más poderoso: el Cartel de Sinaloa.
“Los mexicanos tienen un lugar protagónico en este conflicto, en bajar las cifras [de violencia] y también en trabajar en el estratégico comercio de la ilegalidad; y lo mas grave de todo, han metido muchas armas de alto calibre [a la ciudad]”, señaló una fuente del Ministerio Público (MP) de Colombia, que habló con InSight Crime bajo la condición de anonimato.

La conexión mexicana

Los sinaloenses son antiguos colaboradores de la Oficina de Envigado, y según un reciente comunicado de prensa de El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, han "llegado a confiar en los operarios de la Oficina para que les presten apoyo en el tráfico de narcóticos a nivel mundial”.
Sin embargo, en los últimos años, la capacidad de cumplimiento de sus socios se ha visto afectada. La Oficina está tambaleando por la sangrienta guerra interna de sucesión que desató la extradición de Don Berna, y también porque desde finales de 2011 ha estado intentando defenderse de la invasión de los Urabeños.
Estos conflictos han permitido que los Urabeños expriman todos los frentes del negocio del tráfico de cocaína de la Oficina, tomándose muchas de sus rutas de tráfico luego de haberse apropiado de las redes administradas por Maximiliano Bonilla Orozco, alias "Valenciano", el perdedor de la guerra civil que se desató dentro de la Oficina. También han limitado el acceso que tiene la Oficina a la cocaína, sacando del departamento de Antioquia a los Rastrojos, los proveedores de su rival.
Los Urabeños ahora controlan los puntos de despacho de cocaína en Urabá, en el corazón de la costa Caribe, y han logrado constituir un verdadero monopolio en la producción en Antioquia, controlando los laboratorios de procesamiento y, a través de sus contactos con la guerrilla, el acceso a los cultivos de coca. Lo único que falta para que establezcan un control casi completo sobre el comercio de cocaína en Antioquia es que también consigan el control de un centro logístico –un lugar que pueda servir como centro de lavado de dinero, como fuente de mano de obra armada con experiencia criminal, y que genere enormes ganancias ilegales. Y qué mejor ciudad para hacerlo que Medellín, la capital criminal.
Hasta que comenzó el pacto criminal, la batalla entre las dos partes –en su mayor parte librada por representantes de las pandillas callejeras– llegó a un punto muerto, con la Oficina a la defensiva, pero muy arraigada a nivel local, y con demasiados hombres para poder ser completamente derrotada por los Urabeños. Ambas partes pagaron un alto precio en sangre y dinero, pero según el funcionario del MP, necesitaron del Cartel de Sinaloa para poder salir de este punto muerto.
“La producción de la mercancía que llegaba al norte ha rebajado mucho, por eso los sinaloenses, muy interesados en  incrementar la producción que principalmente llega a Estados Unidos, buscaron iniciar un acuerdo”, señaló.
“Sospechamos que realmente lo que da vida al pacto de fusil es que estos [los sinaloenses] hacen un acuerdo [que consiste] en que los Urabeños les venden al precio de costo la coca de la región, y la Oficina respeta y comparte las rutas”.
Hay pruebas de que los sinaloenses, quienes el funcionario considera que están financiando el pacto, no están conformes con sus contactos de alto nivel en el tráfico, y están buscando ampliar su alcance directamente en algunos de los barrios de la ciudad, en los que están controlados por las pandillas. Dijo que ya se han identificado mexicanos en la ciudad, pasando por los tugurios en vehículos de lujo cargados con armas y dinero en efectivo para distribuir entre las pandillas.
CORPADES también ha seguido la creciente infiltración de los sinaloenses en el mundo criminal de Medellín.
“Tenemos dos casos completamente confirmados de dos bandas donde miembros mexicanos del Sinaloa están ahí metidos”, dijo Quijano.
“Esas bandas hoy son propias de los sinaloenses”, añadió.

Un año de paz criminal

En los días posteriores a la firma del pacto, las pandillas rivales se reunieron en algunos de los barrios más conflictivos de Medellín para jugar partidos de fútbol y para participar en fiestas callejeras, celebrando la nueva paz. En gran medida esa paz se ha mantenido. La tasa de homicidios de la ciudad cayó de 52 por cada 100.000 habitantes en 2012, a 38 en 2013, y luego a 28,5 al inicio de 2014.
Las autoridades de la ciudad aseguran que sus políticas de seguridad fueron las encargadas de generar esta drástica caída en la violencia, señalando que coincidió con la llegada de una ola de refuerzos policiales, con la implementación de nuevas tecnologías -como la mejora de las cámaras de seguridad- y con técnicas innovadoras basadas en el control territorial y en el contacto con la comunidad.
Hasta abril de este año, Aníbal Gaviria, el alcalde de Medellín, se negaba a reconocer la existencia del pacto más que de manera hipotética.
Por su parte, Jorge Mejía, consejero de la Alcaldía para la convivencia, la reconciliación y la vida, aceptó la existencia del pacto y el papel que ha jugado en la reducción de la violencia, pero dijo a InSight Crime que consideraba que fue la presión ejercida por el Estado lo que llevó a que los Urabeños y la Oficina llegaran al acuerdo de poner alto al fuego.
“Creo que el pacto de no agresión tiene que ver con el hecho que estaban recibiendo demasiados golpes por parte de la fuerza publica”, señaló.
Los residentes de los barrios pobres de la ciudad, que son los principales campos de batalla criminales en Medellín, contradicen la narrativa de una historia de seguridad exitosa. Dicen que la vida puede parecer normal y tranquila, pero el control que ejercen las pandillas sobre sus barrios ha aumentado con el pacto. La extorsión ha incrementado, el reclutamiento de niños y el abuso sexual siguen siendo la norma, y las desapariciones han incrementado dramáticamente.
A pesar de las nuevas políticas policiales basadas en la comunidad hay poca confianza en la policía, institución a la cual Quijano acusa de sólo actuar contra las bandas que rompen el alto al fuego, dejando un espacio para que los grupos pacíficos puedan maniobrar.
“Hay bandas que se han rebelado [al pacto] y todo el poder de la fuerza publica cae en contra de ellas”, dijo. “La pregunta es por qué no caen en contra de los que están en el pacto”.
La corrupción policial en Medellín está profundamente arraigada, e incluso Mejía admite que existe el riesgo de que los policías corruptos sean quienes regulan el pacto en nombre de pagadores criminales.
"Es posible, no se puede descartar", dijo. "Aquí uno de los problemas que hemos tenido, no sólo en Medellín, sino en todo el país, es la corrupción al interior del Estado y en la fuerza pública”.
La policía no respondió a las solicitudes de una entrevista.
Las calles de la ciudad siguen siendo tranquilas, pero al tiempo, la pequeña élite de narcotraficantes en la cúspide de la jerarquía criminal de Medellín se ha beneficiando de la otra parte del pacto entre los Urabeños y la Oficina, el tráfico internacional de cocaína.
“Los verdaderos jefes de la oficina, donde está la plana mayor que poco se mezcla en estas guerras barriales, en estas guerras de la ciudad, los que hacen el gran negocio, ya habían negociado con los Urabeños, y están ganando fuertes recursos”, dijo Quijano.

