por MSc. Alejandro L. Perdomo Aguilera
alejandro.perdomo91@gmail.com
https://twitter.com/@AlejandroLPerdo
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Introducción
La
lucha contra el tráfico ilícito de drogas ha sido uno de los temas
donde mayor coincidencia ha existido entre Cuba y los Estados Unidos de
América, en cuanto a la necesidad de luchar contra el tráfico ilícito de
drogas. Gracias a ello se ha establecido una coordinación puntual para
su enfrentamiento, que ha estado avalada por la eficiente labor de las
autoridades cubanas en el control e interdicción de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas. A partir de este entendido, el trabajo tiene
como objetivo presentar los retos y perspectivas entre los gobiernos de
Cuba y los Estados Unidos de América, en torno a la posible y necesaria
profundización en la cooperación para la lucha antinarcóticos.
El
tráfico de drogas es un negocio que genera prácticas ilícitas y se
asocia a delitos conexos de criminalidad transnacional como el lavado de
dinero, el tráfico de armas, personas y órganos. Las disímiles
repercusiones de narcotráfico lo convierten en una de las amenazas más
importantes para la seguridad nacional de los estados-naciones, así como
la seguridad internacional.
El
comercio de drogas ilícitas y estupefacientes tiene un importante
trasfondo económico. A través del negocio ilícito de las drogas genera
cada a nivel internacional anualmente 320 000 millones de dólares, con
un mercado que sobrepasa los 200 millones de consumidores a nivel
global. (ONUDC, de United Nations Office on Drugs and Crime, 2012).
Alrededor de estas realidades se tejen una serie de intereses
económicos, políticos y diplomáticos. Ello repercute en los niveles de
violencia, criminalidad e inseguridad de la sociedad internacional.
El papel de los EE.UU. en el enfrentamiento al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.
En
la década de 1980, el tráfico de estupefacientes de América Latina y el
Caribe hacia los Estados Unidos comenzó a tomar repercusión en la
seguridad de ese país. Ante esa situación, el entonces presidente Ronald
Reagan promulgó la declaración de la guerra contra las drogas en
febrero de 1982. (Bagley, 1989)
Obviamente
Reagan no fue el primer presidente en atender este flagelo. En 1914 fue
aprobada el Acta de Harrison que ilegalizaba el consumo de la cocaína y
de los opiáceos. El presidente Nixon también atendió el tema al igual
que el demócrata James Carter. Sin embargo, Ronald Reagan fue el que
planteó una política más fuerte contra este problema que, además, ya
había tomado una mayor importancia en cuanto a los montos de tráfico y
consumo.
La
política exterior de Reagan construyó pretextos para justificar la
injerencia de ese gobierno en los asuntos internos de otros Estados y
evaluar la bilateralidad multi-causal del tema del narcotráfico. Este
fue un aspecto cardinal de la proyección hacia Centroamérica en el
contexto del apoyo a las fuerzas contrarias a la Revolución Sandinista y
a los movimientos de liberación nacional, particularmente en el
Salvador.
Los
conflictos en Centroamérica durante la década del 80, acrecentaron las
diferencias entre Cuba y los Estados Unidos. El gobierno de Reagan
incrementó la agresividad contra la mayor de las Antillas con nuevos
planes desestabilizadores, que eran justificados con una fuerte campaña
mediática y diplomática que criticaba el apoyo que ofrecía el gobierno
cubano a los movimientos progresistas de la subregión centroamericana.
