Legalizar las drogas

El fracaso de las políticas punitivas aconseja explorar la propuesta de regulación controlada

Un elevado número de notables líderes internacionales, entre los que se encuentran varios expresidentes y el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, acaban de presentar un informe en Nueva York en el que proponen un viraje radical en el enfoque de la lucha contra la droga. En concreto, sugieren despenalizar el consumo y facilitar el acceso controlado a la misma. La iniciativa debe ser tomada muy en serio. Tras años de insistir en la misma estrategia, hay que constatar el fracaso de las actuales políticas punitivas, que tienden a convertir a los adictos en delincuentes y nutren una economía criminal cada vez más poderosa. Los carteles de la droga manejan más recursos que muchos de los países en los que operan; se han convertido en una gangrena que corroe al Estado de derecho.

Editoriales anteriores

Marihuana legal (06/01/2014)
América avanza (10/06/2013)

Por otra parte, los Gobiernos tienen que destinar cada vez más dinero a sostener unas políticas cuyos resultados son decepcionantes. No solo no se reduce el problema, sino que aumenta. La criminalidad asociada al tráfico ilegal supone en muchos países una sangría en vidas insoportable, y una amenaza política muy seria.
Se impone la necesidad de abordar otras alternativas. El hecho de que entre los promotores de la propuesta figuren no pocos antiguos mandatarios de países que han sufrido los estragos de este problema indica hasta qué punto están agotadas las políticas que se mantienen más por la inercia y los intereses creados en torno a ellas que por una evaluación racional y ponderada de sus logros.
La legalización no debe tomarse, sin embargo, como una panacea. El camino es sin duda complejo y nadie asegura el éxito. El objetivo es intentar un cambio de paradigma que permita reducir el problema a una escala más manejable. No se trata, por supuesto, de convertir de repente las drogas en una mercancía de libre acceso; en ningún caso se plantea algo parecido a abrir estancos de narcóticos, estupefacientes y alucinógenos. Una liberalización total regida únicamente por las reglas del mercado permitiría aflorar la economía que ahora sustenta el tráfico ilegal, y hasta convertirlo en un lucrativo negocio, pero a costa de extender todavía más el problema sanitario.
Lo que se propone es la despenalización del consumo y la regulación responsable del acceso a las sustancias psicoactivas. Se trata de habilitar un sistema que permita a los adictos recibir la droga, al tiempo que se les ofrece ayuda médica para tratar su dependencia. Ello rompería el principal eslabón de la actual cadena criminal, basada en que cada nuevo adicto se ve impelido a convertirse en camello y conseguir nuevos adictos para poder sostener su consumo. Romper esta cadena supone dejar sin mercado a los carteles de la droga.
Este es un debate que afecta especialmente a España. No solo es un eslabón muy importante en el tráfico ilegal, sino que su consumo lastra el futuro de muchos jóvenes. Las razones para explorar esta vía son muchas. Merece la pena intentarlo.
Fuente: El País

Drogas en América: algo se mueve

Sin bombos ni platillos, algo está cambiando: se deja de castigar a los consumidores y el objetivo es el crimen organizado

