miércoles, 12 de junio de 2013

Asamblea de la OEA discute tema de las drogas

4 junio 2013  
Drogas
El tema de las drogas en América y las nuevas estrategias para su tratamiento y combate serán los temas principales a discutir en la 43.° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se inicia este martes en Guatemala. El análisis se basará en un informe elaborado por un grupo de expertos internacionales, que estudia la situación del continente con respecto a la lucha contra las drogas.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que el documento que se tratará en la Asamblea “rompe el tabú” de que los temas relacionados con la producción, tráfico, comercio y consumo de drogas no se pueden discutir al más alto nivel. Sin embargo, según el ex ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, “se debe diferenciar entre la drogadicción, el narcotráfico y el crimen internacional”, por lo que el debate debe estar bien enfocado.
Si bien el tema de las drogas es importante para todos los países al tratarse de un delito transnacional, para Jarrín si se habla de drogadicción se trata de un problema de salud en el que se debe tratar sobre la prevención. No así el narcotráfico, que es un “factor geopolítico” que amenaza a los Estados y que aborda otros delitos como el lavado de activos.
El informe ya fue presentado el mes pasado en Colombia. En él se plantean varios escenarios como la despenalización del consumo de marihuana, “considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”. Esta iniciativa se ha visto positivamente entre funcionarios del Gobierno de Ecuador. El ministro del Interior, José Serrano, dijo ayer que la despenalización de drogas en América Latina representaría “un duro golpe al narcotráfico”.
Pero la delimitación del debate sobre este tema en la OEA es necesaria. Para el ex Ministro de Defensa, se corre el riesgo de que no se considere únicamente a la marihuana, sino también a otras drogas más fuertes como la cocaína o la heroína. Por ello, el análisis de la despenalización debería estar centrado en la construcción de políticas de prevención en salud y educación. En tanto, la Secretaría General de la OEA, rectificó el error en la primera edición del informe “El Problema de las Drogas en las Américas”, que adjudicaba erróneamente a Ecuador índices sobre la erradicación de la amapola. Así lo confirmó el organismo.
(Tomado de El Comercio)

Narcos mexicanos se extienden por Centroamérica

narcotrafico-en-mexicoEmbaladas en llantas, avionetas, lanchas rápidas y hasta en submarinos, cientos de toneladas de cocaína pasan a Estados Unidos por el territorio de Centroamérica, aunque en 2012 sólo 85 se decomisaron en esta empobrecida región, también usada para almacenar y procesar drogas.
En menos de 48 horas fueron incautadas esta semana más de dos toneladas en las costas de Panamá. Los carteles mexicanos, principalmente el de Los Zetas -el más sangriento- y el del Pacífico -una alianza entre el de Sinaloa y el del Golfo-, expandieron sus operaciones en el último año en Centroamérica asociados con narcotraficantes locales, sin inmutarse por la captura de cabecillas o de droga.
Militares y policías con apoyo estadounidense decomisaron en 2012 unas 32 toneladas de cocaína en Panamá, 22 en Honduras, 15 en Costa Rica, 13 en Nicaragua, 3,5 en Guatemala y 380 kilos en El Salvador -sin costa caribeña-, según datos de cada país.
Una cifra muy por debajo del enorme flujo que va de Sudamérica, sobre todo de Colombia -principal productor mundial de cocaína-, a Estados Unidos, el mayor consumidor.
“Por Centroamérica se mueve un estimado de 900 toneladas anuales”, por todas las rutas, especialmente por el Caribe hondureño, según cálculos del ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, dados a la AFP.
Un informe del gobierno de Guatemala cifra en 600 las toneladas de cocaína que van de sur a norte, y agrega que el tráfico “genera anualmente más de 13.320 millones de dólares”.
“En la lucha regional cada país está llevando a cabo su cuota de esfuerzo y sacrificio”, dijo este miércoles a AFP el director del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, Belsio González, quien comentó que la “creatividad” de los narcos es un reto constante.
Por Centroamérica y México pasa, según informes de Washington, el 90% de la cocaína que consume Estados Unidos.
Guatemala, que comparte con México casi 1.000 km de frontera selvática, y Honduras, sobre todo el Caribe, son los dos principales puntos de tráfico.
Pero casi toda Centroamérica está mapeada de rutas y está desplazando a México como primer frente del tráfico, de acuerdo con un informe de la ONU.
Centroamérica ha registrado además un creciente flujo de capitales del narcotráfico y de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas como anfetaminas.
Varios laboratorios clandestinos, instalados por narcos mexicanos según las autoridades, fueron desmantelados en el noroeste de Guatemala, y en Honduras.
En un caso muy sonado, el costarricense Alejandro Jimémez, supuesto autor intelectual del atentado en el que murió el trovador argentino Facundo Cabral en 2011, y el empresario nicaragüense Henry Fariñas fueron detenidos y acusados en Guatemala y Nicaragua de liderar redes de apoyo a carteles mexicanos con ramificaciones en toda Centroamérica.
La semana pasada fueron condenados a 30 años 18 mexicanos detenidos en Nicaragua con 9,2 millones de dólares, quienes según investigaciones usaban la fachada de periodistas de la cadena Televisa para llevar y traer dinero y cocaína.
Al estilo de las excentricidades de los capos mexicanos y colombianos, hace poco fue hallado en Honduras un arsenal que incluía un fusil AK-47 bañado en oro, incrustado con esmeraldas y diamantes. Según la Fiscalía, pertenecería a Los Zetas.
En Honduras, con decenas de pistas clandestinas sobre todo en la caribeña región de Mosquitia, el crimen organizado infiltró escandalosamente a la policía. En toda Centroamérica los narcos buscan también comprar a jueces y fiscales, reconocen los gobiernos.
Washington, que tiene a Centroamérica en la lista negra del narcotráfico, propugna una guerra frontal antidrogas, que según los gobiernos de la región ha fracasado.
Según el informe 2012 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Centroamérica, que sufrió décadas de cruentas guerras civiles, es hoy la zona sin conflicto bélico más violenta del mundo, producto del narcotráfico en alianza con las pandillas.
Cuerpos tirados en lotes baldíos, algunos decapitados -macabro método de los carteles de México-, aparecieron en Honduras en 2012; y en Guatemala hace poco fueron quemadas vivas una fiscal y otras seis personas por luchas territoriales entre Los Zetas y el cartel de Sinaloa, concluyen autoridades.
Según la UNODC, Honduras tiene la tasa más alta de homicidios del mundo, 92 por cada 100.000 habitantes; El Salvador 69 -aunque una tregua entre pandillas redujo considerablemente los asesinatos-; Guatemala 39, Panamá 22; Nicaragua 13 y Costa Rica 10. Hasta el pequeño Belice sufre la locura de la violencia, con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes.
“Después de 50 años de guerra contra las drogas, hemos visto que los cárteles han crecido, la producción y el consumo han crecido también y los resultados no son los que estamos buscando”, declaró este miércoles el presidente guatemalteco Otto Pérez en Davos, Suiza.
Hace un año Pérez lanzó su controvertida propuesta de despenalizar la droga, rechazada de plano por Washington. Aunque tampoco contó con respaldo total de sus vecinos, hizo que Centroamérica alzara la voz para pedir una revisión de la estrategia y más recursos a Estados Unidos.
Para el año fiscal 2013 el gobierno de Barack Obama propuso una baja de las ayudas que afecta a Centroamérica (de 100 a 86,2 millones de dólares).
La ayuda “es casi nada” mientras Honduras y el resto de Centroamérica se han convertido en “nido del narcotráfico”, critica el comisionado hondureño de Derechos Humanos, Ramón Custodio.
(Con información de AFP)

