Cuba entre los países con menos homicidios de América Latina

Cuba tiene una tasa de 4,2 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Chile, Cuba y Argentina son los países con las tasas de homicidios más bajas de América Latina. Así lo determina el informe global de Homicidios 2013 realizado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

El informe detalla que, en 2012, la tasa de homicidios en Chile fue de 3,1 por cada 100.000 habitantes, siendo el país con menos asesinatos en la región. Lo sigue Cuba, con una tasa de 4,2. En tanto, Argentina tiene una tasa de 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes, aunque el informe, según la BBC Mundo, aclara que las cifras son de 2010.
“En la subregión de América del Sur, las tasas de homicidio en el Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) se acercan a las tasas relativamente bajas que se registran en Europa”, especifica el informe.
Uruguay también está entre los países con tasas más bajas (7,9), aunque un dato particular que se registró en el informe es que en Montevideo la proporción de homicidios interpersonales es más alta que la de homicidios vinculados al delito. En total, en 2012 hubo 439 000 homicidios en el mundo. Más de una tercera parte de éstos (36%) tuvieron lugar en el continente americano, 31% en África, 28% en Asia, mientras que Europa (5%) y Oceanía (0.3%) presentaron las tasas más bajas de homicidio a nivel regional.
Si bien la tasa promedio global de homicidios es de 6.2 por cada 100 000 habitantes, África del Sur y América Central muestran promedios cuatro veces mayores (por arriba de 24 víctimas por cada 100 000 habitantes).

Por género

A nivel mundial el 79% de las víctimas de homicidio son hombres. A su vez, son hombres también el 95% de los homicidas.
La tasa de homicidios de hombres es casi cuatro veces mayor que la de mujeres (9.9 contra 2.7 por cada 100 000), siendo la más alta la de América (30 por cada 100 000 hombres), que es casi siete veces mayor que las de Asia, Europa y Oceanía (todas por debajo de 4.5 por cada 100 000 hombres).
Sin embargo, en el caso de los homicidios dentro del contexto familiar y de relaciones de pareja las mujeres están en un riesgo considerablemente mayor que los hombres.
El informe detectó que dos terceras partes de las víctimas de homicidio cometido por compañeros íntimos o familiares son mujeres. En ese sentido, casi la mitad (47%) de todas las víctimas femeninas en 2012 fueron asesinadas por sus compañeros íntimos o familiares, mientras una gran proporción de mujeres víctimas pierden la vida a manos de quienes se esperaría que las protegieran, a la mayoría de los hombres los asesinan personas que quizá ni siquiera conocen.
Otro dato preocupante es que el 43% de todas las víctimas de homicidio tienen entre 15 y 29 años de edad.
Además, unos 36 000 niños menores de 15 años fueron víctimas de homicidio en todo el mundo en 2012.

Los tipos de homicidio

Para realizar el informe se tuvieron en cuenta tres tipologías de homicidio: homicidio vinculado a otras actividades delictivas, homicidio asociado a conflictos interpersonales y homicidio relacionado con motivos sociopolíticos.
En general, los homicidios vinculados a la delincuencia organizada constituyen 30% de los que tienen lugar en el continente americano,
El homicidio cometido por un compañero íntimo o un familiar es una forma de homicidio interpersonal que afecta a todos los países, sin importar su riqueza, nivel de desarrollo ni factores de riesgo y protección, los cuales pueden disminuir los niveles de violencia letal.
Estos constituyen 14% de todos los homicidios a nivel mundial, y son los de mayor intensidad en América. Sin embargo, la ONU aclaró que la falta de datos dificulta cuantificar la prevalencia mundial de las diferentes tipologías de homicidio.

Las armas

Según el relevamiento realizado por la ONU, las armas de fuego son las que se usan más, dado su elevado nivel de letalidad, y dan cuenta de cuatro de cada 10 homicidios a nivel global.
El uso de armas de fuego es particularmente predominante en América, donde dos terceras partes de los homicidios se cometen con éstas.

Cómo se combaten estos delitos

El informe resalta que hay una tendencia mundial a que la policía reaccione con prontitud ante los casos de homicidio, al grado que en poco más de 60% de éstos se halla en posibilidad de identificar y aprehender a uno o varios sospechosos en cada incidente, lo que permite que se lleve a cabo el proceso judicial. Sin embargo, se aprecian desigualdades regionales significativas: 80% y 85% de los homicidios, respectivamente, se “esclarecen” de esta manera en Asia y Europa, mientras que en América la proporción es de 50%.
Por otra parte, a nivel global hay 43 criminales sentenciados por cada 100 víctimas de homicidio doloso. Sin embargo, las desigualdades de región a región son aún mayores que en las tasas de esclarecimiento: la tasa de condenas es de 24 por cada 100 víctimas en América, 48 en Asia y 81 en Europa.
“Un sistema de justicia penal efectivo que garantice que haya una investigación rigurosa y sentencia justa para los presuntos homicidas es un requisito previo para hacer valer el Estado de derecho y de lograr justicia para las víctimas de homicidio; de otra manera, la impunidad de los criminales puede propiciar que se cometan más asesinatos”, sostiene el informe..
La edición del Estudio Mundial sobre el Homicidio 2013 se basa en las estadísticas del mismo año sobre este delito elaboradas por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, Homicide Statistics, 2013), las cuales se obtuvieron de diversas fuentes nacionales e internacionales y abarcan 219 países y territorios.
Fuente: La Nación

Terrorismo y criminalidad en las Américas - 'Es un negocio'

por Steven Dudley

¿Es sólo oportunista el interés de Hezbollah en Latinoamérica?

En una declaración dada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Steven Dudley de InSight Crime discute la realidad de los vínculos entre los grupos terroristas globales y el crimen organizado latinoamericano, así como algunos obstáculos políticos comunes para abordar dichos vínculos de manera efectiva.

Quise comenzar contándoles una historia.

En mayo de 2011, un iraní-estadounidense que vende automóviles y vive en Corpus Christi, Texas, llamado Manssor Arbabsiar conoció a un hombre que tomó como miembro de la organización criminal los Zetas[1].
Arbabsiar tuvo como segundo empleo trabajar como espía para la Fuerza Qods, una unidad de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Específicamente, él estaba trabajando con alguien descrito como su "primo", quien era un miembro de alto rango de los Qods.

Los siguientes son los comentarios del codirector de InSight Crime Steven Dudley, dados en 14ª reunión del Comité Interamericano contra el Terrorismo, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Vea aquí la transcripción original.

El hombre que creyó que era un operario de los Zetas, sin embargo, era en realidad un informante de la DEA. Los dos se reunieron en numerosas ocasiones en México donde maquinaron un plan para asesinar al embajador saudí para Washington DC, por un costo de $1,5 millones.
El informante engañó a Arbabsiar, incluso presionándolo a transferir dinero como pago inicial en una cuenta bancaria secreta controlada por el Buró Federal de Investigaciones. Poco después, en septiembre de 2011, con la ayuda de las autoridades mexicanas, Estados Unidos lo capturó y lo acusó de diversos delitos, entre ellos de conspiración para asesinar a un diplomático con sede en Washington DC, en Estados Unidos.
Después de que se publicara la noticia, hubo indignación en los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente Joseph Biden dijo: "los iraníes van a tener que rendir cuentas", antes de añadir: “Estamos en el proceso de unir a la opinión pública para continuar aislando y condenando su comportamiento"[2].
Parte de la prensa de Estados Unidos también pareció estar avivando el fuego. Robin Roberts de ABC le preguntó al vicepresidente: "¿Es esto un acto de guerra?"[3].

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La historia ilustra muchas cosas, no menos importante de ellas es qué tanto está en juego.
Desde los ataques del 9-11, Estados Unidos ha gastado millones de dólares en esta región tratando de responder a una difícil pregunta: ¿Las redes terroristas utilizarán las organizaciones criminales para ayudarlas a cometer actos terroristas en territorio de Estados Unidos? Muchos otros gobiernos en esta sala se están preguntando lo mismo de sus propios países.
El caso Arbabsiar encierra muy bien las dificultades para responder a esta pregunta con un simple "Sí" o "No".
Parecía haber algo de verdad en las acusaciones. Hay peligrosos grupos criminales en la región. Hay organizaciones terroristas que también están operando. Hay Estados en todo el mundo que están apoyando, directa o indirectamente, las actividades de algunos grupos terroristas, y hay otros Estados en donde los grupos criminales operan con impunidad. Además, Arbabsiar se declaró culpable y fue sentenciado el año pasado a 25 años en una prisión de Estados Unidos[4].
Al mismo tiempo, sin embargo, también hay algo increíble sobre esta historia. Y el anuncio de un “complot frustrado" fue recibido con un sustancioso escepticismo en los medios de comunicación.
"Si los operarios del gobierno iraní realmente intentaron contratar a un cartel de drogas mexicano para asesinar al embajador saudí en Estados Unidos... entonces ellos no sólo estaban siendo perversos. Estaban siendo bastante estúpidos", escribió Tim Padgett de Time[5].
En efecto, los hechos no cuadraban. Reynosa, México[6], el lugar de encuentro donde supuestamente se ideó el complot, no era territorio de los Zetas sino del Cartel del Golfo, algo que los iraníes hubieran sabido si hubieran investigado un poco. Más importante aún, ningún grupo criminal mexicano está interesado en cometer actos de violencia política o terrorista en territorio de Estados Unidos y, mucho menos, actos que involucran a gobiernos extranjeros. Ellos están interesados en cometer actos criminales prácticamente en su propio territorio para sus propios fines.
Como ha señalado la notable académica Vanda Felbab Brown, de Brookings Institute, los grupos criminales son "minimizadores de riesgos"[7].
Al fin y al cabo -y tal vez esto se deba a que no soy un policía o agente de inteligencia- algo no cuadra en el caso Arbabsiar. E, incluso si fuera cierto, parece ser un hecho aislado, en lugar de una estrategia operativa nueva y global.

