“Guerra contra las drogas” subvierte los Derechos Humanos y fortalece el crimen organizado: HRW

por Marguerite Cawley

"No más sangre": mexicanos protestan contra la violencia causada por la guerra contra las drogas

En el nuevo informe anual publicado por Human Rights Watch, la ONG sostiene que los gobiernos deberían despenalizar el consumo personal de drogas para proteger los Derechos Humanos, pero no aborda los efectos potencialmente negativos que esto podría tener en el comercio de drogas si la iniciativa no va acompañada de una reforma política integral.

En un ensayo incluido en el informe (pdf), María McFarland Sánchez-Moreno explica que la criminalización de las drogas es "inherentemente problemática", y recomienda que los gobiernos hagan cambios en las políticas para abordar este problema.
En cuanto al uso personal, las duras políticas antidroga alrededor del mundo resultan, según ella, en abusos a los Derechos Humanos, que van desde la violación a la privacidad, hasta el ingreso forzado de los consumidores a los centros de tratamiento.
Además, las prohibiciones sobre la producción y la distribución tienen el efecto perverso de proporcionar un gran mercado ilícito para los grupos ilegales que cometen abusos contra los Derechos Humanos, a menudo en búsqueda de controlar el comercio.
Sánchez-Moreno da el ejemplo de Colombia, donde los escuadrones de la muerte de los paramilitares de derecha, agrupados bajo las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), estaban entre "los señores de la droga más grandes de Colombia". El comercio de drogas ayudó a financiar la existencia de los paramilitares y a impulsar los abusos cometidos por estos grupos en los años noventa.
A su vez, las ganancias de este comercio han permitido a grupos como las AUC pagar a funcionarios corruptos y seguir operando con relativa impunidad. En los últimos años, vínculos entre cientos de congresistas y paramilitares han salido a la luz en Colombia.

VEA TABMIÉN: Perfil de las AUC

Sánchez-Moreno también destaca cómo las fuerzas involucradas en los esfuerzos antidrogas a menudo cometen graves abusos contra los Derechos Humanos. En México, las fuerzas de seguridad -en parte financiadas con dólares estadounidenses- han participado en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales como parte de una "guerra contra las drogas" que ha provocado la muerte de al menos 80.000 personas, desde 2007.
Centrar los esfuerzos en solo una fuente o un grupo involucrado en el tráfico de drogas, claramente, no ha logrado ponerle fin al problema del comercio ilegal de drogas, el cual por el contrario ha evolucionado y migrado, señala Sánchez–Moreno. En Medellín, la persecución y el asesinato de Pablo Escobar no terminaron con la violencia que estaba destruyendo a la ciudad -en cambio, Diego Murillo, alias "Don Berna", ascendió para tomar su lugar. Después de que su monopolio comenzó a desmoronarse, surgieron nuevas estructuras criminales.
Los esfuerzos antidrogas también producen el efecto de desplazamiento del problema, como sucede con los intensivos programas de fumigación aérea en Colombia, que empujaron más la producción de coca hacia Perú -ahora el principal productor del mundo.
En general, la política antidrogas actual no ha logrado detener el flujo de drogas ilícitas o disminuir su consumo, y no ha hecho progresos en el objetivo trazado de proteger la salud de los ciudadanos, escribe Sánchez-Moreno.
En este contexto, ella enumera una serie de recomendaciones, abogadas por Human Rights Watch (HRW). La primera es despenalizar la posesión y el consumo personal de drogas. En vez de penalizar el uso, los gobiernos pueden ayudar a regularlo con campañas educativas que fomenten la toma de decisiones inteligentes, y penalizando conductas perjudiciales que puedan resultar del uso de drogas, como conducir bajo su influencia.
En segundo lugar, ella recomienda que los Estados comiencen a buscar alternativas al actual régimen de políticas sobre la producción y distribución. Estos podrían implicar la regulación de las ventas y de la producción -como ha comenzado a ocurrir con la marihuana en Uruguay, y en Washington y Colorado, en Estados Unidos.
La última recomendación de HRW es ampliar el acceso a los programas de tratamiento para personas adictas a las drogas, basados en la comunidad, con el fin de luchar contra la estigmatización y los peligrosos tratamientos forzosos.

Análisis de InSight Crime

En el contexto de una fracasada "guerra contra las drogas", legisladores, organismos intergubernamentales y actores famosos han abogado por recomendaciones similares a aquellas dadas por Human Rights Watch. Sin embargo, tomar solo una sugerencia tiene pocas probabilidades de tener un impacto significativo sobre el comercio ilegal de drogas, e incluso podría tener un efecto adverso.
Las consecuencias nocivas y la ineficacia de la "guerra contra las drogas", liderada por Estados Unidos, que se ha llevado a cabo por más de 40 años –la cual ha hecho particular hincapié en México y la región andina de Suramérica– han sido bien documentadas.
El consumo de drogas ha seguido aumentando y se ha expandido, y así como se han desarrollado nuevos mercados, también lo han hecho las nuevas rutas, los puntos de tránsito, y los grupos criminales. En lugar de desaparecer, los grupos criminales se han fragmentado y han surgido unos nuevos. Como resaltó Sánchez -Moreno, la estrategia impulsada por Estados Unidos, de atacar los síntomas en lugar de la raíz del problema, ha sido uno de los principales contribuyentes para que se produzca este desplazamiento de la actividad criminal.
Examinando específicamente el ejemplo de México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha documentado cómo las políticas de seguridad del país, en los últimos seis años, han empujado a los grupos criminales mexicanos a lugares como Guatemala y Honduras, y han convertido a Centroamérica en un corredor principal para la cocaína que va rumbo a Norteamérica. Otros ejemplos incluyen el crecimiento de Argentina como un centro de producción y la creciente importancia de Ecuador como un punto de tránsito.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre migración criminal

Está claro que esta guerra ha tenido también el tipo de efectos negativos sobre los Derechos Humanos que señala HRW, entre ellos la violencia policial, la falta de acceso a servicios de salud para los consumidores de drogas, y cárceles repletas que dan lugar a la propagación de enfermedades, como fue señalado por Open Society Foundations en un informe de 2009. La Iniciativa Mérida, aprobada por Estados Unidos en 2008, inyectó fondos en México y Centroamérica para combatir la violencia producto del narcotráfico, pero este mismo dinero ayudó a financiar a las fuerzas de seguridad que participaron en graves abusos contra los Derechos Humanos.
En el contexto de un fallido esfuerzo por detener el crecimiento del comercio de la droga, ha surgido, en los últimos años, un gran debate en torno a la política antidrogas, con destacados periodistas y productores de televisión uniéndose a los llamados por una reforma. Los expresidentes de Brasil, México y Colombia firmaron una iniciativa en 2011, buscando reescribir la Convención de las Naciones Unidas sobre las drogas, adoptada hace más de 20 años. En el verano de 2012, la ONU acordó llevar a cabo una cumbre para discutir enfoques alternativos a la política de drogas. En junio de 2013, varios países de Latinoamérica firmaron un documento acordando continuar la discusión.
Multiples debates han sido necesarios para tomar incluso estos pocos pasos. Sin embargo, una serie de países en Latinoamérica se han movido hacia la primera recomendación de HRW, legalizando el uso personal, mediante la modificación de las políticas relacionadas con el uso personal y el porte de marihuana. En Colombia, desde 2012, las personas que se encuentren en posesión de menos de 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína ya no son detenidas ni procesadas. En México, los consumidores de marihuana tiene permitido portar hasta cinco gramos. En Perú, la posesión de hasta ocho gramos de la sustancia es legal.
Lo que la mayoría de los países aún no ha hecho es abordar el segundo punto de las recomendaciones de HRW -dando pasos para regular la producción y la venta de sustancias ilícitas. Aunque HRW señala la importancia de ambas medidas, la ONG no aborda las consecuencias no deseadas de implementar la primera sin la segunda.
Si el uso es desregulado sin el acompañamiento de cambios en las políticas, los consumidores probablemente se enfrentarán a un menor riesgo de sufrir el tipo de abusos contra los Derechos Humanos que fueron señalados por HRW. Sin embargo, seguirán dependiendo del mercado negro para obtener sus drogas, y financiando a los mismos grupos ilegales que la "guerra contra las drogas" busca combatir. En resumen, estas políticas pueden proteger los derechos individuales, pero no podrán detener el flujo de sustancias ilícitas o cortar los ingresos de los traficantes de drogas.
Uruguay ha llevado las cosas un paso más lejos, aprobando recientemente leyes que legalizarán y regularán la producción y distribución de la marihuana, con un tope mensual de 40 gramos para el uso personal. Colorado y Washington, en Estados Unidos, aprobaron recientemente leyes similares, y los legisladores de Ciudad de México tienen previsto presentar una propuesta a finales de enero que haría lo mismo. Sin embargo, ninguno de estos países ha propuesto medidas similares con la cocaína que, según algunas estimaciones, es una fuente mucho más grande de financiación para los grupos criminales.
La falta de consenso en cuanto a la mejor manera de avanzar también podría ser peligrosa, como destacó la Organización de los Estados Americanos (OEA) el año pasado, en un informe (pdf) que describió varios posibles escenarios de reformas sobre las drogas en las Américas. La última de ellas fue la posibilidad de que ciertos Estados -frustrados por el fracaso del enfoque actual y la falta de receptividad a las alternativas por sus homólogos de Estados Unidos- podrían llegar a acuerdos con las organizaciones de tráfico de drogas, lo que permitiría a los narcos tener control de facto sobre el Estado, a cambio de una baja en la violencia relacionada con el narcotráfico.
Otra cuestión que se ha planteado es si la legalización podría llevar a los grupos criminales a diversificar sus actividades en la búsqueda de un financiamiento alternativo. Esto no es descabellado -muchos grupos ya han empezado a hacerlo, dado que ha aumentado la competencia por las ganancias de la droga, dando lugar a un aumento en el secuestro y la extorsión en lugares como México.
Como fue señalado anteriormente por InSight Crime, el cambio, si llega a ocurrir, será un proceso lento, y un enfoque exitoso tendrá que incluir  una política completa que combine varios elementos. Ponerle fin a las iniciativas de las fuerzas de seguridad, destinadas a hacerle frente al tráfico de drogas, probablemente será un problema, pero estos esfuerzos serían mejor empleados si estuvieran dirigidos a los niveles superiores del imperio de la droga, y no a los distribuidores de bajo nivel, productores o consumidores. Estas iniciativas deben complementarse con un enfoque en los factores sociales que conducen al consumo de drogas y una medida hacia la regulación de toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo.