por Diego García-Sayan 

Probablemente no se apruebe algo muy inesperado, ni particularmente novedoso, en la Cumbre Interamericana de la próxima semana en Guatemala para tratar el tema de las drogas ilícitas. Algunos diplomáticos que han ido conociendo los borradores de la Declaración de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que se aprobaría el viernes 19, transmiten desazón por la falta de novedades y rectificaciones a las políticas vigentes. No conozco esos borradores y de pronto hay algo de razón en que no contendrá la Declaración una bomba que haga primeras planas.
Pero la verdad es que sí hay novedades y vienen produciéndose en paralelo y en la realidad. Sin mucho ruido se han venido dando interesantes rectificaciones en los últimos cinco años, que conferencias como la de la próxima semana bien podría saludar y alentar. Varias políticas nacionales han entrado en revisión en aspectos fundamentales abriendo perspectivas que, gradualmente, podrían conducir a buen puerto. Apuntar a la prevención y enfrentar la sobre criminalización, así, empiezan a aparecer al fin como prioridades. Tal vez con poco ruido pero con muchas nueces, la suma de varios de esos ajustes en políticas nacionales empieza a configurar un entorno regional más dinámico y esperanzador al de la década pasada. Hay en esto tres hechos que saltan a la vista.
Primero, la guerra contra las drogas, inventada en la época de Reagan, ha sido sepultada formal y contundentemente. Esta política militarista no resolvió nada. Después de más de 30 años su resultado esencial ha sido, más bien, más producción y consumo de drogas y, especialmente, muchísima más violencia. En una conferencia del Diálogo Interamericano en Washington la semana pasada, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, recordó a los presentes que ningún funcionario había vuelto a referirse a la tal guerra contra las drogas durante la gestión de Obama. Revisión de enfoque largamente esperada que viene acompañada de aumentos presupuestales en políticas preventivas de salud.

Las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable

Segundo, que más allá de la terminología, hay aspectos sustanciales de la política antidrogas que sí se vienen modificando, lo que apunta a priorizar la salud y la seguridad de las personas. Son especialmente notables los pasos dados en los últimos dos años en EE UU para reorientar el sistema penal en esta materia. Y no me estoy refiriendo a la legalización de la marihuana aprobada por referéndum en Colorado y en el Estado de Washington, sino en iniciativas nacionales generadas por la explosión del sistema penitenciario producida por la exagerada sobre criminalización. Desde 1980 la población carcelaria de EE UU ha crecido en más de un 800%; las 2,3 millones de personas en prisiones norteamericanas equivalen hoy al 25% de la población penitenciaria mundial, generando un gasto público inmanejable de más de 80.000 millones de dólares anuales.
Eso ha llevado al secretario de Justicia —o fiscal general— Eric Holder a tomar medidas impensables hace diez años. Unas son las que cambian los procedimientos de persecución a los delitos de drogas no violentos y de pequeña escala de manera que esas personas no vayan a la cárcel. Los fiscales ya no estarán obligados a exigir penas de prisión por delitos menores de drogas cuando no sean parte de bandas criminales. Otras son algunos proyectos de modificación legales para la reducción de penas y la salida anticipada de un grupo de condenados por delitos de drogas que podría llegar a beneficiar a un quinto de la población en las cárceles federales.
Tercero, los pasos que se vienen dando desde Latinoamérica para la revisión de las políticas globales antidrogas. Y aquí no me refiero a la legalización de la marihuana en Uruguay, pues por las propias peculiaridades del país y el modelo adoptado, difícilmente será replicable tal cual y en el corto plazo a otros países. Estoy pensando, más bien, en el impulso explícito a la revisión de políticas que levantó Colombia en la Cumbre de las Américas (Cartagena, 2012) y que luego siguió Guatemala. Si bien muchos países latinoamericanos siguen rezagados repitiendo un viejo discurso, el hecho es que hay un viento nuevo que es el que condujo, entre otros resultados, al innovador y sugerente documento que preparó la OEA el año pasado sobre los escenarios 2013-2015.
Sin bombos ni platillos, pues, algo viene ocurriendo y en la correcta dirección: darle una atención especial a la prevención y al tratamiento en el terreno de la salud, no enfrentando a los consumidores como criminales y concentrándose en combatir al crimen organizado. El informe publicado el martes 9 por la Comisión Global de Políticas de Drogas, de la que forma parte Kofi Annan, va en esa dirección. Que todo esto vaya quedando registrado, y que futuras evoluciones sean alentadas, podría ser un buen resultado del siguiente encuentro interamericano sobre este tema en el que han sido tan pródigos los fracasos y escasos los éxitos.
Fuente: El País