Puntos de quiebre

El pacto criminal de Medellín cumplió su primer aniversario a principios de este mes, pero la paz que ha traído consigo se ve cada vez más frágil. Han comenzando a aparecer grietas en varios lugares estratégicos (vea mapa abajo), cada uno con una dinámica criminal distinta que pone de relieve los puntos débiles del acuerdo.
En los dos distritos del norte, Castilla y Aranjuez, se ha presentado una ola de tiroteos y asesinatos, y el pacto no ha logrado contener las rivalidades entre los grupos criminales locales. Pero esto tiene poco que ver con las relaciones entre la Oficina y los Urabeños, según el funcionario del MP.
“Son conflictos localizados sobre rentas localizadas y odios históricos, pero no sobre la salida grande de cocaína”, dijo.
Según fuentes de CORPADES, la jerarquía de los Urabeños incluso intervino para obligar a las pandillas a llegar a una nueva tregua en Aranjuez.
Sin embargo, en el centro de Medellín, los Urabeños han sido incapaces de resistirse a intervenir en un conflicto local, según una reciente investigación de CORPADES.
En las últimas semanas, una reciente oleada de golpes de las pandillas y de ataques con granadas anunciaron el inicio de un nuevo conflicto entre grupos rivales de Convivir -bandas que actúan como supervisores criminales en el centro de la ciudad.
La batalla es por el control de las ganancias multimillonarias que generan las diferentes actividades criminales, como la venta de drogas, la extorsión y el comercio sexual. Pero CORPADES cree que esta batalla se está convirtiendo en una guerra de poderes, con los Urabeños tentados a apoyar a uno de los lados del conflicto, luego de que se les presentara la oportunidad de acceder a lo que hasta ahora había sido un bastión de la Oficina virtualmente impenetrable.
"La Oficina y los Urabeños están aplicando el modelo de la Guerra Fría", dijo Quijano. "Estamos en una tregua, por lo que no tocamos a los líderes, pero si financiamos a los grupos de abajo para que se expandan, y el negocio continúa propagándose".
Las tensiones también están escalando en las alejadas colinas del oeste, en uno de los límites exteriores de la ciudad. La violencia en La Loma, ubicada en un estratégico cuello de botella, clave para el tráfico de drogas y de armas, a menudo representa una señal de advertencia temprana de que en Medellín lo peor está por venir, y el sector está, una vez más, alcanzando un nuevo punto de quiebre.
La Loma es una de las pocas zonas que se interpone entre los Urabeños y un control total sobre el movimiento en el oeste de la ciudad, y los informes provenientes de la zona indican que los Urabeños no van a seguir permitiendo que el pacto les impida alcanzar el control de la zona.
La Loma todavía no ha explotado en violencia, pero varios residentes contactados por InSight Crime dijeron que la situación era tan tensa que no la iban a discutir, ni siquiera de manera anónima, porque temían ser desplazados -algo que ha sucedido a varias familias recientemente.

¿Jaque mate?

Dure o no el pacto, su impacto sin duda lo hará. Ha ayudado a que el Cartel de Sinaloa gane influencia en la ciudad, y ha beneficiado a una serie de actores, tanto legales como ilegales en el conflicto de Medellín. También ha dejado a un claro ganador.
“Gana la policía del Valle de Aburrá en el sentido de que la supuesta reducción parece que sigue la estrategia de ellos; gana el Alcalde al decir que estamos en paz; pero los reales ganadores de la supuesta pacificación de Medellín son los Urabeños”, afirmó Quijano.
Los Urabeños han codiciado el control de Medellín desde 2007, y gracias al pacto, ahora está a su alcance. La tregua les ha dado la oportunidad de comunicarse directamente con las facciones a menudo divididas de la Oficina, persuadiéndolas con una muestra de lo que tienen para ofrecer. También los ha ayudado a forjar lazos con el principal comprador de cocaína, el Cartel de Sinaloa.
 “Los Urabeños se van a quedar con todo, con la producción y las rutas, ¿y qué va a quedar para la Oficina?” anotó el funcionario del MP. “Esto es lo que los Urabeños quieren, controlar a la Oficina, absolutamente toda, ¿y cómo lo hacen? Desgranándola".

Improved relations with Cuba would benefit U.S.


Improved relations would allow closer cooperation with allies and trading partners, the authors write. 
The Obama administration, in a stunning turn of events, is using authority under a Reagan-era proclamation to bar some of Cuba’s most vibrant and candid intellectuals from entering the United States.
This decision prevents these leading academics from attending a Latin America Studies Association meeting in San Francisco on Wednesday. But, more important, the White House is sending a profoundly counterproductive message about the U.S. commitment to the freedom of expression and the ability to travel.