La droga mata… y en grandes cantidades



drogasEntre 99.000 y 253.000 muertes se pueden atribuir al consumo de drogas ilícitas, según un informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre el consumo de estas sustancias.
El informe, presentado el la 56 reunión de la Comisión de Estupefacientes que se reúne hasta este viernes en Viena (Austria), destaca que la mayoría de esas muertes, “que se podrían haber evitado”, fueron casos fatales de sobredosis de personas dependientes de opioides.
No obstante destaca que, en comparación con las estimaciones correspondientes a 2009, no parece haberse producido un cambio importante en la prevalencia ni en el número de personas que usaron drogas ilícitamente en 2010.
Los opioides siguen causando el mayor daño a nivel mundial, a juzgar por la demanda de tratamiento, el consumo de drogas por inyección y las infecciones por el VIH, así como por las muertes relacionadas con las drogas.
Aunque, el informe muestra que en el mapa del uso de drogas, el empleo de sustancias sintéticas y el uso extraterapéutico de medicamentos de venta con receta comienza a despuntar, entre ellos opioides, tranquilizantes y estimulantes de venta con receta que reemplazan las drogas tradicionales, especialmente notable en América del Norte y en Europa.
En 2010 la UNODC calculó que de 153 a 300 millones de personas, es decir, del 3,4 al 6,6% de las personas de 15 a 64 años en todo el mundo, habían consumido ilícitamente una sustancia al menos una vez el año anterior.
“Las nuevas sustancias sintéticas basadas en precursores no sometidos a fiscalización internacional, cuyas posibles consecuencias nocivas han sido poco investigadas, plantean nuevos problemas para la salud pública”, destaca la ONU.
Por el contrario se estabiliza el consumo de drogas ilícitas tradicionales, por ejemplo, de heroína y cocaína, especialmente en América del Norte y Europa, se ven neutralizadas, aunque se observa un uso creciente de esas drogas en partes de África, América del Sur y Asia.
El consumo de estimulantes de tipo anfetamínico sigue aumentando especialmente en África, América Latina y Asia y, en particular, en partes de Asia oriental y sudoriental.
A nivel mundial, el cannabis sigue siendo la droga que más se consume, y cada vez se menciona con más frecuencia en las solicitudes de tratamiento desencadenadas por su consumo y por los trastornos psiquiátricos conexos.