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Hay casos similares que conducen a conclusiones ambiguas, de manera similar. Está la Operación Titán, una investigación conjunta entre Estados Unidos y Colombia que sacó a la luz una red de tráfico de cocaína que se extendía desde Colombia a través de Panamá y África Occidental, y hacia el Medio Oriente. El intermediario era Chekry Harb, alias "Talibán", quien había reunido una red que incluía carteles colombianos, paramilitares y a la guerrilla, por un lado, y a Hezbolá por el otro. Las autoridades dijeron que Harb pagó el 12 por ciento de sus ingresos para Hezbollah[8].
El caso más frecuentemente citado es el de Ayman Joumaa, una investigación que surgió de Operación Titán. Las autoridades estadounidenses dicen que Joumaa -un ciudadano libanés quien durante años operó desde Colombia -movió cocaína y lavó dinero para diversos grupos criminales colombianos y mexicanos, entre otros, cobrando una sustanciosa tarifa por sus servicios. Es de suponer que algunas de estas ganancias se dirigían a Hezbollah, a menudo con la ayuda del Banco Libanés Canadiense[10].
Sin embargo, ninguna de estas actividades criminales pareció acercar a Hezbollah a tener una presencia importante en la región. De hecho, parece que hay poca afinidad ideológica entre estas organizaciones y que no hay otro medio de apoyo a la milicia chií que una parte de las ganancias de Joumaa. Esto está en consonancia tanto con la imagen general de la región por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos como con la propia evaluación de este caso particular por parte de algunos funcionarios estadounidenses.
Joumaa "tiene interacción con Hezbollah", dijo un oficial a ProPublica cuando la acusación fue revelada. Sin embargo, "no hay ningún indicio de que sea ideológica. Es un negocio"[11].

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Si tuviéramos que poner una etiqueta en cualquiera de estas actividades, sería probablemente eso: es un negocio. Estas interacciones parecen ser, más que nada, una manera de alcanzar metas monetarias a corto plazo. El tráfico de drogas, el contrabando, el tráfico de armas, el contrabando de diamantes y otras numerosas actividades ayudan a los grupos terroristas a alcanzar estos objetivos. Intermediarios como Harb y Joumaa facilitan estos acuerdos y tal vez tienen alguna afinidad ideológica con una o varias de estas organizaciones. Pero esto no significa que estas organizaciones hayan desarrollado relaciones de trabajo desde hace mucho tiempo o incluso a corto plazo. El analista en seguridad Doug Farah las ha descrito acertadamente como "de una sola noche".
"Usted tiene estos múltiples cruces de estos múltiples grupos organizados y terroristas, pero no significa que eso sea un conglomerado gigante por ahí operando al unísono o como una sola fuerza", dijo a un Comité del Congreso de Estados Unidos en 2011. "Cada uno tiene su propio interés. Son más como series de una sola noche, que tratar de casarse con alguien"[12].
En un testimonio más reciente, Farah ha adoptado una posición mucho más radical, afirmando que numerosos gobiernos de la región están reforzando sus lazos con al menos una organización guerrillera, así como con Irán[13].
Sin embargo, me parece que éstas afirmaciones generalmente son infundadas, basadas en pruebas viejas y bajo el supuesto de que la afinidad política es para siempre y que los partidos políticos son monolíticos. Aunque sin duda hay algunas simpatías políticas de larga data, y tal vez incluso algunas relaciones que facilitan las operaciones de algunas organizaciones terroristas, hay poco para sostener las afirmaciones de que existe un plan maestro para desestabilizar a la región a través de la guerra asimétrica o a través de ataques terroristas a través de las fronteras.
Al igual que el caso de Arbabsiar, la conspiración sigue estando en su mayoría en el ojo del espectador y parece responder más a un propósito político que a profundizar nuestra comprensión sobre las redes criminales terroristas y sus relaciones con los Estados. Incluso Farah admite que: "Es peligroso ... juntar a todo el mundo para actuar al unísono, en sintonía en una gigantesca conspiración cuando, de hecho, son múltiples redes ejecutando varios planes que se superponen en diferentes lugares".[14]

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Esa es tal vez la segunda lección: hay grados de peligro, y lo más importante, tipos de peligros que tenemos que ser capaces de identificar antes de decidir un curso de acción.
En la parte superior de la lista se encuentran, sin duda, los peligros que ponen en riesgo a los civiles. Esto, por supuesto, tiene que ser la prioridad más alta de la región. Y en América, son las organizaciones terroristas de larga data las que siguen siendo la mayor amenaza en esta categoria. Estas incluyen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a otra gran insurgencia de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Sendero Luminoso en Perú. Estas organizaciones siguen atacando a civiles por extorsiones y secuestros. En algunas zonas, estas organizaciones ejercen un mayor control sobre la vida civil que el Estado. Aún así, los tres grupos se han debilitado enormemente, y los grupos colombianos están negociando un acuerdo con el gobierno.
Ahora el peligro se ha convertido en una posibilidad muy real de que partes de estos grupos simplemente se involucren en actividades criminales después de un proceso de paz o pacificación exitoso, o incluso parcialmente exitoso. Más que cualquier otro grupo, las FARC parecen estar a punto de avanzar en esta dirección. En InSight Crime, identificamos un número de unidades de las FARC, o frentes, como se les conoce, que ya están profundamente involucrados en el narcotráfico y en actividades mineras ilegales[15]. Estos frentes regularmente hacen negocios con los grupos criminales mexicanos, así como con sus antiguos rivales en los grupos paramilitares que, desde su propia desmovilización, se convirtieron en decenas de pequeñas y grandes organizaciones criminales que siguen asolando el país.

VEA TAMBIÉN: FARC, paz, y posible criminalización

Este proceso de criminalización puede haber comenzado ya para las FARC. Según una estimación de inteligencia colombiana, el comando central de la guerrilla, el Secretariado, sólo tiene el control sobre 15 de sus 67 frentes. De alguna manera, Colombia es una víctima de su propio éxito. El mando y control de las FARC se ha vuelto más tenue a medida que la dirección del grupo ha desplazado sus operaciones a los países vecinos. Esta migración criminal habla de un problema regional más grande que voy a tocar en un momento: la falta de comunicación y coordinación entre los estados vecinos.
Podría decirse que Sendero Luminoso ya se ha criminalizado. En estos días, parece actuar tanto como un ejército para narcotraficantes así como una organización motivada ideológicamente. De esta manera, Sendero Luminoso también se asemeja a otro grupo criminal que está en ascenso en México, conocido como los Caballeros Templarios. Los Caballeros emplean la retórica política anti-Estado y cuasi-religiosa para justificar su control y represión sobre las poblaciones rurales y urbanas en las que trafican narcóticos, extorsionan a empresas y a particulares, y secuestran con relativa impunidad.
Los Caballeros también han organizado sofisticadas emboscadas contra las fuerzas de seguridad, y el año pasado quemaron una serie de plantas de energía en una serie de ataques coordinados. Entre su retórica y sus acciones, los Caballeros son tan terroristas como las FARC, el ELN y Sendero Luminoso. Y sirven como un recordatorio de que la convergencia criminal y terrorista puede ocurrir en ambos extremos del espectro.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de los Caballeros Templarios

En todos estos casos, estas organizaciones comparten un vínculo común en cuanto a que cada vez más dependen del tráfico de drogas y en otras actividades criminales, como la minería ilegal y el secuestro, para impulsar sus agendas políticas. Otras organizaciones, como el EPP en Paraguay, pueden hacer lo mismo, especialmente dados sus aparentes vínculos con las FARC. Pero en este momento este grupo parece ser una amenaza mucho menor, con tan sólo 20 soldados en armas[16].