El Informe de Santa Fe I de mayo de 1980, expresa la resistencia de
Washington a la colaboración brindada por Cuba a los movimientos de
izquierda en Latinoamérica, especialmente hacia Nicaragua, el Salvador y
Guatemala. (García, 2008)
Entre
los objetivos de esta política estaban impedir la aparición en
Centroamérica y el Caribe, de nuevos estados de corte cubano, que
pudiera amenazar la seguridad de Estados Unidos, convirtiéndose en una
plataforma de actividad subversiva que pusiera en peligro las vías
marítimas vitales para dicha seguridad. En este sentido, la
Administración Reagan (1981-1989) dispuso como una de las condiciones
para restablecer las relaciones con el Archipiélago, el compromiso por
la parte cubana a no exportar la Revolución. (García Iturbe, 2008)
Debido
a estas circunstancias y al hábil manejo del presidente Reagan en los
medios de comunicación, la cruzada contra las drogas obtuvo el apoyo de
los sectores conservadores, que le permitió crear las bases sociales y
políticas para impulsar una legislación contra el narcotráfico más
severa. De esta forma, en 1986 se aprobó en el Congreso Federal un Acta
antidrogas que solicitaba un papel más activo de las fuerzas armadas en
las fronteras aéreas y marítimas, para la interdicción de
estupefacientes. Con ello se impulsó a nivel Federal el aumento de los
gastos para el programa de control de narcóticos en los siete años
posteriores de sus dos mandatos, alcanzando 43 billones de dólares
anuales en el año 1988. (Bagley, 1989)
El
objetivo central del Acta antidrogas era la reducción del trasiego
preveniente del exterior, particularmente desde América Latina y el
Caribe. La legislación facilitó el incremento en 1.7 billones del total
de las autorizaciones del presupuesto federal para la campaña
antinarcóticos, que llegó al monto de 3.9 billones para el año fiscal de
1987. (Bagley, 1989)
En
1988 el Congreso Federal cuestionó las políticas de Reagan en la guerra
antidrogas. En estas críticas se destacó el actual Secretario del
Departamento de Estado del segundo mandato de Obama, John Kerry, que por
aquel entonces era senador demócrata del Estado de Massachusetts. Kerry
protestó la “pasividad” de las investigaciones gubernamentales respecto
a los Contras que participaron en el negocio de las drogas, para
costear la guerra contra los Sandinistas en Nicaragua.
La
política de Reagan contra las drogas tuvo como limitante que solo fue
aplicada de manera unidireccional. Por ello, se priorizó el control
sobre la oferta de estupefacientes provenientes de América Latina y el
Caribe, sin atender las consecuencias de este negocio para las
poblaciones de donde provenían las drogas, ni la desproporción entre la
seguridad de la frontera estadounidense y la de los países emisores, lo
que posibilitó variar las rutas de acceso al mercado estadounidense,
vulnerando su seguridad.
Durante
las dos últimas décadas se han incrementado los programas antidrogas en
la región, entre los que se destacan el Plan Colombia y la Iniciativa
Mérida, a través de los cuales se ha desarrollado la militarización, con
efectos perjudiciales para la seguridad interna de los países más
afectados. La extensión de las estrategias del gobierno estadounidense
contra el narcotráfico por todo el hemisferio occidental, muestra que
más allá de los logros en interdicción de estupefaciente y sustancias
psicotrópicas que se suelen reportar, el negocio de la producción y
comercialización de drogas ilícitas se sigue esparciendo por las
Américas, con un creciente impacto internacional. (Perdomo, 2012)
Luego
de más de 30 años de la mencionada declaración de guerra contra las
drogas de Reagan, el narcotráfico continúa afectando la seguridad y la
prosperidad interamericana, ampliando sus cárteles desde la subregión
andina hacia todo el hemisferio, con particular incidencia en México y
Centroamérica. Esta situación denota fallas en las políticas aplicadas
hasta el momento, que argumentan la necesidad de una modificación de los
instrumentos y vías, particularmente militares, en la lucha
antinarcóticos. Con ese fin debe impulsarse una cooperación más
coordinada, donde se atiendan las peculiaridades de cada país y se tomen
en cuenta los intereses de ambas partes.
Hacia un necesario acuerdo bilateral entre Estados Unidos de América y la República de Cuba
Desde
1999 se estableció una cooperación caso a caso para la lucha contra el
narcotráfico entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, a sólo unos
meses del fin del segundo mandato del presidente demócrata William
Clinton. A partir de esta coordinación se dispuso de un encargado de
Guardacostas en la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana (USINT),
para mantener una comunicación operacional con las autoridades cubanas,
estableciéndose los protocolos para la cooperación caso a caso entre
ambos gobiernos. En las coordinaciones realizadas por más de una década
se ha probado la factibilidad de esta relación, apreciándose las
potencialidades existentes por ambas partes para una relación más
activa. (Beardsworth, 2009)
Sobre
este aspecto realizó declaraciones positivas el general Barry
McCaffrey, quien en su desempeño como jefe de la Oficina de Control de
Drogas de la Casa Blanca, señaló la conveniencia de una expanción de la
colaboración entre Guardacostas y Guardafronteras, así como la
ampliación de los contactos y la coordinaciones entre los mandos
militares en la zona de Guantánamo. (Alzugaray, no. 62-63: ,
abril-septiembre de 2010.)