El Salvador: The Maras, Community Action, and Social Exclusion

By Mario Zetino Duarte, Larissa Brioso, and Margarita Montoya

Photo Courtesy of FLACSO-El Salvador

Maras and gangs in El Salvador have become social actors with great power in communities suffering from a high level of social exclusion. They have been linked to violence and organized crime, and they have been blamed for the highest number of homicides, organized criminal actions, and the generalized insecurity in which the country lives. They have brought a sense of isolation to the communities in which they live, as well as a reputation that increases the communities’ exclusion. According to a study being conducted in crime-ridden communities of Santa Tecla (near San Salvador) and Sonsonate (64 km. west of the capital), the maras’ power derives from their ability to cause fear and terror among inhabitants as a result of their effective and organized criminal actions. Their influence has a strong psychological impact and broad influence over people’s lives. The criminal activities of the gangs in the community are generally rejected by inhabitants because they put families at risk, make neighborhoods the target of police operations, and taint both the community and its residents socially – making it hard for people to get or keep jobs.
Nonetheless, many citizens in these communities have a positive assessment of the maras when it comes to providing important neighborhood security, due to a lack of national or local authority. In Santa Tecla and Sonsonate, the Salvadoran government, the municipality, international organizations, and other institutions have invested heavily in programs to stem the tide of mara violence, with mixed results. These communities suffer from low levels of employment, education, and social security, particularly among women. Afraid of retribution, citizens in these communities do not turn to state institutions to report crimes or to request protection, and they instead approach the maras to take actions regarding conflicts with neighbors and situations related to domestic violence. The void in institutional services, which has been permanent in some communities, is being filled by the maras and their members, making them the primary support for the local Asociaciones de Desarrollo and implementers of development plans.
Changes in the community philosophy of the National Civilian Police (PNC) in one of the communities of the study offers a useful example of how new approaches can help improve citizens’ lives. The PNC’s new approach to the community and its underlying social and security problems has also led to the evolution of the maras’ role as community actors and their legitimacy in the people’s eyes, primarily based on the fear they instill. This has benefited some communities.  Likewise, international cooperation – which has played an essential role – and the recent implementation of community policing practices as a model within the national security strategy to reduce gang criminality have driven debate on how communities can confront violence and crime in a sustained manner. The problems are far from resolved, but the gangs, the police, and the state each appear to be redefining strategies and roles. It remains to be seen whether these actions are sustainable and applicable in other territories – and whether the maras’ involvement in development programs can help create conditions for citizens to cope with the violence and social exclusion that plague their communities.
* Mario Zetino Duarte, Larissa Brioso, and Margarita Montoya are researchers at FLACSO-El Salvador.  Their study is funded by the International Development Research Centre.
Source: Aula Blog

Drug Challenges in the Americas: A Conversation with José Miguel Insulza

By Marielle Coutrix

More than a year after the Organization of American States (OAS) published the report on the Drug Problem in the Americas, the Dialogue’s Peter Hakim met with the Secretary General of the OAS José Miguel Insulza to discuss drug policy in the hemisphere. 
To start off, Insulza stressed the emerging consensus that the “war on drugs” strategized by the United States is not working. His enumeration of the ills American societies continue to face -“more problems, more addicts, more people in jail”- makes it clear as to why there is greater openness to discussing alternative policies. OAS statistics paint a stark picture of drug use and trafficking: while more than one-third of the 3.6 million people jailed in the Americas were arrested for drug related offenses, there is no indication that the drug flow has decreased. In fact, Thomas McLarty, former Chief of Staff for Bill Clinton, remarked at the last CAF Conference that there has been a mindset change in Washington. At the meeting, Insulza duly pointed out that in the context of the Colorado and Washington experiment and shifting public opinion in the US in favor of marijuana legalization and regulation, U.S. officials no longer speak of a “war on drugs”

The OAS report, which consists of an Analytical Report, and a Scenarios Report, stands as a landmark for a new willingness on the part of American states to better understand drug use and explore nontraditional approaches to the drug crisis. The report shies away from offering any one recommendation, but as Insulza noted when delivering the report in 2013, it does encourage “a shared vision that allows states to join forces to address the problem, while respecting diversity in approaches to it.”

