por DAVID BROOKS
Fuerzas de Operaciones Especiales de
Estados Unidos están presentes cada vez más en América Latina para tareas de
capacitación y de recaudación de inteligencia y otras misiones militares que,
con otros programas de asistencia estadounidense a la región, se realizan bajo
el rubro del viejo esquema de la lucha antinarcóticos, a pesar de los llamados
por un cambio en las políticas antinarcóticos, concluye un nuevo informe sobre
la asistencia de seguridad estadounidense en el hemisferio.
El informe publicado hoy por tres centros de
investigación y análisis –Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos
(LAWGEF), Centro para políticas Internacionales (CIP) y la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) que mantienen un banco de datos
conjunto sobre programas de asistencia estadounidense a América Latina–
registra que aunque el nivel de asistencia estadounidense se ha reducido a uno
de los más bajos en una década, lo preocupante es un mayor énfasis en
relaciones militares menos transparentes y la sordera ante el creciente coro a
favor de repensar las políticas prohibicionistas sobre las drogas por todo el
hemisferio.
En gran medida, lo que viene ocurriendo no se refleja en
los grandes presupuestos, sino que bien encubierto por un velo de misterio,
deslucidos informes ante el Congreso y el público, y una migración del manejo
de programas el Departamento de Estado hacia el Departamento de Defensa,
subraya el informe, Hora de escuchar: tendencias en asistencia de seguridad de
Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.
Más aún, el informe indica que a lo largo de los últimos
años Estados Unidos ha ampliado su participación directa en operaciones
antidrogas en el hemisferio occidental, sobre todo en América Central.
El informe destaca que, como en casi todo rubro, el
gobierno de Barack Obama ha favorecido el empleo de Fuerzas de Operaciones
Especiales en sus políticas de seguridad, y que serán cada vez más empleadas en
América Latina para capacitación y organizar ejércitos. Tales misiones cumplen
funciones que van más allá de la mera provisión de entrenamiento. Ellas
permiten que las unidades de Fuerzas Especiales se familiaricen con el terreno,
la cultura y los oficiales claves en países donde algún día podrían operar,
indica el informe. Agrega que también permiten que el personal estadounidense
reúna información confidencial sobre sus países anfitriones.
También hay programas para establecer más unidades
militares y policiales especializadas y otras fuerzas de élite que son capacitadas
y operan con la supervisión de Estados Unidos y se vuelven un mecanismo de bajo
costo para mantener la presencia e influencia de Estados Unidos en la guerra
contra las drogas, sostiene el informe.
Además hay otros equipos, como las Unidades de Investigación
Confidencial o SIU, grupos ultrasecretos de agentes élite de la región bajo
supervisión de la DEA y la CIA, operando en varios países, incluyendo
recientemente México. De hecho, la DEA cuenta con más oficiales en México que
en cualquiera de sus otros puestos en el extranjero.
El informe también destaca el papel cada vez más amplio
de Colombia en la capacitación y asistencia, así como la exportación de su
modelo, a otros países latinoamericanos en el contexto de la lucha
antinarcóticos, incluido México, donde Colombia ha participado en la
capacitación de miles de policías mexicanos.
Fracasos de la guerra contra las drogas
A la vez, indica que a más de 40 años de la declaración
de la guerra contra las drogas, con sus fracasos empíricos (desde 2000, por
ejemplo, Washington ha gastado aproximadamente 12 mil 500 millones de dólares
en América Latina en programas antinarcóticos con resultados mínimos),
prominentes voces tanto de la sociedad civil como gobernantes a favor de
replantear la estrategia antinarcóticos y considerar alternativas están ganando
cada vez más impulso en la región, algo que Washington continúa ignorando.
“Tenemos un pedido primordial para nuestro gobierno: es hora de escuchar… de
escuchar la invocación a nuevas políticas sobre drogas para nosotros y para la
región”, subraya el documento.
El informe también incluye datos por región y países de
la asistencia militar y policial estadounidense a América Latina y el Caribe
desde
1996 a la programada para 2014. México recibió 44.8
millones en 2006, cifra que se multiplicó más de 10 veces para alcanzar 508
millones en 2010, 166 millones en 2012, 154 en 2013 y 127 millones en 2014.
El informe también aborda el asunto de derechos humanos,
y ofrece una serie de recomendaciones. Puede consultar el informe.
Fuente: LA JORNADA