Some of the dozen prominent Cuban scholars now excluded had received visas over the past two years to lecture at Harvard, Columbia and the City University of New York. One, Oscar Zanetti, had been a visiting scholar at American University on a Guggenheim fellowship. Yet U.S. officials determined that their attendance at the LASA meeting is “detrimental to the interests of the United States.”
One scholar — who has worked for better relations between our countries — said she was “speechless and humiliated” to be excluded and labeled this way. Who can blame her?
President Barack Obama has actually been making subtle reforms in U.S. policy — allowing unlimited travel to Cuba by Cuban-Americans; restoring some channels of “people-to-people” exchanges; and yes, having a more permissive policy of granting visas under the discretion provided to Secretary of State Hillary Clinton.
One likely explanation for the visa denials is that they were an attempt to placate rabid right-wing legislators, who have sharply criticized Obama’s policy. But they may also be a gift to hard-liners in Cuba, who argue that any effort to improve relations with Washington is a waste of time.
The Reagan administration expanded the battlefields of the Cold War into Latin America. Ronald Reagan issued a presidential proclamation in 1985 barring “officers or employees of the government of Cuba or the Communist Party of Cuba” from entering the U.S. The idea was to punish and isolate Cuba.
President George W. Bush used this authority indiscriminately. His administration barred world-famous musicians like Ibrahim Ferrer, Los Van Van, Chucho Valdés and Carlos Varela from attending the Grammys or playing concerts in Miami. The Bush White House regularly prevented Cuban scholars from attending LASA meetings in the U.S. After it denied visas to all 75 Cubans whom LASA had invited in 2003, the organization vowed not to return to the U.S. until visa policies changed.

POLÍTICA ANTIDROGA Y PLAN COLOMBIA. RESUMEN DE PROPUESTAS

por Camilo González Posso 
Presidente, INDEPAZ¨

La elección y posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos y la Cumbre en Viena de la Comisión sobre Drogas de Naciones Unidas ofrecen nuevos escenarios a la evaluación de la política mundial antidrogas y a la discusión sobre posibles rectificaciones en las estrategias que han dominado este tema desde los años ochenta. En Colombia ha sido mucha la expectativa sobre las definiciones de la administración Obama y se han multiplicado las propuestas encaminadas a incidir en el Congreso y en el equipo de la nueva administración de Estados Unidos.

Son muchos los interrogantes y las dimensiones de la política antidrogas en Colombia y sus relaciones con el conflicto armado y las posibilidades para la paz. Para este ejercicio nos concentramos en tres cuestiones: ¿Existen posibilidades de cambios significativos en la política de guerra antidrogas? ¿Cuáles son las rectificaciones necesarias? ¿Cuál es el curso probable del Plan Colombia y como influir en él?

1.      En la próxima década serán cada vez mayores las presiones contra el prohibicionismo y el enfoque de la guerra antidrogas, pero a mediano plazo seguirán predominando las estrategias militares y de represión a la oferta.

Colombia se ha alineado con las posturas más conservadoras que llevaron en Viena a ratificar las políticas adelantadas desde 1998. La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, con presencia de delegados de 100 países, aprobó las directrices que amplían los plazos de reducción de la producción y el consumo de estupefacientes hasta el 2019. Las metas previstas hace 10 años no se cumplieron, avanzó el consumo y se amplió y diversificó la oferta de psicotrópicos ilegales y legales, al tiempo con el crecimiento del negocio del narcotráfico y lavado de activos en todos los circuitos legales. Pero, no obstante el fracaso de esta orientación, las estrategias son las mismas que le dan peso a la guerra, es decir al enfoque militar y la criminalización en toda la cadena, aunque no faltan consideraciones secundarias sobre la necesidad de respuestas a los problemas de drogadicción, riesgos de transmisión de VIH o alternativas de desarrollo para los productores en países en desarrollo.

Los Estados Unidos, no obstante la opinión de cerca de 80 países, se opusieron en Viena (2009) a incorporar en las políticas de  Naciones Unidas medidas de reducción del daño y otras de descriminalización selectiva del consumo. Colombia con otros pocos países ayudó a impedir el consenso en esas materias y la apertura de un camino de rectificaciones a políticas fracasadas durante dos décadas.

  1. En Colombia y América Latina se amplía el consenso sobre la necesidad de un nuevo paradigma que aborde el problema de las drogas desde la corresponsabilidad y prioritariamente desde la salud y el desarrollo.

La Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia entregó en marzo de 2009 su informe con apreciaciones que sintetizan las propuestas de mayor consenso para rectificar el actual paradigma centrado en el prohibicionismo y la guerra. El nuevo paradigma reclama un enfoque de derechos humanos en las políticas antidrogas que parte de “tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y focalizar la represión sobre el crimen organizado”. En consecuencia, desde esta Comisión se recomiendan las siguientes medidas para una ruta más eficiente, lo que es un buen punto de partida en la redefinición de las políticas:

a. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.
b. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal. 
c. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.
d. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.
e. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

Estas recomendaciones se inscriben en la necesidad de un nuevo diálogo con Estados Unidos y Europa para que se haga efectiva la corresponsabilidad y se abandonen las estrategias militaristas. Es decir, volver los ojos a la reducción del consumo y a la promoción del desarrollo con un enfoque distinto al desarrollo alternativo: “hablar  no sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo”. Además, se recomienda que “Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas”. La vía del nuevo paradigma reclama entonces descriminalizar la hoja de coca y des-ideologizar los escenarios de construcción de las políticas públicas.

La solución a largo plazo requiere ir más allá de este consenso mínimo latinoamericano e incluir un replanteamiento de fondo sobre los modelos de desarrollo y pasar del prohibicionismo a una descriminalización a los campesinos productores y a los consumidores,  con estricta regulación de producción y consumo definida  con propósitos de salud. La represión al crimen organizado que trasgreda la regulación deberá abordarse como asunto policial y no con estrategias militares o de guerra.