Fuente: Insight Crime

Colombia, Estados Unidos y la cooperación en seguridad regional

por Arlene B. Tickner*

Fuerzas especiales colombianas

La ayuda de Estados Unidos a Colombia ha disminuido considerablemente desde 2008. Las actividades antinarcóticos y de contrainsurgencia, en las que Washington ha estado muy involucrado desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, han sido constantemente "colombianizadas". Ahora, Colombia está intensificando sus esfuerzos para exportar su experiencia a países de Centroamérica, el Caribe, y más allá del hemisferio occidental, afectado por la criminalidad y la violencia relacionada con las drogas, en gran parte a través de la cooperación Sur-Sur y los esfuerzos triangulados con el apoyo de Estados Unidos. Este informe explora lo que parece ser un emergente modelo de cooperación en seguridad internacional en el que tanto Colombia como Estados Unidos desempeñan papeles clave.

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Aunque el entrenamiento colombiano del personal de seguridad es una práctica establecida y en crecimiento en terceros países, se sabe poco acerca de quién está siendo entrenado, por quién, qué se está enseñando, y quién está proporcionando la financiación. La falta de información disponible al público plantea una serie de cuestiones importantes:

• ¿Este modelo de cooperación de seguridad en realidad está replicando los éxitos de Colombia, sin copiar también sus fracasos, especialmente en el ámbito de la corrupción, los derechos humanos, y la impunidad?
• ¿Por qué es tan difícil obtener información sobre actividades específicas de Colombia -mucho más que en el caso de la asistencia regular de seguridad de Estados Unidos– más allá del optimista, pero vago lenguaje de los comunicados de prensa oficiales?
• ¿Qué tan fuerte es el control civil y la supervisión de estos programas, incluyendo la investigación de los derechos humanos, tanto de instructores como de alumnos?
• ¿Hasta qué punto está basada la formación colombiana en una anticuada y desacreditada "guerra contra las droga" que da prioridad al número de detenidos, hectáreas erradicadas, y toneladas interceptadas por encima de un buen gobierno y una prosperidad económica?

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Lea el original aquí.

Exportando la seguridad colombiana: ¿Cómo llegamos hasta aquí?

A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la crónica debilidad del Estado colombiano había llevado al país a lo que muchos analistas temían fuese el borde del colapso. El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) cortejaron activamente a sus homólogos estadounidenses, animándoles a ir más allá de un estrecho enfoque en la lucha contra el narcotráfico para involucrarse más en el conflicto interno. Esta estrategia de "intervención por invitación" implicaba aceptar la agenda antidrogas de Estados Unidos, a cambio del necesario apoyo militar, técnico y socioeconómico de Washington. La ayuda exterior buscó ampliar, profesionalizar y modernizar las fuerzas armadas, combatir los insurgentes armados, aumentar el control territorial, y más tarde, durante la fase de consolidación del Plan Colombia (2007-2013), extender el Estado de derecho y perseguir el desarrollo económico y social.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia

Entre 2000 y 2008, la ayuda económica y militar de Estados Unidos a Colombia superó los US$ 6 mil millones, siendo así el mayor receptor de ayuda estadounidense en Latinoamérica, y uno de los diez primeros en todo el mundo. En lo que se ha descrito siempre como una "transformación extraordinaria" la situación de seguridad en Colombia mejoró durante el segundo período de gobierno del presidente Álvaro Uribe (2006-2010), y lo ha seguido haciendo durante el de Juan Manuel Santos (2010-2014). El estado ha logrado un mayor control sobre el terreno, miles de combatientes paramilitares se han desmovilizado, la guerrilla ha sufrido importantes derrotas, y un gran número de guerrilleros se ha entregado voluntariamente. Los indicadores clave de la violencia, incluidos los secuestros, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, también han disminuido. Podría decirse que la "guerra contra las drogas" también ha resultado en ganancias relativas, medida por la superficie de cultivos ilícitos y la producción total de cocaína en Colombia, aunque estos son compensados ​​en gran medida por la migración del cultivo, la producción, el tráfico y la violencia en el resto de la región, principalmente en Perú, México, Centroamérica y el Caribe.
Estas tendencias son la materia prima para una "historia exitosa" a la que el gobierno de Santos le ha dado un uso estratégico, para reposicionar a Colombia, tanto a nivel regional como internacional. Uno de los principales activos exportables del país son sus fuerzas de seguridad, abiertamente consideradas como unas de las más experimentadas del mundo en cuanto a lucha contra el narcotráfico y contrainsurgencia, en gran medida debido a la prolongada capacitación de Estados Unidos.
Desde mediados del año 2000, Colombia ha recibido un creciente número de solicitudes para la cooperación en seguridad por parte de gobiernos con distinta ideología en entrenamiento de seguridad en toda Latinoamérica y más allá. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional de Colombia (PNC) reporta que entre 2009 y 2013, proporcionó entrenamiento militar y policial a 21.949 personas de 47 países diferentes en habilidades tales como la interdicción terrestre, aérea, marítima, y en ríos, testimonio policial, explosivos, operaciones de inteligencia, operaciones psicológicas, y Comando JUNGLA, el programa élite de policía antinarcóticos diseñado con el aval de Estados Unidos. El 87 por ciento de esta capacitación fue proporcionada por el CNP. A pesar de la variedad de nacionalidades entrenadas, Colombia se ha centrado en gran parte en un grupo de países donde los distintos problemas relacionados con las drogas han emigrado, entre ellos México (que representa casi la mitad del número total de alumnos), Panamá, Honduras, Guatemala, Perú, El Salvador y Costa Rica (Ver Tabla 1). Parte de esta capacitación fue financiada por Estados Unidos, aunque Colombia llevó a cabo muchas actividades con sus propios recursos, o la de otros donantes, como Canadá.
En su afán por asegurar que la disminución de la asistencia de Estados Unidos no se tradujera en la reducción de las relaciones bilaterales y menos aún de la ayuda, el gobierno de Colombia se propuso convencer a Washington de profundizar su compromiso con los esfuerzos de cooperación en terceros países. La capacitación de la policía en Afganistán proporcionó en 2007 un campo de prueba inicial, pero no fue considerado de mucho éxito dada la limitada aplicabilidad del caso colombiano, entre otros factores. En 2009, sin embargo, la participación de Colombia en el paquete de ayuda de la Iniciativa Mérida para México, en actividades relacionadas con los cuerpos de seguridad y el fortalecimiento judicial, cambió las perspectivas en los círculos políticos. El papel de Colombia parece ser, todo a la vez, una forma efectiva para abordar las necesidades de seguridad de México, para satisfacer el deseo de Colombia de ampliar su portafolio de capacitación, y para mitigar las limitaciones fiscales en Estados Unidos. En este punto Colombia, con el respaldo de Estados Unidos, podría proporcionar cooperación en seguridad a otros países a un costo económico muy reducido, y sin los costos políticos asociados con un agrandamiento de la presencia militar estadounidense. Esta nueva lectura de la relación bilateral refleja la filosofía de que "a medida que ayudamos a Colombia, Colombia nos ayudará a ayudar a los demás", y los cambios en gran parte paralelos en la seguridad estadounidense y la política de defensa, en el que "dirigir desde atrás" se convirtió en un elemento clave.

Dirigir desde atrás

En la crisis post-Irak, post-Afganistán, la era post-crisis financiera, la importancia de los enfoques de "intervención moderada" ha crecido a la par con la adversidad de la opinión pública estadounidense hacia la costosa participación militar directa en contextos que no son percibidos como una amenaza directa a los intereses vitales de seguridad. En un artículo de 2010 de Foreign Affairs, el exsecretario de Defensa, Robert M. Gates, expuso el plan inicial de esta estrategia al llamar a Estados Unidos a "ayudar a otros a ayudarse" a través de la construcción de capacidad institucional y humana, y por medio de asistencia para la seguridad constante y a largo plazo.
De forma creciente, Colombia se presenta como un caso emblemático de esta "intervención moderada" (pdf). Sin embargo, igualmente importante desde el punto de vista de la actual política de seguridad y defensa de Estados Unidos (pdf), Colombia es única debido a su prolongada y madura colaboración militar bilateral, sobre todo con las Fuerzas de Operaciones Especiales, cuya presencia en el país se ha extendido por medio siglo.
Como veterano periodista y autor, Robert D. Kaplan observa de forma premonitoria, cómo Colombia se convirtió en un caso de prueba para las tácticas que Estados Unidos emplearía para gestionar complejos problemas globales. Según un general retirado del ejército entrevistado por Kaplan, con el fin de vigilar el mundo "usted produce un producto y lo suelta". Lo que surgió de Colombia era exactamente esto: un modelo de cooperación en seguridad diseñado no sólo para mejorar la propia seguridad interna de ese país, sino también aplicable a cambios en los objetivos de seguridad de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental y en otras partes.
Los ocios indígenas son el "eje estratégico" de este modelo de "intervención moderada". Trabajar "por, con y a través de" ellos (un dicho frecuentemente repetido por funcionarios estadounidenses y analistas militares) permite obtener resultados a un menor costo material y político. Por otra parte, el uso de terceros "representantes" crea una "negación plausible": la negación del conocimiento o responsabilidad sobre actividades impopulares o ilegales. La cooperación por medio de representantes se basa en un espíritu de cuerpo cultivado a través de un prolongado y reiterado compromiso con sus homólogos extranjeros; la existencia de relaciones personales de primer nombre; la creación de elementos de enlace para garantizar la conectividad y el apoyo a los objetivos del país de acogida con el fin de desarrollar un propósito común. Mientras continúa la construcción de capacidad, madura "lo mejor de lo mejor" de los militares locales, y los policías se gradúan de funciones internas para ser proveedores de regionales o mundiales.
Según los analistas de seguridad Jim Thomas y Christopher Dougherty, “Colombia es...un 'nido exportador de seguridad', capacitando los antinarcóticos de numerosos países de Latinoamérica, el Caribe y África Occidental", y por lo tanto un nodo clave de una emergente red global de Fuerzas de Operaciones Especiales. Esta opinión es compartida por el ex comandante militar y director de la CIA, David Petraeus, quien considera a Colombia como uno de los más firmes aliados de Washington en el mundo; uno con mejor disposición que Estados Unidos para ayudar a regiones como Centroamérica.