No
obstante a este avance, académicos estaodunideses como Randy
Beardsworth, opinan que incuso dentro de los marcos existentes, Estados
Unidos pudiera ampliar las relaciones bilareales. Sin embrago, el
escenrario ideal sería con la firma de un acuerdo entre ambas naciones
que diera paso a una relación más fructífera en la lucha contra el
narcotráfico.
La
posibilidad de la firma de un acuerdo bilateral con la República de
Cuba sería un paso trascendental del gobierno de los Estados Unidos de
América, en favor de conducir una política más profunda en la lucha
antinarcóticos, donde prevalezcan los intereses de seguridad sobre la
politización sufrida en la relación bilateral.
El
gobierno estadounidense ha reconocido la eficiencia de Cuba en el
enfrentamiento al tráfico ilegal de estupefacientes en los últimos
informes anuales del Departamento de Estado, como se corrobora en el
reporte del 7 de marzo de 2012, titulado “Estrategia para el Control
Internacional de Narcóticos”. (INCSR, 2012) Estos documentos reflejan
las oportunidades que existen para el cambio hacia una política más
pragmática, que priorice los intereses de seguridad nacional sobre los
factores político-ideológicos, influidos por el lobby cubanoamericano,
que impiden la consolidación de la seguridad de los EE.UU. en el Caribe.
La
coordinación positiva que se ha establecido entre los especialistas del
Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, desde la Dirección Nacional
Antidrogas (DNA) y las Tropas Guardafronteras (TGF) con el gobierno
estadounidense, mediante el encargado de Guardacostas de la Sección de
Intereses de EE.UU. en La Habana (USINT), demuestra las potencialidades
existentes. Según la USINT entre los objetivos básicos de su trabajo se
encuentra realizar “(…) los esfuerzos por reducir la amenaza global que
representa el crimen y el narcotráfico”. (Sitio oficial de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana ( USINT), 2012)
El
establecimiento de un acuerdo con Cuba, abriría un abanico de
posibilidades para profundizar las relaciones, sobre la base del respeto
y el interés mutuo. No obstante a que en la actualidad existe una
cooperación caso a caso entre ambos gobiernos, la práctica ha mostrado
que esta cooperación resulta insuficiente.
A
pesar de que la propuesta de Cuba para un acuerdo bilateral con Estados
Unidos de América es similar a la establecida con los otros países con
que mantiene relación, el acuerdo no ha sido respondido por Estados
Unidos. Mediante la concertación de un acuerdo bilateral, el gobierno de
Estados Unidos América podría lograr:
• Una
mayor seguridad en sus fronteras aéreas y marítimas, con un intercambio
de información operacional en tiempo real que aumentaría la eficiencia y
competitividad de las autoridades a cargo.
• Podría
disminuir la penetración de drogas a partir de un intercambio más
sistemático y no caso a caso entre los especialistas de ambos Estados.
Ello perfeccionaría los niveles de control e interdicción por las
autoridades ambos países, con el impulso de cursos de capacitación
técnica-operacional, propicios para el intercambio de experiencias.
• Le
concedería un mayor pragmatismo en la lucha antinarcóticos, al
concertar de manera oficial con un actor de prestigio y credibilidad en
el hemisferio occidental para el enfrentamiento a este flagelo.
• Podrían
establecerse mecanismos de cooperación en la asistencia
médica-humanitaria. La colaboración médica, desarrollaría la prevención y
los tratamientos de rehabilitación para los consumidores no sólo de
ambos países, sino también para la cooperación con terceros.
• Obtendrían
una actualización más precisa sobre las rutas y los medios que se
ejecutan en el trasiego de drogas y otros delitos conexos, que
dinamizaría las vías de información e identificación coordinada de
grupos criminales, embarcaciones, así como las distintas formas en que
operan para el trasiego de cargas, lo cual permitiría hallar las formas
más viables para su control y captura.
• Estados
Unidos de América consolidaría su sistema de seguridad al profundizar
el intercambio técnico–operativo con un país de alta eficiencia en la
lucha antinarcóticos.
• Este
acuerdo, además, mejoraría la imagen internacional de EE.UU. al
preponderar sus intereses de seguridad nacional sobre el conflicto
político-ideológico entre ambos países.