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El segundo tipo de peligro que plantean estas organizaciones es el de socavar las democracias y sustituir las funciones del Estado. Ciertamente este es el caso en lugares como Colombia y México. Ambos países tienen un sistema político federalista, que deja a los funcionarios vulnerables a los actores peligrosos e ilegales, quienes ejercen su influencia a través de la mayoría de su riqueza o de su poderío militar.
Este problema es definitivamente más difícil de abordar. La descentralización del poder es intrínsecamente democrático. Le da a los funcionarios electos a nivel local un mayor control sobre cosas tales como los desembolsos presupuestarios y el despliegue de las fuerzas de seguridad. Pero los gobiernos que descentralizan el poder sin proporcionar los correspondientes controles sobre la corrupción, o la creación de fuerzas de seguridad adecuadas para lidiar con estas amenazas, empeoran los problemas.
Este problema estructural hace a los Estados vulnerables, y más precisamente, a los espacios geográficos dentro de los Estados. Como Vanda Felbab Brown ha señalado, hay vastas zonas donde, por diversas razones, las organizaciones ilegales acumulan lo que ella llama "capital político" en el que las poblaciones toleran, o en algunos casos, prefieren a estas organizaciones por encima del Estado[17].

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El tercero y quizás el mayor peligro que enfrenta la región son las crecientes rupturas políticas entre los mismos Estados miembros. Es el conocido elefante en la sala, y los colores la manera en que se abordan las numerosas cuestiones. Es un cliché pero uno que todavía se mantiene: los criminales de una persona son los luchadores de la libertad de otra.
Esta actitud permite el movimiento de las organizaciones ilegales; proporciona espacios para que ellos se encuentren, interactúen con otros grupos criminales, conduciendo a la ya mencionada "de una sola noche"; les da un refugio seguro desde el cual pueden elaborar estrategias; abre oportunidades de negocios legítimos e ilegítimos; y facilita el lavado de dinero y otros asuntos logísticos importantes.
En el plano diplomático y operativo, el efecto es más engañoso, de larga duración y más dañino. En el centro del problema se encuentra la falta de confianza, lo que conduce a una mala o nula comunicación entre los gobiernos. Por desgracia, sin una clara comunicación entre los Estados miembros acerca de qué, y quién, es el problema y sobre cómo usted planea trabajar en conjunto para hacer frente a este problema, habrá poco progreso real.
Pero hay ejemplos en donde el diálogo franco y abierto entre las naciones ha dado lugar a una mejor coordinación y a mejores resultados. El mejor ejemplo es la reciente mejora de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que ha dado lugar a varias detenciones y deportaciones transfronterizas de peligrosos  criminales, así como el apoyo político crítico en una negociación de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Estas son, obviamente, dos soluciones muy diferentes a lo que, en el pasado, podría haber sido visto como parte de un mismo problema. Este tipo de enfoque matizado sólo es posible si las líneas de comunicación están abiertas.
Los siguientes son los comentarios del codirector de InSight Crime Steven Dudley, dados en 14ª reunión del Comité Interamericano contra el Terrorismo, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Vea aquí la transcripción original.

Notas al pie

[1] La información sobre este caso se puede encontrar en la acusación: Distrito Sur de Nueva York, "US v Manssor Arbabsiar and Gholam Shakur".
[2] Steven Dudley,"'Iran-Zetas Plot'Reveals Sketchy Knowledge of Mexican Underworld”, InSight Crime, 12 de octubre de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://www.insightcrime.org/news-analysis/iran-zetas-plot-reveals-sketchy-knowledge-of-mexican-underworld
[3] Ibid.
[4] Comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, "Manssor Arbabsiar sentenciado en la Corte Federal de Nueva York a 25 años de prisión por conspirar con oficiales militares iraníes para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos", 30 de mayo de 2013. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://www.justice.gov/opa/pr/2013/May/13-nsd-621.html
[5] Tim Padgett, "Hiring Narcos to Murder the Saudi Ambassador? If It’s True, Tehran Is Pretty Dumb", Time, 11 de octubre de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://world.time.com/2011/10/11/hiring-narcos-to-murder-the-saudi-ambassador-if-its-true-tehran-is-pretty-dumb/#ixzz2trefEFyU
[6] Richard Esposito y Brian Ross, "Iranians Accused of a Plot to Kill Saudis’ U.S. Envoy", 11 de octubre de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://abcnews.go.com/Blotter/us-iran-tied-terror-plot-washington-dc-disrupted/story?id=14711933
[7] Vanda Felbab Brown, testimonio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, durante una audiencia titulada: "Narcoterrorism and the Long Reach of US Law Enforcement", 12 de octubre de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112hhrg70664/html/CHRG-112hhrg70664.htm
[8] Chris Kraul y Sebastian Rotella, "Drug probe finds Hezbollah link", 22 de octubre de 2008. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://articles.latimes.com/2008/oct/22/world/fg-cocainering22
[9] La información para este caso se puede encontrar en la acusación: Distrito Este de Virginia, “US v Aymann Joumma”.
[10] Douglas Farah, "Los grupos terroristas en América Latina: La evolución del entorno", testimonio ante el Subcomité de la Cámara de Representantes para Asuntos Externos sobre Terrorismo, No Proliferación y Comercio, 4 de febrero de 2014. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: https://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-terrorist-groups-latin-america-changing-landscape
[11] Sebastian Rotella, "Government Says Hezbollah Profits From U.S. Cocaine Market Via Link to Mexican Cartel", ProPublica, 13 de diciembre de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://www.propublica.org/article/government-says-hezbollah-profits-from-us-cocaine-market-via-link-to-mexica
[12] Farah, testimonio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, durante una audiencia titulada: "Narcoterrorism and the Long Reach of US Law Enforcement", 12 de octubre de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112hhrg70664/html/CHRG-112hhrg70664.htm
[13] Farah, "Los grupos terroristas en América Latina: La evolución del entorno", op.cit.
[14] Farah, testimonio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes durante una audiencia titulada: "Narcoterrorism and the Long Reach of US Law Enforcement", op cit.
[15] Ver Jeremy McDermott, "FARC, paz y posible criminalización", InSight Crime, 20 de mayo de 2013. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://es.insightcrime.org/series-especiales/paz-farc
[16] Charles Parkinson, "¿Podrían 20 miembros de la guerrilla causar estragos a las fuerzas de seguridad de Paraguay?" InSight Crime, 16 de diciembre de 2013. Consultado el 17 de febrero de 2014 en: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/¿podrian-20-miembros-de-la-guerrilla-causar-estragos-a-las-fuerzas-de-seguridad-de-paraguay
[17] Vanda Felbab Brown, "The Purpose of Law Enforcement is to Make Good Criminals? How to Effectively Respond to the Crime-Terrorism Nexus", presentación al Instituto Potomac de Estudios Políticos, 13 de noviembre de 2013. Consultado el 20 de febrero de 2014 en: http://www.brookings.edu/research/presentations/2013/11/21-how-effectively-respond-crime-terrorism-nexus-felbabbrown
 Fuente: InSightCrime

Hillary Clinton considera postularse a la presidencia de Estados Unidos

Hillary Clinton, ex secretaria norteamericana de Estado, comenzó a despejar dudas acerca de su posible lanzamiento a la carrera presidencial en 2016, tras afirmar que sí considera la posibilidad de postularse como candidata del Partido Demócrata.Se trata de la alusión más directa respecto al tema de quien fuera primera dama de Estados Unidos (1993-2001) y hasta ahora al margen de especulaciones acerca de su futuro político, aunque diferentes encuestadoras le otorgan altos puntajes de popularidad.
Clinton se refirió a la eventual decisión durante una conferencia de marketing en San Francisco, California, donde afirmó que sí piensa en participar en la contienda electoral.
La exjefa de la diplomacia estadounidense, de 66 años, ha realizado en los últimos meses varias giras por el país, para dar conferencias y discursos sobre distintos tópicos.
Para distintos observadores, una final presidencial podría ser entre la Clinton y el republicano Jeb Bush, ex gobenador de Florida, quien tampoco ha decidido si entra en la puja electoral.
El nombre de Bush, hijo y hermano de ex presidentes, empieza a barajarse después de los traspiés de un potencial candidato, Chris Christie, gobernador de Nueva Jersey, envuelto en un escándalo político.
Hillary Clinton fue derrotada por el entonces senador Barack Obama en la pelea por la nominación demócrata de cara a las presidenciales de 2008.
La además ex senadora permaneció en la cartera del Departamento de Estado desde enero de 2009 hasta febrero de 2013.
Un flanco por el cual la ataca la oposición es por el atentado que ocurrió durante su mandato contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi (11 de septiembre de 2012), en el que resultaron muertos el embajador Christopher Stevens y otros tres connacionales.
Ese hecho resultó políticamente controvertido en Washington, así como las preguntas que surgieron sobre la preparación de la Casa Blanca y las explicaciones posteriores sobre lo que había sucedido.
Fuente: Cubadebate

"Verdadera esencia del idealismo político norteamericano"

Para desentrañar la verdadera esencia del idealismo político norteamericano o wilsonianismo (idealismo - liberal), nada mejor que leer e interpretar algunos fragmentos de la obra de un realista político por excelencia, Henry Kissinger, que en su obra “Diplomacia” escribe:

Página 41:

“Desdeñando el equilibrio de poder (Wilson) insistió en que el papel de los Estados Unidos “no era probar nuestro egoísmo, sino nuestra grandeza”. Siendo así, los Estados Unidos no tenían el derecho de guardarse sus valores. Ya desde 1915 Wilson había postulado la doctrina (sin precedentes) de que la seguridad de los Estados Unidos era inseparable de la seguridad de todo el resto de la humanidad. Esto implicaba que en adelante el deber de los Estados Unidos sería oponerse a la agresión en cualquier parte”.