Colombia ayudando a otros

Hasta mediados de 2000, las solicitudes externas de cooperación para la seguridad de Colombia fueron tratadas de manera ad-hoc y poco sistemática. Aunque los últimos años del gobierno de Uribe vieron los intentos para hacer un uso más sistemático del conocimiento (know-how) sobre seguridad de las fuerzas armadas, pocos gobiernos querían ser vistos trabajando abiertamente con el presidente de Colombia, dado su discurso de línea dura antiterrorista. La elección de Juan Manuel Santos en 2010 proporcionó una oportunidad única para avanzar en este esfuerzo. Santos se dispuso a cambiar las narrativas predominantes sobre Colombia como un Estado fallido, con un débil historial de derechos humanos y unas instituciones democráticas deficientes. Paralelamente a este cambio, en el discurso oficial Santos colocó la cooperación en seguridad en el centro de la política exterior.
El gobierno de Santos bautizó a este programa la "Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral", y encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (MRE) como portavoz civil, responsable de interactuar con los gobiernos extranjeros y coordinar los esfuerzos específicos de cooperación con el Ministerio de Defensa, el CNP, y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC). Según el folleto del MRE, el programa ofrece un portafolio de servicios a la carta en siete áreas: desarrollo organizacional, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, derechos humanos y derecho internacional humanitario, y capacidades operativas. Adapta la cooperación a las necesidades de cada país a través de un proceso de cuatro etapas, que consiste en un diagnóstico inicial en seguridad y capacidad institucional; planificación y recaudación de fondos; ejecución; y seguimiento y evaluación. La información específica sobre las iniciativas de cooperación individual no está disponible públicamente.
Con el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2012, la "diplomacia de seguridad" del país, como lo llama el Ministerio de Defensa (pdf), adquirió una urgencia adicional. Debido a que Colombia tiene la segunda fuerza militar y policial más grande de Latinoamérica (después de Brasil), con más de 450.000 miembros, un cierto recorte de personal es inevitable en la mayoría de los escenarios post-conflicto. El informe de 2013 del Ministerio de Defensa al Congreso expuso el plan de juego del gobierno de Santos de poner esta capacidad excedente en uso en el extranjero. Además de la creciente cooperación en seguridad internacional, en junio de 2013 Colombia firmó un acuerdo con la OTAN, la primera de su tipo con un país de Latinoamérica, con miras a aumentar su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz.

VEA TAMBIÉN: FARC, paz y posible criminalización

Paralelo a los propios esfuerzos de Colombia para convertirse en un exportador de seguridad, en febrero de 2012 inició un Diálogo de Alto Nivel de Seguridad Estratégica (HLSSD) con Estados Unidos. Varios meses después, en la Cumbre de las Américas en Cartagena, los presidentes Santos y Obama anunciaron un Plan de Acción de Cooperación en Seguridad Regional para apoyar la construcción de capacidad en Centroamérica, el Caribe, y, finalmente, en África Occidental. El Grupo de Coordinación para la Cooperación en Seguridad (SCCG) posteriormente tuvo la tarea de desarrollar determinados aspectos del Plan de Acción.
La reciente creación de una División de Cooperación Internacional en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una parte de US$15 millones del presupuesto en la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de 2014, sugiere que la cooperación en seguridad triangulada no es una moda pasajera. Esta División está cargada del vínculo entre las misiones diplomáticas estadounidenses en terceros países, los representantes estatales de terceros países (civiles y militares), y los actores colombianos, principalmente el Ministerio de Defensa y el CNP. El hecho de que su personal incluya a un coronel de la policía colombiano retirado, a un sargento de la policía colombiana activo y dos civiles colombianos, también apunta a un grado sin precedentes de arraigo y confianza bilateral.
Funcionarios de ambos países sostienen que los esfuerzos de seguridad conjuntos en el extranjero juegan un papel clave en lograr sus respectivos objetivos: para Colombia, con una proyección de liderazgo regional y mundial, y la planificación para el post-conflicto, y para Estados Unidos, interrumpiendo el flujo de drogas ilegales a través de sus fronteras y combatiendo la violencia y la debilidad del Estado en Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, también reconocen el valor político y estratégico de Colombia como un delegado de Estados Unidos, y que el uso de las instalaciones y entrenadores colombianos puede ser hasta cuatro veces más barato que el uso de los activos estadounidenses.

Más preguntas que respuestas

A pesar del entusiasmo de ambos gobiernos, que incluye la visualización de la cooperación en seguridad internacional entre Colombia y Estados Unidos como algo que puede ser implementado en otros lugares, este modelo plantea más preguntas que respuestas.
a. ¿Colombia es realmente una historia exitosa?
Las cifras del Ministerio de Defensa de Colombia (pdf) indican que entre 2000 y 2013, los homicidios en Colombia se redujeron en un 43 por ciento, los secuestros en un 95 por ciento, y los ataques terroristas en un 47 por ciento. No menos impresionante, el desempleo se redujo a la mitad y los niveles de pobreza bajaron del 50 por ciento al 34 por ciento. A pesar de estas mejoras, el jurado todavía está fuera en términos de cómo ponderar el éxito y los fracasos de Colombia. Como lo advirtió Adam Isacson de WOLA en 2010, los avances en seguridad son "parciales...y agobiados por 'daños colaterales'".
Si bien el progreso de Colombia es alentador, su tasa de homicidios se mantiene por encima de 30 por cada 100.000 habitantes, peor que México y casi igual que Guatemala. Otros indicadores de la violencia, incluyendo los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en combate, la extorsión de las empresas y los ataques a la infraestructura, permanecen obstinadamente altos, o han incluso aumentado. Y tanto la guerrilla como los "nuevos" grupos paramilitares, aunque más débiles que hace una década, siguen siendo algunos de los más grandes insurgentes y grupos ilegales en la historia de Latinoamérica.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), el número de personas desplazadas en Colombia es de una horrible cifra de 5´700.000, lo que equivale al 15 por ciento de la población nacional. El informe de 2013 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elogia las políticas del gobierno, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, pero pone de relieve importantes deficiencias en su aplicación, mientras que identifica otros problemas graves en términos de derechos humanos. Entre estos, los continuos asesinatos y amenazas contra activistas de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios, y los bajos índices de condena por violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, en particular el escándalo de "falsos positivos", que involucra más de 3.000 asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas. La lentitud judicial al investigar y condenar a unos 700 funcionarios públicos electos y designados acusados ​​de connivencia con los grupos paramilitares, apunta de manera más general al problema de la impunidad en Colombia.
Si bien la pobreza ha disminuido, los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que en el campo llegó a 46,8 por ciento en 2012, lo que sugiere un aumento de la brecha entre las zonas urbanas y rurales. La desigualdad también se ha mantenido obstinadamente alta en la última década; Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, con el 12avo mayor coeficiente de GINI de ingresos entre los 101 países evaluados por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD 2013: 152-5). No menos importante, en todo el territorio nacional, la capacidad burocrática y la infraestructura, indispensables para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, siguen siendo muy escasas (pdf).
b . ¿Qué se está exportando, por quién, a quién y con qué efecto?
La falta de conocimiento del público sobre la cooperación en seguridad, tanto de la cooperación en seguridad unilateral de Colombia y la triangulada entre Colombia y Estados Unidos en terceros países, limita severamente la posibilidad de una supervisión ciudadana independiente. Más allá de los anuncios oficiales de la estrategia, y los ocasionales y anecdóticos reportes de prensa, hay poca información disponible sobre el alcance y la naturaleza de la capacitación de Colombia. Si bien la ley de ayuda exterior requiere que Estados Unidos informe al Congreso con cierto detalle sobre su propia formación en el extranjero, estos informes no incluyen ninguna mención de las actividades financiadas por Estados Unidos llevadas a cabo por las fuerzas colombianas. Esto distorsiona el reportaje de Estados Unidos a los supervisores del Congreso. Cuando el entrenamiento realizado por los colombianos es retirado del cuadro, la capacitación de miles de personas dentro de la Iniciativa Mérida y los marcos de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana se vuelven invisibles para el público.
Durante 2013, el Plan de Acción de Estados Unidos y Colombia sobre la Cooperación en Seguridad Regional identificó un conjunto de prioridades de capacitación en Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, entre ellas: delitos financieros y activos de decomiso, actividades de inteligencia, laboratorios antidrogas, protección judicial y fiscal, operaciones básicas ribereñas, operaciones en pequeñas lanchas, respuestas tácticas, aplicación del polígrafo, interdicción terrestre, pilotos fijos y rotativos, manejo de informantes, asalto aéreo, testimonio de la policía, seguridad ciudadana, y operaciones de asuntos civiles. Sin embargo, los nombres de las unidades de la policía (y militares) que porporcionan y reciben capacitación en cada país, el título y el contenido de los diferentes cursos de formación, las fuentes de financiación de alumnos, y el costo total de la formación siguen siendo desconocidos.
Además, los mecanismos de evaluación para medir el impacto de esta cooperación en seguridad son débiles. Las autoridades colombianas reconocen que pocos indicadores concretos están en el lugar para evaluar su éxito o fracaso. La eficacia de la cooperación en seguridad de Estados Unidos también ha sido objeto de un intenso debate durante los últimos años (pdf). Con el fin de aumentar su eficiencia y sostenibilidad, los funcionarios responsables han puesto énfasis en mejorar la coordinación entre los donantes y receptores; alinear la cooperación con los objetivos y las capacidades de los países receptores; mejorar la construcción de capacidad local; involucrar a los ciudadanos en los esfuerzos de cooperación; y mejorar los mecanismos de evaluación.
Aunque el éxito se mide normalmente a través de indicadores cuantitativos, como el precio/pureza de los narcóticos, la cantidad de arrestos por drogas e incautación de drogas, número de personal capacitado y tasas de homicidio, estas estadísticas son cada vez más reconocidas como pobres indicadores del impacto de la cooperación en seguridad. Peor aún, ciertos indicadores, como las bajas "enemigas", han llevado a prácticas ilegales como los "falsos positivos" en Colombia (y, en cierta medida, Honduras).
c. El control civil es débil
Aunque catalogado como un programa lanzado de cooperación para la seguridad civil, en la práctica, el Ministerio de Defensa de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, y en menor medida, otras ramas de las fuerzas armadas, claramente se encuentran a la cabeza. Más allá de su función oficial de enlace entre el gobierno colombiano y otros gobiernos, incluyendo a Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene la capacidad necesaria para participar directamente en la planificación y operación día a día de las iniciativas específicas. Aunque su asesor clave es un exjefe de la policía, el general (retirado) Rosso José Serrano, los lazos tradicionales, directos y cercanos, de este funcionario con numerosas agencias de seguridad de Latinoamérica y Estados Unidos, hacen que sea razonable suponer que la propia voz institucional del ministerio sea bastante pequeña. De hecho, los CNP y el Ministerio de Defensa, no el de Relaciones Exteriores, son los principales interlocutores del programa en NAS, al igual que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
En cuanto a los derechos humanos, las autoridades colombianas afirman que la totalidad de sus programas  internacionales de formación utilizan los mismos protocolos empleados dentro de las fuerzas armadas colombianas. Colombia carece de los medios necesarios para investigar los derechos humanos, identificando los potenciales beneficiarios de la ayuda, para asegurarse de que conocidos abusadores no se beneficiarán. Estados Unidos alega que llevar esto a cabo para todas las solicitudes de cooperación recibidas, a pesar de la falta de transparencia que rodea el programa, ha hecho que esto sea imposible de verificar. Aunque los funcionarios estadounidenses entrevistados afirman que los potenciales beneficiarios de la capacitación colombiana, financiada ya sea por Estados Unidos u otros, sean examinados, es menos claro si los propios entrenadores colombianos están sujetos a investigación o no. Además, pocos mecanismos distintos de investigación de los derechos humanos parecen estar en su lugar para garantizar que las "peores" prácticas, como la corrupción y la impunidad, no sean transferidas por instructores colombianos junto con las "mejores".
d. Se están reproduciendo los principios básicos de la "guerra contra las drogas"
Los llamados a repensar la inclinación prohibicionista y militarista de la política actual de drogas han surgido de innumerables rincones del Hemisferio Occidental, incluyendo Estados Unidos (pdf). No es poca ironía que Juan Manuel Santos, el primer presidente en ejercicio en el mundo en hacer una petición pública para un debate informado y sincero sobre las ventajas y las deficiencias de las estrategias existentes, también esté exportando, de la mano con Estados Unidos, algunos de los elementos básicos de las políticas que según él merecen un examen más detenido. Queda por discutir si los programas de entrenamiento antinarcóticos existentes se pueden acomodar a las necesidades de seguridad ciudadana de los países que reciben la cooperación colombo-estadounidense, sin reproducir la desacreditada, y a menudo destructiva, lógica de la "guerra contra las drogas".
Para la elaboración de este informe los siguientes funcionarios y exfuncionarios de Colombia y Estados Unidos, concedieron entrevistas con la condición de que sus opiniones específicas permanecieran en anonimato: María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Paty Londoño, viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia; Michael McKinley, exembajador de Estados Unidos en Colombia; William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional; James Story, Director de la Sección de Asuntos Narcóticos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Carl Gettinger, exdirector de la División de Coordinación Internacional, Sección de Asuntos de Narcóticos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Gabriel Silva Luján, exembajador de Colombia en Estados Unidos, exministro de Defensa, Vicente Echandía, exministro Consejero en la Embajada de Colombia en Washington, D.C; el general (r) Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia; Coronel Joaquín Buitrago, jefe de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional de Colombia; el general (r) Rosso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional de Colombia y asesor de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otra docena de funcionarios a quienes entrevisté pidieron que sus nombres no fueran incluidos.
*Arlene B. Tickner es profesora de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Bogotá. También es miembro de la Junta Directiva de InSight Crime.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Lea el original aquí.
 Fuente: Insight Crime