El Director de la Comisión sobre Drogas de Naciones Unidas ha pretendido responder a las críticas al prohibicionismo alegando que es necesario un cambio en las políticas contra la delincuencia, pero no a favor de las drogas”. Esta posición plantea un divorcio entre los efectos perversos del prohibicionismo en tanto es la matriz de las mafias narcotraficantes y sus circuitos legales de negocios y entre los problemas de drogadicción y salud. Asimismo, desconoce que el prohibicionismo es el mejor escenario para la violencia, el fomento de producción y consumo, y el incremento de riesgos de daño a drogodependientes y comunidades.

  1. El Plan Colombia de Estados Unidos ha sido un fracaso con respecto a sus objetivos iniciales y debe darse por terminado para permitir otra política de cooperación dirigida a la paz. Ese Plan que evolucionó de la guerra antidroga a la guerra antiterrorista centrada en la seguridad de los Estados Unidos, se ha mostrado ineficaz para reducir el negocio de narcotraficantes, la exportación de cocaína desde la región andina y México y ha convivido con la institucionalidad mafiosa que permea el Estado colombiano.

Las evaluaciones realizadas por centros de pensamiento en Estados Unidos, Europa y Colombia coinciden en señalar el fracaso del Plan Colombia I en el cumplimiento de sus metas iniciales de reducción del consumo, la oferta y la criminalidad. El volumen global del negocio y la rentabilidad para sus principales beneficiarios se mantienen e incluso muestran mecanismos anti-cíclicos que se reflejan en precios y diversificación de productos y mercados. El efecto globo no solo ha marcado la dinámica de los cultivos de coca en Colombia y en el área, sino que se ha propagado a todas las cadenas del negocio ilegal, fortaleciendo rutas y bases alternativas por México, África o Suramérica. La cadena de lavado de activos sigue intacta en Estados Unidos y Europa y lo mismo ocurre con el negocio de precursores y de agentes financieros.

El Plan Colombia II en la alianza Bush – Uribe se transformó en una pieza de la política de seguridad de los Estados Unidos en la región que cooptó la dinámica de guerra interna en Colombia y la estrategia de “seguridad democrática”.  Las fumigaciones con químicos defoliantes (una modalidad de guerra química) se integraron a la guerra antisubversiva para buscar el control de territorios aún a costa de la despoblación forzada. La erradicación manual o mecánica forzada se volvió un complemento de la ocupación militar de territorios y el llamado desarrollo alternativo devino en acciones complementarias de la estrategia militar útil para la propaganda pero ineficaz para ofrecer alternativas a la economía campesina o al desempleo que alimenta los negocios ilícitos y el reclutamiento para la guerra o para las mafias.

Al iniciar la administración Obama en Estados Unidos y en Colombia se confrontan dos líneas frente al futuro del Plan Colombia:

- La continuista que mantiene el enfoque de guerra y de articulación a los planes de seguridad coordinados por el Comando Sur. Sin alterar este objetivo propone ajustes, variación en las proporciones de las partidas e incluso retoques a los condicionamientos en derechos humanos. Parte de esta línea de lo que sería el Plan Colombia III son los acuerdos para el uso de bases militares en Colombia por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la alianza antiterrorista y antidroga.

- En el otro extremo se ubica la línea pacifista que propone un diálogo con la administración Obama y el Congreso de los Estados Unidos para replantear la cooperación y pasar de los objetivos de guerra a objetivos que comprometan a la nueva administración en el apoyo a políticas de desarrollo y paz con estrategias no militares, de reconocimiento y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas, fortalecimiento de la sociedad civil, la democracia, el desarrollo desde la equidad y las soluciones políticas desde el dialogo y la negociación en la sociedad y con los grupos armados irregulares.

Entre esas dos líneas se mueven matices que se acercan a uno u otro extremo pero que coinciden en propuestas mínimas como las siguientes:

-          La administración Obama y el Congreso de los Estados Unidos deben encaminarse al cierre del Plan Colombia y a la reorientación de la cooperación y del presupuesto en un plan que se ubique en las líneas de un nuevo trato y no de apoyo a guerra alguna dentro de Colombia o en la región. Este nuevo plan debe alejarse de las estrategias de seguridad regional heredadas de la administración Bush. La cooperación asistencia económica? de Estados Unidos hacia Colombia debe redefinirse sobre el eje de construcción de paz y promoción del respeto y garantía de todos los derechos humanos.
-          El cierre del Plan Colombia implica en lo inmediato la suspensión del programa actual de fumigaciones con la mezcla basada en glifosato – POEA – Cosmoplux y de los programas de erradicación forzada y represión de la población civil en zonas de producción campesina o indígena de hoja de coca. En este terreno debe acogerse la erradicación concertada.
-          El replanteamiento de la estrategia de seguridad heredada de la administración Bush basada en concepción de guerra antiterrorista e injerencia asimétrica para darle paso a una concepción democrática de seguridad integral, humana y ciudadana, que sea respetuosa de los tratados y normas internacionales de soberanía, justicia y cooperación policial frente al crimen organizado trasnacional.
-          La no injerencia de Estados Unidos en estrategias de guerra interna ni en planes como los que actualmente orienta el Comando Sur y su Doctrina de Acción Integral que incluye la militarización de los planes de desarrollo regional y la intervención militar en los Centros de Coordinación Interagencial y en los Centros de Fusión Integral. Asi como no utilizar los acuerdos militares bilaterales para implementar estrategias de inteligencia, control o movilidad de efectivos con impacto en el subcontinente.
-          El fortalecimiento de mecanismos de cooperación en derechos humanos y el apoyo a políticas de verdad, justicia, reparación y no repetición que incluyan la revisión de la actuación de las agencias y misiones militares de Estados Unidos en Colombia, especialmente las relacionadas con unidades militares y agentes estatales comprometidos con la parapolítica, el paramilitarismo y la comisión de crímenes de  lesa humanidad.
-          La articulación de la cooperación bilateral para la paz con políticas de reforma agraria y desarrollo rural, y de destinación de bienes de los narcotraficantes, parapolíticos, paramilitares y sus aliados a fondos de reforma rural y agraria y ejecución de políticas de desarrollo regional de economía campesina y MIPYMES.  
-          La revisión del llamado desarrollo alternativo de modo que se desmilitarice y se enfoque en objetivos de equidad y garantía de derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales con prioridad en las poblaciones más pobres y victimizadas y en las comunidades étnicas.
-          La rectificación de la política de extradición por narcotráfico para darle prioridad a la aplicación de la justicia colombiana en la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de delitos atroces o crímenes de lesa humanidad. Esto implica la repatriación de los excomandantes de los bloques paramilitares para que respondan en los procesos de justicia y paz y reparen a sus víctimas y la sociedad.
-          El apoyo de Estados Unidos a iniciativas de mediación, dialogo o negociación de acuerdos humanitarios y de paz.
-          El fortalecimiento de la cooperación en la garantía y protección de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, y demás colectivos derivados de iniciativas ciudadanas por la paz.
-          La aplicación de mecanismos de control, regulación y auto-regulación en la operación de multinacionales en Colombia, en especial las que actúan en ámbitos impactados directamente por confrontaciones militares del conflicto armado interno, de manera que  cumplan con las normas y principios que rigen las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Y, el fortalecimiento de los instrumentos de responsabilidad y de judicialización por actuación o complicidad con abusos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Cada uno de los anteriores enunciados ha sido objeto de análisis y sustentación en investigaciones y documentos elaborados durante los últimos dos años y contribuyen a las reflexiones hacia la definición de agendas y políticas para la próxima década. En este resumen se hace una apretada reseña con la intención de invitar a un debate constructivo.