Un
paso diplomático de esta índole, demostraría la voluntad política del
gobierno estadounidense para avanzar en la regularización de las
relaciones con Cuba, desde una óptica más objetiva, que tome en cuenta
los beneficios que tendría para su seguridad nacional y respete la
soberanía y autodeterminación del pueblo cubano.
El sistema de enfrentamiento, prevención y cooperación internacional de Cuba en la lucha antidroga
El
tráfico ilícito de drogas entre América Latina y el Caribe y EE.UU.,
influye sensiblemente en las medidas que debe tomar el Estado cubano
para proteger su territorio y a sus ciudadanos del trasiego y consumo de
drogas, a pesar de que los índices de consumo y trasiego en Cuba no son
significativos respecto a la regularidad en la región. Ante la posición
geoestratégica de Cuba (Véase Anexo 1 y 2), ubicada en un área donde se
entrecruzan varios corredores (aéreos y marítimos) del tráfico de
estupefacientes hacia y desde los Estados Unidos, el sistema de
vigilancia y control del gobierno cubano ha debido configurarse en
función de enfrentar responsablemente a ese flagelo.
La
seguridad cubana establecida para este problema, se organiza desde el
Ministerio del Interior (MININT), en coordinación con el Ministerio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Para ello cuentan con la
Dirección Nacional Antidrogas (DNA), la Comisión Nacional de Drogas
(CND) y las Tropas Guardafronteras (TGF), que vigilan
las aguas jurisdiccionales, las costas y el espacio aéreo con la
Operación Aché, en sus diferentes ediciones. La Aduana General de la
República se encarga del control en los aeropuertos, puertos y marinas
internacionales. Para enfrentar el escaso mercado interno existe la
Operación Coraza Popular, iniciada en 2003.
El
MINFAR le presta una gran importancia al enfrentamiento al tráfico de
drogas. La Marina de Guerra revolucionaria (MGR) colabora estrechamente
con las Tropas Guardafronteras (TGF) en la localización e intercepción
de naves sospechosas que penetran las aguas cubanas. La Fuerza Aérea
actúa de forma similar, ubicando los movimientos de las naves y
detectando la posible existencia de cargas de drogas en los mares que
rodean al archipiélago. El Ejército tiene la tarea de barrer extensas
zonas de playas y pantanos con el objetivo de detectar recalos de
drogas. (Keplak, abril-septiembre 2010)
La
Dirección Nacional Antidrogas (DNA) es la dirección rectora del Sistema
Ministerial de Enfrentamiento a las Drogas y por tanto la encargada del
enfrentamiento operativo y estratégico contra el tráfico ilícito de
drogas y otros delitos conexos como el lavado de dinero. Para ello
centraliza la información relacionada con estos delitos, y desarrolla
los contactos con la INTERPOL y los servicios antidrogas de otros
países. Esta cooperación con otros países e instituciones, se fundamenta
en la firma de acuerdos bilaterales y regionales de colaboración
conjunta en la lucha contra el narcotráfico.
La Comisión Nacional de Drogas (CND) se encarga de dirigir elsistema
de prevención, en coordinación con los órganos pertinentes de la
Administración Central del Estado y las diversas organizaciones
políticas y de masas con que cuenta la nación. Este trabajo tiene un
impacto favorable en la reducción de la demanda de estupefacientes y la
socialización de los programas de prevención.
El
programa nacional de prevención del uso indebido y control de drogas,
es dirigido por la Comisión Nacional de Drogas (CND), en coordinación
con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y las diferentes
organizaciones políticas y de masas, que apoyan el sistema de prevención
y rehabilitación. Este programa se traza hacia áreas específicas de
atención, como la salud mental y las adicciones, y la labor en el
sistema educacional; con planes de atención que van desde el trabajo con
la niñez, la adolescencia y juventud, hasta las universidades.
Los
objetivos esenciales del sistema de enfrentamiento y prevención del
trafico consumo ilícito de estupefacientes son la reducción de oferta de
drogas (la cual es insignificante respecto a la norma de la región),
imposibilitando que los narcotraficantes tengan en el archipiélago una
ruta establecida.
La
legislación cubana ha mantenido una política estricta en la prevención y
penalización del tráfico ilícito de estupefacientes y otros delitos
conexos. En el Código Penal cubano, máxima ley sustantiva penal, en el
título tercero del capítulo V de la sección cuarta, en el artículo 190.1
y siguientes, el legislador cubano ofrece una protección amplia a tales
delitos, pues tipifica las conductas de: “Producción, Venta, Demanda,
Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitos de Drogas, Estupefacientes,
Sustancias Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares.”