Testimonio de secretario de 'El Chapo' revela funcionamiento interno del cartel

 por Patrick Corcoran

Carlos Manuel Hoo Ramírez, alias "El Condor"

Medios de comunicación de México han publicado los detalles del testimonio de uno de los empleados más cercanos al narcotraficante capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán, ofreciendo una idea de los últimos días de libertad del notorio capo y del funcionamiento interno de su organización.

Las nuevas revelaciones, publicadas en el Excelsior y en otros medios de comunicación, están basadas en las declaraciones realizadas bajo custodia por Carlos Manuel Ramírez Hoo, el guardaespaldas y “secretario particular” de El Chapo. Sin embargo, sus declaraciones aún no han sido corroboradas de manera independiente.
Hoo Ramírez, alias "El Cóndor", hacía guardia afuera de la habitación de El Chapo cuando el narcotraficante fue capturado en Mazatlán a finales de febrero.
Según Hoo Ramírez, El Chapo había pasado los últimos tres años viviendo principalmente en Culiacán, capital del estado de Sinaloa.
Su testimonio presenta un panorama en el que El Chapo es acosado con violencia por sus rivales personales, lo que terminó cobrando miles de vidas y restringiendo los movimientos del capo, así como su capacidad de operar con libertad. También incluye detalles de la vida privada de El Chapo, en especial de sus relaciones con las mujeres.
Las declaraciones de Hoo Ramírez también describen cómo la organización de El Chapo traficaba drogas a Estados Unidos y cómo se diversificó hacia nuevas actividades, aprovechando las oportunidades de ingresos que ofrece el cada vez mayor mercado interno de drogas mexicano.

Análisis de InSight Crime

El testimonio de Hoo Ramírez ofrece una mirada a una serie de elementos de la organización de El Chapo, y ofrece algunas pistas sobre el futuro del Cartel de Sinaloa. Por ejemplo describe a Nogales como el cruce fronterizo clave del Cartel de Sinaloa para el tráfico de marihuana, un elemento de sus operaciones con importancia histórica, y que a menudo es pasado por alto.
Hoo Ramírez también habla acerca del control de El Chapo sobre las “tienditas” de Culiacán, pequeñas tiendas utilizadas como puntos de venta de drogas. Según su secretario, El Chapo obligaba a los vendedores a alinearse con su organización, lo que generalmente significaba que tenían que comprar las drogas al cartel y probablemente pagar una cuota por el derecho a operar.
El crecimiento de estas tienditas es tanto una causa como un efecto de los crecientes niveles de consumo de drogas en México. Estas se han convertido en una fuente de ingresos cada vez más importante, incluso para los grupos de traficantes internacionales como el Cartel de Sinaloa de El Chapo.

VEA TAMBIÉN: Perfil del Cartel de Sinaloa

La venta local de drogas también es una fuente de violencia importante en México. En comparación con el tráfico de drogas, las ventas minoristas representan una industria que crece con mayor rapidez y que tiene una mayor cantidad de actores independientes que compiten directamente entre sí. Como resultado existen más posibles rivalidades en el país hoy que hace una década, lo que se presta para una mayor violencia. El deseo de los grupos grandes y bien armados de controlar las tienditas –las acciones de Guzmán son iguales a las de sus contrapartes en otros lugares de México- añade más leña al fuego.
Otro elemento llamativo de las declaraciones, es que El Chapo tenía rivalidades con muchos de sus contrapartes, varios de los cuales operan dentro de Sinaloa, estado que en teoría él dominaba. Hoo Ramírez mencionó a rivales de vieja data, como los Beltrán Leyva y a Vicente Carrillo Fuentes, así como a enemigos más recientes, como Manuel Torres, alias "M1", quien previamente había sido descrito como un ejecutor importante de El Chapo. Esto se suma a la información reciente de que El Chapo y su socio de toda la vida, Ismael "El Mayo" Zambada, habían estado en conflicto durante los últimos meses.
Como resultado, gran parte del estado estaba fuera de los límites de la organización de El Chapo. Según Hoo Ramírez, los subordinados de Guzmán fueron incapaces de operar en ciudades del norte de Sinaloa como Guasave, Choix , Ahome y El Fuerte, en la ciudad costera de Navolato o en la parte sur del estado que colinda con Nayarit. En este sentido, el relato de Hoo Ramírez ofrece otra indicación de que a pesar de su notoriedad, Guzmán no era el genio criminal omnipotente que a menudo se creía.