¨ Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. Bogotá, D.C.  Septiembre de 2009. camilogonzalez@colombia.com, www.indepaz.org.co

viernes, 22 de agosto de 2014

Latin America Stumbles On Road To Health-Based Drug Policies

by
Drug use is increasing in much of Latin America Drug use is increasing in much of Latin America
A consensus has been building in Latin America that drug use should be treated as a health and not a criminal issue. But has this rhetoric become an on-the-ground reality?
A report by the Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD) (pdf) analyzes state approaches to drug consumption in Latin America, finding that despite recent shifts in government attitudes, punitive measures enacted through the criminal justice system remain the norm -- even in countries where drug use is not illegal.
According to the CEDD, criminalization stigmatizes drug users and violates their fundamental rights, such as the right to health, information, personal autonomy and self-determination. It has little impact on consumption levels, while swallowing precious state resources.
Nevertheless, criminalization remains the dominant paradigm in the countries the report examines, where legal reforms and calls for a new approach have struggled to make an impact on the streets, as well as in the court rooms and prisons.
The report argues that regional governments have not only failed to implement reforms but have abdicated their responsibility to drug users by leaving much of the drug treatment sector in private hands. It finds that both public and private initiatives focus too much on promoting abstinence rather than reducing harm, which, it says, has proven more effective in mitigating the damage caused by drug use.
The report also singles out several approaches that are gaining popularity in certain countries, but which researchers believe are unproductive. This includes forced treatment and drug courts, where subjects are offered a choice between treatment and criminal prosecution.
The CEDD calls for an end to punitive policies, saying that drug use should never be treated as a criminal matter and that possession and cultivation for personal use should be effectively decriminalized, by changing not only legal frameworks but also the practices and attitudes of law enforcement and judicial bodies.
Researchers also recommend a new focus on education and provision of information for prevention and harm reduction, and for serious investment in evidence-based treatments. Such treatments, it argues, should not clump all drug use together, instead differentiating between problematic and non-problematic, and frequent and infrequent use.
In all, the report looks at eight countries; Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and Uruguay.
Argentina
According to the CEDD, Argentina has adopted a "prohibitionist-abstentionist" legal framework backed by a stigmatizing discourse on drug users, which has "put users of those substances in the paradoxical position of being 'criminals' and 'sick.'" The punitive approach still dominates responses to drug use, and treatment and health programs are closely linked to security measures.
Bolivia
Although drug use and possession for personal use are not illegal in Bolivia, the CEDD argues that provisions for compulsory treatment for both addicts and casual users amounts to de facto criminalization. In addition, with quantities for personal use defined on a case-by-case basis, people caught with as little as a gram of cocaine can be charged with drug trafficking -- a charge also brought against those selling small quantities.
Brazil
Brazil's current legal framework for drug use is based on the "depenalization" of use -- meaning that users are not incarcerated but face alternative sanctions. However, the law does not lay down criteria for distinguishing between users and traffickers, leaving it to the police and the judiciary to decide, which means that many users are prosecuted as traffickers. Such contradictions are rife in Brazil's approach, the CEDD says. The country has developed strategies prioritizing prevention and harm reduction, recognizing the rights of drug users and distinguishing between problem and non-problem users, while also expanding compulsory treatment and introducing increasingly punitive criminal justice measures.
Colombia
Drug use and possession for personal use is decriminalized under the terms of Colombia's constitution, although this has been challenged legally at various times. Recent legislation establishes the rights of users, and emphasizes a health-based approach and harm reduction over punitive measures. However, according to the CEDD, there are legal ambiguities that allow for confusion and selective interpretation over what is deemed possession for use and what is for supply. In addition, the legal commitment to providing treatment services is patchily implemented and quality can vary wildly.
Ecuador
Ecuador has a contradictory legal framework on drug use -- use is not a crime under the constitution, but possession is a crime under the law. The government has tried to reconcile this with criteria for distinguishing between quantities for personal use and supply but, the CEDD says, judges frequently choose to penalize possession, despite evidence that the quantities involved are for personal use. Treatment is predominantly in private hands and has a strong religious aspect, and clandestine treatment centers have been exposed for cruelty towards users. Since the publication of the CEDD's report, Ecuador has enacted a new law designed to ensure that users and low-level offenders are not classified as traffickers.
Mexico
Since 2009, Mexico's legal framework has clearly defined the drug quantities classified as personal use, which is not punishable by incarceration. Up to 1,000 times over those quantities classifies as small-scale trafficking (micro-trafficking) -- a crime that falls under the jurisdiction of each individual state, while over 1,000 times the amount classifies as drug trafficking and is a federal crime. According to the CEDD, users continue to face criminalization, if not incarceration, as even those caught with personal use quantities are arrested and an investigation opened, while the thresholds are set so low that many users fall into the category of suppliers. In cases of arrested drug users, the Public Ministry is supposed to inform healthcare service providers, which should encourage users to seek treatment. However, the CEDD says, there is little clarity over how this should work in practice.
Peru
Both the state and civil society are extremely conservative and restrictive on drug policy, while police and the judiciary habitually take a hard line towards drug use, according to the CEDD. Personal use is not punishable under the criminal code, and legal guidelines distinguishing between use and supply have been introduced. However, the thresholds are low and anyone exceeding them is treated as a dealer or trafficker. The report notes that Peruvian police often plant drugs on users to push them over the threshold, or demand bribes not to do so. According to the CEDD, the government avoids responsibility for prevention and treatment, which is left almost entirely in barely-regulated private hands.
Uruguay
The CEDD accuses Uruguay of double standards on drug policy, fully legalizing production, sale and use of marijuana on one hand, while taking a harder line on other substances through restrictive personal use thresholds and compulsory treatment programs. Possession for personal use of any drug is decriminalized, but what constitutes personal use is left to the "free moral conviction" of the judge, leaving it open to selective interpretation, which is often based on whether the judge decides that the quantity found on a user could be harmful to their health. Current legislation allows for arrested users to be medically examined and, if determined to be addicts, face compulsory treatment.