Attesting to how variables such as violence and lack of access to education and employment opportunities increase individuals’ susceptibility to problematic drug use, Insulza did suggest for authorities to shift away from acriminal justice strategy and invest in a public health approach. As outlined in the OAS report, leaders are called to ask themselves above all else “to what extent current policies, geared to punishment and criminalization, trigger more harm than they prevent.”

But a year after the OAS initiated a dialogue on the issue, what is the state of the drug problem today? Insulza remarked that “the drug business is doing better than ever” and is especially profitable for cartels due to its persisting criminalization. According to the OAS report, the value of cocaine increases approximately 500-fold along the value chain with the original kilo costing on average 650 dollars and the total retail sales soaring to about 330,000 dollars. Despite the normative changes in discussion, Executive Secretary of the OAS’ Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAC) Paul Simmons indicated that the enforcement of the public health approach is weak. “Funding for drug control programs is scarce, especially with respect to prevention and treatment,” he asserted. Moreover, to the exception of Uruguay that legalized Marijuana in 2013, “while there seems to be a consensus in the US to legalize marijuana, such is not the case in Latin America," emphasized Insulza. But for drug consumption to be reduced through prevention campaigns in accordance with public opinion, “we ought to carry out more polls,” noted Paul Simmons.

In concluding remarks by Hakim, it was clear that Latin America has taken a leadership role in drug policy. It remains to be seen, however, if such impetus is sustained and what direction it takes. 
Source: American Interdialogue

Informe de la OEA destaca vulnerabilidad de migrantes en México

por Patrick Corcoran

México Tráfico humano Datos & Herramientas

Migrantes bajo vigilancia en México

Un nuevo informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció el aumento en las amenazas que enfrentan los migrantes en México, y proporcionó nuevos datos sobre la impunidad de la que gozan las organizaciones criminales cuando se trata de juicios que involucran a migrantes.
El informe, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, fue compilado a petición del gobierno mexicano. Si bien el tema no se limita al crimen organizado, en el México de hoy es imposible examinar las amenazas a los migrantes sin tener en cuenta el papel de grupos como los Zetas.
La inmigración indocumentada a lo largo de México ha dependido durante mucho tiempo de los "coyotes" o "polleros", los guías ilegales que prometen a sus clientes un viaje a través del territorio mexicano y a través de la frontera con Estados Unidos. Necesariamente, estos coyotes siempre han operado fuera de la ley, pero en los últimos años la incursión de grupos criminales más grandes en el comercio coyote ha revolucionado la industria.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México

Muchas de las amenazas que enfrentan los migrantes hoy en día son las mismas que siempre han enfrentado, siendo el robo y la violación dos de las principales. Sin embargo, hay otras amenazas que reflejan la dinámica criminal más reciente de México. El informe analiza, por ejemplo, el secuestro de inmigrantes adolescentes quienes son obligados a servir como soldados rasos en los grupos criminales.
El creciente papel que juegan los grupos criminales organizados en el tráfico de personas -en lugar de coyotes más independientes- ha aumentado la escala de estas operaciones, lo que ha provocado crímenes más impactantes. Un ejemplo de esto, citado en el informe de la OEA, fue el descubrimiento en dos trailers de más de quinientos inmigrantes de todas partes del mundo en condiciones infrahumanas, en el estado fronterizo de Chiapas, hace unos tres años. Los informes periódicos de masivos asesinatos de migrantes en el estado de Tamaulipas -la mayoría de los cuales han sido atribuidos a los Zetas- ofrece una prueba más de este cambio.