VEA TAMBIÉN: Perfil de El Chapo

Las declaraciones de Hoo Ramírez también desacreditan aún más la idea de que El Chapo representaba un tipo de narcotráfico más pacífico -su grupo no era conocido por la brutalidad sin sentido de los Zetas, ni por la gran dependencia a la extorsión y al secuestro común en otras organizaciones, pero la lista de rivalidades en las que estuvo involucrado es más grande que la de cualquier otro grupo en México. Su organización participó en guerras de alto perfil en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, cinco de los estados del norte más asediados por la violencia. Lejos de ser un empresario de vieja escuela que merecía el apoyo tácito de la presidencia, Guzmán pudo haber sido el generador más grande de violencia de la nación.
Es difícil predecir, basándose en el testimonio de Hoo Ramírez, el impacto exacto que tendrá la detención de El Chapo. Lo que normalmente se espera con la caída de un capo de la talla de El Chapo es una oleada de violencia, a medida que los subordinados y los rivales entran en conflicto, en su afán de tomarse una parte del mercado. Ese podría terminar siendo el caso aquí, y ciertamente Guzmán no tenía escasez ni de subordinados ambiciosos, ni de rivales a la espera de su caída. Sin embargo, según los comentarios de uno de sus hijos que apareció en un medio de comunicación de Argentina, las personas cercanas a Guzmán están dispuestas a seguir luchando sus batallas.
También hay elementos del caso de El Chapo que despiertan la esperanza de sucesos más positivos. Uno es que Guzmán dejó atrás a dos socios con un poder similar al suyo: El Mayo Zambada y Juan José Esparragoza, alias "El Azul". Estas figuras probablemente cuentan con la misma capacidad de El Chapo para mantener a las tropas organizadas.
Además, gran parte de la violencia que ha rodeado al Cartel de Sinaloa durante los últimos años estaba vinculada con disputas personales del propio El Chapo, tanto internas como con otras organizaciones. El Chapo y Arturo Beltrán Leyva se enfrentaron porque éste último culpó al primero de la detención de su hermano, lo que desató una enemistad que dio lugar a cientas e incluso miles de muertes. Según el capo detenido, Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie", el desprecio que sentía El Chapo por Juan Pablo Ledezma, del Cartel de Juárez, desató la guerra en Juárez, que comenzó en 2008 y que terminó matando a unas 10.000 personas.
En consecuencia, si Zambada y Esparragoza logran limar algunas de las enemistades personales que El Chapo aparentemente tenía, en lugar de emprender una carrera desesperada por hacerse cargo de su red, es posible que veamos que las aguas se calman.
Fuente: InSight Crime

Democracia y socialismo: una exégesis del libro sembrando Utopía

por José Guillermo Mártir Hidalgo

Algunos años atrás, el triunfo de la revolución socialista era inexorable. Pero, tres o cuatro décadas después, el mundo presenta un panorama distinto. La expresión triunfante del capitalismo fue el Neoliberalismo. El capitalismo actual es un sistema basado en la obtención del lucro, pero, ha sufrido mutaciones en su dinámica: ahora se basa en la especulación, en la destrucción como negocio y en la concentración de la riqueza. El sistema cada vez se independiza de la gente y cobra vida propia. Ésta es la introducción que Marcelo Colussi hace en el libro “Sembrando utopía: crisis del capitalismo y refundación de la Humanidad”¹, donde ha compilado catorce trabajos de diversos autores.

El primer trabajo de dicho libro, “Terrorismo Global de Estado”, fue escrito por Gilberto López y Rivas. Éste autor Define Terrorismo a la violencia premeditada con motivación política, contra objetivos no combatientes. Noam Chomsky y William Schulz definen Terrorismo de Estado a aquel que transgrede los marcos ideológicos y políticos de la “represión legal”, apelando a “métodos no convencionales” a favor de grandes intereses  y perjudicando a los débiles. Estados Unidos, ha elevado el terrorismo al rango de política estatal global.

Jon Illescas Martínez escribe “Introducción al enfoque del Sistema Mundial: oxigeno internacionalista para el marxismo”. Nos dice que Immanuel Wallerstein es quien inaugura el enfoque metodológico del análisis del sistema mundial o Sistema-Mundo. Dicho enfoque se basa en que en el mundo hay un único sistema económico, el sistema capitalista. Los países ricos controlan el comercio de los bienes mundiales y se denominan “Países Centrales”. Los especializados en materias primas y mercancías de bajo valor añadido, se llaman “Periféricos”. Los que están a caballo entre unos y otros se conocen como “Semiperiféricos”. Actualmente, nos encontramos en el desplome de la potencia hegemónica de los Estados Unidos, en nuestro Sistema-Mundo Capitalista.

Alejandro Perdomo Aguilera escribe el siguiente capítulo titulado: “Paraísos fiscales, lavado de dinero y drogas en el «nuevo mundo» americano”. Nos dice que cuando se sigue la ruta del dinero, los paraísos fiscales de nuestra región y de Estados Unidos, son un punto de encuentro de narcotraficantes, empresariado transnacional y altos funcionarios políticos latinoamericanos y estadounidenses. Los paraísos fiscales son micro territorios o Estados, con legislación fiscal floja o inexistente, caracterizándose por baja tributación y secreto bancario. Se lavan unos seis siento mil millones de dólares anuales, provenientes del crimen organizado mundial, bajo la anuencia del sistema bancario legal. En los paraísos fiscales no solo se limpian el dinero del crimen organizado, sino, lo insertan en el sistema monetario internacional, apoyando la especulación financiera y la lógica del capital.

Por eso Marcelo Colussi en su trabajo “Del capitalismo «serio» al capitalismo corrupto” nos dice, que los “negocios sucios” han pasado a ser la fuerza principal que dinamiza el sistema en su conjunto. La ganancia se asegura al precio que sea. El capitalismo contemporáneo se asemeja, cada vez más, a una estructura mafiosa.

Nuevamente, Alejandro Perdomo Aguilera nos presenta otro trabajoz: “Los llamados «contratistas» en guerra contra las drogas”, en los que nos plantea que el uso de contratistas-mercenarios, es una práctica extendida del Gobierno de los Estados Unidos para solventar sus pretensiones geoeconómicas y geopolíticas, que exigen efectivos militares y sus logísticas. Los contratistas-mercenarios, son un instrumento ideal para callar la opinión pública norteamericana.

Rafael Cuevas Molina y Andrés Mora Ramírez escriben: “América Latina, la época contemporánea y la crisis civilizatoria”, nos dicen que el momento actual en el continente se caracteriza por el fin del proyecto modernizador iniciado con la conquista y la crisis del modelo desarrollista neoliberal. El momento actual se caracteriza por la diversidad extrema de todo tipo de movimientos de protesta y lucha. Así como una prevalencia del capital financiero y el mercado.

En otro trabajo titulado: “¿Hay algo nuevo en la relación Estados Unidos-América Latina?”, Marcelo Colussi expresa que la historia de Latinoamérica es una historia monumental de violencia, la que ha sido una constante en las relaciones sociales. La dictadura y el terror barrió Latinoamérica. Ahora las democracias han retornado, sin la posibilidad de alterar la estructura real de poder de cada país. Y aunque el gigante del norte está en decadencia, su presencia no ha desaparecido en Latinoamérica.

Emilio Corbiére, Oscar Amado y Marcelo Colussi escriben el trabajo “El nuevo panóptico y la revolución comunicacional”. En dicho trabajo, estos autores plantean que la globalización comunicacional nos acerca a personas y a regiones, pero, el mundo virtual nos separa de la relación cotidiana y de la interacción humana. El panóptico sintetiza los poderes de dominación sobre personas, individuos y sociedad. Cada uno está vigilado por todos los demás. Ésta vigilancia es mediante la utilización de satélites espías. Teléfonos, celulares, Internet y fax pueden ser captados por sistemas de espionaje tales como Echelon (norteamericano), Enfopol (europeo), Sorm (ruso) y otros.

Seguidamente, Alejandro Perdomo Aguilera escribe: “Redes sociales: hegemonía y contra hegemonía entre los Estados Unidos y Latinoamérica”, ahí nos plantea que las redes sociales en Internet, son un mecanismo de dominación ideológica y poderoso instrumento del Gobierno de los Estados Unidos para extraer información, pero, es la nueva arma de las revoluciones. La lucha política, diplomática y cultural se va del campo real al virtual, desarrollando en los pueblos un mayor incentivo hacía la participación política.

El siguiente capítulo titulado “Movimientos indígenas latinoamericanos: un desafió”, es escrito por Marcelo Colussi, quien asevera que la aparición de los pueblos indígenas, como nuevos actores políticos en el escenario latinoamericano, plantean las reivindicaciones más solidas y articuladas como los Estados Plurinacionales.

Seguidamente, Alejandro Perdomo Aguilera nos presenta “La nueva gobernanza de la UE a la carta, ¿Y la democracia?”.  En dicho artículo nos dice, que la nueva gobernanza económica de la Unión Europea (UE) ha sido impuesta. La armonización de las políticas fiscales de la UE resulta difícil, dada la heterogeneidad de los países que la componen, haciendo más preponderante la voluntad de los países más fuertes. La crisis, dice Perdomo Aguilera, ha posibilitado reconocer a otros actores internacionales como  Brasil, Rusia, India y China (BRICs) y la imposibilidad de un mundo unipolar.

El siguiente capítulo es escrito por Anthony W. Fontes, el cual tituló: “Asesinando por control: la evolución de la extorsión de las pandillas”. Sostiene que en América Latina y más allá, las maras, pandillas de delincuentes juveniles, son el modelo para la violencia homicida, impulsado por la narco economía y otros negocios ilícitos. Los barrios donde operan, son los asentamientos urbanos más pobres que nunca han formado parte de la economía capitalista. Las víctimas pagan una tarifa formalizada por la promesa de protección. Y las consecuencias a su negativa son: amenaza inminente de violencia física a él o a miembros de su familia. Sacar a los pandilleros de las calles y aislarlos en bloques de celdas especiales, los dispuso a utilizar una violencia excepcional para alcanzar sus objetivos. La prisión, es la base de operaciones para la proyección de dominio del crimen organizado en toda la nación.

El penúltimo capítulo es escrito por John Illescas Martínez y lleva el título de: “Derribar al capitalismo construyendo el Socialismo Internacional”. El capitalismo, nos dice, no es capaz de garantizarnos una vida digna, pero, después del fracaso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), faltan alternativas desde la izquierda para proponer un sistema alternativo a las mayorías explotadas. El Socialismo Democrático hace suya la Comuna de París y aspira a que todos los cargos de mayor importancia sean de elección popular. Propone ser más críticos con “nuestros líderes”. El líder es una figura propia del infantilismo político. Líder significa pensar que un “héroe-líder-profeta” vendrá a salvarnos. Es mejor mantener una organización donde el poder se distribuya lo máximo posible. El último capítulo es escrito por Edgar Borges, al cual ha titulado “La otra realidad”. Éste autor nos dice, que el capitalismo construyó una cultura para defender su modelo económico. El capitalismo no está muriendo, está cambiando su piel. La mutación persigue desmontar el orden físico del comercio, para controlar el todo desde la red virtual. La izquierda solo podrá salir de las cuerdas, si diseña un modelo realmente alternativo.