“….afirmó Wilson, nada que concierna a la humanidad puede sernos ajeno o indiferente. Por tanto, los Estados Unidos tenían carta blanca para intervenir en el exterior”.

Página 48:

….. cada vez que los Estados Unidos se han enfrentado a la tarea de construir un nuevo orden mundial han retornado de una u otra manera a los preceptos de Woodrow Wilson”

Página 220:

“La idea wilsoniana de un orden mundial se derivó de la fe norteamericana en la naturaleza esencialmente pacífica del hombre y de una subyacente armonía del mundo. De ahí se colegia que las naciones democráticas, por definición, eran pacíficas; los pueblos a los que se otorgara la autodeterminación ya no tendrían razón alguna para ir a la guerra o para oprimir a otros……..”

“Por su idealismo, a Wilson le faltó poco para creer que sus opiniones debían prevalecer en Europa por sus propios méritos. Se mostró del todo dispuesto a complementar el argumento con la presión. Poco después de que los Estados Unidos entraron en la guerra, en abril de 1917, Wilson escribió al coronel House (su confidente): Cuando la guerra haya pasado podremos imponerles nuestro modo de pensar, porque para entonces estarán, entre otras cosas, económicamente en nuestras manos”

Fuente: Visiones de Política Internacional

“Guerra contra las drogas” subvierte los Derechos Humanos y fortalece el crimen organizado: HRW

por Marguerite Cawley

"No más sangre": mexicanos protestan contra la violencia causada por la guerra contra las drogas

En el nuevo informe anual publicado por Human Rights Watch, la ONG sostiene que los gobiernos deberían despenalizar el consumo personal de drogas para proteger los Derechos Humanos, pero no aborda los efectos potencialmente negativos que esto podría tener en el comercio de drogas si la iniciativa no va acompañada de una reforma política integral.

En un ensayo incluido en el informe (pdf), María McFarland Sánchez-Moreno explica que la criminalización de las drogas es "inherentemente problemática", y recomienda que los gobiernos hagan cambios en las políticas para abordar este problema.
En cuanto al uso personal, las duras políticas antidroga alrededor del mundo resultan, según ella, en abusos a los Derechos Humanos, que van desde la violación a la privacidad, hasta el ingreso forzado de los consumidores a los centros de tratamiento.
Además, las prohibiciones sobre la producción y la distribución tienen el efecto perverso de proporcionar un gran mercado ilícito para los grupos ilegales que cometen abusos contra los Derechos Humanos, a menudo en búsqueda de controlar el comercio.
Sánchez-Moreno da el ejemplo de Colombia, donde los escuadrones de la muerte de los paramilitares de derecha, agrupados bajo las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), estaban entre "los señores de la droga más grandes de Colombia". El comercio de drogas ayudó a financiar la existencia de los paramilitares y a impulsar los abusos cometidos por estos grupos en los años noventa.
A su vez, las ganancias de este comercio han permitido a grupos como las AUC pagar a funcionarios corruptos y seguir operando con relativa impunidad. En los últimos años, vínculos entre cientos de congresistas y paramilitares han salido a la luz en Colombia.

VEA TABMIÉN: Perfil de las AUC

Sánchez-Moreno también destaca cómo las fuerzas involucradas en los esfuerzos antidrogas a menudo cometen graves abusos contra los Derechos Humanos. En México, las fuerzas de seguridad -en parte financiadas con dólares estadounidenses- han participado en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales como parte de una "guerra contra las drogas" que ha provocado la muerte de al menos 80.000 personas, desde 2007.
Centrar los esfuerzos en solo una fuente o un grupo involucrado en el tráfico de drogas, claramente, no ha logrado ponerle fin al problema del comercio ilegal de drogas, el cual por el contrario ha evolucionado y migrado, señala Sánchez–Moreno. En Medellín, la persecución y el asesinato de Pablo Escobar no terminaron con la violencia que estaba destruyendo a la ciudad -en cambio, Diego Murillo, alias "Don Berna", ascendió para tomar su lugar. Después de que su monopolio comenzó a desmoronarse, surgieron nuevas estructuras criminales.
Los esfuerzos antidrogas también producen el efecto de desplazamiento del problema, como sucede con los intensivos programas de fumigación aérea en Colombia, que empujaron más la producción de coca hacia Perú -ahora el principal productor del mundo.
En general, la política antidrogas actual no ha logrado detener el flujo de drogas ilícitas o disminuir su consumo, y no ha hecho progresos en el objetivo trazado de proteger la salud de los ciudadanos, escribe Sánchez-Moreno.
En este contexto, ella enumera una serie de recomendaciones, abogadas por Human Rights Watch (HRW). La primera es despenalizar la posesión y el consumo personal de drogas. En vez de penalizar el uso, los gobiernos pueden ayudar a regularlo con campañas educativas que fomenten la toma de decisiones inteligentes, y penalizando conductas perjudiciales que puedan resultar del uso de drogas, como conducir bajo su influencia.
En segundo lugar, ella recomienda que los Estados comiencen a buscar alternativas al actual régimen de políticas sobre la producción y distribución. Estos podrían implicar la regulación de las ventas y de la producción -como ha comenzado a ocurrir con la marihuana en Uruguay, y en Washington y Colorado, en Estados Unidos.
La última recomendación de HRW es ampliar el acceso a los programas de tratamiento para personas adictas a las drogas, basados en la comunidad, con el fin de luchar contra la estigmatización y los peligrosos tratamientos forzosos.

Análisis de InSight Crime

En el contexto de una fracasada "guerra contra las drogas", legisladores, organismos intergubernamentales y actores famosos han abogado por recomendaciones similares a aquellas dadas por Human Rights Watch. Sin embargo, tomar solo una sugerencia tiene pocas probabilidades de tener un impacto significativo sobre el comercio ilegal de drogas, e incluso podría tener un efecto adverso.
Las consecuencias nocivas y la ineficacia de la "guerra contra las drogas", liderada por Estados Unidos, que se ha llevado a cabo por más de 40 años –la cual ha hecho particular hincapié en México y la región andina de Suramérica– han sido bien documentadas.
El consumo de drogas ha seguido aumentando y se ha expandido, y así como se han desarrollado nuevos mercados, también lo han hecho las nuevas rutas, los puntos de tránsito, y los grupos criminales. En lugar de desaparecer, los grupos criminales se han fragmentado y han surgido unos nuevos. Como resaltó Sánchez -Moreno, la estrategia impulsada por Estados Unidos, de atacar los síntomas en lugar de la raíz del problema, ha sido uno de los principales contribuyentes para que se produzca este desplazamiento de la actividad criminal.
Examinando específicamente el ejemplo de México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha documentado cómo las políticas de seguridad del país, en los últimos seis años, han empujado a los grupos criminales mexicanos a lugares como Guatemala y Honduras, y han convertido a Centroamérica en un corredor principal para la cocaína que va rumbo a Norteamérica. Otros ejemplos incluyen el crecimiento de Argentina como un centro de producción y la creciente importancia de Ecuador como un punto de tránsito.