InSight Crime Analysis

The CEDD report adds to a wealth of existing research pointing to the failures of policies criminalizing drug use. Over the last half century, such policies have achieved little except to fill already overcrowded prisons, make otherwise law-abiding citizens into criminals and turn addicts away from the help they need for fear of punishment and stigmatization.
In much of Latin America, drug use is growing rapidly, fuelled by factors such as a growing middle class with disposable income, a liberalization of social attitudes, and lower prices and higher availability as criminal groups turn to the small profits but low risks and high quantities offered by domestic drug markets. Under these conditions, it is more urgent than ever for Latin American countries to seek evidence-based strategies to deal with drug use, and the move from a criminal to a health-based approach is a positive trend.
As highlighted by the CEDD report, this transition is often rocky, and can be riddled with contradictions and ambiguities. While drug policy is an area that demands serious attention, these contradictions are perhaps an inevitable consequence of attempts to change the paradigm that has dominated for the best part of a century. Overcoming decades of hardline policies and social stigmatization of drug use, which have created deeply ingrained attitudes in both state institutions and the general population, will not be easy.
Nevertheless, this approach only addresses half of the problem. The negative impact of drug use is not limited to users, but includes the devastating violence and corruption caused by criminal groups that control the trade. Latin America is one of the world's worst-affected regions, with whole countries driven to the brink of becoming failed states under the influence of drug trafficking.
The approach of decriminalizing and removing social stigma from drug use is often accompanied by continued hardline policies tackling production and distribution, or sometimes even a toughening up of such stances to avoid criticism of going "soft on drugs." This creates its own dangers, and may even strengthen the hand of organized crime. The consumer market for drugs will likely continue to expand, meaning growing profits to fight over -- and to use to corrupt state institutions.
Rethinking the existing paradigm on drug use is a matter of urgency, but unless it is part of an integrated approach that examines a change in paradigm not only for consumption but also for production and distribution, it may well exacerbate some problems while solving others.
Taken from Insight Crime

Rise in Tamaulipas Kidnappings Points to Lack of Mexico Govt Control

by Camilo Mejia 
 
Migrants protest kidnappings in Tamaulipas Migrants protest kidnappings in Tamaulipas
Mexico's Tamaulipas state was the site of nearly 60 percent of the country's kidnappings in July and saw a drastic spike in the crime compared to previous months, highlighting the government's inability to secure the embattled state.
According to a report published by Mexico's Interior Ministry (SEGOB) (pdf), the country registered a total of 204 kidnappings in July, of which 121 occurred in the northeastern border state of Tamaulipas -- more than twice the number that occurred in the state in any other month this year. In comparison, the highest number registered in any other state during the same month was 14.
Between January and July 2014, a total of 340 kidnappings were reported in Tamaulipas, representing 29 percent of the national total.

Insight Crime Analysis

The deteriorating security situation in oil-rich Tamaulipas, fueled both by fighting between the Gulf Cartel and the Zetas and internal power struggles, prompted Mexico's government to deploy federal troops to the state earlier this year. However, the recent SEGOB figures are one indication that this move has not helped the government gain control over the situation. The central government's challenges in the region have also been highlighted by reports of ongoing cartel control over major highways in Tamaulipas, as well as other violence-plagued parts of Mexico.
Part of the reason for the rise in kidnappings may be the fracturing of the Zetas and the Gulf Cartel, both of which have suffered a loss of leadership in recent years. As criminal groups fracture, they tend to seek alternative sources of revenue -- like kidnapping and extortion -- which require less logistical organization than international drug trafficking.
North-bound migrants are also often targeted for kidnapping by criminal groups, making it plausible the large exodus from Central America this year could have had an impact on Tamaulipas kidnapping numbers.
Widespread corruption among the state's security forces has likely exacerbated the government's inability to secure Tamaulipas. In May, local authorities announced that around 50 percent of the state's police had failed confidence tests, with a large portion of these cases reportedly due to organized crime ties.
Tamaulipas' security problems are a major thorn in the government's side. The state is home to extensive oil and gas reserves, which have made the oil industry a lucrative target for drug cartels. Criminal groups reportedly control up to 15 percent of the gasoline business in Tamaulipas and have developed a sophisticated illegal gasoline distribution system. With Mexico in the process of opening the country's oil industry to the private sector, Tamaulipas' deteriorating security situation could make companies wary of investing in the state.
Taken from Insight Crime