Y “a modo de conclusión”, Marcelo Colussi plantea que establecer una nueva sociedad es refundar la humanidad, dado el grado de complejidad en el Proceso de Globalización y la interdependencia de todo el planeta, que hace imposible construir una isla de socialismo con posibilidades reales de sostenimiento.

IDEAS PRINCIPALES

Marcelo Colussi propone, en “Sembrando utopía: crisis del capitalismo y refundación de la humanidad”, tres grandes ideas. La primera, develar las diversas patologías sociales que el capitalismo actual fomenta, a causa del clima de negocios que domina el mundo, donde los “negocios sucios” dinamizan el sistema: terrorismo de Estado, paraísos fiscales, capitalismo gansteril, contratistas-mercenarios, bases estadounidenses, espionaje del ciber espacio por medio de satélites, venta de protección por pandillas, etc.

La segunda idea es, presentarnos el enfoque del Sistema-Mundo de Immanuel Wallerstein, como un enfoque radical y revolucionario para entender la realidad actual de la Economía-Mundo capitalista, que nos impulse a construir una hegemonía socialista y democrática a nivel mundial.

Y la tercera gran idea es, la construcción del Socialismo Democrático, donde propone

 como modelo democrático, “la Comuna de París”. El compilador va en contra del partido único y propone “vanguardias” que no discriminen a  minorías, se opone al líder y propugna por organizaciones donde el poder se distribuya lo máximo posible y estén en permanente diálogo con las masas. Nos dice que es necesario diseñar un modelo realmente alternativo, donde la lucha sea local, pero, la perspectiva planetaria.

PERTINENCIA

La última encuesta electoral del Instituto Universitario de la Opinión Pública (IUDOP), la cual fue presentada el quince de Enero, planteaba a los entrevistados la siguiente interrogante, ¿Qué es lo más importante que debe hacer el gobierno que gane las elecciones para resolver los problemas del país? El sesenta y cuatro por ciento de ellos dijo: Escuchar a la población. La población salvadoreña desea que se le tome en cuenta en la toma de decisiones, principalmente, en los problemas más acuciantes de la nación.

En la segunda administración del Aparato de Estado, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) debe ampliar los espacios democráticos para que la gente participe en los asuntos que le incumben y sientan que su aporte, en el proceso de toma de decisiones, es tomado en cuenta.

La democracia, dice José López, en su artículo “El socialismo no puede florecer ni prosperar sin democracia: el fracaso del «socialismo real»”², es el ADN del socialismo. La democracia es el modelo alternativo hacía el socialismo. La democracia, nos dice López, es el enemigo público número uno de la burguesía, como de cualquier élite social dominante.

El socialismo no puede ser real sin democracia real. Y la democracia real no puede prescindir del pluripartidismo, del sufragio universal, de la libertad de opinión, reunión o de asociación, etc. Pero tampoco hay democracia real sin programas electorales de obligado cumplimiento, sin revocabilidad, sin referendos frecuentes y siempre vinculantes, sin separación efectiva de todos los poderes y sin elegibilidad de los cargos públicos.

Fuente: DiariocoLatino

Algunas reflexiones sobre la política extranjera y de seguridad entre Washington y Centroamérica

MSc. Alejandro L. Perdomo Aguilera[*]
 alejandro.perdomo91@gmail.com
 

En un periodo donde la política extranjera y de seguridad de Washington hacia Latinoamérica y el Caribe se ve fuertemente incidida por la guerra contra las drogas, vale la pena reflexionar acerca de las circunstancias actuales en que se desarrolla la política exterior de Centroamérica.

La política exterior de Centroamérica está íntimamente relacionada con su diversidad cultural, su historia y sus carencias, que han estado marcadas por una dependencia estructural a economías más poderosas, donde la influencia Estados Unidos ha delineado una parte importante de las limitantes, los retos y, también, de las oportunidades de la subregión.

La heterogeneidad de los Estados nacionales que componen a Centroamérica impide una mirada unilineal a la historia y la proyección exterior de esta subregión, de manera que una precisión obligada de estas letras radica en precisar  las amenazas y ventajas que se aprecian en el horizonte, sin desconocer que en la práctica pueden existir variaciones ajustadas a las peculiaridades de cada país. 

Han sido precisamente la heterogeneidad y las precariedades económicas las que obligan a realizar esfuerzos conjuntos para buscar estrategias de desarrollo que provean a la subregión de una mejor situación económica, comercial, financiera y de seguridad social. Para ello, debe buscarse la concertación de una serie de acuerdos en materia económica, político-diplomática y de seguridad, que propicien un futuro más sustentable a esos pueblos.

Considerando esas condicionantes, la política exterior y de seguridad de Centroamérica ha tenido como ejes centrales, las relaciones con EE.UU., la Unión Europea (UE), China-Taiwán y con el resto de Latinoamérica y el Caribe. Todo ello ha debido configurarse de manera conjunta, en aras de lograr mayor coherencia y peso económico para incentivar el comercio y las inversiones de actores internacionales de importancia. En ese interés han resultado fundamentales los esfuerzos encausados desde el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)[†].

El SICA tiene como objetivos fundamentales lograr la unión económica, fortalecer el sistema financiero centroamericano y consolidar la autodeterminación en sus relaciones exteriores. Pero estos retos se han visto perjudicados por los efectos de la crisis económica y los grandes problemas de violencia e inseguridad en los que tiene una enorme responsabilidad EE.UU., debido a las consecuencias de los flujos ilícitos de drogas e inmigrantes que  acogen a la subregión como ruta para llegar a ese país.

Con el fin de la guerra fría, Washington reconfiguró los instrumentos del poderío nacional[‡] hacia Nuestra América, con una serie de recetas económicas que fueron esbozadas mediante el Consenso de Washington. Este “proponía” políticas económicas que perpetuaban la dependencia estructural a la economía estadounidense e incrementaban la explotación hacia la región. En ese sentido, fueron promovidos acuerdos económicos-comerciales como el fracasado Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y otros más efectivos como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (CAFTA-DR).

El CAFTA-DR creó una zona de libre y desproporcionado comercio entre los países firmantes; acentuando las asimetrías existentes, que deformaron más la estructura económica-comercial de los miembros más débiles; lo que dejó en una posición desventajosa a Centroamérica. El atractivo mercado estadounidense, dificultó la búsqueda de alternativas que diversificaran el comercio y fortalecieran la economía de la subregión, de manera que le permitiera encaminarse hacia estrategias de desarrollo verdaderamente sustentables.

Con ello se perjudicaba también los esfuerzos que pudieran realizarse desde el Mercado Común Centroamericano (MCCA), los cuales se veían soslayados por los montos comerciales provenientes del primer mercado mundial, a lo que se suman las lógicas asimétricas del comercio con la Unión Europea (UE).

Entre las perspectivas económico-comerciales a futuro se destaca la posibilidad de construir un canal interoceánico por Nicaragua, lo cual fue aprobado en 2012, por una ley que admite su construcción, con un valor estimado entre los 35.000 y los 40.000 millones de dólares. El proyecto incluye también la construcción de pistas aéreas, un oleoducto y puertos. Un canal alternativo al de Panamá, dinamizaría el comercio en la subregión, que de concertarse correctamente los acuerdos de comercio e inversión, pudieran resultar favorables para el crecimiento económico-comercial de Centroamérica.

Tomando en consideración que el 90 por ciento del comercio mundial se realiza mediante el transporte marítimo y que la región de Asia Pacífico cobra mayor importancia económica-comercial, las expectativas resultan alentadoras. No obstante, deben considerarse los recientes peligros de consolidación de acuerdos de libre comercio que pudieran acentuar las asimetrías que hoy padece la subregión.

Al CAFTA-DR se le suma ahora la amenaza de la Alianza del Pacífico (AP), la cual fue anunciada en Lima, el 28 de abril del 2011, por el expresidente peruano Alán García. Ello refuerza los TLC, extendiéndolos sobre todo el continente con Costas al Pacífico y un creciente número de gobiernos regionales y extraregionales que se irán incorporando a la Alianza, por las perspectivas que ofrece el comercio por este océano. A ello se suma el fortalecimiento del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP).

Todo ello genera un clima de inseguridad para los proyectos integracionistas regionales de mayores perspectivas geopolíticas, ante el atractivo de la Alianza del Pacífico (AP), la cual pudiera lograr -con métodos más mesurados- la resurrección del ALCA. La adhesión de los gobiernos de México, Colombia, Perú, Chile, y la posible incorporación de Panamá y Costa Rica, con la presencia de los presidentes de estos países, en calidad de Observadores Candidatos para ingresar al bloque ya formalmente solicitada.

En el caso de Panamá, el gobierno de Ricardo Martinelli ya ha iniciado negociaciones con México para firmar un Tratado de Libre Comercio y con ello cumplir con los requisitos para incorporarse a la Alianza. Costa Rica, por su parte, suscribió el protocolo marco que establece la hoja de ruta para ingresar a la Alianza del Pacífico. El documento por Laura Chinchilla y Juan Manuel Santos, este último, en calidad de presidente Pro-tempore de la Alianza del Pacífico, en el marco de la VIII Cumbre.

 Según el Acuerdo suscrito en la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico relazada en el mes de febrero de 2014, se permitirá una vez que entre en vigor, “(…) que el 92% de los productos que se comercian entre los cuatro países queden libres de aranceles. El 8% restante se desgravará progresivamente.” ( “En la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico: Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, firman el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.” , 2014). En esta Cumbre, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó la declaración que oficializa el interés de ese país por formar parte de ese proceso.