La problemática de las drogas en la Asamblea de la OEA

OEALa problemática de las drogas no debe abordarse como un tema de seguridad sino de salud pública, con acciones de “prevención, tratamiento y rehabilitación” de las personas afectadas, coincidieron las delegaciones de los 34 países participantes de la 43 Asamblea General de la OEA.
El encuentro, que se inauguró este martes 4 en la colonial ciudad guatemalteca de Antigua, culminará el jueves 6 con una declaración final que, se espera, recogerá una postura consensuada sobre las estrategias más viables para combatir el narcotráfico en el continente americano.
Sin embargo y pese a que existe acuerdo en cuanto a que esta situación se debe abordar desde la salud y no con enfoque de seguridad como ocurre ahora en la mayoría de los países, el borrador de la Declaración Antigua de la Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos) no contempla acciones concretas y ni siquiera una hoja de ruta mínima a seguir.
El tema que sigue siendo contencioso y que los cancilleres deberán resolver antes del cierre de este jueves 6 es el mecanismo de seguimiento que deberá implementarse.
Actualmente, 14 países proponen que el Consejo Permanente de la OEA convoque a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea, que se celebrarían en 2014 también en Guatemala, con el objetivo de avanzar en el debate sobre nuevas estrategias de combate al tráfico de estupefacientes y diseñar un plan de acciones concretas a desarrollarse de 2016 a 2020.
Bajo esta propuesta, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) se encargaría de los trabajos preparativos de la reunión.  Pero el resto de los 20 países restantes rechazan la propuesta, entre ellos Estados Unidos, que está a favor de seguir debatiendo la cuestión de las drogas pero que se opone a la celebración de una asamblea extraordinaria y a que intervenga la Cicad.
Canadá propone en concreto que el Consejo Permanente de la OEA en vez de la Cicad determine cómo darle seguimiento al tema. Otra novedad es la incorporación de “una perspectiva transversal de derechos humanos” y un enfoque de género a las políticas públicas que se diseñen a raíz de la cumbre con el propósito de reducir la demanda y la oferta de drogas ilegales.
Sabor a poco Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dijo a IPS que el consenso sobre la necesidad de tratar el tema del narcotráfico como un problema de salud y no de seguridad pública refleja un cambio en el abordaje de este flagelo, incluso por parte de Estados Unidos, ya que lleva implícita la admisión de que el combate armado al narcotráfico ha sido un fracaso.
En México, durante la presidencia del conservador Felipe Calderón (2006-2012), se registraron más de 83.000 asesinatos relacionados con el crimen organizado, según cifras oficiales, sin que la demanda de drogas por parte de los países consumidores, como Estados Unidos, se haya reducido, motivo por el cual existe un creciente consenso entre los gobiernos latinoamericanos de que es hora de pensar en nuevas estrategias.
“Algunos países de América Latina han ido haciendo presión y la idea de que Washington sólo exige mientras que la región debe cumplir, empieza a cambiar. Me parece que ha habido una evolución a partir de la llegada al gobierno de (Barack) Obama en el sentido de ser más autocríticos”, manifestó Asturias.
El experto sinaloense David Martínez-Amador, del Proyecto Criminova México, destacó que el enfoque de salud “se haya puesto en la mesa del debate”, pero criticó el hecho de que no se hayan acordado políticas concretas ni sanciones al uso de los ejércitos en la lucha antidrogas.
“Como en la mayoría de estos foros, la conclusión es motivar y esperar que la discusión continúe en espera de la reunión extraordinaria y, con ello, se pierde el tiempo”, advirtió Martínez-Amador en conversación con IPS.
Varios países están dando pasos hacia la implementación de marcos regulatorios para la producción legal de la marihuana, entre ellos Argentina, España, Portugal y en particular Uruguay, donde el parlamento, impulsado por el gobierno izquierdista del Frente Amplio, analiza un proyecto de despenalización al respecto.
“Este foro es eso, un foro, pero cuando las luces se apagan cada país está obligado a construir sus propias rutas”, dijo el especialista mexicano.  Pérez Molina quiere “pasar la página” Cuando el presidente anfitrión esta semana de la Asamblea de la OEA, Otto Pérez Molina, propuso a comienzos de 2012 legalizar las drogas, la sorpresa fue mayúscula.
Es que en la campaña electoral se había pronunciado en contra de esa idea y días después de que asumiera el 14 de enero de ese año el gobierno creó una dirección especial de lucha contra el narcotráfico, una especie de zar antidrogas, y confirmó al frente del combate al Comando Kaibil, la unidad de elite del ejército acusada de las peores violaciones a los derechos humanos en el pasado.
Por ello nadie, ni siquiera su propio gabinete, podía vaticinar que un mes después este general retirado que llegó a la Presidencia de Guatemala con la promesa de combatir la criminalidad con estrategias de “mano dura” afirmara que había llegado la hora de considerar la despenalización como una posible solución a la creciente ola de violencia asociada al narcotráfico.
Posteriormente, en abril de 2012, volvió a poner el tema sobre la mesa durante la Cumbre de las Américas en la ciudad colombiana de Cartagena, aunque Estados Unidos respondió con una previsible negativa. Se han planteado diversas hipótesis sobre cuáles podrían ser las motivaciones de Pérez Molina al enarbolar el tema de la despenalización de las drogas.
Poco después de conocido su planteo, la revista británica The Economist publicó que el mandatario guatemalteco trataba de obtener más fondos de Estados Unidos, mientras que Natalie Kitroeff, investigadora del neoyorkino Council on Foreign Relations, dijo que buscaba presionar para que se levantara el embargo de armas que existe desde 1978 sobre este país debido a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996).
“Al presidente lo mueve la imagen. (Pérez Molina) quiere ser visto a nivel internacional como alguien comprometido con la democracia y no con su pasado”, sostuvo Asturias.  Esta cumbre le permite “pasar la página” tras el polémico juicio del exdictador Efraín Ríos Montt, durante el cual un testigo señaló directamente a Pérez Molina de haber participado en masacres en el departamento altiplánico de Quiché, cuando comandaba la Fuerza de Tarea Gumarcaj, subrayó.
(Con información de Agencias)

martes, 21 de mayo de 2013

Condena a Ríos Montt: ¿cambia algo en Guatemala?




Marcelo Colussi


[Llegamos aquí] “para servir a Dios y a nuestro rey y señor, y procurar de ganar honra, como los nobles varones deben buscar la vida, e ir de bien en mejor.

Bernal Díaz del Castillo (Siglo XVI)

“Los derechos establecidos, tanto en las leyes nacionales como en los convenios internacionales de la OIT, son sistemáticamente incumplidos en las fincas, incluso con la complicidad estatal.”

CODECA (2013)


Guatemala fue el primer país de Latinoamérica en tener una organización estatal de defensa de los derechos humanos, un ombudsman. Ello no significó, sin embargo, que la situación de los mismos mejorara sustancialmente en estos años: fue, fundamentalmente, algo cosmético. Ahora el país acaba de ser el primero del mundo en sentenciar a un ex jefe de Estado por delito de genocidio. ¿Qué cambiará con ello?

Resulta aventurado decir qué vendrá en el corto plazo. Lo cierto es que luego de la condena al general Ríos Montt la sociedad en su conjunto se tensa, se pone al rojo vivo. Quizá sin habérselo propuesto expresamente, este juicio coloca sobre la mesa verdades de las que se habla poco, o nada. En estos momentos, sin dudas con algo de sesgo, todo pareciera girar en torno a si hubo o no hubo genocidio. Así planteadas las cosas, de esta forma tendenciosamente simplificada, la cuestión se reduce a si el militar de marras está “bien” condenado, o no. Pero la situación es mucho más compleja.

Aquello por lo que se juzga y condena a José Efraín Ríos Montt es la expresión –sangrienta, terrorífica– de una historia que ya lleva más de cinco siglos. El genocidio ocurrido en la década de los 80 del siglo pasado (o si prefiere decirse: las masacres, el exterminio de aldeas completas de campesinos indígenas pobres e históricamente excluidos) fue la expresión de una lucha de clases histórica que tuvo como protagonistas a una oligarquía inamovible y una masa de desposeídos, constituida básicamente por indígenas mayas, que fue donde activó fundamentalmente el movimiento armado.