jueves, 21 de agosto de 2014

El jefe narcoparamilitar Pijarbey podría convertirse en el principal capo colombiano


por Kyra Gurney
La imagen más reciente de Pijarbey
La imagen más reciente de Pijarbey
Un exparamilitar conocido como "Pijarbey" está reconstruyendo el imperio de la droga del fragmentado grupo de tráfico ERPAC en los Llanos Orientales de Colombia, y ahora está posicionándose para convertirse en un actor importante del hampa de Colombia -si logra evadir la captura.
Martín Farfán Díaz González, alias "Pijarbey", es el líder de los Libertadores del Vichada, un grupo escindido del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC), que alguna vez dominó el territorio clave para el narcotráfico de los Llanos Orientales.
Durante los últimos tres años, Pijarbey y su organización han estado luchando contra la otra red narcoparamilitar que surgió de la disolución del ERPAC, conocida como el Bloque Meta. Esa batalla está prácticamente ganada ya que el Bloque Meta se ha debilitado a raíz de la captura del líder del grupo Rubber Antonio Navarro Caicedo, alias "Flaco Fredy", y el principal padrino, Daniel "El Loco" Barrera.
Pijarbey ahora supervisa una fuerte organización de 250 personas y un vasto imperio del narcotráfico que incluye cultivos de coca, laboratorios de procesamiento de cocaína, y rutas de tráfico de drogas hacia Venezuela, en los departamentos del Meta, Vichada y Guaviare, en los Llanos Orientales.
Sin embargo, Pijarbey no parece contentarse con afirmar el dominio sobre los Llanos Orientales y con la reconstrucción del imperio de la droga del ERPAC, y ahora está buscando expandir sus operaciones hacia nuevas regiones y actividades criminales. En marzo, las fuerzas de seguridad desmantelaron un gran centro de almacenamiento de cocaína de los Libertadores del Vichada, en el departamento de Casanare, al norte del tradicional bastión de Pijarbey, e incautaron grandes cantidades de precursores químicos y otros insumos para el procesamiento de la droga.
Dos meses después, la policía colombiana detuvo a nueve hombres que Pijarbey presuntamente había enviado al departamento de Amazonas -cerca de la frontera sur del país con Brasil y Perú- para establecer una ruta de tráfico de drogas y reclutar nuevos miembros. Aunque el grupo había estado operando en la región desde hacía menos de un año, al parecer tenía la capacidad de producir 1,5 toneladas de cocaína al mes. Según la policía, Pijarbey también había forjado lazos con narcotraficantes brasileños en la zona fronteriza, quienes ayudaron al grupo a transportar la cocaína desde Perú hasta la capital de Amazonas, Leticia, y luego hacia Brasil.
VEA TAMBIÉN: Perfil de Pijarbey
Otros arrestos recientes han indicado que Pijarbey también tiene vínculos con un grupo narcotráficante que operaba fuera del aeropuerto El Dorado en la capital del país, Bogotá. El 19 de julio, las autoridades arrestaron a tres empleados de una aerolínea y a otras 21 personas que presuntamente compraron cocaína de Pijarbey y transportaron las drogas a Estados Unidos, México, Bolivia y España.
Además, Pijarbey ha sido vinculado con una red de robo de combustible, en el departamento del Meta, que presuntamente robaba gasolina para usarla en sus laboratorios de cocaína. Las investigaciones policiales revelaron que algunos miembros del grupo se habían infiltrado en la empresa petrolera Pacific Rubiales, haciéndose pasar por conductores de los camiones, obteniendo información que permitió a la red sacar hasta 200 galones de gasolina al día de los tanques de almacenamiento.
Sin embargo, aunque Pijarbey ha estado expandiendo sus operaciones, las autoridades parecen estar acercándose a él y a su organización. En abril de 2013, la policía arrestó al segundo al mando de la red urbana de sicarios del grupo, alias "Risas", cuya captura fue seguida por la del asesor más cercano de Pijarbey, Edison Guillermo Velázquez Álvarez, alias "Farid". En enero de 2014, el jefe financiero del grupo y el hombre que era la mano derecha de Pijarbey fueron capturados en el lapso de una semana. Entonces -durante una operación que se llevó a cabo en junio para determinar el paradero de Pijarbey- la policía arrestó a su hermano Raúl Díaz González, alias "Raulito", quien según un investigador manejó las finanzas de Pijarbey y dirigió una red de asesinos en Villavicencio.