Análisis de InSight Crime

Una palabra que surge repetidamente a lo largo del informe de la OEA es "vulnerabilidad". Al considerar todas las formas en las que el crimen organizado se ha involucrado más en permitir los flujos migratorios, el resultado final ha sido hacer más vulnerables a los migrantes.
Por ejemplo, los autores del informe analizaron la impunidad con la que operan los traficantes. Señalaron que "el negocio" de la migración es atractivo para las organizaciones criminales pues ofrece altos beneficios a cambio de un "bajo nivel riesgo" de repercusiones.
Las cifras obtenidas por la OEA arrojan más luz sobre el alcance de la impunidad que involucra este tipo de delitos. Entre 2008 y 2011, los tribunales mexicanos emitieron fallos en sólo cuatro casos de homicidio que involucraban a migrantes. Sólo hubo un fallo por un caso de extorsión y sólo cinco casos por tráfico de personas.
El mayor papel de los grupos criminales en el tráfico de personas ha aumentado debido a la impunidad. Los grupos del crimen organizado de México tienen conexiones de larga data con la policía y en los distintos niveles de gobierno, bolsillos más profundos en los cuales pueden escarbar para sobornar a funcionarios, y una mayor capacidad para intimidar a los agentes del gobierno. Como resultado, hay menos apoyo gubernamental para los migrantes que son victimizados y menos impedimentos para aquellos que asedian a los migrantes. De esta manera, el ciclo de la impunidad se perpetúa.
Los grupos criminales mexicanos se trasladaron al tráfico de personas en parte para diversificar las actividades que les proporcionaban ingresos -el mismo ímpetu que los llevó al secuestro, la extorsión y a cometer otros delitos. El informe de la OEA reconoció esta diversificación. Incluso llamó a la migración "una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado en México".

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre tráfico humano

Aunque eso podría exagerar un poco el caso -el tráfico de drogas sigue siendo mucho más lucrativo según la mayoría de los cálculos- no hay duda de que los beneficios son sustanciales, y son suficientes para apoyar una clase de grupos criminales sofisticados y peligrosos. Grupos como los Zetas y el Cartel del Golfo (que aparecen con mayor frecuencia en el informe de la OEA que cualquier otro grupo de tráfico) también han aprendido a aprovechar los cambios en las políticas gubernamentales en ambos lados de la frontera. El informe señaló que estos dos grupos criminales están "teniendo un gran impacto sobre los migrantes deportados desde Estados Unidos", amenazándolos con "el secuestro, la extorsión y otros delitos".
El aumento en el enorme mercado para el tráfico de personas en México es una muestra de los problemas más amplios que alimentan el crimen organizado: debilidad institucional, millones de jóvenes marginados, y sistemas económicos no registrados. Esto sugiere que la mejor manera de proteger a los migrantes es también atacando los factores más amplios que alimentan la inseguridad. Esto es, desafortunadamente, una enorme tarea, sin pasos obvios que podrían producir mejoras inmediatas.

Fuente: In Sight Crime

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Análisis crítico del problema de las drogas

por Marco A. Gandásegui (hijo)

El problema de las drogas en todas sus manifestaciones tiende a agudizarse en Panamá, a pesar de las enormes inversiones realizadas para combatirlo. El número de adictos aumenta, los esfuerzos por educar a la población están estancados, hay cada vez más violencia e incautaciones de drogas y el lavado de dinero crece en nuestro centro bancario.

  Esta situación genera preocupación en torno a la seguridad ciudadana. Las asociaciones cívicas, los gremios, los sindicatos, los centros comunitarios y, sobre todo, la familia son los más afectados. La violencia y la criminalidad son los problemas que más preocupan a los panameños. En el centro de esta situación se ubica el problema de las drogas.