Dicho de otra manera: la guerra que enlutó al país alcanzando sus picos de mayor crueldad durante la presidencia de facto de Ríos Montt fue la patentización de una historia de profundas asimetrías socioeconómicas que arrancan con la conquista española y se continúan sin mayores cambios hasta el presente. Tal como lo expresa la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en sus Conclusiones (CEH, 1998:7): “Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación realizada por la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, los partidos políticos, y los diversos sectores de la sociedad civil”. Dicho de otro modo: esa oligarquía histórica conformada con los primeros españoles que, como lo citado en el primer epígrafe, vinieron a estas tierras lisa y llanamente a enriquecerse (a costa de los pueblos originarios, por supuesto), queda definida con precisión por Vinicio Sic cuando habla de “empresaurios”: Eufemismo empleado para designar a aquella clase dirigente de la economía que medró en medio de los privilegios y protecciones que le ofrecía una dictadura, un gobierno militar o un títere presidencial, que hubo o existe en Guatemala. Grandes abusadores, incapacitados para toda innovación o modernidad, codiciosos del beneficio inmediato, destructores incansables del medio ambiente. (…) Rechazan toda reforma del Estado que atente contra su statu quo. (…) Jamás reconocen la existencia del pueblo maya; es más, lo sometieron a trabajos forzados en sus fincas e impulsaron su exterminio, aniquilándolo y robándole sus tierras y ahora su patrimonio natural”. Es decir: lo que denuncia el segundo epígrafe.

Hoy día Guatemala es una economía próspera. De hecho, la duodécima en volumen en Latinoamérica, con un crecimiento interanual sostenido del orden del 3%. Los tradicionales grupos de poder –herederos de esa historia de despojo que inicia en el siglo XVI, siempre ligados a la agroexportación, hoy diversificados también con nuevos negocios– siguen manteniendo inalterables sus privilegios. Cuarto exportador mundial de azúcar (con 55 millones de quintales anuales), primera potencia regional en exportación de etanol (con 265 millones de litros anuales), gran productor mundial de palma africana (destinada al etanol), además de paraíso para la inversión minero-extractiva de capitales transnacionales y para el lavado de la narcoeconomía, en Guatemala hay mucha riqueza, sin dudas… pero la canasta básica es 4,970.26 quetzales (637 dólares estadounidenses), mientras el salario mínimo llega apenas a 2,421.75 quetzales (US$ 310). De acuerdo a informes de Naciones Unidas, el 51% de la población está por debajo del límite de pobreza. Pero lo más terrible es que, según datos de una reciente investigación publicada por el Comité de Desarrollo Campesino –CODECA– (Situación Laboral de Trabajadores/as Agrícolas en Guatemala) –de donde proviene el segundo epígrafe– el 90% de trabajadores rurales recibe un salario inferior al mínimo establecido por ley. Dato interesante que aporta este estudio: en 609 fincas agrícolas (de las alrededor de 3,000 registradas a nivel nacional) el 91% de jornaleros/as es de origen indígena, muchos de ellos con escasa educación formal o abiertamente analfabetas. El Estado históricamente jugó el papel de legitimador de esa situación (así como a veces también lo hizo la jerarquía de la Iglesia católica).

¿Qué pasó cuando se intentó modificar eso? Se reprimió brutalmente. El Estado guatemalteco, defendiendo a capa y espada esa historia de despojo para que nada se modifique un milímetro, salió a proteger a los “empresaurios”. Eso, lisa y llanamente, fue lo que hizo el general Ríos Montt durante su presidencia como comandante del ejército. O más aún: todo el conflicto armado de 36 años fue la expresión de ello, enmarcado en la Guerra Fría que dominó la escena internacional durante buena parte del siglo pasado. El general ahora condenado no es el “malo de la película”: cumplió su tarea histórica, la que el Estado-finca de Guatemala tiene reservada para quien empuñe sus armas.

¿Fue genocidio? Extremadas las cosas, eso no es lo fundamental. Si se decide que no lo fue, tal como ahora lo exige la derecha, los “empresaurios” y todas sus redes, ¿entonces no pasó nada en el país? ¿Ríos Montt debería salir de prisión y habría que dar vuelta la página? Lo que esta sentencia marca es un cambio en la historia política: es un golpe a la impunidad consuetudinaria. Pero más allá de la actual condena, el genocidio continúa. El genocidio cotidiano contra la población indígena no se detiene, aunque hoy día ya no se realicen campañas militares de “tierra arrasada”. Continúa con las inversiones mineras y la agroproducción destinada al mercado internacional, con las condiciones de vida paupérrimas, con la sobre-explotación.

¿Qué cambia esta sentencia entonces? Da esperanzas. Como dijo Paulo Freire: “Rebelarse ante los atropellos lleva implícito el cambio”.

lunes, 13 de mayo de 2013

Exhumaciones y salud mental en Guatemala



por Marcelo Colussi

Síntesis
Los procesos de investigación antropológico-forense conocidos comúnmente como “exhumaciones” pueden jugar un importante papel en el proceso de recuperación post guerra vivida en Guatemala. Se dice que “pueden” jugar, pero no necesariamente siempre sucede así. En cuanto cierre de un duelo inconcluso, tienen un alto valor psicológico-cultural en los familiares de las personas exhumadas, pues ayudan a completar un ciclo alterado. Por otro lado, hacen parte de una investigación judicial que puede servir para abrir investigaciones y encontrar culpables de los graves cometidos (masacres, desapariciones) y, de esa manera, hacer justicia. Pero corren el riesgo de ser un gesto vacío, políticamente correcto pero insustancial en su impacto final, si no son parte de un verdadero proceso de apropiación por parte de las comunidades. Es, por lo pronto, significativo ver que buena parte del apoyo financiero destinado a la realización de las exhumaciones en Guatemala proviene de la misma fuente que apoyó en la guerra interna al bando que cometió esas atrocidades.

Palabras claves
Masacres, duelo alterado, justicia, reparación, resarcimiento.

Abstract
The processes of forensic anthropological research commonly known as forensic "exhumation" can play an important role in post-war recovery process lived in Guatemala. It says "can" play, but not necessarily always the case. As duels unfinished closing, have a high psychological and cultural value in relatives of individuals exhumed, they help to altered cycling. On the other hand, are part of a criminal investigation that can be used for investigation and find guilty of serious crimes (massacres, disappearances) and, thus, do justice. But they run the risk of being an empty gesture, but pointless politically correct in its ultimate impact, if not part of a genuine process of ownership by communities. It is, for now, significant to see that much of the financial support to carry out the exhumations in Guatemala comes from the same source as the internal war supported the side that committed these atrocities.