La
denominación de esta sección fue modificada por el artículo tercero del
Decreto-Ley número 150 del 6 de junio de 1994. (Véase en: Gaceta
Oficial de la República de Cuba. Código Penal de Cuba. En: http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo_penal.html#A6).
También
han sido implementadas otras medidas sancionadoras de índole
administrativa entre las que se destacan: el Decreto 277 de 1995 y el
Decreto Ley 232 del 21 de enero del 2003,para la confiscación de tierras y bienes por cultivo de marihuana.El decreto Ley 232 dispone en
su artículo número uno: “la confiscación o, en su caso la pérdida del
respectivo derecho de las viviendas o locales, en los que: a) se
produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier
otro modo se realicen hechos que, directa o indirectamente, se hallen
relacionados con las drogas ilícitas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas u otras de efectos similares.” (Gaceta Oficial de la República de Cuba. en: www.gacetaoficial.cu)
También
se perfeccionó la tipificación contra el delito de lavado de dinero y
la aplicación de la confiscación de bienes y productos obtenidos a
través del negocio de las drogas.
En el título XIV en el capítulo segundo, artículo 346.1 regula: “ El
que adquiera, convierta o transfiera recursos, bienes o derechos a ellos
relativos, o intente realizar estas operaciones, con conocimiento o
debiendo conocer, o suponer racionalmente por la ocasión o
circunstancias de la operación, que proceden directa o indirectamente de
actos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito
de armas o de personas, o relacionados con el crimen organizado,
incurre en sanción de privación de libertad de cinco a doce años.”
(Gaceta Oficial de la República de Cuba. Véase: Código Penal de Cuba.
En: http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo_penal.html#A6)
En
el enfrentamiento al blanqueo de capitales, el Banco Central de Cuba
emitió la Resolución número 66 de 1998, en materia de secreto bancario y
la Resolución número 91 de 1997, referida a la metodología para la
detección de dinero ilícito.Para la prevención del uso de drogas
ilegales se han realizado importantes modificaciones como las recogidas
en Ley 41 de 1983; la Resolución número 67 de 1996, que regula el
Control de los Precursores y Sustancias Químicas Esenciales y la
Resolución número 37 de 1998 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Gracias
a este sistema de enfrentamiento y prevención, la República de Cuba ha
mantenido un riguroso control que registra entre sus últimas cifras, la
ocupación de 1,44 toneladas de narcóticos en los primeros cinco meses
del año 2012, la mayoría de estos relacionados con los recalos. (Sitio Oficial del MINREX, 2012) El
trabajo de las autoridades cubanas en el enfrentamiento a este flagelo
le ha posibilitado una alta eficiencia, logrando sus mayores cifras en
2011. “En total se enfrentaron 399 hechos de recalos (291 más que en el
2010), en los que se incautaron 8 508 kg de drogas, la mayoría marihuana
(8 418 kg), 81.7 kg de cocaína y 7.42 kg de hachís.”(Fernández, Granma, 13 de enero de 2012)
En
el ámbito internacionalCuba ha demostrado seriedad en el cumplimiento
de sus responsabilidades como país signatario de las Convenciones de la
ONU, relativas a la lucha antidroga como la Convención Única de la ONU
de 1961, ratificada por Cuba el 30 de Agosto de 1962 y su Protocolo
enmendado en 1972, al cual se adhiere La Habana el 14 de diciembre de
1989; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de la ONU de 1971,
ratificado por la Isla el 26 de abril de 1976; la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 1988,ratificada
por Cuba el 5 de junio de 1996; la Convención de la ONU contra la
Corrupción de 1988; la Convención de ONU contra la Delincuencia
Transnacional Organizada y de su Protocolo contra la Fabricación y
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.
La
República de Cuba es Estado Miembro de la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas desde 1996, de las reuniones de Jefes de
Organismos Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA)
de la ONU para América Latina y el Caribe, del Plan de Acción de
Barbados para la Cooperación en el Caribe sobre Drogas, desde su
creación en 1996 y del mecanismo de Coordinación y Cooperación de la
Unión Europea, América Latina y el Caribe, también desde su fundación en
el año 1999.