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Está claro que esta guerra ha tenido también el tipo de efectos negativos sobre los Derechos Humanos que señala HRW, entre ellos la violencia policial, la falta de acceso a servicios de salud para los consumidores de drogas, y cárceles repletas que dan lugar a la propagación de enfermedades, como fue señalado por Open Society Foundations en un informe de 2009. La Iniciativa Mérida, aprobada por Estados Unidos en 2008, inyectó fondos en México y Centroamérica para combatir la violencia producto del narcotráfico, pero este mismo dinero ayudó a financiar a las fuerzas de seguridad que participaron en graves abusos contra los Derechos Humanos.
En el contexto de un fallido esfuerzo por detener el crecimiento del comercio de la droga, ha surgido, en los últimos años, un gran debate en torno a la política antidrogas, con destacados periodistas y productores de televisión uniéndose a los llamados por una reforma. Los expresidentes de Brasil, México y Colombia firmaron una iniciativa en 2011, buscando reescribir la Convención de las Naciones Unidas sobre las drogas, adoptada hace más de 20 años. En el verano de 2012, la ONU acordó llevar a cabo una cumbre para discutir enfoques alternativos a la política de drogas. En junio de 2013, varios países de Latinoamérica firmaron un documento acordando continuar la discusión.
Multiples debates han sido necesarios para tomar incluso estos pocos pasos. Sin embargo, una serie de países en Latinoamérica se han movido hacia la primera recomendación de HRW, legalizando el uso personal, mediante la modificación de las políticas relacionadas con el uso personal y el porte de marihuana. En Colombia, desde 2012, las personas que se encuentren en posesión de menos de 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína ya no son detenidas ni procesadas. En México, los consumidores de marihuana tiene permitido portar hasta cinco gramos. En Perú, la posesión de hasta ocho gramos de la sustancia es legal.
Lo que la mayoría de los países aún no ha hecho es abordar el segundo punto de las recomendaciones de HRW -dando pasos para regular la producción y la venta de sustancias ilícitas. Aunque HRW señala la importancia de ambas medidas, la ONG no aborda las consecuencias no deseadas de implementar la primera sin la segunda.
Si el uso es desregulado sin el acompañamiento de cambios en las políticas, los consumidores probablemente se enfrentarán a un menor riesgo de sufrir el tipo de abusos contra los Derechos Humanos que fueron señalados por HRW. Sin embargo, seguirán dependiendo del mercado negro para obtener sus drogas, y financiando a los mismos grupos ilegales que la "guerra contra las drogas" busca combatir. En resumen, estas políticas pueden proteger los derechos individuales, pero no podrán detener el flujo de sustancias ilícitas o cortar los ingresos de los traficantes de drogas.
Uruguay ha llevado las cosas un paso más lejos, aprobando recientemente leyes que legalizarán y regularán la producción y distribución de la marihuana, con un tope mensual de 40 gramos para el uso personal. Colorado y Washington, en Estados Unidos, aprobaron recientemente leyes similares, y los legisladores de Ciudad de México tienen previsto presentar una propuesta a finales de enero que haría lo mismo. Sin embargo, ninguno de estos países ha propuesto medidas similares con la cocaína que, según algunas estimaciones, es una fuente mucho más grande de financiación para los grupos criminales.
La falta de consenso en cuanto a la mejor manera de avanzar también podría ser peligrosa, como destacó la Organización de los Estados Americanos (OEA) el año pasado, en un informe (pdf) que describió varios posibles escenarios de reformas sobre las drogas en las Américas. La última de ellas fue la posibilidad de que ciertos Estados -frustrados por el fracaso del enfoque actual y la falta de receptividad a las alternativas por sus homólogos de Estados Unidos- podrían llegar a acuerdos con las organizaciones de tráfico de drogas, lo que permitiría a los narcos tener control de facto sobre el Estado, a cambio de una baja en la violencia relacionada con el narcotráfico.
Otra cuestión que se ha planteado es si la legalización podría llevar a los grupos criminales a diversificar sus actividades en la búsqueda de un financiamiento alternativo. Esto no es descabellado -muchos grupos ya han empezado a hacerlo, dado que ha aumentado la competencia por las ganancias de la droga, dando lugar a un aumento en el secuestro y la extorsión en lugares como México.
Como fue señalado anteriormente por InSight Crime, el cambio, si llega a ocurrir, será un proceso lento, y un enfoque exitoso tendrá que incluir  una política completa que combine varios elementos. Ponerle fin a las iniciativas de las fuerzas de seguridad, destinadas a hacerle frente al tráfico de drogas, probablemente será un problema, pero estos esfuerzos serían mejor empleados si estuvieran dirigidos a los niveles superiores del imperio de la droga, y no a los distribuidores de bajo nivel, productores o consumidores. Estas iniciativas deben complementarse con un enfoque en los factores sociales que conducen al consumo de drogas y una medida hacia la regulación de toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo.

Fuente: Insight Crime

Colombia, Estados Unidos y la cooperación en seguridad regional

por Arlene B. Tickner*

Fuerzas especiales colombianas

La ayuda de Estados Unidos a Colombia ha disminuido considerablemente desde 2008. Las actividades antinarcóticos y de contrainsurgencia, en las que Washington ha estado muy involucrado desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, han sido constantemente "colombianizadas". Ahora, Colombia está intensificando sus esfuerzos para exportar su experiencia a países de Centroamérica, el Caribe, y más allá del hemisferio occidental, afectado por la criminalidad y la violencia relacionada con las drogas, en gran parte a través de la cooperación Sur-Sur y los esfuerzos triangulados con el apoyo de Estados Unidos. Este informe explora lo que parece ser un emergente modelo de cooperación en seguridad internacional en el que tanto Colombia como Estados Unidos desempeñan papeles clave.

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Aunque el entrenamiento colombiano del personal de seguridad es una práctica establecida y en crecimiento en terceros países, se sabe poco acerca de quién está siendo entrenado, por quién, qué se está enseñando, y quién está proporcionando la financiación. La falta de información disponible al público plantea una serie de cuestiones importantes:

• ¿Este modelo de cooperación de seguridad en realidad está replicando los éxitos de Colombia, sin copiar también sus fracasos, especialmente en el ámbito de la corrupción, los derechos humanos, y la impunidad?
• ¿Por qué es tan difícil obtener información sobre actividades específicas de Colombia -mucho más que en el caso de la asistencia regular de seguridad de Estados Unidos– más allá del optimista, pero vago lenguaje de los comunicados de prensa oficiales?
• ¿Qué tan fuerte es el control civil y la supervisión de estos programas, incluyendo la investigación de los derechos humanos, tanto de instructores como de alumnos?
• ¿Hasta qué punto está basada la formación colombiana en una anticuada y desacreditada "guerra contra las droga" que da prioridad al número de detenidos, hectáreas erradicadas, y toneladas interceptadas por encima de un buen gobierno y una prosperidad económica?

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Lea el original aquí.

Exportando la seguridad colombiana: ¿Cómo llegamos hasta aquí?

A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la crónica debilidad del Estado colombiano había llevado al país a lo que muchos analistas temían fuese el borde del colapso. El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) cortejaron activamente a sus homólogos estadounidenses, animándoles a ir más allá de un estrecho enfoque en la lucha contra el narcotráfico para involucrarse más en el conflicto interno. Esta estrategia de "intervención por invitación" implicaba aceptar la agenda antidrogas de Estados Unidos, a cambio del necesario apoyo militar, técnico y socioeconómico de Washington. La ayuda exterior buscó ampliar, profesionalizar y modernizar las fuerzas armadas, combatir los insurgentes armados, aumentar el control territorial, y más tarde, durante la fase de consolidación del Plan Colombia (2007-2013), extender el Estado de derecho y perseguir el desarrollo económico y social.