Key words
Massacres, unresolved grief, justice, reparation, restitution.

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Introducción

En cualquier momento histórico y en toda forma cultural, los seres humanos hacemos frente a la finitud, al malestar espiritual, a través de determinados mecanismos. La revisión de la historia así como la comparación antropológica de distintas sociedades nos enseña que el sufrimiento moral, las penas, las ansiedades que produce el proceso de vivir siempre reciben algún tipo de respuesta, de tratamiento. Entre todas estas aflicciones la relación con la muerte es la más fuerte. La muerte (aquello de lo que no hay representación posible, lo que no tiene explicación) es el horizonte espiritual desde donde transcurre la vida.

Para enfrentar esas flaquezas constitutivas, este estado de inexorabilidad ante el final que representa el paso por la vida, existen diversas instancias de amortiguación del dolor. Hay varias, pero tampoco existe una variedad infinita; hay formas de abordar este problema que se repiten universalmente y en toda la historia: formas de explicar lo inexplicable podríamos decir. Para eso están las religiones.

En toda cultura conocida –lo cual las equipara y viene a confirmar definitivamente que no hay ninguna mejor que otra, que no hay ninguna superior– se encuentran cosmovisiones religioso/espirituales. Esto no falta; como incluso no faltó en las experiencias de socialismo real conocidas, donde supuestamente se caminaba hacia un presunto ateísmo con base científica. Todo demuestra que los seres humanos, al enfrentar la sensación de desprotección, de finitud, necesitamos de un orden que nos organice la vida, que nos constituya y nos dé raíces seguras, que nos explique el sentido de nuestra proveniencia y nuestro futuro. De momento, si bien la ciencia avanzó mucho en eso, el papel del pensamiento mágico-animista sigue estando presente.

El malestar espiritual, distinto al material, más pernicioso que él en algún sentido (por la dificultad de encontrarle salidas definitivas), es de más difícil abordaje; y los resultados de su enfrentamiento, igualmente, no deparan el mismo nivel de éxito que el de las necesidades concretas (es más fácil llegar a la luna que dejar de padecer angustia). Existe, podría decirse generalizando, un malestar intrínseco a toda formación social que debe perpetuamente estar siendo procesado.

En el contexto guatemalteco

La población maya de Guatemala lleva más de 500 años sufriendo hondamente; en estas últimas décadas ese dolor se vio cruelmente incrementado. La cosmovisión maya, que en sí misma es una concepción místico-espiritual de la vida (y de la muerte), ha sido el mecanismo de protección que permitió sobrevivir a los pueblos. El no haber perdido su identidad histórica, el haber podido conservar su cultura, su espiritualidad, todo eso funcionó como colchón para aminorar los efectos de tan grandes y masivos ataques externos.

En el Occidente moderno, desde el Renacimiento en adelante, marcándose más aún con la revolución industrial, la idea de ciencia vino a destronar, en buena medida pero no totalmente, a la religión. El sufrimiento espiritual, en cierta forma, también pasó a formar parte del universo de la investigación científica; pero con el mal comienzo de estar concebido desde la taxonomía imperante. De ahí que el dolor moral, el malestar, pasó rápidamente a ser "enfermedad mental", psiquiatrizándose desde el momento inaugural. La psiquiatría manicomial fue la respuesta al "trastorno" psíquico, estableciéndose desde ahí (fines del siglo XVIII) la figura del médico psiquiatra, del hospital para locos –el "loquero"– y del padecimiento espiritual como discordante, como anormal. Inicio que dejó una marca a fuego, imborrable ahora, por la que se liga indisolublemente salud mental con locura.

No fue sino hasta el siglo XX que se abrió una pregunta con intención científica respecto de la subjetividad, del dolor psíquico. Es ahí cuando nace la Psicología como ciencia moderna.

Con todo esto queremos decir que siempre han existido mecanismos para afrontar el sufrimiento subjetivo, el dolor moral. Sacerdotes, guías espirituales, shamanes o psicólogos –con distintos proyectos, con distintas metodologías– han dado respuestas a estos temas tan eternos entre los humanos. ¿Cuál es la mejor respuesta? Desde ya, así formulada, la pregunta es absolutamente inválida. Todas las ofertas dan alguna respuesta, por eso subsisten.

Los mecanismos de resolución individual de este tipo de problemáticas son casi exclusivos de la cosmovisión occidental moderna, donde la subjetividad se afirma, desde el cogito cartesiano en adelante, como condición del desarrollo del capitalismo. El "yo" ha destronado al "nosotros", cosa que no sucede en otras culturas. Entre los pueblos mayas definitivamente la concepción dominante es comunitaria, todo se juega en el ámbito de lo colectivo.

Si algo bueno tienen las ciencias es que formulan conceptos que pretenden tener validez y efectividad práctica universalmente. En las ciencias naturales nadie pondría en tela de juicio la validez general de sus conceptos. En Alemania, en la Amazonia brasileña o en el Tíbet la conceptualización de los átomos puede hacerse desde los mismos parámetros científicos. Y también lo son las reacciones físico-químicas de los habitantes de esas áreas: sus mecanismos respiratorios, sus procesos neurofisiológicos o excretorios. El problema se plantea cuando lo que está en juego son los objetos de las ciencias sociales, que implican un compromiso personal del científico en juego: allí no hay neutralidad posible. Se abre entonces un interrogante epistemológico: si las ciencias naturales son universales, ¿no lo son también las sociales? Los conceptos que formula la psicología (insisto: los conceptos, no las técnicas de intervención) ¿no se aplican igualmente a alemanes, amazónicos y tibetanos? ¿Funciona distintamente el psiquismo de cada una de estas personas?