Para tratar este tema la Comisión Nacional para la Prevención de las Drogas (CONAPRED) convocó a su segundo taller que tiene como objetivo presentar la situación que prevalece en Panamá. En ese marco, el Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá presentará hoy un análisis crítico del problema.
Todos los panameños estamos familiarizados con el problema de las drogas por medio de una o más experiencias personales. Entre nuestros conocidos, amigos e, incluso, algún familiar, hay quienes han caído presos de la adicción. El tratamiento de esta enfermedad es difícil, doloroso y muy costoso. El Ministerio de Salud aún no ha podido establecer un programa de tratamiento para las personas que sufren de la enfermedad. El único programa que tenía fue cerrado hace poco.
La drogadicción no es una enfermedad nueva. En Panamá el problema tiende a crecer y se plantean diferentes estrategias para combatir el flagelo. Entre las políticas más mencionadas para mitigar el problema clínico de las drogas es la educación. Sin embargo, la inversión en los programas de educación es muy pequeña. El Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá es testigo de una presencia mínima de las distintas instancias del sector Educación en lo relacionado con este problema. Sólo el 5 por ciento del presupuesto global del gobierno nacional destinado a combatir el flagelo de la droga es destinado al sector Educación.

Los programas de represión de todas las formas asociadas a la producción, consumo y distribución de las drogas ilícitas han logrado atraer la atención de los gobiernos y de los sectores financieros. En el caso de Panamá, el 90 por ciento de los recursos destinados a combatir el flagelo de las drogas es dirigido a la represión.
Según informaciones que proporcionan los medios de comunicación, las fuerzas armadas panameñas y sus aparatos de inteligencia han creado equipos sofisticados para detectar los movimientos de los traficantes de drogas ilícitas en el país. En 2013 Panamá tuvo un presupuesto de seguridad nacional de 975 millones de dólares (6 por ciento del presupuesto nacional).
Panamá es acusada por EEUU y otros países de ser una plaza especializada en el lavado de dinero que circula por las redes financieras internacionales en forma ilegal. A menudo amenaza con tomar medidas punitivas contra el sector bancario panameño por lo que considera prácticas ilegales.
Según las agencias norteamericanas que investigan estas irregularidades, el lavado de dinero está asociado con las actividades de bienes raíces y la construcción, los establecimientos de juegos de azar y el tráfico de drogas. Calculan que en 2012, el sistema financiero panameño lavó más de 2 mil millones de dólares. El gobierno norteamericano se está moviendo hacia la regulación de las drogas que hoy se consideran ilegales, comenzando con la marihuana. El Procurador General de ese país dio los primeros pasos para comenzar a des-criminalizar todo lo relacionado con el consumo de drogas.
Es probable que más temprano que tarde en Panamá se seguirá por el mismo camino. Muchas de las drogas que hoy se consideran ilícitas serán compradas con recetas en las farmacias, reduciendo los niveles de represión existentes actualmente, controlando mejor la distribución y poniendo fin al crimen organizado y reduciendo la población penitenciaria.
Hay que seguir analizando el problema de las drogas y los estragos que está generando tanto a nivel de la seguridad nacional como también en el contexto de la seguridad ciudadana. Hay indicios de que hay confusión entre la protección de las fronteras y la represión de la población. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo asegurar que estas políticas se complementen y no se estrellan haciendo imposible definir una política coherente en beneficio del país?
11 de septiembre de 2014.
Fuente: Marco A. Gandásegui (hijo) blog

La legalización del cannabis en el estado de Washington cultiva el conocimiento, no sólo el cannabis