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Entre 2000 y 2008, la ayuda económica y militar de Estados Unidos a Colombia superó los US$ 6 mil millones, siendo así el mayor receptor de ayuda estadounidense en Latinoamérica, y uno de los diez primeros en todo el mundo. En lo que se ha descrito siempre como una "transformación extraordinaria" la situación de seguridad en Colombia mejoró durante el segundo período de gobierno del presidente Álvaro Uribe (2006-2010), y lo ha seguido haciendo durante el de Juan Manuel Santos (2010-2014). El estado ha logrado un mayor control sobre el terreno, miles de combatientes paramilitares se han desmovilizado, la guerrilla ha sufrido importantes derrotas, y un gran número de guerrilleros se ha entregado voluntariamente. Los indicadores clave de la violencia, incluidos los secuestros, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, también han disminuido. Podría decirse que la "guerra contra las drogas" también ha resultado en ganancias relativas, medida por la superficie de cultivos ilícitos y la producción total de cocaína en Colombia, aunque estos son compensados ​​en gran medida por la migración del cultivo, la producción, el tráfico y la violencia en el resto de la región, principalmente en Perú, México, Centroamérica y el Caribe.
Estas tendencias son la materia prima para una "historia exitosa" a la que el gobierno de Santos le ha dado un uso estratégico, para reposicionar a Colombia, tanto a nivel regional como internacional. Uno de los principales activos exportables del país son sus fuerzas de seguridad, abiertamente consideradas como unas de las más experimentadas del mundo en cuanto a lucha contra el narcotráfico y contrainsurgencia, en gran medida debido a la prolongada capacitación de Estados Unidos.
Desde mediados del año 2000, Colombia ha recibido un creciente número de solicitudes para la cooperación en seguridad por parte de gobiernos con distinta ideología en entrenamiento de seguridad en toda Latinoamérica y más allá. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional de Colombia (PNC) reporta que entre 2009 y 2013, proporcionó entrenamiento militar y policial a 21.949 personas de 47 países diferentes en habilidades tales como la interdicción terrestre, aérea, marítima, y en ríos, testimonio policial, explosivos, operaciones de inteligencia, operaciones psicológicas, y Comando JUNGLA, el programa élite de policía antinarcóticos diseñado con el aval de Estados Unidos. El 87 por ciento de esta capacitación fue proporcionada por el CNP. A pesar de la variedad de nacionalidades entrenadas, Colombia se ha centrado en gran parte en un grupo de países donde los distintos problemas relacionados con las drogas han emigrado, entre ellos México (que representa casi la mitad del número total de alumnos), Panamá, Honduras, Guatemala, Perú, El Salvador y Costa Rica (Ver Tabla 1). Parte de esta capacitación fue financiada por Estados Unidos, aunque Colombia llevó a cabo muchas actividades con sus propios recursos, o la de otros donantes, como Canadá.
En su afán por asegurar que la disminución de la asistencia de Estados Unidos no se tradujera en la reducción de las relaciones bilaterales y menos aún de la ayuda, el gobierno de Colombia se propuso convencer a Washington de profundizar su compromiso con los esfuerzos de cooperación en terceros países. La capacitación de la policía en Afganistán proporcionó en 2007 un campo de prueba inicial, pero no fue considerado de mucho éxito dada la limitada aplicabilidad del caso colombiano, entre otros factores. En 2009, sin embargo, la participación de Colombia en el paquete de ayuda de la Iniciativa Mérida para México, en actividades relacionadas con los cuerpos de seguridad y el fortalecimiento judicial, cambió las perspectivas en los círculos políticos. El papel de Colombia parece ser, todo a la vez, una forma efectiva para abordar las necesidades de seguridad de México, para satisfacer el deseo de Colombia de ampliar su portafolio de capacitación, y para mitigar las limitaciones fiscales en Estados Unidos. En este punto Colombia, con el respaldo de Estados Unidos, podría proporcionar cooperación en seguridad a otros países a un costo económico muy reducido, y sin los costos políticos asociados con un agrandamiento de la presencia militar estadounidense. Esta nueva lectura de la relación bilateral refleja la filosofía de que "a medida que ayudamos a Colombia, Colombia nos ayudará a ayudar a los demás", y los cambios en gran parte paralelos en la seguridad estadounidense y la política de defensa, en el que "dirigir desde atrás" se convirtió en un elemento clave.

Dirigir desde atrás

En la crisis post-Irak, post-Afganistán, la era post-crisis financiera, la importancia de los enfoques de "intervención moderada" ha crecido a la par con la adversidad de la opinión pública estadounidense hacia la costosa participación militar directa en contextos que no son percibidos como una amenaza directa a los intereses vitales de seguridad. En un artículo de 2010 de Foreign Affairs, el exsecretario de Defensa, Robert M. Gates, expuso el plan inicial de esta estrategia al llamar a Estados Unidos a "ayudar a otros a ayudarse" a través de la construcción de capacidad institucional y humana, y por medio de asistencia para la seguridad constante y a largo plazo.
De forma creciente, Colombia se presenta como un caso emblemático de esta "intervención moderada" (pdf). Sin embargo, igualmente importante desde el punto de vista de la actual política de seguridad y defensa de Estados Unidos (pdf), Colombia es única debido a su prolongada y madura colaboración militar bilateral, sobre todo con las Fuerzas de Operaciones Especiales, cuya presencia en el país se ha extendido por medio siglo.
Como veterano periodista y autor, Robert D. Kaplan observa de forma premonitoria, cómo Colombia se convirtió en un caso de prueba para las tácticas que Estados Unidos emplearía para gestionar complejos problemas globales. Según un general retirado del ejército entrevistado por Kaplan, con el fin de vigilar el mundo "usted produce un producto y lo suelta". Lo que surgió de Colombia era exactamente esto: un modelo de cooperación en seguridad diseñado no sólo para mejorar la propia seguridad interna de ese país, sino también aplicable a cambios en los objetivos de seguridad de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental y en otras partes.
Los ocios indígenas son el "eje estratégico" de este modelo de "intervención moderada". Trabajar "por, con y a través de" ellos (un dicho frecuentemente repetido por funcionarios estadounidenses y analistas militares) permite obtener resultados a un menor costo material y político. Por otra parte, el uso de terceros "representantes" crea una "negación plausible": la negación del conocimiento o responsabilidad sobre actividades impopulares o ilegales. La cooperación por medio de representantes se basa en un espíritu de cuerpo cultivado a través de un prolongado y reiterado compromiso con sus homólogos extranjeros; la existencia de relaciones personales de primer nombre; la creación de elementos de enlace para garantizar la conectividad y el apoyo a los objetivos del país de acogida con el fin de desarrollar un propósito común. Mientras continúa la construcción de capacidad, madura "lo mejor de lo mejor" de los militares locales, y los policías se gradúan de funciones internas para ser proveedores de regionales o mundiales.
Según los analistas de seguridad Jim Thomas y Christopher Dougherty, “Colombia es...un 'nido exportador de seguridad', capacitando los antinarcóticos de numerosos países de Latinoamérica, el Caribe y África Occidental", y por lo tanto un nodo clave de una emergente red global de Fuerzas de Operaciones Especiales. Esta opinión es compartida por el ex comandante militar y director de la CIA, David Petraeus, quien considera a Colombia como uno de los más firmes aliados de Washington en el mundo; uno con mejor disposición que Estados Unidos para ayudar a regiones como Centroamérica.

Colombia ayudando a otros

Hasta mediados de 2000, las solicitudes externas de cooperación para la seguridad de Colombia fueron tratadas de manera ad-hoc y poco sistemática. Aunque los últimos años del gobierno de Uribe vieron los intentos para hacer un uso más sistemático del conocimiento (know-how) sobre seguridad de las fuerzas armadas, pocos gobiernos querían ser vistos trabajando abiertamente con el presidente de Colombia, dado su discurso de línea dura antiterrorista. La elección de Juan Manuel Santos en 2010 proporcionó una oportunidad única para avanzar en este esfuerzo. Santos se dispuso a cambiar las narrativas predominantes sobre Colombia como un Estado fallido, con un débil historial de derechos humanos y unas instituciones democráticas deficientes. Paralelamente a este cambio, en el discurso oficial Santos colocó la cooperación en seguridad en el centro de la política exterior.
El gobierno de Santos bautizó a este programa la "Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral", y encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (MRE) como portavoz civil, responsable de interactuar con los gobiernos extranjeros y coordinar los esfuerzos específicos de cooperación con el Ministerio de Defensa, el CNP, y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC). Según el folleto del MRE, el programa ofrece un portafolio de servicios a la carta en siete áreas: desarrollo organizacional, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, derechos humanos y derecho internacional humanitario, y capacidades operativas. Adapta la cooperación a las necesidades de cada país a través de un proceso de cuatro etapas, que consiste en un diagnóstico inicial en seguridad y capacidad institucional; planificación y recaudación de fondos; ejecución; y seguimiento y evaluación. La información específica sobre las iniciativas de cooperación individual no está disponible públicamente.
Con el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2012, la "diplomacia de seguridad" del país, como lo llama el Ministerio de Defensa (pdf), adquirió una urgencia adicional. Debido a que Colombia tiene la segunda fuerza militar y policial más grande de Latinoamérica (después de Brasil), con más de 450.000 miembros, un cierto recorte de personal es inevitable en la mayoría de los escenarios post-conflicto. El informe de 2013 del Ministerio de Defensa al Congreso expuso el plan de juego del gobierno de Santos de poner esta capacidad excedente en uso en el extranjero. Además de la creciente cooperación en seguridad internacional, en junio de 2013 Colombia firmó un acuerdo con la OTAN, la primera de su tipo con un país de Latinoamérica, con miras a aumentar su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz.