Par decirlo muy rápidamente con algunos ejemplos: la repetición de las religiones –distintas cada una de ellas, pero religiones al fin– ¿no puede entenderse desde los mismos parámetros universales: temor a lo desconocido, necesidad de satisfacción espiritual, esquemas que organicen la vida socialmente en tanto axiologías? El síndrome de estrés post traumático, nombre con que, según la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud se conocen los cuadros clínicos con que nos encontramos a diario en la población afectada por la violencia y cuyos familiares son exhumados, es una formación que se repite allende las culturas. Ante pérdidas grandes o ante la posibilidad real de la muerte todos los humanos reaccionamos más o menos igual, independientemente que esas reacciones estén tamizadas por el tejido cultural.

Intentando sanar el dolor

Las exhumaciones, en tanto parte de un ceremonial místico-religioso, constituyen una práctica muy antigua en la historia humana. La arqueología nos enseña que las mismas se encuentran presentes ya desde la prehistoria. Ahora bien, hasta donde se conoce actualmente, nada indica que las mismas hayan hecho parte de la cultura maya clásica. El sentido de prueba forense para el ámbito de la justicia es algo muy reciente, de estas últimas décadas, y nacido en el orden técnico-jurídico occidental.

En Guatemala, por diversos motivos, se lleva a cabo una gran cantidad de exhumaciones; y la gran mayoría –casi la totalidad– de las mismas teniendo a la población maya como su objeto de trabajo (porque los restos exhumados son mayas, porque los familiares de esos muertos son mayas. Porque la inmensa mayoría de víctimas de la reciente guerra interna son mayas –el 82% más precisamente–, lo que permite tipificar lo ocurrido como un virtual genocidio). Ahora bien: ¿por qué se desarrollan exhumaciones en este país?

El proceso de investigación antropológico-forense surgió en Guatemala como una forma de aportar pruebas para demostrar y actuar en contra de las masacres que tuvieron lugar durante los años de guerra. El impulso de las mismas básicamente proviene de organizaciones que reivindican, en el sentido más amplio del término, el trabajo con derechos humanos. Algo interesante a destacar aquí es que todo este esfuerzo está concebido desde una posición político-ideológica no maya (hay que apurarse a aclarar que no por ello es anti-maya, obviamente, pero que no viene desde la cosmovisión clásica de los pueblos que fueron los más castigados durante el conflicto). Al trabajar con los familiares sobrevivientes de las masacres se ve que el pedido de justicia, de castigo a los culpables de los atropellos, no es lo que primeramente destaca. ¿Qué espera de todo esto la población cuyos familiares son exhumados: justicia, resarcimiento, reparación psicológica?

Las investigaciones antropológico-forenses constituyen la posibilidad de aportar pruebas en los tribunales. Pero junto a ello (y quizá más que ello) sirven como bálsamo para los familiares de los muertos. Las exhumaciones realizadas en otros contextos históricos y culturales (Bosnia, Argentina, las de judíos luego del Holocausto en Europa) apuntan fundamentalmente a la aportación de evidencias probatorias de los presuntos ilícitos, con miras enjuiciatorias y condenatorias. En Guatemala, en las comunidades donde tuvo lugar la política contrainsurgente de "tierra arrasada" y "castigo ejemplar" (montada sobre una práctica discriminatoria ancestral que se articuló con el "ladinizar a los indígenas" que guiaba la intervención del ejército), la búsqueda de la justicia no parece ser, al menos en principio, lo fundamental en los familiares de la población masacrada. Eso es, más bien, el pedido de grupos urbanos políticamente comprometidos y alineados en el campo del trabajo en derechos humanos, más aún en su vertiente cívico-política. Según el testimonio de los familiares sobrevivientes lo que se espera en las comunidades es que "sus muertos estén bien enterrados".

Un interés no se contrapone con el otro. En todo caso, y esto no debe perderse de vista, hay dos cosmovisiones en juego, quizá no antitéticas, pero sí diferentes.

El culto a los muertos en la tradición maya es distinto al occidental. La experiencia de diversos procesos exhumatorios pareciera indicar que el interés central de la población de quien se buscan familiares enterrados está depositado en su cosmovisión espiritual en torno a los muertos. Lo esperado no es tanto la reparación emocional a partir del trauma vivido (muerte, destrucción, pérdida material), ni la reparación jurídica de una ofensa, sino el poder brindar un adecuado descanso, dentro de los cánones culturales fijados, a los muertos en esas circunstancias traumáticas.

Quizá la misma forma de organización socio-cultural maya, priorizando lo comunitario sobre lo individual, sirve como resguardo preventivo y/o terapéutico en relación al dolor psicológico. Una cultura con un alto componente espiritual y vertebrada en torno a lo comunal resguarda especialmente de la "descompensación" individual, para decirlo con términos clínicos. Si es cierto que hay verdades psicológicas en términos de concepto científico, el de trauma psíquico pareciera ser una de ellas. Toda persona, independientemente de su historia socio-cultural, se conmueve ante las pérdidas. Más aún si las mismas tienen lugar de un modo traumático. Ahora bien: diferentes culturas pueden ofrecer diversas respuestas a ese dolor: mayor o menor estoicismo, mayor o menor dramatismo con que se vive la pena, diferencias en el compartir los sentimientos con los semejantes, más o menos introversión, etc.

¿Para qué las exhumaciones entonces?

¿Curan, calman, tranquilizan psicológicamente las exhumaciones? En otros términos, si no es como aporte de pruebas para un posterior juicio, ¿para qué le sirven a la gente cuyos familiares son desenterrados?

Las exhumaciones tienen un valor altamente simbólico. Si cumplen con una misión reparadora es porque, incluso independientemente que se encuentren todos los restos de personas desaparecidas, o que todos ellos puedan ser debidamente identificados, sirven para dar crédito a una historia elidida, reprimida. Y es una verdad psicológica constatada en toda circunstancia que lo reprimido siempre retorna, sea en la forma de síntoma, de angustia, de cualquier trastorno conductual. La historia que se recupera a través de la exhumación es la de un pasado reprimido que ha estado ahí por años –por décadas– sin desaparecer, haciéndose presente "patológicamente" en distintas manifestaciones comunitarias y que, fundamentalmente por el terror todavía imperante en cada sobreviviente, nunca se había podido expresar abiertamente. En tal sentido la exhumación cumple con una función liberadora; liberadora de afectos congelados, de realidades y fantasmas aterrorizantes, aunque no se encuentren todos los restos que se buscaban.