Un informe sobre la estrategia del estado para evaluar la reforma

Informe de WOLA/Brookings

Por Philip Wallach
El 6 de noviembre de 2012, los electores en los estados de Washington y Colorado tomaron la trascendental y casi totalmente innovadora decisión de legalizar y regular el cannabis para uso recreacional. Aunque en muchos países se ha intentado aplicar formas de descriminalización o de uso médico legalizado del cannabis, ninguno se había aventurado a legalizar la producción, distribución y consumo recreacional de la droga, menos aún a erigir un sistema regulatorio integral y dirigido por el estado para supervisar el mercado. Pese a la falta de experiencia, y no obstante el claro conflicto con la ley federal sobre drogas, sólidas mayorías de votantes en Washington y Colorado decidieron que sus estados serían los pioneros de la experimentación. (En 2013, Uruguay les seguiría los pasos). La apertura de puntos de venta de cannabis legal se hizo realidad en Colorado desde enero de este año, y en Washington desde el 8 de julio pasado.
Mientras que Colorado viene capturando titulares por su rápido (y, en muchos aspectos, impresionante) despliegue de la legalización2, se puede afirmar que Washington está emprendiendo la reforma más radical y amplia. Esta reforma busca, en efecto, cambiar no solamente la manera en que el estado regula el cannabis, sino también desarrollar herramientas mediante las cuales se evalúen las reformas, y mostrar que dichas herramientas pueden ser relevantes en medio del tumultuoso debate político partidario. Washington ha lanzado dos iniciativas. Una de ellas se refiere a políticas sobre drogas; la otra trata del conocimiento. En el mundo de las políticas sobre drogas y, de hecho, en el mundo de la administración pública de modo más general, este enfoque es sumamente novedoso.
Esta segunda reforma, aunque menos pregonada que la legalización que domina los titulares, resulta de muchas maneras tan audaz como la primera. El gobierno del estado de Washington está tomando muy en serio su papel como laboratorio de la democracia, incrementando sus herramientas y dedicando recursos para dar seguimiento a su experimento de una manera inusualmente meticulosa. Varias características innovadoras resultan particularmente dignas de mención:

• Una porción de los ingresos generados por el tributo especial a la venta de cannabis financiará investigaciones sobre los efectos de la reforma y sobre cómo pueden mitigarse de manera efectiva sus costos sociales. En efecto, el estado ha desarrollado mecanismos para evaluar sus políticas de reforma desde el primer día, con un flujo de financiamiento dedicado a financiar la continuidad e independencia política del mecanismo.
• Las acciones de investigación están siendo coordinadas a través de múltiples agencias estatales, incluyendo el Departamento de Servicios Sociales y Sanitarios, el Departamento de Salud, y la Junta para el Control de Licores (Liquor Control Board, LCB). En lugar de depender únicamente de un punto de vista o fuente de información, el estado viene enfocando muchas perspectivas para tratar de crear una evaluación multifacética del tema.
• El Instituto de Políticas Públicas del Estado de Washington (Washington State Institute for Public Policy, WSIPP), el centro de estudios internos del estado, realizará un análisis de costo-beneficio que virtualmente no tiene precedentes en cuanto a su ámbito y duración. Si este estudio es ejecutado con éxito, brindará un parámetro de los logros de la reforma, el cual puede ayudar a enfocar y regular el debate político.

Al combinar estas técnicas, los gestores de políticas del estado de Washington buscan no sólo armarse de recursos para regular de manera proactiva el cannabis legal sino también para informar e influenciar de manera igualmente proactiva las batallas de información que rodearán al tema del cannabis legal. Esto no es poca cosa considerando que la regulación del cannabis es un debate político en la cual abundan los defensores apasionados y, a menudo, desmedidos. Mientras las líneas de batalla en la guerra de la información entre los defensores y detractores de la legalización se endurecen, los esfuerzos del estado por desarrollar conocimientos brindan a las autoridades la oportunidad de trascender los incansables ritmos del ciclo noticioso y de poner sus miras en horizontes temporales más relevantes. Los partidarios de la reforma a lo largo del país—en cuanto a políticas sobre cannabis, así como en otros campos—harían bien en aprender de este segundo experimento, tanto como del primero.
Este documento describe los experimentos paralelos que tienen lugar en Washington: el experimento sobre el cannabis y el referido al conocimiento. El documento sopesará el potencial y los obstáculos del experimento estatal referido al conocimiento. Y ofrecerá algunas reflexiones sobre cómo aprovechar al máximo las innovaciones planteadas en Washington—tanto por quienes están más interesados en las políticas sobre drogas, como por aquellos que buscan mejorar la manera de realizar reformas de políticas de cualquier tipo.
Para bajar la introducción y resumen, haga clic aquí.
Para leer el informe completo (sólo en inglés), haga clic aquí.

Source: WOLA