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Paralelo a los propios esfuerzos de Colombia para convertirse en un exportador de seguridad, en febrero de 2012 inició un Diálogo de Alto Nivel de Seguridad Estratégica (HLSSD) con Estados Unidos. Varios meses después, en la Cumbre de las Américas en Cartagena, los presidentes Santos y Obama anunciaron un Plan de Acción de Cooperación en Seguridad Regional para apoyar la construcción de capacidad en Centroamérica, el Caribe, y, finalmente, en África Occidental. El Grupo de Coordinación para la Cooperación en Seguridad (SCCG) posteriormente tuvo la tarea de desarrollar determinados aspectos del Plan de Acción.
La reciente creación de una División de Cooperación Internacional en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una parte de US$15 millones del presupuesto en la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de 2014, sugiere que la cooperación en seguridad triangulada no es una moda pasajera. Esta División está cargada del vínculo entre las misiones diplomáticas estadounidenses en terceros países, los representantes estatales de terceros países (civiles y militares), y los actores colombianos, principalmente el Ministerio de Defensa y el CNP. El hecho de que su personal incluya a un coronel de la policía colombiano retirado, a un sargento de la policía colombiana activo y dos civiles colombianos, también apunta a un grado sin precedentes de arraigo y confianza bilateral.
Funcionarios de ambos países sostienen que los esfuerzos de seguridad conjuntos en el extranjero juegan un papel clave en lograr sus respectivos objetivos: para Colombia, con una proyección de liderazgo regional y mundial, y la planificación para el post-conflicto, y para Estados Unidos, interrumpiendo el flujo de drogas ilegales a través de sus fronteras y combatiendo la violencia y la debilidad del Estado en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, también reconocen el valor político y estratégico de Colombia como un delegado de Estados Unidos, y que el uso de las instalaciones y entrenadores colombianos puede ser hasta cuatro veces más barato que el uso de los activos estadounidenses.

Más preguntas que respuestas

A pesar del entusiasmo de ambos gobiernos, que incluye la visualización de la cooperación en seguridad internacional entre Colombia y Estados Unidos como algo que puede ser implementado en otros lugares, este modelo plantea más preguntas que respuestas.
a. ¿Colombia es realmente una historia exitosa?
Las cifras del Ministerio de Defensa de Colombia (pdf) indican que entre 2000 y 2013, los homicidios en Colombia se redujeron en un 43 por ciento, los secuestros en un 95 por ciento, y los ataques terroristas en un 47 por ciento. No menos impresionante, el desempleo se redujo a la mitad y los niveles de pobreza bajaron del 50 por ciento al 34 por ciento. A pesar de estas mejoras, el jurado todavía está fuera en términos de cómo ponderar el éxito y los fracasos de Colombia. Como lo advirtió Adam Isacson de WOLA en 2010, los avances en seguridad son "parciales...y agobiados por 'daños colaterales'".
Si bien el progreso de Colombia es alentador, su tasa de homicidios se mantiene por encima de 30 por cada 100.000 habitantes, peor que México y casi igual que Guatemala. Otros indicadores de la violencia, incluyendo los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en combate, la extorsión de las empresas y los ataques a la infraestructura, permanecen obstinadamente altos, o han incluso aumentado. Y tanto la guerrilla como los "nuevos" grupos paramilitares, aunque más débiles que hace una década, siguen siendo algunos de los más grandes insurgentes y grupos ilegales en la historia de Latinoamérica.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), el número de personas desplazadas en Colombia es de una horrible cifra de 5´700.000, lo que equivale al 15 por ciento de la población nacional. El informe de 2013 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elogia las políticas del gobierno, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, pero pone de relieve importantes deficiencias en su aplicación, mientras que identifica otros problemas graves en términos de derechos humanos. Entre estos, los continuos asesinatos y amenazas contra activistas de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios, y los bajos índices de condena por violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, en particular el escándalo de "falsos positivos", que involucra más de 3.000 asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas. La lentitud judicial al investigar y condenar a unos 700 funcionarios públicos electos y designados acusados ​​de connivencia con los grupos paramilitares, apunta de manera más general al problema de la impunidad en Colombia.
Si bien la pobreza ha disminuido, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que en el campo llegó a 46,8 por ciento en 2012, lo que sugiere un aumento de la brecha entre las zonas urbanas y rurales. La desigualdad también se ha mantenido obstinadamente alta en la última década; Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, con el 12avo mayor coeficiente de GINI de ingresos entre los 101 países evaluados por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD 2013: 152-5). No menos importante, en todo el territorio nacional, la capacidad burocrática y la infraestructura, indispensables para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, siguen siendo muy escasas (pdf).
b . ¿Qué se está exportando, por quién, a quién y con qué efecto?
La falta de conocimiento del público sobre la cooperación en seguridad, tanto de la cooperación en seguridad unilateral de Colombia y la triangulada entre Colombia y Estados Unidos en terceros países, limita severamente la posibilidad de una supervisión ciudadana independiente. Más allá de los anuncios oficiales de la estrategia, y los ocasionales y anecdóticos reportes de prensa, hay poca información disponible sobre el alcance y la naturaleza de la capacitación de Colombia. Si bien la ley de ayuda exterior requiere que Estados Unidos informe al Congreso con cierto detalle sobre su propia formación en el extranjero, estos informes no incluyen ninguna mención de las actividades financiadas por Estados Unidos llevadas a cabo por las fuerzas colombianas. Esto distorsiona el reportaje de Estados Unidos a los supervisores del Congreso. Cuando el entrenamiento realizado por los colombianos es retirado del cuadro, la capacitación de miles de personas dentro de la Iniciativa Mérida y los marcos de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana se vuelven invisibles para el público.
Durante 2013, el Plan de Acción de Estados Unidos y Colombia sobre la Cooperación en Seguridad Regional identificó un conjunto de prioridades de capacitación en Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, entre ellas: delitos financieros y activos de decomiso, actividades de inteligencia, laboratorios antidrogas, protección judicial y fiscal, operaciones básicas ribereñas, operaciones en pequeñas lanchas, respuestas tácticas, aplicación del polígrafo, interdicción terrestre, pilotos fijos y rotativos, manejo de informantes, asalto aéreo, testimonio de la policía, seguridad ciudadana, y operaciones de asuntos civiles. Sin embargo, los nombres de las unidades de la policía (y militares) que porporcionan y reciben capacitación en cada país, el título y el contenido de los diferentes cursos de formación, las fuentes de financiación de alumnos, y el costo total de la formación siguen siendo desconocidos.
Además, los mecanismos de evaluación para medir el impacto de esta cooperación en seguridad son débiles. Las autoridades colombianas reconocen que pocos indicadores concretos están en el lugar para evaluar su éxito o fracaso. La eficacia de la cooperación en seguridad de Estados Unidos también ha sido objeto de un intenso debate durante los últimos años (pdf). Con el fin de aumentar su eficiencia y sostenibilidad, los funcionarios responsables han puesto énfasis en mejorar la coordinación entre los donantes y receptores; alinear la cooperación con los objetivos y las capacidades de los países receptores; mejorar la construcción de capacidad local; involucrar a los ciudadanos en los esfuerzos de cooperación; y mejorar los mecanismos de evaluación.
Aunque el éxito se mide normalmente a través de indicadores cuantitativos, como el precio/pureza de los narcóticos, la cantidad de arrestos por drogas e incautación de drogas, número de personal capacitado y tasas de homicidio, estas estadísticas son cada vez más reconocidas como pobres indicadores del impacto de la cooperación en seguridad. Peor aún, ciertos indicadores, como las bajas "enemigas", han llevado a prácticas ilegales como los "falsos positivos" en Colombia (y, en cierta medida, Honduras).
c. El control civil es débil
Aunque catalogado como un programa lanzado de cooperación para la seguridad civil, en la práctica, el Ministerio de Defensa de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, y en menor medida, otras ramas de las fuerzas armadas, claramente se encuentran a la cabeza. Más allá de su función oficial de enlace entre el gobierno colombiano y otros gobiernos, incluyendo a Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene la capacidad necesaria para participar directamente en la planificación y operación día a día de las iniciativas específicas. Aunque su asesor clave es un exjefe de la policía, el general (retirado) Rosso José Serrano, los lazos tradicionales, directos y cercanos, de este funcionario con numerosas agencias de seguridad de Latinoamérica y Estados Unidos, hacen que sea razonable suponer que la propia voz institucional del ministerio sea bastante pequeña. De hecho, los CNP y el Ministerio de Defensa, no el de Relaciones Exteriores, son los principales interlocutores del programa en NAS, al igual que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
En cuanto a los derechos humanos, las autoridades colombianas afirman que la totalidad de sus programas  internacionales de formación utilizan los mismos protocolos empleados dentro de las fuerzas armadas colombianas. Colombia carece de los medios necesarios para investigar los derechos humanos, identificando los potenciales beneficiarios de la ayuda, para asegurarse de que conocidos abusadores no se beneficiarán. Estados Unidos alega que llevar esto a cabo para todas las solicitudes de cooperación recibidas, a pesar de la falta de transparencia que rodea el programa, ha hecho que esto sea imposible de verificar. Aunque los funcionarios estadounidenses entrevistados afirman que los potenciales beneficiarios de la capacitación colombiana, financiada ya sea por Estados Unidos u otros, sean examinados, es menos claro si los propios entrenadores colombianos están sujetos a investigación o no. Además, pocos mecanismos distintos de investigación de los derechos humanos parecen estar en su lugar para garantizar que las "peores" prácticas, como la corrupción y la impunidad, no sean transferidas por instructores colombianos junto con las "mejores".
d. Se están reproduciendo los principios básicos de la "guerra contra las drogas"
Los llamados a repensar la inclinación prohibicionista y militarista de la política actual de drogas han surgido de innumerables rincones del Hemisferio Occidental, incluyendo Estados Unidos (pdf). No es poca ironía que Juan Manuel Santos, el primer presidente en ejercicio en el mundo en hacer una petición pública para un debate informado y sincero sobre las ventajas y las deficiencias de las estrategias existentes, también esté exportando, de la mano con Estados Unidos, algunos de los elementos básicos de las políticas que según él merecen un examen más detenido. Queda por discutir si los programas de entrenamiento antinarcóticos existentes se pueden acomodar a las necesidades de seguridad ciudadana de los países que reciben la cooperación colombo-estadounidense, sin reproducir la desacreditada, y a menudo destructiva, lógica de la "guerra contra las drogas".
Para la elaboración de este informe los siguientes funcionarios y exfuncionarios de Colombia y Estados Unidos, concedieron entrevistas con la condición de que sus opiniones específicas permanecieran en anonimato: María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Paty Londoño, viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Michael McKinley, exembajador de Estados Unidos en Colombia; William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional; James Story, Director de la Sección de Asuntos Narcóticos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Carl Gettinger, exdirector de la División de Coordinación Internacional, Sección de Asuntos de Narcóticos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Gabriel Silva Luján, exembajador de Colombia en Estados Unidos, exministro de Defensa, Vicente Echandía, exministro Consejero en la Embajada de Colombia en Washington, D.C; el general (r) Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia; Coronel Joaquín Buitrago, jefe de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional de Colombia; el general (r) Rosso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional de Colombia y asesor de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otra docena de funcionarios a quienes entrevisté pidieron que sus nombres no fueran incluidos.
*Arlene B. Tickner es profesora de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Bogotá. También es miembro de la Junta Directiva de InSight Crime.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Lea el original aquí.
 Fuente: Insight Crime