Es necesario agregar rápidamente que la población no busca tanto una reparación psicológico-individual (nadie se siente "enfermo mental") sino, antes bien, una contención social: lo que se espera es que los muertos puedan comenzar a descansar bien. Pareciera que los dispositivos espirituales comunitarios tienen un papel decisivo en la forma de afrontar y resolver el sufrimiento. El hecho que los espantos no deambulen más por los cementerios clandestinos tiene, definitivamente, un valor reparador, de promoción de salud.

La experiencia enseña que la población no sufre sólo por la masacre vivida sino –¿fundamentalmente?– por la suerte corrida posteriormente por los muertos. Es aquí donde se advierte en su cabal dimensión el registro comunitario de la vida de los pueblos mayas y las diferencias con la cultura occidental. Las exhumaciones liberan del sufrimiento a la comunidad, permite que todos estén mejor: los muertos porque ahora podrán ser dignamente enterrados, y los vivos porque ya no quedan atados al sentimiento de no separación debida con los que se fueron.

Las exhumaciones, vistas en este contexto, tienen entonces un alto valor psicológico, reparador. Pero no debemos confundir esto con la siempre difícilmente conceptualizada salud mental. El concepto (si es que es tal) "salud mental" sirve como guiño conceptual, como referente para significar buena calidad de vida. La salud, en todo caso –y haciendo nuestra la definición clásica de la OMS– no es la ausencia de enfermedad sino el estado de bienestar físico, psíquico y social. El término "salud mental" indefectiblemente está permeado por su carga psiquiátrica, excluyente (la frase "yo no estoy loco" es su binomio casi obligado).

¿Puede haber, entonces, una salud mental desde la cosmovisión maya? Mezcla un tanto complicada. Solamente podría decirse que sí, si entendemos salud mental en tanto comunitaria, y como sinónimo de calidad (buena) de vida. Hay, de hecho, prácticas culturales mayas que aportan comunitariamente elementos para promover un buen estado espiritual. Si lo deseamos, podemos llamar a eso salud mental; pero hay ahí un retorcimiento conceptual que debe manejarse con precaución. Quizá la formulación reparación psicosocial –hoy tal vez de moda–, con todos los problemas que pueden traer este tipo de conceptos, se ajusta más a la realidad de lo que son las prácticas que se llevan a cabo en los procesos post bélicos: recuperación de la historia, procesamiento de las heridas psicológicas, promoción de una cultura de no-violencia superadora de la lógica militar anterior, inversión fuerte a futuro en la educación de las nuevas generaciones. Todo esto se puede (y se debe) hacer apelando a los medios de que se disponga: respetando y promoviendo las culturas tradicionales, aprovechando las técnicas occidentales debidamente probadas, combinando ambas perspectivas, etc.

En algunas circunstancias la realización de las exhumaciones despertaron problemas comunitarios: reapertura de viejas rivalidades, odios que estaban dormidos, ánimos de venganza. A nivel individual también mueven sentimientos muy profundamente, en algunos casos produciendo situaciones de descompensación allí donde, en principio, se veía un cierto estado de equilibrio emocional: nuevamente se tocan heridas, se reviven momentos traumáticos, aflora el dolor. Pero visto en términos globales cabe preguntarse si es pertinente todo esto, si la exhumación realmente ayuda a los familiares y allegados de las víctimas, si aporta a la superación del fantasma de la guerra, si contribuye a la consolidación de los procesos de paz post bélicos. En otros términos: ¿qué autoriza, en términos éticos, en términos históricos, a llevar adelante una investigación antropológico-forense? Por lo pronto un primer nivel de respuesta es la autorización legal: la exhumación es parte de un proceso judicial que la misma comunidad afectada ha pedido, por lo que eso, en sí mismo, ya es legitimidad suficiente para llevarla adelante. Por otro lado, y aunque en principio pueda constatarse, a veces, un aumento en el nivel de conflictividad de las comunidades a partir de su realización, cualquier trabajo de reparación psicológica que intenta revisar la historia de un proceso "problemático" ha de producir dolor al revivir el episodio traumático.

Vistas globalmente, y habiendo despejado algo de este equívoco respecto a la salud mental, podría decirse que las exhumaciones en su conjunto (coordinando adecuadamente sus distintos componentes: el antropológico-forense, el psicológico, el legal) tienen un valor de reparación psicosocial. Por tanto, esto no es un patrimonio de especialistas psicólogos. Es una cuestión mucho más multidisciplinaria.

La historia que está en juego en todo el proceso de investigación antropológico-forense no es ni grata ni placentera; su rememoración seguramente puede despertar angustias (así como las puede provocar en los equipos técnico-profesionales que lo llevan adelante). Pero en definitiva afrontar ese pasado es mucho más sano (aunque algo doloroso) que intentar acallarlo. Es esto lo que autoriza, en términos humanos, a promover esta "arqueología" de la historia sangrienta vivida y sufrida recientemente por la población campesina más indefensa: en definitiva, promueve salud. Y no sólo en los sobrevivientes, sino también –esto es muy importante– en el colectivo social: la violación de las leyes no debe quedar impune. Minimizar o simplemente acallar lo que aconteció años atrás en Guatemala refuerza la impunidad, por tanto la angustia, la exclusión, la debilidad de los más débiles. Permitir que se diga claramente lo que pasó es una forma de promover bienestar. En tal sentido, olvidar la historia abre la posibilidad de repetirla. A propósito: "olvidar es repetir", puede leerse en un cartel a la entrada de Auschwitz, antiguo campo de concentración nazi, hoy convertido en museo de la guerra.

A modo de balance

La medición del impacto de proyectos sociales es siempre dificultosa, engorrosa. Lo cual no exime de hacerlo; casi que, justamente por ello, es más justificada e imperiosa aún su implementación.