Cuba
participa sistemáticamente en conferencias internacionales de lucha
contra el narcotráfico, como la reunión de Jefes de las Naciones Unidas
de los Organismos Nacionales Encargados de Hacer Cumplir la Ley
(HONLEA), presentando las estadísticas trimestrales sobre las
interdicciones de drogas a la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE), según afirma el informe
de la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la
Ley, del Departamento de Estado en el INCSR del 7 de marzo 2012. (Véase
en: http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol1/184098.htm)
Las
autoridades cubanas mantienen también una coordinación fructífera con
la Organización Mundial de Aduanas (OMA) confirma su compromiso a
colaborar en la lucha internacional contra este flagelo. Con ese
objetivo, el gobierno cubano ha fomentado su cooperación con diversos
países y ha ratificado acuerdos con la Federación Rusa, y con Canadá y
el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) ha llegado a memorandos de
entendimiento. Estos memorandos de entendimiento en la práctica resultan
acuerdos bilaterales, como el acuerdo bilateral entre Cuba y Estados
Unidos por el tema migratorio.
Un
ejemplo de la factibilidad de estas colaboraciones se aprecia en la
establecida con el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) desde 1994. Esta
relación ha permitido la concertación de un amplio programa de
entrenamiento actualizado para los oficiales cubanos y el suministro de
equipos de alta tecnología al MININT, destinados a la lucha contra las
drogas, lo que muestra el respeto y consideración de ese país por la
rigurosa política antidroga que establece Cuba. (Keplak, 2010)
Según
el jefe de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), el Coronel Domingo
Ibáñez: “Cuba tiene suscritos acuerdos bilaterales en ese esfuerzo con
35 naciones, entre estas Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Chile,
Chipre, Colombia, Ecuador, Francia, Haití, Italia, Jamaica, Líbano,
Mongolia y Venezuela.” (DNA, 2012) A partir de estas colaboraciones, las
autoridades cubanas han profundizado los intercambios informativos en
tiempo real, así como otros contactos de trabajo con los servicios
antidrogas de varias naciones, con el propósito de fortalecer la
cooperación operacional, en la lucha contra ese flagelo.
Perspectivas
de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos para la lucha contra el
tráfico de estupefacientes y otros delitos conexos
Las
acciones de la República de Cuba a nivel nacional e internacional para
la lucha antinarcóticos, reflejan una práctica eficiente y solidaria,
que validan la posibilidad de un acuerdo bilateral de cooperación con
Estados Unidos. Lo índices de tráfico de la región en los últimos años,
según a las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y
el Crimen (ONUDC); la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE) y la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) en las Américas, así como los datos que reporta
el Departamento de Estado, reconocen la generalización del trasiego
drogas por todo el hemisferio occidental. En estas circunstancias, la
colaboración entre ambos países resulta un tema de suma importancia
geoestratégica donde el gobierno estadounidense tiene una alta
responsabilidad.
La
reelección Barack Obama para un segundo periodo, alienta las
expectativas hacia un mejoramiento de las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos. El presidente demócrata, sin las presiones de otra
elección y favorecido por el comportamiento del voto cubanoamericano del
Estado de la Florida, pudiera favorecer una relación con la República
de Cuba, donde se potencien los aspectos de interés mutuo.
En
el plano internacional existe un consenso sobre la necesidad de ese
camino. La votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva
york, el 13 de noviembre de 2012, a la Resolución:“Necesidad
de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por
los Estados Unidos de América contra Cuba”, fue aprobada con 188 votos a
favor, tres en contra y dos abstenciones, lo que refleja el consenso
internacional para la abrogación de esa política.
La
intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en el marco
de esas votaciones, confirmó la voluntad de Cuba para la realización de
un acuerdo bilateral en la lucha antidroga, al expresar “(…) el
ofrecimiento al gobierno de los Estados Unidos de negociar acuerdos de
cooperación en áreas del mayor interés mutuo, como el enfrentamiento al
narcotráfico, al terrorismo, al tráfico de personas y para la completa
regularización de las relaciones migratorias, así como para la
prevención y la mitigación de desastres naturales y la protección del
medio ambiente y de los mares comunes.” (Rodríguez, 2012)
Entretanto,
muchas de las críticas realizadas por el gobierno estadounidense al
cubano, han quedado descolocadas en el tiempo, debido a las
transformaciones que la República de Cuba ha realizado en los últimos
años, como parte de un proceso autónomo y necesario para la prosperidad
del pueblo cubano.