Estas incorporaciones pudieran conllevar a la recaída en un TLC ampliado a ritmos acelerados, el cual arrojaría efectos perjudiciales para la configuración geopolítica de Nuestra América. Las implicaciones a futuro de esta alianza irán definiendo competencias contra el MECOSUR y la UNASUR, de importantes implicaciones geoestratégicas, que van mucho más allá del plano económico-comercial y financiero.

Independientemente de las teorizaciones, lo cierto es que la Alianza del Pacífico ya engloba la Alianza del Pacífico una población de 212 millones de personas, lo que representa un tercio de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe (LAC); siendo la sexta economía del mundo (concentrando un 3,5% del PIB mundial); la segunda economía del Latinoamérica y el Caribe con el 36% del PIB, y representa el 52% del comercio de América Latina. ( “En la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico: Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, firman el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.” , 2014)

Entretanto, la permanencia de la crisis del sistema-mundo, según la teorización Immanuel Wallerstein, y la necesidad de lazos comerciales que den mayor capacidad de inversión, redistribución social y mejoramiento de las políticas públicas de la subregión, pudiera llevar a medidas apresuradas que acentuarían, de una forma sin precedentes, la dependencia estructural de las economías centroamericanas a EE.UU. y otras potencias centrales.

Ante esta situación, crecen los intereses de EE.UU. y sus aliados estratégicos por consolidar sus TLC en la zona del Pacífico, intentando cortar Latinoamérica entre el eje Atlántico y el Pacífico. El desarrollo que va tomando la Alianza del Pacífico (AP) y su normativa interna, diseña un escenario de contrapunteos donde el SICA puede verse atraído por una Alianza que parece revitalizar los intereses del fenecido ALCA, mediante fórmulas más sutiles.

Respecto al comercio de Centroamérica con la Unión Europea (UE), en 2010 concluyeron las negociaciones para un Acuerdo de Asociación, entrando en vigor al año siguiente el Acuerdo de Asociación Unión Europea-América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). Ello ha diversificado el comercio de la subregión, que tradicionalmente se había concentrado con Estados Unidos. No obstante, la crisis económica en varios países de la UE no posibilita grandes beneficios.

El impacto que pueden tener la Alianza del Pacífico y la proyección de seguridad de Washington a la usanza de la Huella Ligera[§] en la política exterior y de seguridad hacia Latinoamérica y el Caribe, pudieran perjudicar los esfuerzos por la seguridad y la soberanía que hacen los países desde la UNASUR, el ALBA y la CELAC . Con esta proyección, la subregión más afectada es la centroamericana por la difícil situación que presenta hoy su seguridad.

Los proyectos militaristas de EE.UU. han resultado un fracaso para la subregión. En los últimos años, la Conferencia de Caminos de la Prosperidad ha sido un foro relevante para la actualización de las relaciones, con una creciente importancia en cuanto a los aspectos de seguridad, por la crítica situación de violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana que vive la subregión, como resultado del tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

En el plano de la seguridad, existen antecedentes en la integración de Centroamérica, que si bien han tenido aspiraciones loables, sus resultados no han sido los esperados. En diciembre de 1995 se suscribió el Tratado Marco de Seguridad Democrática en San Pedro Sula, Honduras, el cual instituyó el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, para el fortalecimiento democrático e institucional, que debe velar por el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en estos países.

Sin embargo, esta aspiración ha enfrentado grandes limitantes con el auge del tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos (tráfico de personas y armas de fuego). En el año 2008 fue aprobada la Iniciativa Mérida por el Congreso estadounidense, para la seguridad de México y Centroamérica, con lo cual se ha acentuado la militarización de la guerra antidroga. Al año siguiente (2009) fue creada la Unidad de Seguridad Democrática, con el fin de apoyar a la Comisión de Seguridad del SICA en la ejecución de los proyectos de seguridad regionales y en junio de 2010, se aprobaba la Iniciativa se Seguridad para la Cuenca del Caribe, que consolidaba la estrategia de seguridad de Washington hacia el Gran Caribe.

La proyección estadounidense hacia Centroamérica se consolida  con la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) que coordina países con instituciones financieras internacionales, el sector privado, la sociedad civil y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). La misma cobra gran importancia, al punto que en un momento de reducción del presupuesto de seguridad de EE.UU. para la región, crecen los fondos canalizados para la CARSI.

Los objetivos declarado de la CARSI, según la hoja informativa del Departamento de Estado, centra en: “Los cinco objetivos de CARSI en América Central son: Crear calles seguras para los ciudadanos de la región. Desbaratar el movimiento de los criminales y el contrabando en y entre los países centroamericanos. Apoyar el desarrollo de gobiernos fuertes, capaces y responsables en América Central. Restablecer la presencia efectiva del Estado, los servicios y la seguridad en las comunidades en peligro; y Fomentar mayores niveles de coordinación y cooperación entre los países de la región, otros asociados internacionales y donantes para combatir las amenazas a la seguridad regional.” (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central:Gobiernos capaces, 2012)

  En las partidas de estos fondos se registra un incremento de la canalización aprobada por el Departamento de Estado para el año 2015, así como en las Audiencias sobre el presupuesto de Defensa de 2015 realizadas en el Senado. Llama la atención que en medio de una coyuntura de recorte presupuesto de defensa. En estas partidas puede apreciarse así la importancia concedida al uso de las Fuerzas de Operaciones Especiales y el uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs) en función de los objetivos geoestratégicos.

La tendencia a fortalecer en el plano de seguridad la subregión de Centroamérica y el Caribe como zona de mayor inseguridad, se expresa en los diferentes documentos emitidos por el gobierno de EE.UU. en el año 2014. Tanto el Reporte Cuadrienal de Defensa, como el Informe del Comando Sur (Southern Command, 26 february, 2014), así como el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) de la Oficina de Narcóticos y Aplicación de la ley Asuntos Internacionales de este año, evidencian la prioridad que se establece en la lucha antidroga y la apuesta por el uso de la Huella Ligera a partir de la mayor coordinación entre las diferentes Agencias del gobierno para las operaciones en estos territorios.

Para ello se reforzarán las acciones político, diplomáticas y de seguridad, en lo cual tendrá un papel primordial, la CARSI, apreciándose también la reactivación de la ruta del Caribe entre los principales corredores de la droga hacia Estados Unidos y de flujos ilícitos de armas hacia las Américas.

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En el caso del informe del Comando Sur se definen por el jefe de este Comando Sur como cuatro prioridades para las operaciones del comando: la detención “humana y digna” estadounidenses en: Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo; Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CTOC); la creación de capacidad de los asociados, inter-operatividad, alianzas inter-institucionales, socios inter-agenciales y la planificación de contingencias.

Conforme a las prioridades se proyecta el trabajo de este Comando hacia el incremento de la seguridad pública, la estabilidad política, el estado de derecho, el fortalecimiento institucional, la eficiencia de los programas antidrogas y contra el trasiego ilegal de armas de fuego. Asimismo se enfatiza en el trabajo en la seguridad fronteriza, clave para la subregión centroamericana. Además se aprecia la corrupción en la región como amenaza a los intereses de seguridad nacional de EE.UU.

El Departamento de Estado, por su parte, según declaraciones del subsecretario de Estado para temas de narcotráfico internacional, William Brownfield, dijo que Centroamérica se convirtió en la "mayor amenaza" de seguridad en el Hemisferio Occidental por cuenta del narcotráfico.

El enfrentamiento al flagelo de las drogas liderado por Washington, mediante la militarización de la guerra antidroga, ha conllevado a que Centroamérica sea la subregión más afectada. Ante tales circunstancias, la política exterior centroamericana debe pugnar por una cooperación internacional que supere los renglones militaristas y atienda las limitantes del desarrollo; promoviendo la esfera de la prevención y atención a adictos.

La carencia de una voluntad política por parte de EE.UU. para reconocer la responsabilidad compartida y diferenciada en los problemas de seguridad que afectan a la subregión, ha limitado las opciones. Las mismas han estado guiadas por la visión unidireccional de Washington, que concentra los recursos en la militarización de la guerra contra los cárteles y las operaciones de interdicción de estupefacientes; obviando los problemas estructurales de las sociedades centroamericanas.

Las políticas excluyentes y la criminalización de las protestas sociales han acentuado las vulnerabilidades ya existentes en la subregión. La Conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamérica de junio de 2011 dio paso a un ámbito regional de lucha contra el crimen organizado al que se sumaron actores regionales y extra-regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alemania y España. En todo momento, EE.UU. ha intentado potenciar el liderazgo mexicano, para la cooperación regional con Centroamérica, en aras mitigar la pujanza de Brasil.

Esta situación ha alentado por parte de gobiernos y movimientos sociales centroamericanos, el reclamo de nuevas políticas, proclives a la inclusión social; otorgándole protagonismo a la sociedad civil de los pueblos de Centroamérica. Las posibilidades de avizorar soluciones estructurales y cortoplacistas a los problemas vigentes, están un tanto alejadas de la objetividad. La falta de voluntad política del gobierno estadounidense, la corrupción, inestabilidad política y debilidad institucional centroamericana, necesita cambios profundos que deben partir de políticas más autónomas; pero las fuerzas que apoyarían tal tendencia carecen de los recursos para llevarla a cabo.

La violencia y criminalidad que padece el triángulo norte de América Central (Guatemala, Honduras y el Salvador) se ha arreciado; extendiéndose también al triángulo sur (Nicaragua, Costa Rica y Panamá) con efectos perjudiciales para los derechos humanos, el Estado de derecho y la convivencia democrática de estos países. Su cercanía a la frontera mexicana incrementa las vulnerabilidades para la seguridad, siendo las principales rutas del trasiego ilegal de drogas y otros delitos conexos (tráfico y trata de personas, trasiego ilegal de armas de fuego, precursores químicos y lavado de activos).

“El triángulo norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) probablemente es la región más afectada en términos de violencia, debilitamiento de las instituciones públicas e infiltración del crimen organizado en la economía, la sociedad y el sistema político”. (Kruijt, 2011)

Ante esta situación, varios gobiernos y movimientos sociales de la región han promovido un cambio de política, con tendencia a la paulatina despenalización y legalización de algunas drogas, fundamentalmente el cannabis (marihuana). Los debates han ganado fuerza en los foros regionales; destacándose la posición del presidente Uruguay, José Mujica y la del mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, junto a los gobiernos de México, Colombia; lo cual pudo apreciarse en la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, 2012. Además se solicitó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon una Conferencia Internacional Antidroga.