Testimonio de secretario de 'El Chapo' revela funcionamiento interno del cartel

 por Patrick Corcoran

Carlos Manuel Hoo Ramírez, alias "El Condor"

Medios de comunicación de México han publicado los detalles del testimonio de uno de los empleados más cercanos al narcotraficante capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán, ofreciendo una idea de los últimos días de libertad del notorio capo y del funcionamiento interno de su organización.

Las nuevas revelaciones, publicadas en el Excelsior y en otros medios de comunicación, están basadas en las declaraciones realizadas bajo custodia por Carlos Manuel Ramírez Hoo, el guardaespaldas y “secretario particular” de El Chapo. Sin embargo, sus declaraciones aún no han sido corroboradas de manera independiente.
Hoo Ramírez, alias "El Cóndor", hacía guardia afuera de la habitación de El Chapo cuando el narcotraficante fue capturado en Mazatlán a finales de febrero.
Según Hoo Ramírez, El Chapo había pasado los últimos tres años viviendo principalmente en Culiacán, capital del estado de Sinaloa.
Su testimonio presenta un panorama en el que El Chapo es acosado con violencia por sus rivales personales, lo que terminó cobrando miles de vidas y restringiendo los movimientos del capo, así como su capacidad de operar con libertad. También incluye detalles de la vida privada de El Chapo, en especial de sus relaciones con las mujeres.
Las declaraciones de Hoo Ramírez también describen cómo la organización de El Chapo traficaba drogas a Estados Unidos y cómo se diversificó hacia nuevas actividades, aprovechando las oportunidades de ingresos que ofrece el cada vez mayor mercado interno de drogas mexicano.

Análisis de InSight Crime

El testimonio de Hoo Ramírez ofrece una mirada a una serie de elementos de la organización de El Chapo, y ofrece algunas pistas sobre el futuro del Cartel de Sinaloa. Por ejemplo describe a Nogales como el cruce fronterizo clave del Cartel de Sinaloa para el tráfico de marihuana, un elemento de sus operaciones con importancia histórica, y que a menudo es pasado por alto.
Hoo Ramírez también habla acerca del control de El Chapo sobre las “tienditas” de Culiacán, pequeñas tiendas utilizadas como puntos de venta de drogas. Según su secretario, El Chapo obligaba a los vendedores a alinearse con su organización, lo que generalmente significaba que tenían que comprar las drogas al cartel y probablemente pagar una cuota por el derecho a operar.
El crecimiento de estas tienditas es tanto una causa como un efecto de los crecientes niveles de consumo de drogas en México. Estas se han convertido en una fuente de ingresos cada vez más importante, incluso para los grupos de traficantes internacionales como el Cartel de Sinaloa de El Chapo.

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La venta local de drogas también es una fuente de violencia importante en México. En comparación con el tráfico de drogas, las ventas minoristas representan una industria que crece con mayor rapidez y que tiene una mayor cantidad de actores independientes que compiten directamente entre sí. Como resultado existen más posibles rivalidades en el país hoy que hace una década, lo que se presta para una mayor violencia. El deseo de los grupos grandes y bien armados de controlar las tienditas –las acciones de Guzmán son iguales a las de sus contrapartes en otros lugares de México- añade más leña al fuego.
Otro elemento llamativo de las declaraciones, es que El Chapo tenía rivalidades con muchos de sus contrapartes, varios de los cuales operan dentro de Sinaloa, estado que en teoría él dominaba. Hoo Ramírez mencionó a rivales de vieja data, como los Beltrán Leyva y a Vicente Carrillo Fuentes, así como a enemigos más recientes, como Manuel Torres, alias "M1", quien previamente había sido descrito como un ejecutor importante de El Chapo. Esto se suma a la información reciente de que El Chapo y su socio de toda la vida, Ismael "El Mayo" Zambada, habían estado en conflicto durante los últimos meses.
Como resultado, gran parte del estado estaba fuera de los límites de la organización de El Chapo. Según Hoo Ramírez, los subordinados de Guzmán fueron incapaces de operar en ciudades del norte de Sinaloa como Guasave, Choix , Ahome y El Fuerte, en la ciudad costera de Navolato o en la parte sur del estado que colinda con Nayarit. En este sentido, el relato de Hoo Ramírez ofrece otra indicación de que a pesar de su notoriedad, Guzmán no era el genio criminal omnipotente que a menudo se creía.

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Las declaraciones de Hoo Ramírez también desacreditan aún más la idea de que El Chapo representaba un tipo de narcotráfico más pacífico -su grupo no era conocido por la brutalidad sin sentido de los Zetas, ni por la gran dependencia a la extorsión y al secuestro común en otras organizaciones, pero la lista de rivalidades en las que estuvo involucrado es más grande que la de cualquier otro grupo en México. Su organización participó en guerras de alto perfil en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, cinco de los estados del norte más asediados por la violencia. Lejos de ser un empresario de vieja escuela que merecía el apoyo tácito de la presidencia, Guzmán pudo haber sido el generador más grande de violencia de la nación.
Es difícil predecir, basándose en el testimonio de Hoo Ramírez, el impacto exacto que tendrá la detención de El Chapo. Lo que normalmente se espera con la caída de un capo de la talla de El Chapo es una oleada de violencia, a medida que los subordinados y los rivales entran en conflicto, en su afán de tomarse una parte del mercado. Ese podría terminar siendo el caso aquí, y ciertamente Guzmán no tenía escasez ni de subordinados ambiciosos, ni de rivales a la espera de su caída. Sin embargo, según los comentarios de uno de sus hijos que apareció en un medio de comunicación de Argentina, las personas cercanas a Guzmán están dispuestas a seguir luchando sus batallas.
También hay elementos del caso de El Chapo que despiertan la esperanza de sucesos más positivos. Uno es que Guzmán dejó atrás a dos socios con un poder similar al suyo: El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza, alias "El Azul". Estas figuras probablemente cuentan con la misma capacidad de El Chapo para mantener a las tropas organizadas.
Además, gran parte de la violencia que ha rodeado al Cartel de Sinaloa durante los últimos años estaba vinculada con disputas personales del propio El Chapo, tanto internas como con otras organizaciones. El Chapo y Arturo Beltrán Leyva se enfrentaron porque éste último culpó al primero de la detención de su hermano, lo que desató una enemistad que dio lugar a cientas e incluso miles de muertes. Según el capo detenido, Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie", el desprecio que sentía El Chapo por Juan Pablo Ledezma, del Cartel de Juárez, desató la guerra en Juárez, que comenzó en 2008 y que terminó matando a unas 10.000 personas.
En consecuencia, si Zambada y Esparragoza logran limar algunas de las enemistades personales que El Chapo aparentemente tenía, en lugar de emprender una carrera desesperada por hacerse cargo de su red, es posible que veamos que las aguas se calman.
Fuente: InSight Crime