Para poder responder con criterios de veracidad a las interrogantes que este tipo de trabajos trae aparejado es necesario emprender mediciones específicas, concretas. Por ejemplo: establecer comparaciones (estudio riguroso mediante) entre comunidades donde se exhumó hace algún tiempo en cuanto a cómo estaba su dinámica en aquel entonces y cómo está luego de realizada la exhumación, o comparar inclusive poblaciones en que hubo investigaciones antropológico-forenses por fuera del presente tiempo atrás (2, 3, 4 años, o más aún) y ver qué procesos psicosociales se siguieron posteriormente hasta la fecha. Solamente al disponerse de esa información pueden establecerse conclusiones sólidas.

De todos modos, y dado que ese material no está disponible en estos momentos, podemos esbozar sin embargo un primer intento de evaluación. Partimos de la base (teórica, y no podría ser de otra manera) que las exhumaciones cumplen una función reparadora, en el sentido más amplio del término. Encontrar los restos de los familiares o allegados desaparecidos y poder darles una adecuada sepultura –según el rito mortuorio que fuere– no hay dudas que tiene un alto valor positivo. Los seres humanos necesitamos despedir a nuestros muertos. De hecho no hay formación cultural que no presente estos dispositivos, que no tenga una forma de velorio (aceptación y procesamiento de la pérdida, esto es: proceso de duelo) y entierro (adiós definitivo). Puede variar, incluso puede ser alegre en algunos casos (una fiesta para despedir al muerto), pero no falta nunca.

El trauma vivido en el conflicto guatemalteco por la población civil más golpeada no fue sólo la pérdida de personas queridas –al igual que en cualquier guerra– sino la manera en que esa pérdida se dio: sin posibilidad de defensa, sin posibilidad de llorar a los caídos, sin poder enterrarlos debidamente, teniendo que ocultar por años el sufrimiento que ello trajo aparejado. Se entiende que exhumar los restos abre la posibilidad de dignificar una historia terrorífica, vergonzante incluso, de la que casi no se pudo hablar hasta ahora. En un sentido amplio puede considerarse a las exhumaciones como una forma de resarcimiento.

Muchas veces, si bien las exhumaciones se inician siempre forzosamente con el pedido formal de las comunidades ante una instancia legal, los procesos desarrollados abren la pregunta en cuanto a si efectivamente se mejora la situación de una población, si se contribuye a resolver, en parte al menos, la conflictividad heredada de la guerra, si se ha seguido fielmente lo que la comunidad realmente demanda.

Podría pensarse que las investigaciones antropológico-forenses son un elemento que tiene que ir unido indisolublemente a toda una intervención comunitaria amplia, de la que hacen parte, pero de la que no pueden desprenderse. Hacer una exhumación en un lugar al que se llega sólo para esa tarea puntual (aunque lleve acompañamiento en salud mental comunitaria) puede ser discutible; en algunos casos puede ayudar a muchas personas a comenzar a atreverse a hablar de algo muy temido, muy oculto. Puede, incluso, ayudar a tranquilizar a familiares sobrevivientes hondamente apenados por no haber podido enterrar debidamente a sus muertos. Pero puede también terminar siendo una buena intención y no más que eso, que por diversas razones no genera cambios reales en la dinámica intracomunitaria en relación a los efectos dejados por la violencia de la represión política. Quizá ayuda, pero no se le saca todo el provecho que se podría a un esfuerzo de esa magnitud.

Quizá valga aquí una comparación, que debe ser tomada con toda la altura del caso: una exhumación hecha desde la lógica y los tiempos de la técnica forense, y a partir de la denuncia que impulsó un organismo que apoya derechos humanos, puede ser como impulsar un cultivo de papas allí donde la población espera desarrollar cultivos de café. Sirve, pero no termina de llenar todas las expectativas; y hasta es probable que, al no ser lo que se esperaba, la misma comunidad no le ponga toda la atención del caso.

Hay que aclarar rápidamente que estos temas son controversiales y quizá no admiten una respuesta definitiva. Pero en términos generales quizá se podría aportar más a la consolidación del proceso de justicia post guerra si las exhumaciones se enmarcaran en un trabajo de resarcimiento comunitario más amplio. Con esto se apunta a considerar no el trabajo de salud mental de acompañamiento en exhumaciones sino las exhumaciones mismas, en tanto un todo multidisciplinario, como un eslabón de una cadena compleja. Por ejemplo: en una comunidad donde se sabe que hay cementerios clandestinos producto de la guerra quizá sería de más impacto generar un proyecto multifacético que promueva la recuperación de la historia y el diálogo (para lo que pueden ser de especial importancia los equipos de salud mental), ligando eso, hasta donde sea posible, con proyectos de mejoramiento material (productivos, becas para capacitación, infraestructurales), y en el que, luego de un tiempo de intervención y dejando que la misma población lo proponga como una necesidad, pueda surgir la exhumación ayudando al trabajo de retejido social.

Es altamente significativo que el grueso de las exhumaciones realizadas en Guatemala en su escenario de post guerra civil hayan estado financiadas por el gobierno de Estados Unidos, el mismo que movió los hilos de esa guerra. ¿Qué agenda hay allí verdaderamente? Desde ya descartamos un presunto "lavado de conciencia". Los poderes imperiales no tienen nada que lavar; tienen, por el contrario, intereses que defender. Una exhumación realizada con el mismo dinero que ayudó a la masacre, como mínimo, abre dudas.

Las exhumaciones deben concebirse y ser parte de una perspectiva de reparación amplia que incluye necesariamente el mejoramiento de la calidad de vida de la población (situación socioeconómica, sistema de justicia, ausencia de miedo, participación ciudadana), y no solo una intervención jurídico-forense. En definitiva la salud mental comunitaria (no clínica) no es sino el indicador de esa calidad de vida. Si no se concibe como parte de un proceso de cambio real, mucho más amplio que un movimiento controlado de memoria histórica dentro de marcos ya preestablecidos, se corre el riesgo que la exhumación no pase de ser un gesto políticamente correcto, pero falto de impacto transformador. ¿Gatopardismo? Sin dudas, se corre ese riesgo.


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* Psicólogo y Licenciado en Filosofía. Argentino de origen, radica desde hace años en Guatemala. Es investigador del Centro de Estudios sobre Conflictividad, Poder y Violencia -CENDES- y catedrático en la Universidad Rafael Landívar. Correo electrónico: mmcolussi@gmail.com

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