 Estas posiciones han contado con la férrea oposición de Washington, que ve en estas tendencias un freno a las políticas militaristas que impulsa en su cruzada contra las drogas. Paradójicamente, al interior de Estados Unidos, también se está avivando el tema, liderado por los Estados de Colorado, California y Washington.[**]

Varios gobiernos centroamericanos tienen una visión distinta sobre la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos donde resaltan, el tráfico de personas y el de armas de fuego desde Estados Unidos. La seguridad de Centroamérica amerita un cambio de política ante el manifiesto fracaso de la guerra antidroga. Las experiencias de Países Bajos y Portugal en la despenalización y legalización, arrojan resultados positivos en cuanto a la disminución de la violencia e inseguridad.

Para afianzar la disminución de los flujos de ilícitos y sus lamentables consecuencias para la seguridad y la convivencia democrática, se reclama que la Reforma Migratoria estadounidense tome en cuenta la situación actual que viven los países de Centroamérica y sus inmigrantes en EE.UU. El incentivo de medidas que puedan alentar la legalización de los flujos migratorios, regularizar la situación de los inmigrantes y utilizar las remesas en los sectores productivos de estos países, pudiera corregir de forma paulatina, la crítica situación que viven los pueblos de Centroamérica en la actualidad.

La Operación Rápido y Furioso y las acciones del Pentágono, con el creciente uso de aviones no tripulados (drones) y de Fuerzas de Operaciones Especiales para el control de este delito, son algunas de las tendencias más negativas que se aprecian para la paz y la seguridad de Centroamérica.

Por otra parte, la corrupción y la debilidad institucional gana espacio con la militarización del enfrentamiento antidroga. En Centroamérica, “(…) los políticos de mano dura dan prioridad en cuanto a seguridad a la persecución de criminales de poca monta. Esto también distrae la atención de fiscales, jueces y magistrados. Además, crea silencio y espacio libre para los miembros del mucho más despiadado crimen organizado.” (Kruijt, 2011)

Los vínculos del negocio ilegal de drogas, con el tráfico de precursores químicos, el trasiego ilegal de personas y el lavado de dinero; constituyen aspectos básicos para conocer las dimensiones político-diplomáticas, socioeconómicas y de seguridad del flagelo de las drogas.

Habida cuenta de que Estados Unidos es el principal mercado de estupefacientes a nivel mundial y tomando en consideración la ampliación de las rutas de tráfico de Centroamérica, México y el Caribe hacia ese país, se valora este problema como un tema fundamental en la agenda de seguridad estadounidense hacia la subregión, por las peculiaridades que ha adquirido durante la Administración de Barack Hussein Obama.

En la actualidad EE.UU. es el líder indiscutible de los fallidos programas que delinean y definen las acciones antidrogas en Centroamérica y el Caribe. La Iniciativa Mérida y la CARSI han denotado la incapacidad de ese gobierno para impedir las consecuencias del tráfico ilícito de drogas en la subregión. Tal ineficacia, refleja la carencia de una estrategia que enfrente ese flagelo, con una visión integral sobre las esencias que lo promueven.

El incremento del poderío militar de EE.UU. en Centroamérica, bajo el pretexto de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, le confiere una mayor relevancia al tema, no sólo por las consecuencias directas que acarrean, sino también por los intereses y amenazas que implican en las políticas impulsadas por ese gobierno.

El enorme impacto económico-social y de seguridad que causa este flagelo, afecta en la actualidad a toda la subregión. Por tal motivo deben considerarse, además de los daños a las inversiones extranjeras y el turismo, los efectos negativos sobre la violencia, la seguridad ciudadana, la pobreza, la marginalidad y la exclusión social. Estas consecuencias suelen propiciar una mayor cobertura, para que EE.UU. y sus aliados en Centroamérica, puedan demonizar y criminalizar las protestas sociales que ocurren en su contra.

Ante este panorama, se incrementa el uso de servicios privados de seguridad y protección por los sectores de poblacionales económicamente fuertes. Este fenómeno, unido al creciente empleo de contratistas y subcontratistas por el gobierno estadounidense para la lucha antidroga, aumenta la privatización de la seguridad en América Central. La crítica situación que vive la subregión, se ve acentuada por la corrupción, estimulada por las cuantiosas sumas de capitales de los carteles de la droga, que lesionan la eficiencia y credibilidad de instituciones cívico-militares.

CONCLUSIONES

En el actual escenario internacional se aprecia una recomposición del sistema de dominación de EE.UU. con la expansión del espíritu del Plan Colombia hacia México y Centroamérica; consolidando su control sobre el área del Gran Caribe en el plano de seguridad y complementando los acuerdos de dominación económica-comercial y financiera con el CAFTA-DR y la Alianza del Pacífico (AP).

El panorama de la integración regional, presenta enormes retos para Centroamérica y, a la vez, grandes potencialidades por su posición geoestratégica. De cualquier manera, los proyectos a los cuales deba adecuarse, tienen que priorizar su consolidación como bloque subregional; analizando las amenazas y posibles oportunidades de un nuevo canal interoceánico por Nicaragua, y el incremento de la colaboración en materia de seguridad, donde se exija la responsabilidad compartida y diferenciada de EE.UU. y la UE; pero que deje márgenes claros para el respeto de la autodeterminación y la integridad territorial de los pueblos de América Central.

En este sentido, resulta un pilar básico el rechazo de los proyectos de integración con el influjo del neoliberalismo de nuevo título -La Alianza del Pacífico- que intenta rediseñar el ALCA, proyecto que recibió su estocada final en noviembre de 2005, en Mar del Plata, por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y Venezuela.

Pareciera que el futuro más favorable para los países centroamericanos pudiera estar marcado por el desarrollo de los vínculos económico-comerciales y financieros con el MERCOSUR, del que ya forma parte Venezuela. La ampliación de este esquema de integración resultaría más favorable y seguro a mediano y largo plazo

En el plano político-diplomático pudieran acentuarse las posiciones centroamericanas desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La aceptación de la Alianza del Pacífico (AP) se traduciría en la profundización de las asimetrías existentes, donde las economías más débiles sufrirían la re-deformación de sus mercados; acentuando la dependencia estructural a las potencias económicas centrales, donde EE.UU. mantiene su liderazgo.

Por otra parte, para pensar la integración de Centroamérica en términos de prosperidad debe analizarse, en todo caso, cuáles son los proyectos y alianzas que otorgan fortaleza a las Instituciones; dan oportunidades para el mejoramiento de las políticas públicas; reducen las brechas entre ricos y pobres; mejoren los índices de seguridad ciudadana, y mitiguen los niveles de corrupción político-administrativa, todo lo cual propicie la convivencia democrática de los pueblos centroamericanos.

La desregulación estatal y el afianzamiento de tratados de libre comercio, no ofreceuna alternativa viable para el futuro centroamericano. Los procesos de emancipación, las grandes luchas realizadas por estos pueblos contra el ALCA, pudieran verse frustradas por los alientos comerciales de la Alianza del Pacífico (AP). La gobernabilidad, la promoción de la seguridad ciudadana y un comercio sustentable, desde acuerdos que reconozcan las asimetrías existentes, resultan premisas básicas para el fortalecimiento de la integración centroamericana.

Como limitantes fundamentales para estos objetivos se destacan: la ausencia de voluntad política por parte de los Estados centroamericanos para fortalecer el SICA como entidad supranacional; la carencia de recursos financieros y humanos para el funcionamiento adecuado de la institucionalidad y el respeto de los acuerdos establecidos; la pérdida de los intereses nacionales con la transnacionalización de las inversiones de sectores importantes de las élites del poder en Centroamérica, que se oponen a un mayor desarrollo de la integración; la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones; la trasparencia en las gestiones gubernamentales y la eficiencia de las políticas públicas y de los programas de inclusión social.

Así las cosas, en el panorama de la política exterior y de seguridad de Centroamérica, que sin menos retos y amenazas presenta también nuevas oportunidades que esperemos lleven a un camino de respeto a la diversidad, y capacidad de concertación político-diplomática de estos Estados-nacionales, en favor del desarrollo sustentable para el mejor porvenir de la Madre América.

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[*] Alejandro L. Perdomo Aguilera, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) adscrito al Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de Cuba <alejandro.perdomo91@gmail.com

[†] El SICA se constituyó el 13 de diciembre de 1991 con la firma del Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de 1962. El bloque de integración está conformado por los estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. También se adhirió la República Dominicana como país asociado y México, Chile y Brasil, en calidad de Observadores Regionales; mientras que España, Alemania, la República de China (Taiwán) y Japón, lo hacen como observadores extra-regionales, a lo cual se ha sumado, producto de la crítica situación de inseguridad, la solicitud de EE.UU. como observador.

[‡]Véase al sobre este término el trabajo:Perdomo, A. (18 de octubre de 2012). El poderío nacional de los EE.UU y la diplomacia contra las drogas en Latinoamérica, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157811  

[§]Utilización de Fuerzas de Operaciones Especiales y medios no tripulados (drones) y contratistas en el despliegue militar hacia Nuestra América.

[**] En noviembre de 2012, fue aprobada a través del voto general, la iniciativa 502 (I-502) la cual fue elaborada por la Legislatura del Estado de Washington, por medio de la cual por primera vez se eliminan las sanciones criminales para cualquier mayor de 21 años que porte 28.5 gramos o menos de la droga para uso recreativo personal, dicha norma también legaliza la posesión de hasta 0.45 kilogramos de cannabis sólido para consumo y hasta 2.4 kilogramos en forma líquida, aunque siguen existiendo restricciones a conducir bajo la influencia de cannabis, el consumo en lugares públicos y el consumo de esta droga en lugares donde la ingesta de alcohol también está prohibida.