Las
posibilidades de cooperación que presenta la mayor de las Antillas en
tres temas de especial prioridad en la región, como la preparación y el
enfrentamiento a los desastres naturales, la lucha antinarcóticos y la
asistencia médica, resultan muy factibles ya no sólo para el intercambio
bilateral sino también para la cooperación con otros países del
hemisferio.
Un
ejemplo del gran potencial de Cuba en este sentido, lo constituyó la
relación concertada luego la catástrofe ambiental en Haití, donde
nuestro país mostró cómo se puede concertar una relación bilateral
fructífera para la ayuda a terceros. Sin embargo, estas posibilidades
resultan mediatizadas, desconociendo realidades que lejos de toda lógica
política, responden a los intereses de la humanidad.
Conclusiones
La
República de Cuba reconoce la importancia de una cooperación
constructiva con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico ilícito de
drogas y otros delitos conexos. Las consecuencias de este flagelo para
la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la convivencia
democrática de los estado-nacionales lo ameritan.
Sin
embargo, la responsabilidad común y compartida entre ambos países en el
enfrentamiento al narcotráfico, no se asume de manera integral por
Estados Unidos. Las limitantes establecidas por Washington para la
cooperación con la República de Cuba, a pesar de los niveles de
seguridad que mantiene el archipiélago, y su disposición para firmar un
acuerdo de cooperación bilateral, son una prueba de ello.
Estados
Unidos de América tiene una inmensa capacidad para asistir a Cuba en la
realización de una tarea aún mejor, en las áreas de mayor preocupación
para los organismos de seguridad norteamericanos; mientras que la mayor
de las Antillas posee los recursos humanos necesarios para llevarla a
cabo. Si bien el país norteño cuenta con su poderío económico,
tecnológico y militar, el archipiélago tiene el personal médico, la
experiencia y voluntad política, patentizada en su gran prestigio
internacional.
No
obstante, ante la ausencia de un acuerdo bilateral, la República de
Cuba continúa desarrollando su sistema de seguridad y prevención contra
el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, con una actitud
cooperativa y responsable en las relaciones que se mantienen caso a caso
con Estados Unidos. El gobierno cubano, consciente de la pertinencia de
este acuerdo, realiza una cooperación puntual, donde refleja el respeto
al ordenamiento jurídico y a las competencias de cada parte.
Independientemente
de lo que reflejen los grandes medios de comunicación, el pueblo cubano
mantiene abierta su solidaridad y cooperación, bajo los marcos del
respeto a los principios internacionales de los pueblos, pues la
politización que sufren temas tan vitales para la prosperidad y la
seguridad de ambos países, deberá de cambiar algún día.
Las
potencialidades existentes en ambas naciones para el intercambio de
información operacional, de una forma sistemática, que contribuya al
mejoramiento de la seguridad, la salud y el bienestar social de ambos
pueblos, ameritan la continuidad de los esfuerzos político-diplomáticos,
para la realización de un acuerdo bilateral.
Con
ese acuerdo, Cuba pudiera brindar mecanismos más dinámicos de
cooperación, así como una mayor coordinación para la asistencia a otros
países de la región. Se tendría la oportunidad histórica, de concertar
políticas para enfrentar el tráfico de estupefacientes y otros delitos
conexos, de una forma más transparente y participativa.
La
importancia de la mayor de las Antillas desde el orden geoestratégico
en el Gran Caribe y su legitimidad en el enfrentamiento a estos delitos,
indicaría un camino más expedito en la relación de EE.UU. con el
hemisferio occidental. Desde una colaboración más integral y
responsable, Washington pudiera mejorar las consecuencias del Plan
Colombia y la Iniciativa Mérida, para la violencia, la criminalidad y la
convivencia democrática de los países más afectados.
Los
niveles de seguridad que garantiza el Estado cubano en el
enfrentamiento al narcotráfico, permitirán ampliar sus relaciones de
cooperación político-diplomáticas y militares con otros países y
organismos internacionales, donde el alcance de un acuerdo bilateral con
EE.UU. es un paso inminente, para la paz y la seguridad interamericana.
-
Alejandro L. Perdomo Aguilera y Santiago Espinosa Bejerano son
investigadores del Centro de Investigaciones de Política Internacional
(CIPI).