Análisis de InSight Crime

La Libertadores del Vichada están preparados para llenar el vacío dejado por el ERPAC, mientras que Pijarvey pronto podría convertirse en un narcotraficante capaz de competir con sus predecesores en los Llanos Orientales, el fundador del ERPAC Pedro Oliveiro Guerrero, alias "Cuchillo", y su aliado narcotraficante, el infame capo Daniel "El Loco" Barrera.
La región de los Llanos Orientales es una zona estratégicamente importante para el tráfico de drogas y para el cultivo, en parte debido a su proximidad con Venezuela, que ha actuado como una nación de tránsito para la cocaína que tiene como destino Estados Unidos y Europa. Se cree que la región produce unas 100 toneladas de cocaína y genera hasta US$300 millones en ventas de cocaína al año. Según un informe (pdf) de 2013 de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), sólo el grupo de Pijarbey produce 80 toneladas de cocaína al año.
Una de las razones que explican la rápida expansión y ventaja de los Libertadores del Vichada sobre sus rivales en el Bloque Meta probablemente sean los lazos del grupo con los Urabeños, el grupo criminal dominante de Colombia. Pijarbey forjó una alianza con la organización cuando los Libertadores del Vichada comenzaron a luchar contra el Bloque Meta, poco después de la liberación de Pijarbey de la cárcel en 2012. Probablemente los Urabeños le proporcionaron a Pijarbey dinero en efectivo, armas, y posiblemente tropas. Según El Tiempo, las investigaciones de la policía y de la DEA han confirmado que Pijarbey ha mantenido sus vínculos con los Urabeños, pero no queda claro cuánto poder e independencia él ha cedido en el proceso.
Las recientes capturas e investigaciones policiales sugieren que las ambiciones de Pijarbey se extienden más allá de su bastión en los departamentos del Vichada y el Meta, y que está buscando expandirse hacia algunos de los pocos rincones de Colombia a los que los Urabeños aún no han llegado, tales como la región de la triple frontera amazónica. Aunque aún no está claro si su incursión en la región amazónica ha continuado tras la detención de sus emisarios, el hecho de que el grupo fuera capaz de establecer una operación de tal envergadura en menos de un año sugiere que Pijarbey tiene la capacidad logística y el personal para reactivar su red en el Amazonas.
También es probable que el ascenso de Pijarbey sea atribuible a su capacidad para cultivar lazos oficiales. Como un operario de alto nivel del ERPAC, Pijarbey actuó como el principal contacto del grupo con funcionarios de seguridad corruptos –quienes le proporcionaron información acerca de las operaciones policiales que iban a tener lugar- y varios incidentes recientes sugieren que ha mantenido algunas de estas relaciones.
En marzo de 2013, Pijarbey logró escapar minutos antes de una redada de la policía, llevada a cabo antes del amanecer, en una finca donde él se estaba escondiendo en el Vichada, lo que sugiere que había sido avisado. Cinco meses después, la policía incautó armas del gobierno de algunos de los sicarios de Pijarbey, que llevó a las autoridades a creer que alguien con acceso a las armas militares estaba suministrando armas al grupo.
En otro incidente sospechoso, el hermano de Pijarbey, Raúl, sólo fue sentenciado a arresto domiciliario luego de su captura -a pesar del hecho de que la policía había informado inicialmente que él estaba involucrado en el tráfico de drogas, extorsión, asesinatos y desplazamiento forzado en el Meta. Aunque el juez que dictó la sentencia afirmó que los fiscales no habían logrado presentar pruebas sobre la participación directa de Raúl en actividades criminales, también pudo haber otros factores que influyeron en la decisión.
Según las autoridades colombianas, los Libertadores del Vichada son ahora uno de los cuatro grupos sucesores de los paramilitares restantes, y el talento de Pijarbey para corromper a los funcionarios locales, así como sus habilidades estratégicas y logísticas, podrían convertirlo en una fuerza importante en el hampa de Colombia. Sin embargo, para lograrlo, él no sólo tendrá que evadir su captura, sino también alejar el desafío que representan los remanentes del Bloque Meta y asegurarse de mantenerse al lado del grupo criminal colombiano más poderoso hoy en día, sus actuales aliados, los Urabeños.

martes, 19 de agosto de 2014

Adinerados traficantes infiltran el mercado de drogas de la clase media de Brasil



Los traficantes de São Paulo están vendiendo drogas en lujosas áreas
Los traficantes de São Paulo están vendiendo drogas en lujosas áreas
Los jóvenes adinerados y educados de Brasil han incrementado su participación en el tráfico de drogas, un fenómeno que probablemente está ligado al creciente mercado doméstico de la clase media.
Según Infosur Hoy, alrededor del 10 por ciento de los aproximadamente 1.500 nuevos casos que investiga el Ministerio Público de São Paulo cada mes ahora involucran a sospechosos provenientes de familias adineradas.
Este es un fenómeno relativamente nuevo, según Alfonso Presti, coordinador de la Central de Investigaciones Policiales y Procesos del Ministerio Público de São Paulo. Presti señaló a Infosur que hace una década “se contaban con los dedos de una mano los casos de traficantes ricos que llegaban” al ministerio.
Según los informes, muchos de estos narcotraficantes de la élite iniciaron consumiendo drogas y vendiéndolas a sus compañeros, y más tarde fueron reclutados por grupos criminales.
Ellos ofrecen servicio a domicilio para productos como cocaína de alta calidad y potentes tipos de marihuana, así como también para éxtasis, LSD y heroína, que sus clientes de clase media-alta encargan por teléfono o Internet. Para hacer las entregas estos traficantes tienen a su disposición una red de taxistas, motociclistas y ciclistas; aunque también venden las drogas en lujosas fiestas y clubes.
Ahora este modus operandi también ha sido identificado como común en Río de Janeiro, y en los estados de Paraíba y Pernambuco.
El antropólogo brasileño Paulo Malvasi señaló a Infosur que para esta clase de traficantes, el estatus y las conexiones que ofrece el negocio representan ganancias tan atractivas como el dinero que está en juego.

Análisis de InSight Crime

La aparición de este nuevo sistema local de venta de drogas liderado por una nueva clase de traficantes es indicativo de la creciente demanda de drogas de alta calidad impulsada ​​por la creciente clase media brasileña. El servicio de entrega a domicilio y el uso de Internet ofrecen una mecanismo limpio y ordenado, tanto para los traficantes de drogas como para sus acaudalados clientes, a diferencia de las violentas operaciones relacionadas con la venta de los baratos productos secundarios de la cocaína en las llamadas "bocas de fumo" de las favelas.
Estos jóvenes también representan una atractiva fuente de ganancias para los grupos de Brasil. En un caso, las autoridades de São Paulo capturaron a dos narcotraficantes que vendían cocaína por US$22 cada gramo -cinco veces el precio medio de venta. Los investigadores también agregaron que el mercado de la clase media proporciona más oportunidades para el lavado de dinero.
Algunos expertos han señalado al aumento de la presión policial en los puntos de venta de las favelas -particularmente en Río- como otra de las razones que explican este cambio.
En países como Colombia y Argentina, las operaciones criminales también se han beneficiado del creciente mercado de la clase media, con la venta de drogas de fiesta como el 2CB y el éxtasis.

Entrevista a Junior Garcia Aguilera